REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL QUE SÓLO CONFIRMEN LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 90/2012. DIRECTORA DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y CRÉDITOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, JUEZ DE DISTRITO EN EL CARGO DE MAGISTRADO DE CIRCUITO. SECRETARIO: ÓSCAR ALVARADO MENDOZA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Previamente al estudio de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, por ser de orden público y un presupuesto de preferencia, resulta necesario examinar la procedencia del presente recurso de revisión contenciosa administrativa.
En principio debe conocerse el contenido del artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, que establece:
"Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán:
"...
"III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; ..."
La norma constitucional transcrita prevé que los Tribunales Colegiados de Circuito son los órganos del Poder Judicial de la Federación que conocerán de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas emitidas por los tribunales de lo contencioso-administrativo (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal), sólo en los casos en que lo dispongan las leyes, y previa su tramitación conforme a las reglas establecidas en la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, sin que en su contra proceda recurso alguno.
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha establecido que de la evolución histórica legislativa del citado precepto constitucional se evidencia que el Constituyente dotó al recurso de revisión de una naturaleza excepcional, considerando necesario limitar su procedencia a los casos que el legislador ordinario en forma expresa previera en la norma correspondiente, a quien le fijó como único lineamiento que atendiera a la importancia y trascendencia del asunto para decidir las hipótesis de procedencia respectivas, es decir, que debía tenerse en cuenta el interés nacional para facultar a las autoridades a acudir ante sede judicial a defender sus intereses. En cuanto a su tramitación, la sujetó a las reglas previstas en la Ley de Amparo para el juicio de garantías en revisión.
Dicho en otros términos, el artículo 104, fracción III, constitucional, prevé la existencia de un medio de defensa otorgado en favor de las autoridades administrativas, cuya procedencia, dada su naturaleza extraordinaria, se sujeta a los casos que los legisladores federal y del Distrito Federal prevean en las leyes correspondientes, pues de otra forma se permitiría combatir la totalidad de las determinaciones asumidas por las autoridades.
No debe pasar inadvertido que lo ordinario es que los procedimientos culminen con una resolución que ponga fin al conflicto de intereses; por ende, la procedencia de los recursos se debe limitar, ya que su objeto es dar un nuevo curso al conflicto, para que el órgano revisor analice si la resolución recaída a la cuestión controvertida se ajusta o no a la ley correspondiente y, en su caso, confirme, modifique o revoque tal determinación.
Para ello, es necesario que el legislador prevea las hipótesis de procedencia, pues de otra forma se permitiría a las partes impugnar todos y cada uno de los actos procesales que consideren adversos a sus intereses, incluso con el solo propósito de dilatar la resolución del conflicto.
Siguiendo ese orden de ideas, cobra sentido la voluntad del Constituyente al establecer que las sentencias definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, podrían ser recurridas a través del recurso de revisión, pero únicamente en los casos en que el legislador así lo permita.
Consecuentemente, de lo expuesto se concluye que, del artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva lo siguiente:
1) Corresponde al legislador ordinario la facultad de reglamentar los supuestos de procedencia de los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, y
2) De tales revisiones conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, y sólo el trámite de dichos recursos se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la revisión en el juicio de amparo indirecto.
Ahora, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, al resolver en sesión de ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 23/98, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 11/99, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.", estableció dos de las primeras características del recurso de revisión a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal, esto es, que se trata de:
a) Un medio de defensa de la legalidad de las resoluciones que emitan los tribunales de lo contencioso administrativo en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad; y,
b) El Constituyente dejó en manos del legislador ordinario el establecimiento de los supuestos de procedencia de ese recurso.
