SUSPENSIÓN. LA DECRETADA AL HACER VALER EL CONTRIBUYENTE UN MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, IMPIDE A LA AUTORIDAD QUE CONTINÚE CON EL EJERCICIO DE TALES FACULTADES [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10/2011 (10a.)].
REVISIÓN FISCAL 9/2012. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR Y OTRAS. 11 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. PONENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. SECRETARIA: ELIZABETH BARRIENTOS SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Debe desestimarse el único agravio hecho valer, por las siguientes razones.
Previamente, es preciso destacar que mediante el juicio fiscal de origen ********** y acumulado **********, la parte actora demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, por la cual se le determinó un crédito fiscal en cantidad total de $********** (********** pesos con noventa centavos), así como de las diversas contenidas en los oficios **********, ********** y **********, de la Administración Local de Recaudación de Tlaxcala, relativas a sendos rechazos de la garantía del interés fiscal ofrecida por la ahora quejosa, en relación con los créditos fiscales **********, **********, **********, ********** y ********** (la parte conducente de las demandas se encuentra visible a fojas 2 del expediente ********** del juicio acumulado **********).
En el considerando tercero de la sentencia recurrida, la Sala desestimó algunas de las causas de improcedencia planteadas por la autoridad demandada, y consideró parcialmente fundadas las restantes; en consecuencia, estableció que debía sobreseerse en el juicio fiscal respecto de las resoluciones contenidas en los oficios **********, ********** y **********.
En el considerando cuarto, analizó los conceptos de anulación décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la demanda fiscal, y los estimó parcialmente fundados.
Al efecto, sintetizó los planteamientos correspondientes del modo siguiente:
"Ahora bien, los argumentos de la parte actora se formulan en tres vertientes: 1) Que es ilegal la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, pues aduce que no existe mandamiento alguno emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado en el que se ordenara la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, situación que niega de manera lisa y llana, pues aduce que el visitador ********** **********, motu proprio y sin facultades para ello, levantó el acta parcial 09 de suspensión de plazo de conclusión de la visita domiciliaria. 2) Que con la interposición de los juicios de nulidad **********, ********** y **********, radicados en la Tercera Sala Regional de Oriente de este Tribunal, la autoridad se encontraba obligada a suspenderse el plazo para la continuación y conclusión de la visita domiciliaria, conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. 3) Que se violó el artículo 46-A, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en razón de que la autoridad revisora en ningún momento suspendió la práctica de la visita domiciliaria, sino solamente el plazo para concluir la misma." (foja 2397).
La Sala fiscal determinó que no asistía razón a la actora en relación con los puntos jurídicos que identificó como 1 y 2.
Al efecto estableció en primer orden, de manera sustancial, que no es necesario que la suspensión del plazo para la terminación de la visita domiciliaria se ordene mediante mandamiento escrito de la autoridad, pues tomando en consideración que el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, faculta a los visitadores para que hagan constar a través de las actas parciales o complementarias los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de los que tengan conocimiento durante el desarrollo de una visita, y que el artículo 46-A del mismo ordenamiento legal no prevé ninguna formalidad a efecto de decretar dicha suspensión; consecuentemente, estimó apegado a derecho y suficiente que el visitador hubiera asentado en el acta parcial de visita número 9, de fecha dieciocho de agosto de dos mil seis, que en el caso particular se verificó dicha suspensión del plazo.
En el restante aspecto, la a quo determinó toralmente que tampoco asistía razón a la actora al plantear que el aludido plazo para la terminación de la visita domiciliaria, debió suspenderse con la interposición de los diversos juicios fiscales ********** y **********, del índice de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que del análisis de los autos respectivos se advirtió que los actos controvertidos en tales expedientes, no derivan de las facultades de comprobación ejercidas en virtud de la orden de visita contenida en el oficio número **********, de fecha 13 de diciembre de 2005, que dio origen a la resolución determinante contenida en el oficio **********, materia del juicio de nulidad ********** y acumulado ********** del que se proviene; siendo indispensable, para la actualización de la hipótesis de suspensión del plazo que argumentó actualizada la contribuyente, dicha identidad de origen de los actos impugnados, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, que prevé que procederá la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prórrogas que procedan de conformidad con dicho artículo, si durante su transcurso los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación.
Sentado lo anterior, la Sala consideró fundado el argumento de la sociedad actora en el sentido de que al encontrarse suspendido el plazo para la terminación de la visita domiciliaria, la autoridad no estaba facultada para continuar ejerciendo sus facultades de comprobación, por lo que estaba jurídicamente imposibilitada para seguir adelante con el acto de molestia.
Consecuentemente, sostuvo la a quo, que la autoridad entonces demandada no sujetó su actuación a lo previsto en el artículo 46-A, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, dado que si el plazo de conclusión de la visita domiciliaria se suspendió a partir del día once de agosto de dos mil seis, fecha en que se tuvo por admitida la demanda de amparo indirecto promovida por la contribuyente ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, radicada con el número ********** -en el que se reclamaron actos que sí estaban relacionados con las mismas facultades de comprobación-, tal como lo hizo del conocimiento de dicha sociedad el visitador adscrito a la fiscalizadora mediante el acta parcial número 9 de fecha veintitrés de agosto del propio año, y se tuvo por reanudado el mencionado plazo a partir del día veintiséis de octubre de dos mil siete, fecha en que se notificó la ejecutoria dictada en el juicio de garantías de mérito, tal como se hizo constar a través de la última acta parcial, de fecha treinta de noviembre siguiente; es inconcuso, sostuvo la Sala, que el levantamiento del acta parcial número 10, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil seis, en que se hizo constar que los visitadores continuaron con la práctica de la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por el periodo sujeto a revisión, del acta parcial 11, de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, en que se asentó el retiro de fotocopiadoras por parte de los visitadores, y de la diversa acta parcial número 12, de fecha nueve de julio de dos mil siete, relativa a la sustitución de un testigo, carecen de sustento jurídico, por haber continuado la autoridad fiscalizadora con el ejercicio de sus facultades mediante la visita domiciliaria, a pesar de que el plazo para su terminación se encontraba suspendido.
Considerar lo contrario, aseveró la a quo, implicaría que la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación sin sujetarse al plazo máximo que al efecto establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, pues dicho plazo se extendería durante todo el tiempo que durara la tramitación y resolución del medio de defensa interpuesto, dejando en estado de inseguridad jurídica a la contribuyente al ejercer facultades de comprobación indefinidamente hasta en tanto no se resuelva el medio de impugnación intentado, en transgresión al artículo 16 constitucional, que consagra las garantías de inviolabilidad del domicilio y de seguridad jurídica.
En tales términos, al concluir que la resolución determinante contenida en el oficio número **********, se dictó en contravención de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del aludido código tributario federal, la a quo declaró la nulidad lisa y llana del acto en cuestión.
Las autoridades recurrentes plantean sustancialmente en el único agravio hecho valer, que la sentencia impugnada es ilegal puesto que en forma contraria a lo sostenido por la Sala, la suspensión del plazo para la conclusión de la visita domiciliaria derivada de la actualización de la hipótesis contenida en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no implica la suspensión de las facultades de comprobación.
En apoyo a tal argumento, citan la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3264, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE."
Agregan las recurrentes que no se excedió el plazo de seis meses para concluir la visita conforme al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues si continuó con el ejercicio de sus facultades de comprobación levantando las actas parciales 10, 11 y 12, no obstante que en el acta 9 se suspendió el plazo para concluir la visita, fue porque no estaba impedida para continuar la revisión, máxime que en el juicio de amparo ********** se negó la suspensión definitiva.
Adicionan que suspender el procedimiento de fiscalización, y no sólo el plazo para concluir la visita domiciliaria, impediría a las autoridades fiscales verificar que los contribuyentes cumplan debidamente con el gasto público, evadiendo éstos las facultades de comprobación del fisco, lo que contraviene disposiciones de orden público, y al efecto citan la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."
Ahora bien, mediante el oficio **********, de trece de diciembre de dos mil cinco, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala ordenó la práctica de una visita domiciliaria a **********, **********, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo del impuesto al valor agregado mensual y como retenedora del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta (fojas 1081 y 1082 del legajo de pruebas).
