REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEBEN MOTIVAR SU DETERMINACIÓN.
REVISIÓN FISCAL 104/2011. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA NORTE. 11 DE ENERO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ MENDOZA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El agravio hecho valer es parcialmente fundado, por las razones que se pasan a exponer.
Previo al pronunciamiento respectivo se estima conveniente indicar que de las constancias que conforman el expediente fiscal de origen, se aprecia que la actora demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, emitida por la Administradora Local Jurídica de **********, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución relativa al oficio número **********, de fecha siete de octubre de dos mil nueve, emitida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de **********, determinante de un crédito fiscal, por concepto de impuesto sobre la renta de las personas morales, impuesto sobre la renta de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; el pago del reparto de utilidades a los trabajadores, inherente al ejercicio fiscal en comento, así como la resolución relativa al aludido oficio número ********** (fojas 1-2, 87 a 105 y 381 a 552).
Cabe mencionar que el representante de la mayoría de los trabajadores fue emplazado a juicio, como se aprecia del acuse de recibo respectivo (foja 574).
De la sentencia recurrida (fojas 850 a 858), se aprecia que la Sala fiscal en el considerando tercero (fojas 851 frente a 853 vuelta), declaró infundado el primer concepto de anulación de la demanda de nulidad, toda vez que la autoridad demandada sí fundó su competencia material, territorial y por grado.
En el considerando cuarto (fojas 853 vuelta a 857 vuelta), declaró fundado el segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, toda vez que a criterio de la Sala no se satisface la afirmación de la autoridad demandada de que la información y documentación proporcionada por el contador público que dictaminó los estados financieros no es suficiente, dado que se deja en estado de inseguridad jurídica a la contribuyente, al no saber los motivos exactos por los cuales se ordenó directamente una visita domiciliaria, y si éstos se ubican en alguna de las hipótesis para la procedencia del ejercicio directo de facultades de comprobación a la actora, dado que no se trata de una facultad discrecional, sino que la autoridad se encuentra obligada a cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es decir, a emitir una orden de visita domiciliaria en la que funde y motive correctamente su actuación, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a la promovente.
Y en el considerando quinto (fojas 857 vuelta y 858 frente), la Sala fiscal en atención a la conclusión antes señalada, estimó que debería abstenerse de entrar al estudio de los restantes conceptos de anulación, dado que cualquiera que fuera su resultado, en nada variaría el sentido de dicha sentencia.
En el único agravio (fojas 9 frente a 23 vuelta), la autoridad recurrente esencialmente alega que la Sala regional realizó una indebida interpretación de los artículos 42 y 52-A, fracción II, del Código Tributario Federal, toda vez que basta el requerimiento de la documentación e información al contador público, y que la autoridad reciba dicha información y documentación, para que la autoridad demandada se encuentre en posibilidad de ejercer directamente con la contribuyente sus facultades de comprobación, sin que haya necesidad de efectuar mayor razonamiento, ya que el legislador en ningún momento condicionó el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, aun tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros.
Añade la autoridad inconforme que el referido artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación establece tres hipótesis, respecto de las cuales la autoridad se encuentra en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente que ha dictaminado estados financieros, por lo que para cumplir con el principio de legalidad, basta que se indique cuál de las hipótesis del precepto legal en comento se actualizó para que se considere correcta la motivación de la orden de visita domiciliaria, es decir, no se exige que cuando la autoridad decide emitir la orden de visita domiciliaria, tenga que explicar pormenorizadamente la insuficiencia de la documentación e información aportada por el contador público, máxime que en la fracción II de dicho precepto legal, el legislador dio un margen de autonomía y decisión propia para que la autoridad pueda determinar la situación fiscal de la contribuyente.
Aduce la autoridad recurrente que la Sala fiscal perdió de vista que el contador público al realizar el dictamen de estados financieros de la contribuyente, únicamente cuenta con los papeles de trabajo que utilizó al momento de determinar los estados financieros de la contribuyente, es decir, el contador en comento no cuenta con la contabilidad de la empresa contribuyente, razón por la cual en el precepto legal citado en párrafos anteriores, el legislador dejó un amplio margen de discrecionalidad para prever si a juicio de la autoridad no era suficiente la documentación e información aportada por el contador público, la autoridad demandada a su juicio podía ejercer sus facultades de comprobación de manera directa con la contribuyente, a través de una visita domiciliaria, razón por la cual el legislador facultó a la autoridad demandada para que si a su consideración la documentación e información aportada por el contador público registrado era insuficiente para determinar la situación fiscal de la contribuyente, entonces podría ejercer las atribuciones previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, requiriendo a la empresa contribuyente la documentación que estime pertinente, o en su caso ordenar la práctica de una visita domiciliaria, como ocurrió en el caso.
