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Modo: Corpus Pro

DICTÁMENES FORMULADOS POR CONTADORES PÚBLICOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES. CUANDO SE REVISAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INAPLICABLE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR SEIS MESES POR UNA OCASIÓN MÁS CONFORME AL ARTÍCULO 46-A DEL CITADO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 395/2009. · Registro digital (IUS): 22070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1454.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 395/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala; a lo anterior resulta aplicable la tesis de rubro: "REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, tesis 2a./J. 65/2003, página 330).

SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien dictó las sentencias que fueron impugnadas mediante el recurso de revisión fiscal del que conocieron respectivamente los Tribunales Colegiados que ahora participan en este asunto.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello, es necesario advertir que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión de diecinueve de diciembre de dos mil siete, la revisión fiscal **********, determinó lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son infundados los motivos de disenso contenidos en los agravios expuestos por la autoridad recurrente. En principio cabe precisar, que la Sala del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, considerando que se actualizaban dos causas de nulidad: las previstas por el artículo 51, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la autoridad demandada prolongó la revisión de estados financieros de la contribuyente con sustento en el precepto 46-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es inaplicable para ampliar el plazo al ejercerse esa facultad de comprobación fiscal, pues no se trata de una revisión de gabinete o una visita domiciliaria; así como el que la resolución cuestionada fue emitida y notificada por una autoridad incompetente, porque el domicilio fiscal de la parte actora en el juicio natural, ya se encontraba en ********** y no en el Estado de México. Determinado lo anterior, es infundado el primero de los agravios formulados por la recurrente, en el cual esencialmente sostiene que la a quo viola en su perjuicio los artículos 46 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al aplicar incorrectamente los numerales 42, fracción II y 46-A del Código Fiscal de la Federación, al ‘perder de vista’ que el crédito determinado al través de la resolución impugnada deriva de una revisión de gabinete, puesto que dichas facultades de comprobación se iniciaron el veinte de agosto de dos mil cuatro, al notificársele a la contribuyente el oficio ********** de treinta de julio de esa misma anualidad, lo que en su concepto, demuestra que la autoridad hacendaria ejerció las facultades de comprobación fiscal de manera sucesiva, esto es, la revisión de dictámenes financieros y la revisión de gabinete, lo cual puede hacer de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 42 del código citado en último término. No asiste razón jurídica a la inconforme, pues de la constancia a que la alude (foja 135 del juicio de nulidad), se desprende que se comunicó a la contribuyente el requerimiento formulado al contador público autorizado **********, para que éste presentara los papeles de trabajo en que basó los dictámenes financieros que revisaba la autoridad hacendaria; sin embargo, no se advierte referencia alguna a la pretendida revisión de gabinete, máxime que el requerimiento mencionado constituye parte de la revisión de los dictámenes financieros. También es infundado lo que aduce la revisionista al sostener que, si bien las facultades de comprobación fiscal se iniciaron con la revisión de los estados financieros presentados por contador autorizado, mediante oficio de ocho de febrero de dos mil cinco, notificado el catorce del mismo mes y año señalados, se comunicó a la contribuyente la ampliación para concluir la revisión de gabinete, lo cual ocurrió dentro del plazo legal establecido en el precepto 46-A del Código Fiscal de la Federación. Contrario a lo precedente, de las pruebas que obran en autos del juicio natural, específicamente del oficio ********** emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, Estado de México, que contiene la resolución impugnada en el juicio de nulidad y el diverso oficio de ocho de febrero de dos mil cinco, notificado el catorce del mismo mes y año a la contribuyente, mediante el cual se le comunicó la ampliación para concluir la revisión, se advierte que la autoridad hacendaria solamente ejerció la facultad de comprobación fiscal prevista en la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, esto es, la revisión de los dictámenes financieros formulados por contador público autorizado. Conclusión a la que se arriba ya que, se insiste, no se advierte en autos el inicio de una revisión de gabinete, por tanto, no puede existir una ampliación de la misma; además, del primero de los documentos mencionados, se desprende que la determinación del crédito fiscal se sustentó en el oficio ********** de treinta de julio de dos mil cuatro, emitido por ********** en su calidad de administrador local de Auditoría Fiscal en Naucalpan, mediante el cual se iniciaron las facultades de comprobación fiscal al través de la revisión de los dictámenes de los estados financieros que para efectos fiscales formuló el contador público **********, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno; asimismo, del diverso oficio de ocho de febrero de dos mil cinco, notificado el catorce del mismo mes y año a la contribuyente, mediante el cual se le comunicó la ampliación para concluir la revisión, y que refiere de manera destacada la autoridad recurrente (foja 136 a 140 del juicio de nulidad), se advierte que la comunicación de la ampliación de la revisión se fundó en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, numeral que efectivamente alude al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pero al través de la revisión de dictámenes; consecuentemente, contrario a lo argumentado por la inconforme y como lo determinó la a quo, la autoridad demandada sólo ejerció sus facultades de comprobación respecto de dictámenes financieros y no en relación con una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Sin que sea óbice para lo anterior, lo alegado por la parte revisionista, en el sentido de que puede ejercer las facultades de comprobación fiscal de manera sucesiva, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; habida cuenta que ello no forma parte de la litis de esta segunda instancia, pues la nulidad de la resolución impugnada no se sustentó en la imposibilidad jurídica de que la autoridad fiscal ejerza sucesivamente sus facultades de comprobación, sino precisamente en que solamente ejerció la de revisión de dictámenes financieros, pero no una revisión de gabinete como pretende; por tanto, afirmó la Sala del conocimiento, que era ilegal fundar la ampliación de la revisión del dictamen en el artículo 46-A del código aquí mencionado, pues éste solamente es aplicable a la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. No es inadvertido para este tribunal, lo que también aduce la parte inconforme, al mencionar que la Sala Fiscal no valoró las constancias que informan el sumario del que deriva la sentencia que ahora se revisa; sin embargo, la recurrente no señala cuáles probanzas fueron omitidas en el estudio de la a quo, pues únicamente destaca para acreditar que ejerció sucesivamente a la revisión de los dictámenes financieros una revisión de gabinete, la notificación del oficio ********** de treinta de julio de esa misma anualidad, así como el diverso oficio de ocho de febrero de dos mil cinco, notificado el catorce del mismo mes y año a la contribuyente, mediante el cual se le comunicó la ampliación para concluir la revisión. Por tanto, al resultar infundado el agravio en cuanto a la consideración medular del asunto (fondo) -porque la nulidad lisa y llana se decretó con fundamento en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- por la que la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad de que se trata (en relación con las facultades discrecionales de la autoridad demandada); resultando innecesario el análisis del segundo de los agravios, en el que se plantea la indebida valoración del documento al través del cual la Sala del conocimiento, concluyó que la resolución impugnada fue emitida por una autoridad incompetente porque el domicilio fiscal ya se encontraba en el Estado de México y no en el Distrito Federal; lo anterior, por economía procesal, dado que ello no llevaría a nada práctico, porque no variaría el sentido de la sentencia recurrida, dado que en tales circunstancias, aun cuando resultara fundado el segundo de los agravios expuestos por la autoridad inconforme, ello no sería suficiente para revocar la sentencia que se revisa, pues no desvirtuaría el primero de los argumentos que sustentan la resolución recurrida y que ya fue declarado infundado en esta resolución, esto es, lo relacionado a que la autoridad demandada prolongó la revisión de estados financieros de la contribuyente con sustento en el precepto 46-A del Código Fiscal de la Federación, el cual consideró inaplicable para ampliar el plazo, al ejercerse esa facultad de comprobación fiscal, pues no se trataba de una revisión de gabinete o una visita domiciliaria; lo cual, se reitera, no variaría aun considerando que la autoridad demandada fuese competente, pues la diversa causa de nulidad decretada es de fondo. Al respecto se cita la jurisprudencia V.2o. J/17 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 474, Tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual comparte este órgano colegiado, que dispone: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN DESVIRTUAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (se transcribe). Así como la tesis VI.2o.A.39 A de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal de la Federación, visible en la página 1316, Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. CUANDO RESULTA INNECESARIO SU ESTUDIO.’ (se transcribe). En esas condiciones, ante lo infundado de los motivos de disenso que integran el agravio analizado y lo innecesario del estudio del segundo de ellos, debe confirmarse la sentencia recurrida y declarar la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio ********** de trece de marzo de dos mil seis."

