VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 336/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por **********, en su carácter de representante legal de **********, en los recursos de revisión fiscal 41/2010 y 150/2010-II, de los índices de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órganos emisores de los criterios en contienda.
TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver el recurso de revisión fiscal 41/2010, en sesión de tres de junio de dos mil diez, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 107 vuelta a 110 vuelta del presente toca):
"SEXTO.
"...
"De la anterior transcripción se aprecia que la autoridad fiscalizadora, con fundamento en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, ordenó suspender el plazo para concluir la visita domiciliaria, por el periodo fiscal comprendido del uno de febrero de dos mil ocho al treinta de abril de dos mil ocho.
"Por otro lado, el artículo 46-A, cuarto párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, prevé lo siguiente: (se transcribe).
"En ese orden de ideas, como ya se dijo, son infundados los agravios de trato, toda vez que el supracitado precepto legal, es enfático al establecer que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses, contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo cuando los plazos para concluir dichas visitas o revisiones de gabinete se suspendan cuando el contribuyente no atienda al requerimiento de datos, informes o documentación solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses.
"Luego, si en el caso tenemos que el plazo para la conclusión de la visita domiciliaria estaba suspendido, la autoridad exactora no podía continuar con el procedimiento de fiscalización, empero así lo hizo y sancionó en dos ocasiones a la actora a través de los oficios 500-55-00-03-02-2008-6447 del veintidós de octubre de dos mil ocho (fojas 447 a la 453) y 500-55-00-03-02-2008-6452 del veintisiete de octubre de dos mil ocho, todos ellos como consecuencia de no atender el requerimiento de proporcionar información documental (contabilidad, datos, informes y documentos), con lo que contravino el citado fundamento legal, pues una vez suspendido el plazo para concluir la visita domiciliaria, la autoridad hacendaria no podía continuar con el procedimiento de fiscalización, al tratarse de una facultad reglada, formalidad del procedimiento.
"Por tanto, si el plazo para la conclusión de la visita se encontraba en suspenso debido al incumplimiento del contribuyente para atender el requerimiento que se le hizo en el oficio 2706, y la autoridad continuó con el procedimiento fiscal sancionando por segunda ocasión a la actora, por el mismo motivo que la primera sanción (no proporcionar información documental relativa a la contabilidad, datos, informes y documentos); resulta inconcuso que contravino lo dispuesto por el artículo 46-A, cuarto párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
"Por otro lado, si bien es cierto que el referido dispositivo refiere a dos o más solicitudes de información, ello es una cuestión independiente a la obligación que por ley tiene la autoridad para suspender el plazo del procedimiento de fiscalización, hasta en tanto el contribuyente atienda el requerimiento que se le hizo, o bien, que sin atender dicho requerimiento haya transcurrido el plazo de seis meses, por lo que al no haberlo hecho así, la autoridad exactora infringió el contenido de la citada fracción, al continuar con los requerimientos a cargo del contribuyente.
"Así, el hecho de que el artículo en comento aluda a la existencia de dos o más solicitudes de información, ello no significa que la autoridad pueda continuar con el plazo para la conclusión de la revisión, pues el precepto es claro al establecer que se debe suspender el plazo para la misma y una vez hecho lo anterior emitir la nueva solicitud.
"En ese contexto si la autoridad demandada continuó haciendo requerimientos a la actora, sin antes haber levantado la suspensión previamente establecida, resulta inconcuso que contravino lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
"Pensar en forma contraria, daría pauta a una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas del gobernado consagradas en el artículo 16 constitucional, ya que dejaría a capricho de la autoridad fiscalizadora elegir el momento para reanudar el procedimiento de fiscalización domiciliario y, lo peor llegando al absurdo de permitir que encontrándose suspendido el plazo no caduquen las facultades revisoras, ya que las autoridades fiscalizadoras continuarían ejerciendo sus facultades de comprobación, aun cuando estuviera suspendido el plazo para concluir la visita domiciliaria.
"Asimismo, el hecho de que la autoridad tenga que esperar a que transcurra el plazo de seis meses de suspensión para reanudar el procedimiento de fiscalización, no conllevaría a que los gobernados incumplieran con sus obligaciones fiscales, ya que, recordemos tienen cinco años para poder iniciarlas, además de que iniciadas y suspendido el plazo, podría continuar con su labor.
"Por último, el agravio compilado en la letra E, también es infundado, ya que el criterio que cita la recurrente no es exactamente aplicable al caso, pues se refiere a los procedimientos de fiscalización previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, hipótesis y artículo distintos al de la hipótesis que nos ocupa.
"Además, la jurisprudencia a que alude la recurrente refiere a que no procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra el ejercicio de las facultades de comprobación, mientras que en el caso que nos ocupa existe una norma exactamente aplicable al caso concreto que prevé en su segundo párrafo que los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete se suspenderán cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día que conteste o atienda dicho requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses y cuando existan dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión, y en ningún caso podrá exceder de un año.
"En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil diez, en la parte que interesa, sostuvo (fojas 137 a 151 del presente toca):
"OCTAVO. Estudio de los agravios. Es fundado el único agravio en el cual la recurrente señala que sí puede requerir al contribuyente para que exhiba datos, documentos e informes cuando el plazo para concluir la visita domiciliaria se encuentra suspendido.
"Se dice lo anterior pues, como más adelante se explica, la autoridad hacendaria sí puede requerir al contribuyente para que exhiba datos, documentos e informes cuando el plazo para concluir la visita domiciliaria se encuentra suspendido, ya que de una interpretación sistemática e histórica realizada al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, al proceso legislativo del precepto reclamado y al diverso numeral 42 del código tributario y 16 de la Constitución se obtiene que el plazo de doce meses para que concluya la visita domiciliaria fue establecido con el propósito de agilizar el procedimiento de fiscalización e imponer una consecuencia legal al no ejercicio de la facultad de determinación de las autoridades fiscales; y la suspensión del mismo se estableció a fin de que la autoridad no sufriera dicha consecuencia legal cuando está imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por causas ajenas a ella.
"Complementariamente a ello debe destacarse que el objetivo de arribar al conocimiento de hechos u omisiones que constituyan incumplimiento a las disposiciones fiscales, las autoridades hacendarias pueden ejercer las facultades de comprobación de manera conjunta, indistinta o sucesivamente; siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Para sustentar lo anterior, resulta oportuno transcribir lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 42 del Código Fiscal de la Federación. Dichos preceptos establecen:
"‘Artículo 16.’ (se transcribe).
"‘Artículo 42.’ (se transcribe).
"De los numerales transcritos se advierte que, con el fin de verificar si los gobernados cumplen con sus obligaciones fiscales, la autoridad hacendaria tiene a su alcance el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las cuales se desarrollan a manera de procedimientos de fiscalización a efecto de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido cabalmente con lo que establecen las diversas disposiciones fiscales.
"Esto es así, pues entre los medios con que cuenta la autoridad hacendaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados en ejercicio de sus facultades de comprobación, se pueden destacar los siguientes:
"-Solicitar al contribuyente para que presente diversa documentación a fin de rectificar errores aritméticos u omisiones en las declaraciones, solicitudes o avisos que presente.
"-Requerir a los gobernados para que exhiban su contabilidad y que proporcionen los datos, documentos o informes que se les soliciten.
"-Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados a fin de revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
"-Revisar los dictámenes de contador público sobre los estados financieros de los contribuyentes.
"-Efectuar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en el Registro Federal de Contribuyentes, así como constatar la legal estancia de bienes o mercancías en el país.
"-Practicar avalúos o verificación física de todo tipo de bienes, incluso, durante su transporte.
"Debe resaltarse que las autoridades fiscales pueden ejercer estas facultades de manera conjunta, indistinta o sucesivamente.
"Sin embargo, es pertinente traer a cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.
"En otro aspecto, también cabe destacar que, a fin de transformar a la administración tributaria en un órgano eficiente, eficaz y orientado a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales que otorgue seguridad jurídica al contribuyente y simplifique los procedimientos de fiscalización, en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación se estableció como plazo máximo para que concluyan las visitas domiciliarias el de doce meses.
"Sin embargo, como se advertirá de la transcripción de dicho precepto y de la exposición de motivos que le dieron origen, el legislador dispuso que, a fin de que la autoridad no sufriera dicha consecuencia legal cuando está imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por causas ajenas a ella, el plazo para concluir la visita domiciliaria debería ser suspendido en los casos de:
"I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.
"II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.
"III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
"IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.
"V. A partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.
"VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca.
"Así el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación y su exposición de motivos dicen:
"‘Artículo 46.’ (se transcribe)
"Exposición de motivos:
"(se transcribe).
"De lo transcrito deriva, que el plazo de doce meses para que concluya la visita domiciliaria fue establecido con el propósito de agilizar el procedimiento de fiscalización e imponer una consecuencia legal al no ejercicio de la facultad de determinación de las autoridades fiscales; y la suspensión del mismo se estableció a fin de que la autoridad no sufriera dicha consecuencia legal cuando está imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por causas ajenas a ella.
"De ahí que no existe sustento para concluir que la suspensión del plazo implique una limitación para que las autoridades hacendarias puedan ejercer las diversas facultades de comprobación de manera conjunta, indistinta o sucesivamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Considerar lo contrario, independientemente que desvirtúe el alcance que el legislador pretendió dar a la suspensión del plazo aludido, implicaría sostener que el contribuyente tiene un plazo de seis meses para dar cumplimiento al requerimiento de información y documentación de acuerdo a los numerales 42, fracción II y 46-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, y no dentro de los seis días a que hace alusión el numeral 53, inciso b), de dicho código.
"También, sería como aceptar que está en manos del contribuyente decidir libremente cuándo se suspenderá la facultad de comprobación ejercida por la autoridad hacendaria.
"Ahora bien, en el caso, para ejercer las facultades de comprobación en relación con la visita domiciliaria número RIM3500013/08010001, contenida en el oficio número 500-55-00-06-2008-237 el administrador local de Auditoría Fiscal de San Pedro Garza García, Nuevo León en el oficio 500-55-00-03-02-2008-2706 solicitó a la contribuyente **********, la siguiente información y documentación:
"(se transcribe).
"Sin embargo, la contribuyente no dio cumplimiento a dicha solicitud a pesar de que la autoridad hacendaria le requirió dicha información en varias ocasiones. Luego, el veintinueve de julio de dos mil ocho, el administrador local Jurídico de San Pedro Garza García levantó el acta parcial tres en la que asentó que no se exhibió la información y la documentación requerida en el oficio 500-55-00-03-02-2008-2706 y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación suspendió el plazo para concluir la referida visita domiciliaria.
"Luego, toda vez que la contribuyente no proporcionó la información que le fue solicitada, la autoridad hacendaria estaba en aptitud de ejercer las facultades de comprobación de manera conjunta, indistinta o sucesivamente con el objeto de arribar al conocimiento de hechos u omisiones que constituyan incumplimiento a las disposiciones fiscales; siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo fundado del agravio analizado.
"No es óbice a lo anterior, lo alegado por la contribuyente en el recurso de revisión adhesiva, en el sentido de que la norma específica que regula el requerimiento de la información y documentación es el artículo 46-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y no el ordinal 53, inciso b), del mismo ordenamiento, pues en el caso no se cuestionó con qué plazo cuentan los contribuyentes para dar cumplimiento a los requerimientos de información y documentación, sino las facultades que puede ejercer la autoridad hacendaria cuando el contribuyente no proporciona la información y documentación que le fue solicitada.
"En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia impugnada, para el efecto de que la Sala Fiscal emita una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, aborde el estudio de la totalidad de los conceptos de impugnación y los argumentos expuestos por la autoridad demandada al dar contestación."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." [No. registro: 164120. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7).