Motivo por el cual, agrega la autoridad inconforme, es suficiente que la demandada señalara cuál de las hipótesis previstas en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se configuró, para que en ejercicio de sus facultades discrecionales girara una orden de visita domiciliaria, al haber indicado que "el citado profesionista proporcionó información y documentación, la cual una vez estudiada y valorada se conoció que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente", sin que se tenga que ampliar esa obligación o tener que señalar en forma casuística los motivos por los cuales fue insuficiente dicha información y documentación, dado que ello implicaría determinar a priori en la orden de visita conclusiones inherentes al comportamiento de la empresa contribuyente, lo cual excede los requisitos de fundamentación y motivación que debe revestir la orden de visita domiciliaria.
Agrega la autoridad recurrente que la Sala fiscal perdió de vista que la autoridad demandada en ningún momento indicó en la orden de visita domiciliaria que la documentación del contador público estaba incompleta, sino lo que señaló fue que el citado profesionista sí proporcionó la información y documentación; sin embargo, del análisis efectuado por la autoridad, y en ejercicio de sus facultades discrecionales, estimó que dicha documentación no era suficiente para conocer la situación fiscal de la contribuyente; además de que no existe en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la obligación que refiere la Sala, ya que dicho precepto legal no establece la obligación de motivar las circunstancias especiales que se conocieron del resultado del dictamen de estados financieros, por lo que con el razonamiento indicado en la orden de visita en comento, se cumplió con el requisito de motivación.
Añade la autoridad inconforme que el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, sí establece la facultad discrecional de la autoridad de decidir a su juicio si la información proporcionada por el contador público, dentro de la revisión del dictamen de estados financieros, es insuficiente para conocer la situación fiscal de la empresa contribuyente, facultad que se replica en la posibilidad de la autoridad para decidir si ejerce sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente, aun cuando se trate de una empresa que dictaminó sus estados financieros, lo cual no fue considerado por la Sala fiscal, quien únicamente se limitó a realizar "un breve resumen de un párrafo, del argumento vertido por esta representación fiscal", como se aprecia del párrafo final de la foja 10 de la sentencia recurrida, es decir, la Sala violó los principios de congruencia y exhaustividad, al omitir el estudio de las manifestaciones y probanzas que obran en el expediente fiscal de origen.
Ahora bien, se estima infundado lo alegado por la autoridad recurrente, en el sentido de que la Sala fiscal no analizó lo alegado en la contestación de demanda, ni las pruebas ofrecidas.
Se afirma lo anterior, en virtud de que de la contestación de demanda (fojas 575 a 634), se aprecia que en el punto segundo (fojas 583 vuelta a 586 frente), la autoridad demandada manifestó esencialmente lo siguiente:
- Que la actora pretende que se cumpla con un requisito que no se encuentra contenido en la norma, como es que la orden de visita domiciliaria se encuentre debidamente motivada, lo cual es excesivo, dado que pretende darle un alcance mayor al artículo 52-A, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, siendo que la autoridad demandada no tiene la obligación de citar en la mencionada orden de visita las razones particulares por las cuales estimó que la información y documentación proporcionada por el contador público no era suficiente para determinar la situación fiscal de la empresa contribuyente, toda vez que de conformidad con el precepto legal anteriormente indicado, el único requisito que el legislador previó fue, a criterio de la autoridad, determinar si la información es suficiente o no y, en caso de no serlo, sin necesidad de justificar ello, se encuentra facultada para ejercer sus facultades de comprobación en forma directa con la contribuyente, como ocurrió en el presente asunto.
- Que la orden de visita domiciliaria cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, así como los previstos en el artículo 43 del Código Tributario Federal, el cual establece los datos adicionales que debe contener una orden de visita domiciliaria, entre los cuales no se encuentra que la autoridad tenga la obligación de motivar la razón por la cual consideró que la información proporcionada por el contador público es insuficiente para determinar la situación fiscal de la contribuyente revisada.
- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los actos de las autoridades se presumen legales, sin que ello haya sido desvirtuado por la accionante.
- Que la parte actora pretende que la Sala regional pase por alto la intención del legislador, por cuanto hace a la discrecionalidad de las facultades de comprobación de la autoridad, lo cual implica la libertad de determinar si la autoridad ejerce o no esas facultades, sin tener la obligación de justificar su voluntad para ejercerlas, lo cual incluso se encuentra fundamentado igualmente en el artículo 52, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación.
- Que la autoridad puede dar inicio a las facultades de comprobación cuando la contribuyente sea dictaminada por un contador público registrado, es decir, el hecho de que la contribuyente sea revisada por una persona externa a la autoridad, faculta a ésta para que, de estimarlo necesario, revise dicho dictamen y solicite al contador público los documentos que obren en su poder, a fin de conocer la situación fiscal de la empresa contribuyente, y si estima que la información que le fue proporcionada es insuficiente para conocer la situación fiscal de aquélla, tiene atribuciones para ejercer sus facultades de comprobación en forma directa con la contribuyente, sin que tenga que justificar su actuación, dado que se trata de facultades discrecionales.
- Que el contador público es un profesionista que no se encuentra adscrito al Servicio de Administración Tributaria, por lo que no goza de imperium respecto de la autoridad fiscal, por lo que su dictamen tiende a generar una presunción de la situación fiscal de la contribuyente, razón por la cual la autoridad no se encuentra obligada a ajustarse al resultado de dicho dictamen, y por ello el legislador otorgó atribuciones a la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación, incluso en forma simultánea a la revisión de estados financieros efectuada por el contador público registrado.
Por otro lado, del considerando cuarto de la sentencia recurrida (fojas 853 vuelta a 857 vuelta), se aprecia que la Sala, después de que resumió lo alegado por la actora en el segundo concepto de anulación de la demanda de nulidad, señaló lo siguiente:
"... La autoridad demandada al producir la contestación de la demanda, señala que es infundado el concepto de impugnación propuesto por la parte actora, toda vez que la hoy promovente pretende dar un alcance mayor al artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, ya que la Administración Local de Auditoría Fiscal de **********, no tiene la obligación de citar en la orden de visita domiciliaria, las razones particulares por las cuales determinó que la información y documentación proporcionadas por el contador público no son suficientes para determinar la situación fiscal del contribuyente." (foja 854 vuelta).
Asimismo, en dicho considerando la Sala declaró fundado el segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, por las razones que a su criterio son las siguientes:
- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad hacendaria cuenta con facultades para ordenar visitas domiciliarias y revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos registrados sobre los estados financieros de los contribuyentes, que se rigen por los procedimientos establecidos en dicho ordenamiento legal.
- Que cuando un contribuyente opta por dictaminarse por contador público registrado, su actuación debe ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 52-A, fracción II, del Código Tributario Federal.
- Que después de haber recibido la información y documentación solicitada al contador público, se dé alguno de los supuestos detallados como son:
a) Que a juicio de la autoridad no fuera suficiente la documentación para conocer la situación fiscal de la contribuyente.
b) Que no se presenten dentro de los plazos establecidos por el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación.
c) Que la información y documentación se proporcione incompleta.
Casos en los cuales la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente, por lo que en la orden de visita domiciliaria girada a la que dictamina sus estados financieros por contador público, la autoridad demandada tiene la obligación de fundar y motivar cuál de los supuestos se actualiza, así como los hechos y circunstancias que acrediten esa afirmación, al ser una facultad reglada y no discrecional que debe observar la autoridad fiscalizadora al emitir una orden de visita domiciliaria a la contribuyente que dictaminó sus estados financieros.
- Que la autoridad demandada al emitir la orden de visita domiciliaria indicó que la información y documentación solicitadas al contador público registrado, no fue suficiente para conocer la situación fiscal de la empresa contribuyente, lo cual a criterio de la Sala fiscal es "insuficiente para motivar la orden de visita domiciliaria, tomando en consideración que la autoridad demandada debe fundar y motivar correctamente los actos administrativos que se deban notificar a los contribuyentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, para no dejarla en estado de inseguridad jurídica, y que el ejercicio de facultad de comprobación directa al contribuyente que dictaminó sus estados financieros, no se sujete al capricho o incompetencia de la autoridad fiscalizadora al solicitar la información y documentación al contador público registrado y que ésta no sea suficiente para conocer la verdadera situación fiscal del contribuyente, pues no es una facultad discrecional de la autoridad." (foja 856 vuelta).
