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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN CUANDO EL CONTRIBUYENTE OMITE PROPORCIONAR INFORMACIÓN, NO IMPIDE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 175/2011. · Registro digital (IUS): 23203
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE CELAYA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 742.

REVISIÓN FISCAL 175/2011. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE CELAYA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIA: MA. DEL CARMEN ZÚÑIGA CLETO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida los agravios primero, segundo y cuarto que, por razón de técnica, se responderán en orden diverso al propuesto.

La autoridad inconforme aduce en el cuarto motivo de disenso, en esencia, que la emisión del oficio de solicitud de información y documentación de ********** y las actas de esa fecha y de ********** siguiente, a efecto de recabar la información necesaria para verificar la situación del contribuyente, no implicaron la interrupción de la suspensión del plazo para concluir la visita a que se refiere la fracción IV del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, porque no existe precepto legal alguno que así lo disponga.

Asiste razón jurídica a la inconforme y, para demostrarlo, resulta oportuno tener presente el contenido íntegro del artículo 46-A invocado, que es del tenor siguiente:

"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:

"A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título II, capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

"I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

"II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

"III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

"IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

"V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.

"Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

"VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

"Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

"Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."

Del precepto transcrito se desprende el deber de las autoridades fiscales de concluir las visitas que desarrollen en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, por regla general, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación (primer párrafo).

Sin embargo, ese mismo precepto prevé algunas particularidades en relación con el cómputo natural de doce meses, es decir, situaciones por las que puede verse suspendido; una de esas hipótesis es la falta de cumplimiento del contribuyente ante la existencia de requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por la autoridad competente, tal como se asienta en la fracción IV antes reproducida.

En el caso de que se actualice ese supuesto, la autoridad deberá observar las siguientes reglas: a) la suspensión abarcará desde el día de vencimiento del plazo concedido en el requerimiento y hasta que se atienda; b) el plazo de suspensión no podrá exceder de seis meses, a menos que existan dos o más requerimientos, caso en el cual se sumarán los distintos periodos de suspensión, pero no podrán exceder nunca de un año (segunda parte de la fracción IV).

Además, destaca que el legislador consignó en el numeral en análisis una sanción a la inactividad de la autoridad, consistente en que de no dictar las resoluciones correspondientes a la conclusión de cada tipo de facultad de comprobación, quedará sin efectos la orden inicial y las actuaciones que de ella derivaron (último párrafo de la fracción VI).

En el caso, de las constancias que integran el juicio de nulidad se observa que la autoridad fiscal emitió en contra de **********, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ********** de ********** (foja 200), notificada a la contribuyente el **********; que sustanciado el procedimiento de verificación, en oficio ********** de **********, la autoridad hacendaria requirió a la visitada diversa documentación, lo cual no fue atendido en el plazo concedido para ello, por lo que en acta parcial de **********, suspendió el plazo para la conclusión del procedimiento de visita desde el ********** hasta ********** (fojas 218, 222 y 223).

El **********, los visitadores levantaron un acta parcial; el **********, por conducto de quien atendió la diligencia de esa fecha, entregaron a la visitada el diverso oficio ********** de **********, que contiene nuevo requerimiento de información el que, como se advierte de lo asentado en diversa acta parcial de **********, fue contestado por la contribuyente mediante escrito presentado el ********** (fojas 287, 299, 297, 305 y 306).

La postura de la Sala Fiscal en la sentencia recurrida consiste en que, con las actuaciones referidas en el párrafo que antecede, la revisora interrumpió la suspensión del plazo para la conclusión de la visita domiciliaria.

Esa aludida postura carece de sustento jurídico.

El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no prevé como una consecuencia de la suspensión del plazo para concluir la revisión, el que el procedimiento fiscalizador se paralice totalmente; por ende, la autoridad no se encontraba impedida para continuar con la facultad de comprobación ejercida ya que, atendiendo, en lo conducente, a la literalidad del numeral en cita, lo único que es materia de suspensión es el plazo para concluir la orden de visita.

