REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 87/2015. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 22 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Procedencia.
Es innecesario analizar las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios expresados por la autoridad, en razón de que este Tribunal Colegiado observa que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente.
Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el recurso de revisión fiscal tiene un carácter excepcional, por lo cual, existen temas que no ameritan estudiarse por el Tribunal Colegiado al resolverlo, lo que lleva a declarar su improcedencia.
Así es, al resolverse la contradicción de tesis 256/2010, por la Segunda Sala del Alto Tribunal, se determinó lo siguiente:
"De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que la intención del legislador fue dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía, o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional.
"...
"En congruencia con el anterior criterio, se concluye que si la instauración del recurso de revisión fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, éste será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, detectó la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado.
"Lo anterior obedece a que la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelven respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limitan al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.
"...
"De esa manera, se reserva a los tribunales federales, el conocimiento de aquellos asuntos en que por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."
De la ejecutoria se destacan los siguientes puntos:
a. Por decisión del legislador, la revisión fiscal tiene un carácter excepcional;
b. Dada esa característica, el recurso será improcedente en los supuestos en que se detecte por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado;
c. En este tipo de sentencias, no existe pronunciamiento que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación;
d. El estudio de tales aspectos (vicios formales) debe confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior; y,
e. Se reserva a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que, por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes.
De la contradicción de tesis citada derivó la jurisprudencia, de rubro siguiente:
"Novena Época
"Registro: 163273
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, diciembre de 2010
"Materia administrativa
"Tesis: 2a./J. 150/2010
"Página: 694
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
Posteriormente, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la contradicción de tesis 136/2011, definió que la citada jurisprudencia 150/2010 es aplicable a todos los supuestos materiales que consigna el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Parte de esa ejecutoria es la siguiente:
"En ese sentido, dado que en la ejecutoria en cuestión, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se constriñó a resolver la problemática sometida a su consideración relativa a si procede o no el recurso de revisión fiscal contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sólo declaren la nulidad de una resolución dictada en materia de aportaciones de seguridad social por vicios formales, como lo es la indebida fundamentación y motivación, sino que el criterio que emitió abarcó a todos los casos en que se declare la nulidad de una resolución por vicios formales con independencia de su materia, es evidente que la jurisprudencia de que se trata no es aplicable únicamente en la materia de aportaciones de seguridad social, sino en todos los supuestos previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en que se declare la nulidad de la resolución impugnada en un juicio contencioso administrativo por vicios formales, es decir, por razones que no entrañan un pronunciamiento de fondo, porque en esa hipótesis no se está ante un caso importante y trascendente."
De lo cual deriva que el Alto Tribunal reiteró la improcedencia del recurso de revisión fiscal, cuando se declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales; esto es, por razones que no entrañan un pronunciamiento de fondo. Lo cual se observa de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Registro: 161191
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXIV, agosto de 2011
"Materia administrativa
"Tesis: 2a./J. 88/2011
"Página: 383
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."
Este criterio fue reflejado, nuevamente, al resolver la contradicción de tesis 209/2012, en cuyo aspecto toral se expuso:
"En esa línea argumentativa resulta innegable que si se actualizó la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo, que dio lugar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones reclamadas; luego, el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no es procedente, pues no se colman los requisitos de importancia y trascendencia que se exigen, en virtud de que la actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho, ni la exigibilidad de una obligación, dado que como se explicó, al haber considerado la Sala Fiscal que operaba la caducidad, es indiscutible que no resolvió respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, esto es, no emitió una resolución de fondo, toda vez que sólo concluyó que las facultades de la autoridad demandada para imponer la responsabilidad impuesta, habían caducado al no haber dictado resolución dentro del plazo legal."
Así, dicha Segunda Sala, en la misma línea en que resolvió las otras dos contradicciones de tesis mencionadas, determinó que la actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, dado que no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, esto es, no se emitió una resolución de fondo, por lo cual, el recurso de revisión fiscal deviene improcedente.
Esto se advierte de la jurisprudencia resultante, de rubro y texto siguientes:
"Décima Época
"Registro: 2002195
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012
"Materia administrativa
"Tesis: 2a./J. 118/2012 (10a.)
"Página: 1487
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales y por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del asunto. En este sentido, los referidos criterios son aplicables cuando la sentencia que declara la nulidad lisa y llana obedece a que se actualizó la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo de origen, en términos de lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues en este supuesto no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso y no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado."
Ahora bien, en el caso no existe, por parte de la Sala, un pronunciamiento de fondo, sino de forma, que hace improcedente el presente recurso en términos de las jurisprudencias 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011 y 2a./J. 118/2012 (10a.).
En efecto, la Sala resolvió en su sentencia (después de desestimar la causa de improcedencia de extemporaneidad), como un primer vicio detectado, que en la orden de verificación ordinaria, dictada en el expediente ***********, de cuatro de febrero de dos mil catorce, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Villahermosa, Tabasco, para efecto de fundar y motivar suficientemente su competencia material, se omitió citar el artículo 40, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los puntos 9 y 14 de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011, NOM-008-SCFI-2002, NOM008-SESH-2010 y NOM-011/1SEDG-1999, como se advierte del siguiente extracto de la sentencia:
"De los preceptos legales recién transcritos, si bien se desprende que la autoridad demandada trata de fundar y motivar suficientemente su competencia material para verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, así como para, en su caso, imponer sanciones al respecto, también se evidencia que la autoridad omitió señalar el artículo 40, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los puntos 9 y 14 de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados -contenido neto- tolerancias y métodos de verificación; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida; NOM-008-SESH-2010 Recipientes transportables para contener gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba, y NOM-011/1-SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas L.P. en uso, que a la letra disponen lo siguiente:
"...