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al emitir resolución por unanimidad de votos en sesión de diez de septiembre de dos mil nueve, en la revisión fiscal **********, resolvió lo siguiente:

"Del primer párrafo, del artículo 46-A transcrito, se advierte que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. También, se desprende de las facultades de comprobación de las autoridades, que se encuentra contemplada la revisión en las oficinas de la autoridad, por lo que resulta inconcuso que dentro de esas facultades, se encuentran la de gabinete, misma que está prevista en la fracción II del artículo 42 del citado código federal y la de dictamen, que contempla la fracción IV del citado dispositivo legal. Por tanto, del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación (vigente en dos mil cinco), se advierte que, el legislador sólo establece una limitante temporal para concluir y ampliar las facultades de comprobación sin indicar que dicha limitante es exclusiva, en tratándose de visita domiciliaria o revisión de gabinete, es decir las fracciones II y III del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación. Por consiguiente, se evidencia que de las disposiciones que contemplan esas reglas no se advierte que se señale plazo de conclusión ni si puede ser prorrogado o no, tampoco establece distinción alguna entre la revisión de gabinete o de dictamen de estados financieros, sin embargo, no se prevé distinción alguna entre la revisión de gabinete o de dictamen, por tanto, se estima que deben aplicarse las reglas generales que se establecen en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, relativas a las también facultades de comprobación como son visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión de dictamen, dado que la naturaleza de que gozan esas tres facultades es similar y no existe disposición en contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis l.7o.A.533 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1822, que a continuación se transcribe: ‘REVISIÓN DE DICTÁMENES FORMULADOS POR CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS. PARA SU CONCLUSIÓN ES APLICABLE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por tanto, el oficio de prórroga número ********** de treinta y uno de enero de dos mil seis, al citar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 46-A, sí se encuentra fundado. En consecuencia, se estima que la resolución impugnada faltó al principio de congruencia contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con lo cual violó las reglas esenciales para la emisión de una sentencia, por lo que lo procedente es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala del conocimiento la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que considere que sí es posible ampliar el plazo en la revisión de dictamen de estados financieros; asimismo, que la resolución que dio origen a la recurrida se encuentra debidamente fundada, en ese aspecto, resolviendo lo que en derecho corresponda; en consecuencia, también debe declararse insubsistente lo decidido en la aclaración de sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil ocho."

CUARTO. Como ya se precisó, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que en las resoluciones relativas exista un pronunciamiento respecto de situaciones jurídicas esencialmente iguales, y que lo afirmado en una se haya negado en la otra, o viceversa, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposición, no basta con atender a todos los razonamientos vertidos en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable identificar las circunstancias de hecho y de derecho que por su enlace lógico sirven de sustento al criterio respectivo, ya que sólo cuando existe coincidencia en tales circunstancias podrá válidamente afirmarse que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que por sus características de generalidad y abstracción podrá aplicarse a asuntos similares.

De ahí que al estudiar las circunstancias fácticas y jurídicas que sirven de sustento a las resoluciones que generan una probable contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe distinguir entre las que por servir de basamento lógico a los criterios emitidos constituyen verdaderos supuestos que han de presentarse en las determinaciones contradictorias, y aquellas que aun cuando aparentemente sirven de base a las consideraciones respectivas, no constituyen un supuesto esencial del criterio emitido.

Por así estimarlo, conviene precisar que el sistema para la solución de la contradicción de tesis proveniente de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto lograr la seguridad jurídica a través de una tesis de jurisprudencia que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes.

En efecto, la finalidad perseguida por el legislador al implementar el sistema de la contradicción de tesis, para que un tribunal jerárquicamente superior decida cuál tesis debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia obligatoria, fue la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica.

Así las cosas, basta con que los Tribunales Colegiados sostengan posturas diferentes respecto de una cuestión jurídica, e inclusive sus criterios no siempre deben ser necesaria e indefectiblemente expresos, sino que pueden ser implícitos y, en consecuencia, no confrontarse abiertamente, sino simplemente no coincidir para que se den los supuestos de la contradicción de tesis.