- Que la motivación de la orden para practicar una visita domiciliaria no se satisface con la simple afirmación de que es insuficiente, sino que se debe señalar cuál es la documentación o información incompleta, y por qué causa ello no le permite a la autoridad hacendaria conocer la situación fiscal de la contribuyente, a fin de no dejar a esta última y al contador público en estado de inseguridad jurídica, ya que por ese hecho el contador puede perder su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, máxime que "como lo expresa la hoy actora en el concepto de anulación que se estudia, no tiene la culpa de que la documentación e información solicitada por la autoridad no era la indicada para conocer la situación fiscal de la sociedad, o que la orden de visita domiciliaria es emitida de manera arbitraria por la autoridad con base en la afirmación de un hecho incierto." (foja 856 vuelta).
- Que contrario al espíritu del legislador que previó en los artículos 42, fracción IV, y 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de la autoridad fiscalizadora de revisar primeramente el dictamen de estados financieros, y cuáles son los supuestos en que podrá ejercer sus facultades de revisión directamente con la contribuyente dictaminada, a criterio de la Sala no se satisface con la afirmación de que la documentación e información proporcionada por el contador público que dictaminó los estados financieros no es suficiente, ya que se deja en estado de inseguridad jurídica a la empresa contribuyente "al no saber los motivos exactos para "ordenar directamente una visita domiciliaria, y si ese motivo o motivos se ubican en alguna de las hipótesis para la procedencia del ejercicio directo de facultades de comprobación a la hoy actora, pues se reitera ésta no es una facultad discrecional, ya que la autoridad está obligada a cumplir son los requisitos establecidos por el artículo 52-A fracción II del Código Fiscal de la Federación, lo que conlleva a que al emitir la orden de visita domiciliaria como ocurrió en el presente caso, funde y motive correctamente su actuación, para no dejar en estado de inseguridad a la promovente." (foja 857).
Motivo por el cual la Sala fiscal estimó que al ser ilegal el oficio en el que se ordenó la práctica de la visita domiciliaria, éste no puede producir ninguna consecuencia jurídica, ni servir de fundamento o motivo a otros actos, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito fiscal, así como de la recurrida en revocación.
De lo anteriormente detallado, se evidencia que, contrario a lo aducido por la autoridad inconforme, la Sala fiscal aun cuando únicamente efectuó un resumen de lo manifestado en la contestación de demanda; al efectuar el pronunciamiento respectivo, sí tomó en consideración lo aludido por la autoridad demandada en relación con el segundo concepto de anulación formulado por la parte actora, así como las pruebas ofrecidas por la autoridad vinculadas con el estudio de dichas manifestaciones; sin embargo, este Tribunal Colegiado considera incorrecto lo sostenido al respecto por la Sala regional, por las razones que a continuación se exponen.
Los artículos 42, párrafo primero, fracciones III, IV, y párrafo segundo, y 52-A, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación aplicable, disponen lo siguiente:
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: ... III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.-IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. ... Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente."
"Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el reglamento de este código, estarán a lo siguiente: I. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente: a) Cualquier información que conforme a este código y a su reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales.-b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público.-c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.-La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de información.-Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados.-II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación."
De lo anterior se advierte que el artículo 42, fracciones III y IV, del Código Tributario Federal, dispone que la autoridad hacendaria cuenta con facultades para ordenar visitas domiciliarias y revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos registrados en relación con los estados financieros de los contribuyentes, los cuales se rigen por los procedimientos establecidos en dicho ordenamiento legal, por lo que para que la autoridad demandada se encuentre en posibilidad de ordenar una visita domiciliaria a un contribuyente que opta por dictaminarse por contador público registrado, la actuación de éste debe ajustarse a los lineamientos indicados en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, siendo éstos los siguientes:
1. Que la autoridad fiscalizadora haya requerido al contador público registrado la información y documentación que considere pertinente, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
2. Que después de haber recibido la información y documentación solicitada al contador público, se dé alguno de los supuestos siguientes:
a) Que a juicio de la autoridad hacendaria no sea suficiente dicha documentación para conocer la situación fiscal de la contribuyente.
b) Que la documentación no se presente dentro de los plazos establecidos en el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación.
c) Que la información y documentación se proporcione en forma incompleta.