Además, para la procedencia de una denuncia de contradicción de criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, acorde con lo establecido por el Tribunal Pleno en la tesis P. L/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 35 (No. de registro 205420), en los términos siguientes.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Así como en la tesis 2a./J. 94/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve (No. de registro 190917), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Por otra parte, no obsta para analizar si existe en el caso discrepancia de criterios, el que se hayan suscitado en asuntos de naturaleza diversa al amparo directo, como son los recursos de revisión fiscal, pues tal circunstancia no hace improcedente la denuncia de posible contradicción de criterios, acorde a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2003, emitida por esta Segunda Sala, del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza." (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330. No. de registro 183405).
QUINTO. Establecido lo anterior, para determinar si se acreditan los extremos citados, debe atenderse a las consideraciones que sustentan los Tribunales Colegiados de Circuito, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso, y que pueden dar origen a la oposición de algún punto jurídico.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver el recurso de revisión fiscal 41/2010, sostuvo lo siguiente:
• Declaró infundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente en el recurso de revisión fiscal, en el que adujo que la Sala a quo del conocimiento declaró la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal controvertido, al considerar erróneamente que en el caso la autoridad fiscal debió esperar a que el contribuyente contestara o atendiera el requerimiento de información y documentación, o bien, que transcurriera el plazo de seis meses de suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, para poder reanudar el procedimiento de fiscalización, basando tal determinación en una interpretación incorrecta del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
• El citado órgano jurisdiccional estimó que dicho argumento de la autoridad recurrente era infundado, porque el referido artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación es enfático al establecer que las autoridades fiscales deberán cumplir la visita que se desarrolle en el domicilio de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses, contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo cuando los plazos para concluir dichas visitas o revisiones de gabinete se suspendan cuando el contribuyente no atienda al requerimiento de datos, informes o documentación solicitados por las autoridades fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses.
• Luego, que si, en el caso, la autoridad fiscalizadora, con fundamento en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ordenó suspender el plazo para concluir la visita domiciliaria, no podía continuar con el procedimiento de fiscalización, empero, así lo hizo y sancionó en dos ocasiones a la contribuyente por no atender el requerimiento de información y documentación, con lo que contravino el citado precepto legal, pues una vez suspendido el plazo para concluir la visita domiciliaria, la autoridad hacendaria no podía continuar con el procedimiento de fiscalización.
• Que, por tanto, si el plazo para la conclusión de la visita se encontraba en suspenso debido al incumplimiento del contribuyente para atender el requerimiento de información y documentación, y la autoridad fiscal continuó realizando requerimientos y sancionando al contribuyente por su actitud pasiva frente a tales requerimientos, contravino lo dispuesto por el citado precepto.
• Consideró que el hecho de que el citado precepto aluda a la existencia de dos o más solicitudes de información, no significa que la autoridad fiscal pueda continuar con el plazo para la conclusión de la visita domiciliaria, pues dicho artículo es claro al establecer que se debe suspender el plazo referido y, una vez fenecido el plazo de la suspensión, podrá emitir la nueva solicitud.
• En ese contexto, dijo el Tribunal Colegiado que si la autoridad fiscal continuó haciendo requerimientos a la contribuyente, sin antes haber levantado la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, resulta inconcuso que contravino lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
• Que pensar en forma contraria daría pauta a una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado, ya que dejaría a capricho de la autoridad fiscalizadora elegir el momento para reanudar el procedimiento de fiscalización domiciliario.
• En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, resolvió confirmar la sentencia recurrida.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en lo conducente, sostuvo:
• Declaró fundado el único agravio hecho valer en el recurso de revisión fiscal, en el cual la autoridad recurrente sostuvo que sí puede requerir al contribuyente para que exhiba datos, documentos e informes cuando el plazo para concluir la visita domiciliaria se encuentre suspendido, ya que el plazo de doce mes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23263-b9bd6daf/visita-domiciliaria-o-revision-de-gabinete-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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