"Por tanto, si dentro del objeto de la orden de verificación se estableció el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la comercialización del producto preenvasado, gas licuado de petróleo y los recipientes transportables, con base en lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados -contenido neto- tolerancias y métodos de verificación; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida; NOM-008-SESH-2010 Recipientes transportables para contener gas L.P. especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba, y NOM-011/1-SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas L.P. en uso, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de agosto de 2012, 27 de noviembre de 2002, 21 de diciembre de 2010 y 30 de marzo de 2000; ante ello, la demandada debió citar el fundamento legal que le faculta para verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas."
En la sentencia recurrida también se determinó la existencia de un segundo vicio, consistente en la caducidad del procedimiento administrativo, en contravención al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los siguientes términos:
"Con fecha 18 de febrero de 2014, emplazó a la actora, por tanto, el término de 10 días hábiles para que realizara sus manifestaciones por escrito y ofreciera las pruebas que considerara convenientes (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor), transcurrieron (sic) dicho plazo del 19 de febrero al 4 de marzo de 2014; posteriormente, la actora, conforme a lo señalado en el acuerdo emitido el 7 de marzo de 2014, contaba con el término de 2 días hábiles para formular sus alegatos, transcurriendo dicho plazo del 10 al 11 de marzo de 2014; la autoridad, a partir de esa fecha, contaba con el término de 15 días para emitir la resolución correspondiente (artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor), transcurrido el cual y pasados los treinta días contados a partir de la expiración de dicho plazo, caducaba el procedimiento y, por tanto, existía impedimento legal para emitir la sanción, por lo que si en el presente caso, el 27 de marzo de 2014 (fuera del plazo establecido por la ley), emitió la resolución correspondiente, y el día 18 de septiembre de 2014 la actora tuvo conocimiento de la misma (tal como quedó acreditado en el considerando tercero del presente fallo), es evidente que la autoridad violó lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues emitió el acto después de la expiración del plazo con que contaba para dictar y notificar la resolución correspondiente en el procedimiento administrativo, con motivo de la orden de visita de verificación de fecha 4 de febrero de 2014.
"En efecto, la autoridad contaba con el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al 11 de marzo de 2014, fecha en que feneció el término para que la accionante formulara sus alegatos, plazo que concluyó el día 2 de abril de 2014, por lo que es a partir de esa fecha cuando empezaron a computarse los 30 días para considerar caduco el procedimiento, actualizando la imposibilidad para emitir y notificar su resolución, plazo que transcurrió del 3 de abril al 20 de mayo de 2014 (descontando los días inhábiles, como son los sábados y domingos, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; así como los días 17 y 18 de abril de 2014 y 1o. y 5 de mayo de 2014, al haber sido declarados inhábiles, según el artículo 1o. del Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor los días 17 y 18 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2014, y el artículo primero del Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor en los días que se indican, para el año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2014); por lo que, si la demandada, con fecha 27 de marzo de 2014, emitió la resolución sancionadora, y el 18 de septiembre de 2014 la demandante tuvo conocimiento de la misma, es evidente que a esta última fecha ya había transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que la autoridad emitiera y notificara la resolución correspondiente."
De lo hasta aquí expuesto deriva que ninguno de los dos vicios detectados por la Sala son de fondo, sino formales, pues uno consiste en la insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad emisora de la orden de verificación, al dejar de citar un artículo y varios puntos de normas oficiales mexicanas; el otro, en la caducidad del procedimiento administrativo, que se configuró en términos del numeral 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la autoridad administrativa excedió el plazo legal para emitir y notificar la resolución que puso fin a dicho procedimiento.
Luego, en función de que uno de los vicios puesto en evidencia por la Sala, se traduce en la insuficiente fundamentación y motivación en relación con la competencia material en la orden de verificación, es válido concluir que al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."; en tanto, como el diverso vicio es la caducidad del procedimiento administrativo, surte aplicación el criterio obligatorio 2a./J. 118/2012 (10a.), intitulado: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN."
Entonces, en el presente caso el recurso es improcedente, porque en la sentencia no existe una decisión de fondo.
Es oportuno aclarar que al margen de que las tres multas anuladas asciendan a la cantidad total de ********** (lo que hace que pudiera ubicarse en el supuesto de la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), lo relevante es que la ausencia de un vicio de fondo hace, por sí misma, improcedente la revisión fiscal, según la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."
No desconoce este órgano colegiado que la Sala del conocimiento precisó que la nulidad relativa al primer vicio se fundamentaba en los artículos 51, fracción II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que, en cuanto al vicio de caducidad en el procedimiento, fundamentó la nulidad en el numeral 51, fracción IV, del propio ordenamiento.
No obstante, esto último no es óbice para la conclusión alcanzada, ya que, como se señaló, el pronunciamiento de la Sala Fiscal no resolvió el fondo de la pretensión planteada en el juicio de nulidad, en la medida en que no entrañó la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, sino que dicha declaratoria se limitó al análisis de dos vicios formales del procedimiento administrativo.
En tales circunstancias, al ser improcedente el recurso de revisión fiscal, debe quedar firme la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director general de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en representación de las autoridades demandadas en el juicio de origen; en consecuencia, queda firme la sentencia pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el diecinueve de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad ***********.
Notifíquese por conducto de la Sala recurrida, en términos de lo establecido en los artículos 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo y del diverso 63, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respectivamente. Anótese en el libro de registro correspondiente y, con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos, sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva Chávez y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26160-69a69eb0/revision-fiscal-dicho-recurso-es-improcedente-contra-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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