Ahora bien, en caso de que se actualice alguno de los supuestos indicados en el punto 2 anteriormente referido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52-A, fracción II, del Código Tributario Federal, la autoridad fiscalizadora podrá ejercer sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente dictaminada, razón por la cual, contrario a lo sostenido por la Sala fiscal, se considera que en el caso no se trata de una facultad limitada, sino de una facultad discrecional expresa de que goza la autoridad hacendaria, respecto de la cual al emitir una orden de visita domiciliaria a una contribuyente que dictamine sus estados de cuenta financieros, como ocurrió en el caso, únicamente dicha autoridad se encuentra obligada a señalar alguno de los supuestos indicados en el punto 2 antes señalado, para que de esa forma se encuentre motivada la orden de visita en comento, como así sucedió en el presente asunto, puesto que de la orden de visita domiciliaria (fojas 109 a 115), se aprecia que la autoridad demandada indicó lo siguiente:
"... En virtud de que mediante oficio número ********** de fecha 24 de octubre de 2007, se le solicitó al contador público registrado **********, lo siguiente: ... Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2007, recibido por esta administración el día 19 de diciembre del 2007, con número de registro **********, el citado profesionista proporcionó información y documentación, la cual una vez estudiada y valorada se conoció que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente **********; por lo que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su situación fiscal.-Por lo antes expuesto, esta Administración Local de Auditoría Fiscal de **********, con sede en **********, **********, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la práctica de la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta; y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado." (fojas 109 y 112-113).
De lo antes indicado se aprecia que la autoridad demandada, después de que requirió al contador público registrado la información y documentación que consideró pertinente, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente, una vez que realizó el estudio y la valoración de dicha documentación estimó "que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente **********; por lo que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su situación fiscal" (foja 113); lo cual, contrario a lo sostenido por la Sala fiscal, es suficiente para tener por motivada la orden de visita domiciliaria en comento.
Se considera lo anterior, dado que, como fundadamente lo alega la autoridad recurrente, basta que en la orden de visita domiciliaria se indique la hipótesis que se actualizó en el asunto, para que se considere correcta la motivación de dicha orden de visita, además de que, contrario a lo sostenido por la Sala fiscal, no se exige que cuando la autoridad fiscalizadora decida emitir una orden de visita domiciliaria tenga que explicar pormenorizadamente la insuficiencia de la documentación e información que en su momento fue proporcionada por el contador público registrado, así como las razones por las cuales ello no le permite a la autoridad conocer la situación fiscal de la contribuyente, puesto que ello será materia precisamente de la revisión que se practique.
Ello es así, dado que, como ha quedado evidenciado con antelación, la fracción II del referido artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, le otorga la facultad expresa a la autoridad hacendaria para ejercer sus facultades de comprobación de manera directa con la contribuyente, a través de una visita domiciliaria, razón por la cual se estima suficiente que la autoridad demandada haya indicado con precisión cuál de las hipótesis normativas previstas en el precepto legal antes mencionado se configuró, para que en ejercicio de dichas facultades discrecionales, mas no restringidas como incorrectamente lo sostuvo la Sala regional, la autoridad girara la orden de visita domiciliaria a la contribuyente, dado que ésta es la única consecuencia jurídica regulada en la fracción II del mencionado artículo 52-A, que en este caso fue porque una vez analizada y valorada la documentación proporcionada por el contador público registrado, la autoridad demandada determinó, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23436-e41249a4/requerimiento-de-informacion-y-documentacion-dirigido-al-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN. LA DECRETADA AL HACER VALER EL CONTRIBUYENTE UN MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VIC (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA FUE LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS SOLICITADA Y NO (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO (I.7o.A.707 A)
- REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES FISC (VI.1o.A.11 A (10a.))
- REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DICHO NUMERAL NO EXIGE QUE PARA EJERCER LA FACULTA (XIV.2o.82 A)
- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBEN DIGITALIZAR SIN COSTO Y PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO LAS SENT (I.20o.A.9 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis