REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO REQUIERE DECLARATORIA DE LA AUTORIDAD FISCAL MEDIANTE OFICIO QUE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, ya que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
7. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa y cuyo presidente lleva su representación, en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
8. TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
9. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de nueve de enero de dos mil catorce, por unanimidad de votos, el amparo directo 319/2013, en la parte de interés para esta contradicción de tesis, determinó lo siguiente:
"... 5. En cambio, el quinto concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.-Por ello, se atiende el planteamiento contenido en este motivo de disenso, relativo a una violación formal acaecida dentro del procedimiento de revisión de gabinete o de escritorio efectuada en contra de la aquí quejosa. ... El texto de los aludidos artículos 46-A, 48 y 50 del Código Fiscal de la Federación,(1) es la siguiente: (se transcriben).-Del análisis armónico y sistémico de los dispositivos legales citados, se desprende la existencia de dos distintos plazos: i) en cuanto a todo lo que comprende la sustanciación ordinaria de la revisión de gabinete o escritorio, comprendiendo hasta el dictado del oficio de observaciones; y, ii) el que comprende desde que concluya el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal hasta el dictado de la resolución determinante de crédito fiscal a cargo del contribuyente fiscalizado. ... En ese sentido, si el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación establece el específico y aplicable término que es el que debe regir la emisión y notificación de las resoluciones de créditos fiscales provenientes de procedimientos de revisión de gabinete y/o escritorio; entonces, queda evidenciado que es incorrecta la premisa de que la resolución determinante de un crédito fiscal, derivada de una revisión de gabinete o de escritorio, tenga que emitirse dentro del plazo de doce meses previsto en el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues se debe tener en cuenta la existencia y aplicación de los dos diversos plazos de doce y seis meses que, respectivamente, rigen para la emisión del oficio de observaciones y la determinación de los créditos fiscales que pudieran ser procedentes.-Entonces, esta facultad de fiscalización o comprobación está regulada en el artículo 48 de la legislación tributaria en cita, en el cual se establece que inicia con el oficio en el que se solicite la documentación de los particulares y concluye, en su caso, con la emisión del oficio de observaciones en el que se hagan constar los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, los que posteriormente serán calificados en una resolución en la que se liquiden los adeudos que correspondan, esto es, para llegar al supuesto de la emisión de una resolución determinante, primero se debe llevar a cabo el procedimiento de fiscalización.-A su vez, la revisión se encuentra sujeta a un plazo máximo para su culminación de doce meses, de acuerdo con el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, el cual, de conformidad con su fracción IV, puede ser suspendido cuando el contribuyente revisado ignore el requerimiento con que el que se haya iniciado, o bien, incluso, ante la inobservancia a subsecuentes solicitudes de observación (sic) que le sean formuladas.-En ese sentido, si la suspensión del plazo es un aspecto propio del procedimiento de fiscalización, resulta suficiente que la exactora justifique que cuenta con facultades para iniciar y concluir dicha revisión en el oficio mediante el que se realice el requerimiento inicial y con el cual se ponga en marcha el aparato fiscalizador del Estado.-Cabe precisar que dicho aspecto sí se surte en la especie, ya que en el oficio por el que inició la revisión de gabinete o de escritorio, el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan citó como fundamento de su actuación, entre otros preceptos, el artículo 19, párrafo primero, apartado A, fracción I, en relación con el diverso 17, párrafo primero, fracción X, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, de cuya interpretación conjunta se sigue que los administradores locales de Auditoría Fiscal cuentan con facultades para ‘... Requerir a los contribuyentes ... para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes ... con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras ... emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión ...’, esto es, para tramitar, de inicio a fin, el procedimiento de revisión de gabinete de acuerdo con las reglas que para ello haya establecido el legislador como lo es, entre otras, que el plazo de conclusión se suspenderá cuando se actualice alguno de los supuestos del citado artículo 46-A del código tributario federal, como los previstos en su fracción IV, que establece que la revisión deberá suspenderse cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de información, sin que la medida pueda exceder de seis meses.-Del precepto en cita se tiene que el plazo máximo de duración de la revisión de gabinete que realicen las autoridades fiscales es de doce meses, contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, con las salvedades que prevé el propio precepto, como lo es la posibilidad de que dicho lapso sea detenido cuando no sea posible que se lleve a cabo la revisión en tiempo por causas no imputables a las autoridades revisoras, como puede ser, entre otros supuestos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos, esto es, la suspensión del plazo no es de carácter absoluto, sino que comprende únicamente el tiempo en que el gobernado auditado persista en su actitud contumaz de no cumplir con lo solicitado, por lo que en todo momento se conoce la duración de esa medida, máxime que no puede exceder de seis meses.