Esto es, las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas en la sentencia, no obstan para determinar que sí existe contradicción y decidir cuál tesis debe prevalecer, cuando los órganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cuál tesis ha de prevalecer, debe existir cuando menos, formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuestión jurídica.

Sobre el particular son aplicables los criterios siguientes:

"No. Registro: 205,444

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 81, septiembre de 1994

"Tesis: P. XLIV/94

"Página: 42

"TESIS CONTRADICTORIAS. SU CONCEPTO JURÍDICO COMPRENDE LAS QUE LO SEAN DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO Y TAMBIÉN LAS DISCREPANTES. La finalidad perseguida por el Constituyente, de que la Suprema Corte de Justicia unifique los criterios jurisprudenciales, permite considerar que el concepto jurídico de contradicción de tesis que establece la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 192, último párrafo, 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, comprende no sólo aquellas tesis que desde el punto de vista puramente lógico son contrarias o contradictorias, esto es, que enuncian juicios sobre el mismo sujeto con predicados radicalmente opuestos, sino también las que sin llegar a tal extremo, alcanzan predicados discrepantes o divergentes entre sí, en relación con el mismo sujeto, en condiciones esencialmente iguales y bajo la vigencia de las mismas disposiciones."

"No. de registro 169,334

"Jurisprudencia

"Materia(s) Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, julio de 2008

"Tesis: P./J. 93/2006

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

"No. Registro: 920,683

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Apéndice (actualización 2001)

"Tomo: VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 13

"Página: 18

"Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, Pleno, tesis P./J. 27/2001

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

QUINTO. Procede ahora analizar, si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Los antecedentes que dieron lugar a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, son los siguientes:

1. El administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan de Juárez Estado de México, en la resolución contenida en el oficio número ********** de fecha trece de marzo de dos mil seis, determinó un crédito fiscal por la cantidad de cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos, por concepto de impuestos sobre la renta, al valor agregado, recargos y multa en contra de **********.

2. Contra esa decisión la empresa citada por conducto de su apoderado, promovió demanda de nulidad de la que conoció la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registrando el asunto bajo el número **********, quien por resolución de fecha treinta de marzo de dos mil siete, resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, en la parte que de ese asunto interesa, básicamente porque; la autoridad hacendaria, al ejercer sus facultades de comprobación a través de la revisión del dictamen fiscal no podía ampliar el plazo de dicha revisión por seis meses más, al amparo de lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues si bien las autoridades fiscales por imperativo legal están obligadas a concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades en un plazo máximo de seis meses, sin embargo exclusivamente en tratándose de este tipo de revisiones pueden efectuar la ampliación por un plazo de seis meses, no obstante, tratándose de las revisiones de dictámenes de estados financieros no está permitido ampliar el plazo de la revisión por seis meses más en términos del citado artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues no se trata de una visita domiciliaria y tampoco de revisión de la contabilidad en el domicilio de la autoridad, pues estas dos facultades de comprobación están previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, mientras que la revisión de dictamen de estados financieros es una facultad diversa contenida en la fracción IV del ordenamiento legal citado.

3. Contra la decisión apuntada en el punto que antecede, el administrador local jurídico de Naucalpan, en el Estado de México, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión fiscal.

4. Del medio de impugnación citado en el anterior punto, le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien tuvo por interpuesto el recurso de revisión fiscal al que le asignó el número de registro **********, y con fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete, por unanimidad de votos emitió la resolución correspondiente en la que confirmó la sentencia recurrida, y declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** , de trece de marzo de dos mil seis.

Las consideraciones esenciales de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la revisión fiscal **********, en la parte atinente a este asunto, son las siguientes:

Inadecuadamente se le comunicó a la entonces actora la ampliación para concluir la revisión, no obstante que la autoridad hacendaria solamente ejerció la facultad de comprobación fiscal prevista en la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, esto es, la revisión de los dictámenes financieros formulados por contador público autorizado.

Por tanto, si no se acreditó en autos que la revisión que se llevó a cabo hubiese sido de gabinete, no puede existir una ampliación de la misma; en términos del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22070-7457d12b/dictamenes-formulados-por-contadores-publicos-sobre-los-estados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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