La referida visita dio inicio el dieciséis de diciembre de dos mil cinco, y el veintitrés de agosto de dos mil seis, al levantarse el acta parcial número 9, se suspendió el "plazo de conclusión de la revisión a partir del día once de agosto del presente año, fecha en que fue admitida la demanda de amparo indirecto por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con el número **********, promovido por su representación legal contra actos de esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala ... la suspensión del plazo surtirá efectos hasta en tanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, comunique a esta autoridad la resolución definitiva recaída al mismo; lo anterior de conformidad con el artículo 46-A, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación en vigor, precepto legal que establece lo siguiente: ‘Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prórrogas que procedan de conformidad con este artículo, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos’." (fojas 1172 y 1173 del legajo de pruebas).
En este sentido, el punto jurídico a dilucidar en la especie consiste en establecer si la suspensión del plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, verificada en atención a la actualización de la hipótesis prevista en la porción normativa en comento, implica que la autoridad esté legalmente imposibilitada para continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación, o bien, si puede válidamente seguir adelante con el desarrollo de la visita a pesar de dicha suspensión, porque ésta no impide que se ejerzan las facultades de comprobación durante el periodo que dure.
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil cinco, dispone lo siguiente:
"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de: A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de un año contado a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Los plazos señalados en el primer párrafo y en el apartado A, de este artículo, podrán ampliarse por seis meses por una ocasión más, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o la revisión, salvo cuando el contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de la contabilidad, cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que correspondan a su nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, el oficio de la prórroga correspondiente. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este Código. Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo y los plazos de las prórrogas que procedan conforme a este artículo, se suspenderán en los casos de: I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prórrogas que procedan de conformidad con este artículo, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."
De lo anterior se obtiene que las autoridades fiscalizadoras cuentan con el plazo de seis meses para concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes, plazo que puede ampliarse y debe computarse a partir de que se les notifique el inicio de las facultades de comprobación.
Asimismo, se obtiene que si durante los referidos plazos o sus prórrogas, los contribuyentes interponen algún medio de defensa contra los actos o actividades derivados del ejercicio de las facultades de comprobación, entonces, tales plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
Por tanto, en la práctica de una visita domiciliaria la autoridad fiscalizadora ejerce sus facultades de comprobación, y en contra de los actos que al efecto despliegue pueden interponerse medios de defensa, y en ese supuesto, como en otros, los plazos para la conclusión de esas facultades se suspenderán.
En este sentido debe precisarse que la causa de suspensión derivada de la interposición de un medio de defensa por parte del contribuyente, no obedece a una actitud evasiva respecto de las facultades comprobatorias de la autoridad (como sería la desocupación del domicilio, o el no proporcionar información o documentación requerida), sino que se relaciona con el derecho del contribuyente a defenderse en un procedimiento instaurado en su contra.
Por tanto, esa suspensión obedece a que hay una actuación de la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación que se encuentra sub júdice y, siendo así, es evidente que no sólo está suspendido el plazo para concluir las facultades de comprobación, sino también para ejercerlas.
Lo anterior debido a que si en contra de una de las actuaciones desplegadas por la autoridad fiscalizadora en ejercicio de sus facultades de comprobación, hay un medio de defensa en trámite, entonces, tal actuación no puede considerarse firme y menos pueden generarse más actuaciones a partir de ella, pues existe el riesgo de que no subsista y, por ende, tampoco subsistiría lo actuado con posterioridad.
Y es que de permitírsele actuar a la autoridad y seguir ejerciendo sus facultades de comprobación, no obstante la suspensión decretada a partir de la interposición de un medio de defensa, se vulneraría en contra del contribuyente su garantía de seguridad jurídica, pues se permitiría a la fiscalizadora actuar por tanto tiempo como durara la tramitación de ese medio, no obstante que esa causa de suspensión y su duración, no es generada por la actora a partir de una actitud evasiva de las facultades de comprobación.
En este sentido, debe decirse que no asiste la razón a las recurrentes, al sostener que esa suspensión sólo se da respecto al plazo pero no en cuanto a las facultades de comprobación, por resultar aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3264, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE."
La citada jurisprudencia se refiere concretamente a la fracción IV del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, porción normativa que fue adicionada mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, es decir, no se refiere al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, y que es el que aplicó en la especie.
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que fue objeto de estudio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la parte que interesa al presente estudio, es del siguiente tenor:
"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de: ... Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de: ... IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año ... Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos."