-Con ello, no se da margen a la discrecionalidad de la autoridad exactora, ya que no es ella quien decide de manera unilateral si se suspende o no el plazo para la conclusión de la revisión de gabinete, sino que es el precepto el que sanciona en esos términos la omisión del particular auditado, habida cuenta que también prevé con claridad el tiempo máximo que podrá durar, lo que pone de relieve que en ningún momento se deja en estado de indefensión e inseguridad jurídica a los contribuyentes, ya que es de su conocimiento el momento en que inicia y puede concluir la referida suspensión.-Sustenta lo anterior, aun cuando sea dada para la visita domiciliaria, en virtud de que el dispositivo legal en comento, también aplica para la revisión de gabinete, la tesis aislada 2a. LXXX/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 2040, que establece: ‘VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA CONCLUIRLA, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.’ (se transcribe).-Además, porque la propia normatividad delimita expresamente el plazo máximo, tanto del procedimiento de fiscalización, así como en el que podrá estar suspendido, es decir, el particular en todo momento tiene conocimiento de cuál será el tiempo en que podrá prevalecer la medida suspensiva, ya que la norma sí establece los supuestos en que han de operar la hipótesis en ella previstas, esto es, la actualización de la suspensión está determinada por la omisión del contribuyente de exhibir o proporcionar la documentación e información que le fue requerida y finaliza una vez que dicho requerimiento sea atendido, o bien, de ser contumaces los revisados, cuando se cumpla el plazo máximo de seis meses, en ese sentido es que se sostiene que la norma precisa claramente la mecánica de operación de la suspensión referida.-Los anteriores argumentos también son aptos para analizar el diverso tema de legalidad hecho valer, en el que la quejosa aduce que, contrario a la autoridad responsable, es necesario para que opere la suspensión del plazo que se decrete por oficio, debidamente fundado y motivado, en el que se haga constar esa determinación, al tratarse de un acto emitido en sede administrativa, ya que no operan por ministerio de ley o de manera tácita, sino que tiene que emitirse un acto de autoridad que así lo determine para que el gobernado esté en aptitud legal de controvertirlo o de aceptarlo.-Esto es así, puesto que el hecho de que no se prevea expresamente como obligación a cargo de la autoridad que, en un documento, se informe al contribuyente que se ha suspendido el plazo ante la conducta contumaz de su parte de no atender los requerimientos que se le hagan, no significa que la autoridad pueda exceder el plazo de doce meses a que se refiere el propio artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad debe concluir la facultad de revisión ejercitada dentro del plazo máximo de doce meses contados a partir de la notificación del inicio de las facultades de comprobación, el cual podrá ampliarse, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la revisión, misma que no puede realizarse de forma irrestricta, ya que, como lo aduce la quejosa, encuentra su limitante en el derecho de legalidad tutelado por el artículo 16 constitucional, que impone el deber de toda autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento, pues en todo caso, la propia autoridad responsable está facultada para analizarlo, en cuanto a su motivación y fundamentación para verificar si es legal la suspensión del plazo y su correspondiente ampliación, a fin de concluir en el tiempo establecido por el Código Fiscal de la Federación, la facultad discrecional ejercitada, que en este caso correspondió a una revisión de gabinete.-Pues si de las constancias se advierte que efectivamente persistió la conducta contumaz de la quejosa, consistente en no atender en tiempo y forma los requerimientos que la autoridad fiscalizadora le hacía a pesar de las multas impuestas, entonces, el actuar de las autoridades está limitado a los principios de legalidad y seguridad jurídica que todo gobernado tiene a su favor; por tanto, asiste razón a la quejosa al afirmar que la autoridad demandada debió decretar la suspensión del plazo de manera expresa mediante oficio debidamente fundado y motivado.-Lo anterior, porque el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 constitucional se refiere a la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, papeles, familia y posesiones o derechos sean respetados por la autoridad y que si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.-Así, la seguridad jurídica debe partir de un principio de certeza, en cuanto a que las disposiciones constitucionales y legales definan la forma como deben a
tuar las autoridades del Estado y también en que la aplicación del orden jurídico de los gobernados sea eficaz.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el derecho de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.-Apoya las anteriores consideraciones el criterio que se encuentra plasmado en la tesis 2a. LXXV/2002, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, página 449, que dice: ‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe).-Por su parte, el derecho de legalidad forma parte del genérico de seguridad jurídica y debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica.-Asimismo, de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento.-Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias; asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo; por su parte, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.-De los artículos 46-A y 48, ambos del Código Fiscal de la Federación, se desprende, entre otras cosas, que las autoridades fiscales se encuentran facultadas para solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos, documentos, la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, en cuyo caso se deberá notificar al contribuyente el lugar y plazo en el que se debe proporcionar la información solicitada.-Luego, como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, otorgándose a éstos un plazo para desvirtuar el contenido de las observaciones formuladas o para regularizar su situación.-Tal procedimiento de fiscalización, acorde con el numeral 46-A, debe concluirse dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, con excepción de los casos particulares a que se refieren los incisos A y B del numeral en cita.-Asimismo, el artículo en comento establece que los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete se suspenderán al actualizarse alguno de los diversos motivos que señala dicho artículo, en el caso particular, el que interesa es el previsto en la fracción IV del mismo, al establecer que: ‘Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.’.-Como se puede apreciar de lo anterior, la fracción IV de este artículo establece que cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de obligaciones en esa materia, durante el periodo que transcurra ‘entre el día del vencimiento del plazo y hasta el día en que se conteste o atienda el requerimiento’, se suspenderá el plazo de doce meses que tiene la autoridad fiscal para concluir la revisión de contabilidad que realice a algún contribuyente, revisión que inicia a partir de la fecha en que se notifica el inicio de las facultades de comprobación.-En ese sentido, para desentrañar el sentido de esta norma jurídica, se estima necesario conocer el significado de las siguientes palabras: ‘entre’ y ‘hasta’.-Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término ‘entre’ es una preposición que indica una situación o estado intermedio.-Por otra parte, la palabra ‘hasta’ indica el término o el límite en cuanto al tiempo, espacio o la cantidad.-Con base en lo anterior, se estima que la frase: ‘entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento’, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de suspensión a que se refiere la fracción IV del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación inicia al día siguiente de aquel en que vence el plazo otorgado en el requerimiento, ya que siendo uno de los significados de la palabra ‘entre’ la de indicar un estado intermedio, no podría considerarse el día de vencimiento como parte de la suspensión si precisamente ese día es el límite de ese estado intermedio, el cual, naturalmente, no forma parte de esa situación intermedia, sino que constituye su límite inicial.-Por otra parte, como el término ‘hasta’ indica el término o límite de tiempo, espacio o cantidad, se estima que el plazo de suspensión a que se refiere el supuesto que se analiza termina precisamente el día en que se atiende el requerimiento; de modo que el cómputo del plazo para la conclusión de la verificación inicia al día siguiente.-En efecto, se considera que la suspensión que se estudia concluye el mismo día en que se atiende el requerimiento de la autoridad fiscal, no un día antes ni un día después, porque entonces el legislador lo hubiera expresado del siguiente modo: ‘hasta un día antes de aquel en que se atienda el requerimiento’, o bien, ‘hasta un día después de que se atienda el requerimiento’, lo cual no sucede en el presente caso; de ahí que se considere parte de la suspensión el día en que el contribuyente atiende el requerimiento de la autoridad fiscal.-Lo que pone de manifiesto la especial trascendencia que tiene el cómputo del plazo y que en este procedimiento administrativo quede definido tanto cuando se suspenda, como cuando se reanuda el procedimiento.-Además de que se permite dilucidar la intención del numeral 46-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación es que se suspenda el plazo para la conclusión, en este caso, de la revisión de gabinete desde el día siguiente a aquel en que se venció el plazo otorgado para atender el requerimiento, lo que evidencia que dicha suspensión surte sus efectos desde el momento en que el contribuyente revisado o visitado se ubica en la hipótesis legal prevista en la norma -en la especie, el incumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora- y que el plazo para la conclusión continuará suspendido hasta el momento en que el contribuyente da cumplimiento a lo solicitado por la autoridad hacendaria, con lo cual se reanuda también el plazo para la conclusión del procedimiento fiscalizador.-Entonces, si es importante que se decrete la ampliación del plazo, no lo es menos que se emita oficio en el cual se suspenda el indicado procedimiento administrativo, pues en ambos casos -la suspensión y la reanudación- surten sus efectos desde el momento en que se presenta la hipótesis regulada por la norma, es decir, el plazo se suspende desde el momento en que se incumple con lo requerido por la autoridad; dicho de otro modo, el día siguiente al del vencimiento de la solicitud de documentación y, por otro lado, el plazo de conclusión se reanuda en el instante en que el contribuyente cumple con proporcionar la información solicitada y la autoridad hacendaria la recibe.-Cobra especial relevancia señalar que, en ambos casos de los supuestos mencionados, se requiere de un mandamiento escrito que comunique al contribuyente la suspensión del plazo de conclusión de la revisión de gabinete, así como la reanudación del plazo; lo anterior, en virtud de que es necesario que se le den a conocer los motivos, causas especiales y fundamentos de derecho que se consideraron para emitir tales determinaciones, toda vez que la Suprema Corte de Justicia ha declarado en diversos criterios jurisprudenciales que se requiere necesariamente de un acto de autoridad dirigido a un gobernado para que pueda considerarse válidamente que se ha aplicado una disposición normativa sobre su esfera jurídica.-En diverso orden de ideas, la quejosa aduce que el plazo máximo de doce meses para concluir la revisión de gabinete que se le practicó; transcurrió en exceso, toda vez que la orden de revisión de escritorio, le fue notificada el veinte de enero de dos mil once y el oficio de observaciones le fue notificado el veintinueve de marzo de dos mil doce; lo cual es fundado.-De las constancias de autos se advierte que existen las siguientes: ... La reseña de antecedentes descrita en líneas anteriores permite arribar a la conclusión de que, contrario a lo afirmado por la quejosa, sí se le hizo de su conocimiento el estado procesal de la revisión de gabinete que se le practicó, toda vez que se le requirió la información y documentación necesaria para el desahogo de la misma, sin que se tenga acreditado en los autos del procedimiento en comento, que haya dado cumplimiento a las solicitudes de la autoridad responsable; de ahí que no pueda estimarse que la quejosa desconociera las actuaciones realizadas en el procedimiento incoado en su contra, pues la autoridad fiscal acreditó haberle notificado los actos realizados dentro de dicho procedimiento.-Sin embargo, si como se analizó de las constancias del procedimiento de revisión de gabinete, la autoridad fiscalizadora notificó el oficio de inicio del procedimiento a la contribuyente -aquí quejosa- el día veinte de enero de dos mil once y, posteriormente, la autoridad hacendaria realizó otro requerimiento más, que fue notificado el veintitrés de marzo de dos mil once, el que fue notificado el veintinueve de marzo de dos mil once, lo anterior con motivo del incumplimiento a la solicitud formulada por la autoridad fiscalizadora, sin que la autoridad fiscalizadora -aun cuando emitió diversas multas a cargo del contribuyente- haya decretado la suspensión del plazo para realizar la revisión de gabinete, y menos notificado a la hoy quejosa, cuando estaba obligada a hacerlo por ser ella la autoridad, es inconcuso que la resolución determinante del crédito fiscal impugnada, al ser fruto de un procedimiento viciado, resulte ilegal.-Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 363/2011 (sic), que la suspensión del plazo tiene que ser expreso, como se desprende de las consideraciones siguientes: 1. De lo anterior se observa que el legislador, en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, estableció como plazo máximo para que las autoridades concluyan las visitas domiciliarias o la revisión de gabinete el de doce meses, so pena de no hacerlo, esto es, si las autoridades no concluyen la visita o la revisión dentro del plazo referido, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.-2. Empero, el propio legislador dispuso que, a fin de que no operara la referida consecuencia legal cuando la autoridad se encuentre imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por causas ajenas a ella, el plazo para concluir la visita domiciliaria debe ser suspendido, entre otros casos, cuando el contribuyente no atienda al requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales durante el desarrollo de una visita, por el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses.-3. Asimismo, el propio precepto establece la posibilidad de que se realicen dos o más solicitudes de información, en cuyo caso se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso, el periodo de la suspensión podrá exceder de un año.-4. En efecto, el legislador estableció la posibilidad legal de que en el desarrollo de la visita domiciliaria puedan realizarse más de dos requerimientos de información al contribuyente, con la condición de que en estos casos, el periodo de suspensión sumado por cada requerimiento no atendido, no podrá exceder de un año; lo anterior puede corroborarse del proceso legislativo del proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, que en la parte conducente, dice: ... 5. De la exposición de motivos transcrita, en la parte que nos interesa, se advierte que fue voluntad del legislador: a. Mantener como plazo máximo para las visitas domiciliarias el de doce meses.-b. Incluir como supuesto para la suspensión del plazo en las visitas, el que el contribuyente no conteste o atienda los requerimientos de información (hasta por seis meses).-c. Pueden presentarse en el desarrollo de la visita varios requerimientos, en cuyo caso la suspensión por ese motivo no puede exceder de un año.-d. La suspensión termina cuando el contribuyente atiende el requerimiento o simplemente conteste, aun sin proporcionar la información solicitada.-6. De donde se colige, de manera incuestionable, que la intención del legislador no fue limitar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sino regular la suspensión del plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, entre otros supuestos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por la autoridad, estableciendo como plazo máximo de la suspensión el de un año.-7. Lo anterior, nos conduce a concluir que el citado artículo 46-A, segundo cuarto, (sic) fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no se refiere a la ‘suspensión de las facultades de comprobación’, sino a la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales, es decir, la suspensión aludida se genera por una situación no imputable a la autoridad; de ahí que el citado precepto no prohíbe a la autoridad fiscalizadora a efectuar un nuevo requerimiento por el hecho de estar suspendido el plazo para la conclusión de la visita domicil
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26036-5ab0576d/revision-de-escritorio-o-gabinete-la-suspension-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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