De igual forma, de la ejecutoria emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cinco la contradicción de tesis 6/2005-PL, que contiene otras reflexiones sobre el artículo 104, fracción I-B, constitucional, derogado y la revisión contenciosa administrativa que en esa fecha se regulaba en el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, abrogada, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 148/2005, de rubro: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 88, INCISO E), DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ESTABLECE HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, Y PARA ACREDITARLAS NO ES SUFICIENTE LA SOLA AFIRMACIÓN DE LA AUTORIDAD RECURRENTE.", se advierten las siguientes premisas:
1. El Tribunal Pleno reiteró que el Poder Revisor de la Constitución, con el propósito de garantizar "la plena vigencia del principio de legalidad", desarrolló un medio excepcional de defensa en favor de las autoridades que hubieran obtenido un fallo adverso de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
2. De una manera excepcional se propuso que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un procedimiento especial que se llamó de revisión fiscal, el cual sólo procedía en los asuntos más importantes, es decir, en casos excepcionales.
3. El Poder Revisor de la Constitución únicamente determinó crear el citado recurso excepcional, sin establecer al respecto, hipótesis o requisitos específicos ni adelantando un espíritu selectivo, sino que dejó en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar los casos de su procedencia.
4. Por lo que hace a la revisión contenciosa administrativa, la entonces Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal reiteró la idea del Constituyente de garantizar la plena vigencia del principio de legalidad, mediante la creación del recurso de revisión contenciosa administrativa como un medio de defensa excepcional, concediendo al legislador ordinario la facultad de determinar los casos de procedencia del medio de impugnación.
5. El legislador ordinario dejó en claro su decisión de regular, en forma general "un procedimiento ágil, de fácil acceso y sin formulismos"; y, en especial, precisó las hipótesis de procedencia del citado medio de impugnación, atendiendo, originalmente, tanto a la naturaleza del asunto (importancia y trascendencia, debiendo la autoridad exponer las razones que determinen las referidas características del asunto), como a su cuantía (si el valor del negocio excedía de veinte veces el salario mínimo elevado al año).
6. El análisis de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal demuestra que los requisitos de procedencia del recurso llevan implícita la naturaleza jurídica excepcional de ese medio de defensa, si se considera que en todos ellos coincide que se trata de casos fuera de lo común, cuya resolución debe considerarse importante y trascendente para el orden jurídico nacional; importante, por la gran entidad o consecuencia del caso, y trascendente, dado que la resolución que en ellos se pronuncie tendrá como consecuencia resultados de índole grave, como son: la afectación del interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal; la interpretación de leyes y reglamentos; la determinación del alcance de las contribuciones, o en los casos diversos a los mencionados, cuyas características también sean importantes y trascendentes y, además, el valor del negocio exceda de veinte veces el salario mínimo general elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate.
La descripción que antecede, proporciona otras dos características del recurso de revisión, a saber:
a) Es un medio de defensa excepcional; y,
b) Los requisitos de procedencia del recurso llevan implícita la naturaleza jurídica excepcional de ese medio de defensa, pues se trata de casos fuera de lo común, cuya resolución debe considerarse importante y trascendente para el orden jurídico nacional.
Así las cosas, se concluye que de las consideraciones que el Alto Tribunal ha emitido respecto del recurso de revisión a que alude el artículo 104, fracción III, constitucional, se advierte que se trata de un medio de impugnación excepcional de la legalidad de las resoluciones que emitan los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y que depende del legislador ordinario el establecimiento de los supuestos de procedencia de dicho medio de defensa.
Sobre el carácter excepcional del medio de impugnación a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal, y sobre la obligación del legislador de establecer en leyes ordinarias los supuestos para su procedencia, se estima conveniente transcribir de forma ilustrativa algunos de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado al respecto, que así lo subrayan y que resultan aplicables en lo conducente, cuyo tenor es:
"REVISIÓN FISCAL. AL ESTABLECER ESTE RECURSO EL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN, DEPOSITÓ EN EL LEGISLADOR ORDINARIO LA FACULTAD DE DETERMINAR LAS HIPÓTESIS DE SU PROCEDENCIA, SIN MATICES SELECTIVOS. Del análisis de los antecedentes legislativos del artículo 104 de la Constitución General de la República y del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, a partir de mil novecientos ochenta y ocho, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución creó el recurso de revisión fiscal sin establecer hipótesis determinadas de procedencia del recurso, ni adelantando un espíritu selectivo, sino dejando en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar los casos de procedencia, y el ejercicio de esa facultad revela una evolución acorde con los cambios constantes que se presentan en la materia administrativa y con la variabilidad en número e importancia de determinados asuntos." (Registro IUS 194592. Novena Época. Segunda Sala. Tesis aislada 2a. XVI/99. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, página 239.)