Respecto a la anterior transcripción debe reiterarse que con la reforma en cuestión se adicionó la fracción IV como hipótesis de suspensión del plazo para la terminación de la visita domiciliaria, aunque no se modificó el diverso supuesto consistente en la interposición, por parte de los contribuyentes, de algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora.
Por ello, dado que el referido numeral aún contiene la hipótesis que originó la referida suspensión, se estima necesario analizar el contenido de la referida jurisprudencia y de la ejecutoria que le diera origen.
Las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 336/2011, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuya ejecutoria se encuentra publicada en las páginas 3241 a 3263, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son las siguientes:
"SEXTO. Debe prevalecer el siguiente criterio que sostiene esta Segunda Sala, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:
"Para tal efecto, se estima necesario acudir al texto del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación que, en la parte que interesa, para efectos del presente estudio, a la letra dice: ‘(se transcribe).’
"Del precepto reproducido se advierte que:
"* La visita domiciliaria o la revisión de gabinete que realicen las autoridades fiscales deberán concluirse dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, con las salvedades que prevé el propio precepto.
"* Se suspenderá el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, entre otros supuestos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos, a partir del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses.
"* Cuando existan dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.
"* Si la autoridad no concluye la visita domiciliaria o la revisión de gabinete dentro de los plazos previstos en la ley, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
"De lo anterior se observa que el legislador en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, estableció como plazo máximo para que las autoridades concluyan las visitas domiciliarias o la revisión de gabinete el de doce meses, so pena de no hacerlo, esto es, si las autoridades no concluyen la visita o la revisión dentro del plazo referido, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
"Empero, el propio legislador dispuso que, a fin de que no operara la referida consecuencia legal cuando la autoridad se encuentre imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por causas ajenas a ella, el plazo para concluir la visita domiciliaria debe ser suspendido, entre otros casos, cuando el contribuyente no atienda al requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales durante el desarrollo de una visita, por el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses.
"Asimismo, el propio precepto establece la posibilidad de que se realicen dos o más solicitudes de información, en cuyo caso se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de la suspensión podrá exceder de un año.
"En efecto, el legislador estableció la posibilidad legal de que en el desarrollo de la visita domiciliaria puedan realizarse más de dos requerimientos de información al contribuyente, con la condición de que en estos casos, el periodo de suspensión sumado por cada requerimiento no atendido, no podrá exceder de un año; lo anterior puede corroborarse del proceso legislativo del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis que, en la parte conducente, dice:
"‘...
"‘De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
"‘III. Consideraciones a distintos ordenamientos fiscales.
"‘a. Código Fiscal de la Federación
"‘...
"‘La que dictamina consciente de los vicios formales en los actos de fiscalización que inciden en los juicios de nulidad, estima procedente la eliminación del oficio de ampliación y se mantenga como plazo máximo para las visitas domiciliarias doce meses; en el caso de contribuyentes del sistema financiero también se elimina el oficio de ampliación manteniéndose en dieciocho meses como plazo máximo; asimismo, se incluye como supuesto para la suspensión del plazo en las visitas, el que el contribuyente no conteste o atienda los requerimientos de información (hasta por seis meses). Por otro lado si bien pueden presentarse en el desarrollo de la visita varios requerimientos, la suspensión por este motivo no puede exceder de un año. La suspensión termina cuando el contribuyente atiende el requerimiento o simplemente conteste el mismo aún sin proporcionar la información solicitada, quedando el artículo 46-A con la siguiente redacción: ...’
"De la exposición de motivos transcrita, en la parte que nos interesa, se advierte que fue voluntad del legislador:
"* Mantener como plazo máximo para las visitas domiciliarias el de doce meses.
"* Incluir como supuesto para la suspensión del plazo en las visitas, el que el contribuyente no conteste o atienda los requerimientos de información (hasta por seis meses).
"* Pueden presentarse en el desarrollo de la visita varios requerimientos, en cuyo caso la suspensión por ese motivo no puede exceder de un año.
"* La suspensión termina cuando el contribuyente atiende el requerimiento o simplemente contesta, aun sin proporcionar la información solicitada.
"De donde se colige, de manera incuestionable, que la intención del legislador no fue limitar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23622-172db30b/suspension-la-decretada-al-hacer-valer-el-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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