Así se considera porque, si bien el numeral en comento establece una prerrogativa en favor del contribuyente consistente en que el acto de molestia no se prolongue más de doce meses; sin embargo, el legislador previó la posibilidad de que esa prórroga ocurra por causas imputables al visitado, entre otras, cuando incumple con el deber de proporcionar la información que la revisora le solicita por estimarla necesaria para ejercer sus facultades de comprobación; por ende, es razonable que hasta en tanto el particular exhiba la documentación que se le requiere, sin exceder el plazo de seis meses a que se refiere la fracción IV aludida, no es posible exigir a la fiscalizadora que concluya el procedimiento de visita dentro de ese lapso inicial de doce meses.

En ese orden de ideas, la inobservancia del contribuyente del deber de proporcionar información se traduce en una prerrogativa para la autoridad fiscal en cuanto la faculta para concluir las facultades de verificación en un lapso mayor, no en una sanción consistente en paralizar el procedimiento de visita, habida cuenta que interpretar el aludido precepto en los términos que lo hizo la Sala implicaría que la función estatal de orden público consistente en la verificación del cumplimiento de disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes, se viera entorpecida por los particulares mediante el incumplimiento de la normatividad que rige su conducta en los procedimientos de verificación, específicamente de lo previsto por el artículo 45, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, lo que es jurídicamente inaceptable.

Consideración que se corrobora con la interpretación teleológica de la porción normativa en mención, adicionada al citado artículo 46-A del ordenamiento tributario, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, en cuyo dictamen de dieciocho de abril de ese año se plasmó, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

"Honorable Asamblea:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por conducto de esta H. Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales’, la cual fue turnada el pasado 5 de septiembre de 2005 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio, análisis y dictaminación.

"Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

"Dictamen

"Esta Comisión consideró conveniente dictaminar en forma separada cada una de las disposiciones que integran el ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales’, incorporando en cada caso las Iniciativas que sobre la materia fueron turnadas a esta Comisión relativas al Código Fiscal de la Federación.

"Al efecto, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colegios de profesionales, instituciones académicas y científicas, así como con otros sectores interesados en la materia.

"Asimismo, por unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se acordó crear una subcomisión para el análisis de las reformas del Código Fiscal de la Federación y de otros ordenamientos vinculados con el mismo, con la finalidad de proveer un marco jurídico adecuado para la transformación del Servicio de Administración Tributaria.

"Es conveniente señalar que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que se proponen a través del presente dictamen, son el resultado del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron turnadas a esta Comisión, respecto de las cuáles se recogió, en todo caso, lo relativo a las modificaciones que más adelante se proponen.

"...

"Juicio de nulidad.

"La que dictamina consciente de los vicios formales en los actos de fiscalización que inciden en los juicios de nulidad, estima procedente la eliminación del oficio de ampliación y se mantenga como plazo máximo para las visitas domiciliarias doce meses; en el caso de contribuyentes del sistema financiero también se elimina el oficio de ampliación manteniéndose en dieciocho meses como plazo máximo; asimismo, se incluye como supuesto para la suspensión del plazo en las visitas, el que el contribuyente no conteste o atienda los requerimientos de información (hasta por seis meses). Por otro lado, si bien pueden presentarse en el desarrollo de la visita varios requerimientos, la suspensión por este motivo no puede exceder de un año. La suspensión termina cuando el contribuyente atiende el requerimiento o simplemente conteste el mismo aun sin proporcionar la información solicitada, quedando el artículo 46-A con la siguiente redacción:

"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:

"A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título II, capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"...

"Segundo párrafo (se deroga).

"Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

"...

"IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año." (lo resaltado no es de origen).

Del antecedente legislativo transcrito se advierte que la intención del legislador, al adicionar el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, era que se contemplara como una hipótesis más de la suspensión del plazo para la práctica de una visita domiciliaria el que el contribuyente no contestara o no atendiera el requerimiento de información y que la suspensión terminaba precisamente cuando aquél atendiera el requerimiento.

En este punto cabe aclarar que la redacción de la fracción adicionada, propuesta por los diputados, no fue modificada por los senadores, pues incluso fue publicada en esos mismos términos, por lo que no puede establecerse que fuera otro el sentido que los legisladores le hubieran querido dar al precepto en comento.

En consecuencia, es evidente que si el propio legislador estableció como único supuesto para finalizar la suspensión de mérito, el hecho de que el contribuyente conteste el requerimiento que le fue formulado, no puede sostenerse, como lo hizo la resolutora, que se interrumpió por la continuación del procedimiento de fiscalización.

En ese contexto, se insiste, no puede darse al referido numeral el alcance pretendido por la Sala, porque el texto de ese dispositivo jurídico no prevé la suspensión del procedimiento de fiscalización a la par de la del plazo para la realización de la visita, aunado a que el legislador fue claro en indicar la hipótesis específica de interrupción de la suspensión.

Ahora bien, de los autos del juicio de nulidad se advierte que no constituye un punto cuestionado la fecha en que fue notificada a la actora del inicio de la orden de visita domiciliaria **********, ni la del inicio de la suspensión del plazo para concluirla **********, así como la fecha en que se tuvo a la actora como sabedora del acta final de visita domiciliaria ********** al evidenciarse la coincidencia de las partes en cuanto a estos datos; asimismo, se colige que la fecha en que concluyó la suspensión fue el **********, ya que no existe constancia de que la contribuyente hubiere atendido el requerimiento de cuya omisión derivó, contenido en el oficio ********** de **********.

Cabe precisar que el requerimiento que dio pauta a la suspensión fue el de **********, por el que la autoridad hacendaria solicitó al contribuyente la exhibición de documentación comprobatoria de pérdidas fiscales pendientes de amortizar, tales como:

a) Declaración anual.

b) Papeles de trabajo de pérdidas fiscales.

c) Balanzas de comprobación.

d) Registros auxiliares de cuentas y gastos.

e) Papeles de trabajo relativos a deducciones autorizadas.

f) Pólizas de diario, ingresos y egresos (fojas 222 y 223).

El acta de ********** alude a diverso requerimiento de siete de abril de ese año, en el que la información solicitada a la contribuyente consistió en lo siguiente:

a) Relación analítica de bienes de activo fijo adquiridos y/o utilizados.

b) Estado de resultados y balance general del ejercicio revisado.

c) Contrato de arrendamiento del inmueble del establecimiento.

d) Información sobre bienes muebles propiedad de la visitada.

e) Información sobre bienes inmuebles propiedad de la visitada.

f) Datos registrales de la negociación y monto del inventario, entre otros.

g) Detalle de títulos valor.

h) Detalle de cartera de crédito.

i) Detalle de valores.

j) Detalle de bienes intangibles.

k) Información sobre domicilios alternos.

l) Contratos celebrados por la contribuyente.

m) Estados de cuentas de inversión (fojas 293 y 297).

Este último requerimiento es el atendido por la contribuyente, porque así lo hizo constar la autoridad fiscal en el acta de **********, en la que además asentó que, a pregunta expresa de si esa documentación era con la que contaba para respaldar la solicitud de información de siete de abril de dos mil nueve, la contribuyente manifestó que era toda (folio 395).

Entonces, la solicitud de información respondida por la visitada es diversa a la que dio lugar a la suspensión del plazo para concluir la visita; por ende, no puede considerarse que cesó la causa de suspensión, pues no existe constancia de que la contribuyente atendiera el diverso requerimiento de **********.

Consecuentemente, asiste razón a la inconforme en el sentido de que el plazo para la conclusión de la visita no había fenecido al momento en que la autoridad levantó el acta final, pues tomando en consideración la suspensión del citado plazo de conclusión, únicamente habían transcurrido once meses con veintidós días de un total de doce; de lo que deriva lo fundado del cuarto concepto de agravio.

Por otra parte, son fundados los argumentos expuestos por la recurrente en el primero y segundo de los agravios, en los que medularmente discute que la autoridad hacendaria, al practicar una visita domiciliaria, tiene atribuciones para requerir estados de cuenta bancarios, en términos de los artículos 42, fracciones II y III y 45, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

A fin de sustentar esa aserción, debe tenerse en cuenta que tales preceptos normativos consignan lo siguiente.

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"...

"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías."

"Artículo 45. Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados."

Del marco normativo anterior se advierte que, entre las facultades con que cuenta la autoridad hacendaria para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, se encuentran la revisión de la contabilidad y la práctica de visitas domiciliarias.

De manera particular y como parte de las reglas sobre las visitas domiciliarias, los destinatarios del mandamiento administrativo, sus representantes o la persona con quien se lleve a cabo esa actuación, tienen el deber de permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma y mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Ahora, como se alega en los agravios, los estados de cuenta bancarios son parte integrante de los "demás papeles", cuya mención se realiza en el artículo 45 del código tributario, al contener información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Con la finalidad de justificar el mérito de los agravios, es oportuno indicar que el estado de cuenta bancario es un documento en el que se contienen en forma resumida las transacciones realizadas entre el usuario del servicio bancario y la institución de crédito, con motivo de la realización de cualquiera de las operaciones consignadas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Entre esas transacciones se encuentran las cantidades cargadas y abonadas, los intereses generados y cargados, las comisiones que se originen y, en algunos casos, el impuesto retenido, todo ello durante un periodo determinado.

Tales documentos no forman parte de la contabilidad por no estar expresamente consignados en la parte final del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, numeral que define cómo se integra la contabilidad.

Sin embargo, existen casos en que esos estados de cuenta tienen relación directa e inmediata con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por ejemplo:

a) Cuando se consigna en los estados de cuenta bancarios el entero, o en su caso, el importe no recaudado del impuesto a los depósitos en efectivo, en términos de la fracción V del artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

b) Cuando el contribuyente opte por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas los originales de los estados de cuenta bancarios, conforme al último párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) Cuando el contribuyente utilice el estado de cuenta bancario como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, en términos del artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

Entonces, no obstante de que no forman parte de la contabilidad, debe entenderse que los estados de cuenta bancarios se encuentran incluidos en "los demás papeles" al contener información o datos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Consecuentemente, los documentos en análisis sí son susceptibles de ser requeridos por los auditores con motivo de una visita domiciliaria, dado que esta facultad deriva de lo consignado en el primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.

En esos términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 124/2011, de la que derivó la jurisprudencia pendiente de publicación, cuyos rubro y texto señalan:

"VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.-El artículo citado prevé, entre otras cosas, que durante la práctica de la visita domiciliaria las autoridades pueden requerir a los contribuyentes la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora bien, una interpretación sistemática de la locución ‘y demás papeles’ permite concluir que dentro de ese concepto se encuentran los estados de cuenta bancarios, pues aunque no forman parte de la contabilidad (como lo declaró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 85/2008, de rubro: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE.’), están vinculados con los elementos que le dan sustento, pues son documentos en los que se hacen constar ingresos, retiros, existencia de valores, comisiones bancarias cobradas, intereses ganados o impuestos retenidos, lo que evidentemente tiene relación con los papeles de trabajo y conciliaciones bancarias."

En ese contexto, tiene razón jurídica la recurrente al exponer que la autoridad demandada estaba en condiciones de solicitar los estados de cuenta bancarios al contribuyente visitado a través de los oficios ********** y **********, de ********** y **********, respectivamente, pues tales requerimientos se fundaron, entre otros preceptos, en el artículo 45 del citado código tributario (fojas 205 y 211).

También es fundado el argumento de la impugnante, por cuanto a que, contrariamente a lo apreciado por la juzgadora, no era necesario que la demandada siguiera el procedimiento consignado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para la obtención de los estados de cuentas bancarias, pues, como se tiene visto, esa atribución se encuentra prevista en el numeral 45 del Código Fiscal de la Federación, lo que torna innecesario agotar diverso procedimiento para su obtención.

En las relatadas circunstancias, ante lo fundado de los agravios primero, segundo y cuarto, procede revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala emita una nueva en la que atendiendo a las razones expuestas en la presente ejecutoria, considere que la autoridad demandada cuenta con atribuciones para requerir estados de cuenta bancarios al contribuyente, y que concluyó el ejercicio de sus facultades de comprobación dentro del plazo de doce meses que prevé el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación y, en consecuencia, declare infundados el octavo y décimo tercer conceptos de nulidad.

Hecho lo anterior, la juzgadora deberá retomar el estudio de la controversia sometida a su potestad y resolverla con plenitud de jurisdicción, con la única limitante de atender la litis efectivamente planteada por las partes y de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que precisa que cuando se hagan valer diversas causas de ilegalidad la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 338, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 359, Tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, intitulada: "REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO."

En virtud del resultado obtenido, resulta innecesario examinar los restantes argumentos de la recurrente, puesto que no impactan en el sentido asumido en esta ejecutoria.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 63 de la Ley Federal de Procedimie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23203-71938326/visita-domiciliaria-la-suspension-del-plazo-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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