"REVISIÓN FISCAL. DADA SU NATURALEZA EXCEPCIONAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA. La fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que sólo será procedente el recurso de revisión fiscal contra las resoluciones definitivas que dicten los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, en los casos en que así lo dispongan las leyes, de manera que corresponde al legislador ordinario establecer los supuestos y requisitos para la procedencia de ese tipo de recursos, lo que demuestra su naturaleza excepcional. Ahora bien, si el legislador señaló en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación que dicho medio de defensa sólo procede contra las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos y de las sentencias definitivas dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como respecto de las que dicte su Sala Superior en ejercicio de la facultad de atracción prevista por la fracción I del artículo 239-A del Código Fiscal de la Federación, ya sea porque el valor del negocio exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida, o bien porque para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución hasta fijar jurisprudencia, es indudable que tal recurso es improcedente contra las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos y de las sentencias definitivas que dicte el Pleno o alguna de las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del artículo 20, fracción I, incisos a) y b), de su ley orgánica, en relación con la fracción V de su artículo 16, a saber, que en el juicio se trate alguna de las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de los actos de aplicación de las cuotas compensatorias, o bien, que la resolución impugnada esté fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos, supuestos que conducen a desecharlo, ya que dada su naturaleza excepcional, su procedencia debe preverse de manera estricta y no analógicamente." (Registro IUS 179463. Novena Época. Segunda Sala. Tesis 2a./J. 205/2004. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, página 598.)
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 88, INCISO E), DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ESTABLECE HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, Y PARA ACREDITARLAS NO ES SUFICIENTE LA SOLA AFIRMACIÓN DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. La interpretación histórica y relacionada de los artículos 104, fracción I-B, constitucional y 88, inciso E) de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal evidencian que el recurso de revisión administrativa es de naturaleza jurídica excepcional y que las violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o las violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, constituyen hipótesis de su procedencia. Ahora bien, dada esa naturaleza de excepcionalidad, cuando la autoridad promueve el recurso fundándolo en el precepto legal mencionado, para tener por acreditada alguna de esas hipótesis de procedencia, no es suficiente su sola afirmación en el sentido de que se actualizan, sino que es necesario constatar que la materia del recurso se refiera real y específicamente a alguna de las violaciones, o que haya quedado debidamente acreditado cualquiera de los supuestos de procedencia previstos en el citado artículo 88 atendiendo a su cuantía (último párrafo); o, con independencia del monto del asunto [incisos A), B), C) o, D)]." (Registro IUS 176463. Novena Época. Pleno. Tesis P./J. 148/2005. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 6.)
Lo expuesto permite concluir que dada la génesis excepcional que rige al recurso de revisión contenciosa administrativa, tanto en su ámbito local como federal, contemplado en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es viable considerar que ambos se rigen bajo los mismos principios y reglas, los cuales pueden ser aplicables, por identidad de razón, tanto en unos como en otros.
Siguiendo esta línea argumentativa, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, estableció que dado el carácter excepcional del recurso de revisión fiscal, ese medio de defensa es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sólo declaren la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, ya que no resuelven sobre el contenido material de la pretensión planteada, por lo que no es menester una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto.
La citada jurisprudencia es de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa, en los casos en los que dichas sentencias decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmarse presuntivamente los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a ese tipo de resoluciones, pues la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación, aspectos cuyo estudio corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto." (Registro IUS 163273. Jurisprudencia 2a./J. 150/2010, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694.)
De igual forma, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 136/2011, reiteró que el recurso de revisión fiscal es improcedente en los supuestos en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa detectara la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, porque en ese tipo de sentencias no se emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resolvían respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limitaban al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.
De dicha ejecutoria surgió la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales." (Registro IUS 161191. Jurisprudencia 2a./J. 88/2011, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383.)
Cabe señalar que la ejecutoria de la que derivó el citado criterio, en lo que aquí interesa, dice:
"En consecuencia, la contradicción de tesis se constriñe a dar respuesta a la interrogante siguiente:
"¿La jurisprudencia 2a./J. 150/2010 sólo es aplicable para declarar improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto en términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declara la nulidad de una resolución dictada en materia de aportaciones de seguridad social por violaciones formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, o lo es en todos los supuestos materiales previstos en las diversas fracciones del referido numeral? Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 53/2010, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifica e inserta:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXXI, mayo de 2010
"‘Tesis: 2a./J. 53/2010
"‘Página: 831
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe).
"SEXTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En aras de informar su sentido, es conveniente, en principio, tener en cuenta lo que resolvió esta Segunda Sala el **********, en la contradicción de tesis 256/2010, a precisar:
"‘QUINTO. Estudio. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de las cuestiones fácticas que rodean a los asuntos de los cuales derivaron, y al respecto emitió la siguiente jurisprudencia: «CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.» (se transcribió). Si se tienen presentes los requisitos antes mencionados, se estima que la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión fiscal ********** del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito así como las revisiones fiscales **********, **********, **********, ********** y **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito que participan en esta denuncia sí se pronunciaron sobre el mismo tema, a saber: la procedencia del recurso de revisión fiscal de acuerdo a lo previsto en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se demuestra enseguida. De la lectura integral de las ejecutorias que participan en la denuncia puede advertirse que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, colegiado denunciante, al resolver el recurso de revisión fiscal **********, determinó que era procedente dicho recurso de conformidad con la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la resolución que se impugnó versaba sobre temas relacionados con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Como puede advertirse, en la sentencia examinada en la revisión fiscal **********, la Sala responsable decretó la nulidad de la resolución impugnada por indebida fundamentación y motivación, conforme a lo dispuesto en los artículos 51, fracción III y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto: «de que se emita una nueva, debidamente fundada y motivada, acorde a lo establecido en el presente fallo; considerando para ello, el sueldo efectivamente cotizable, así como las demás percepciones sujetas a cotización al ISSSTE, debiendo existir una correspondencia entre las pensiones y prestaciones con las aportaciones y cuotas.». Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver, las revisiones fiscales **********, **********, **********, ********** y **********, determinó que de conformidad con el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debía desechar por improcedente los recursos de revisión fiscal referidos, porque la responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada en todos los casos emita una nueva resolución en la que funde debidamente su competencia material y territorial (habiendo considerando ineficaces todos los demás conceptos de nulidad relativos al fondo del asunto, es decir, a la asignación de la pensión jubilatoria y la fijación de la cuota diaria de pensión), por lo que siguiendo los lineamientos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la jurisprudencia 220/2007 de rubro: «REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS.», tal declaración no implica pronunciamiento respecto de los temas excepcionales en que procedería el recurso de revisión, ya que se refiere sólo a una violación de carácter formal. En este sentido el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito que se ve reflejado en su jurisprudencia XXX.1o. J/1 de rubro: «REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO RELATIVA AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA Y A LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DIARIA DE PENSIÓN.», la cual se opone al del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, colegiado denunciante al resolver el recurso de revisión fiscal ********** de su índice. Configurada la contradicción de tesis en los términos apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. El artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es del tenor siguiente: «Artículo 63.» (lo transcribe). ... Pues bien, del precepto anterior se deduce que el legislador estableció los requisitos para la procedencia del recurso de revisión fiscal, los cuales se pueden resumir en los siguientes grandes apartados: I. Por razón de la cuantía (fracción I); II. Por razón de la importancia y trascendencia del asunto, con independencia de la cuantía (fracción II); III. Por la autoridad demandada (fracción III); y, IV. Por razón de la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24362-40d2115c/revision-contenciosa-administrativa-es-improcedente-dicho-recurso-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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