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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EL CONTRIBUYENTE NIEGA CONOCER. ANTE LA OMISIÓN DE ÉSTE DE SEÑALAR EN EL ESCRITO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN A LA PERSONA DESIGNADA PARA RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PROCEDE HACERLA POR ESTRADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 484/2012. · Registro digital (IUS): 24239
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COAT
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Pág. 1051.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 484/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario se prolongaría la solución del presente en claro perjuicio del orden público y del interés social.

Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS: 2000331. Décima Época. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por una de las partes que intervinieron en los juicios entre los que se suscita la posible contradicción.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el ocho de octubre de dos mil doce la revisión fiscal **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. Calificación y análisis de los agravios. Una parte de los agravios propuestos son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida, por virtud de las consideraciones siguientes. En el juicio de nulidad ... la parte actora ********** demandó de la autoridad aquí recurrente: ‘Resolución impugnada: La resolución negativa ficta imputable a la Administración Local Jurídica de **********, con sede en **********, por no resolver en tiempo y forma el recurso de revocación interpuesto por mi representada el día **********, en contra del mandamiento de ejecución y actas de requerimiento de pago y embargo de fechas ********** de agosto, y ********** de **********, ambas de **********, para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución emitido por la Administración Local de Recaudación de **********, en relación con los supuestos créditos fiscales números: ... mismos que negamos lisa y llanamente su existencia o determinación.’. Por su parte, en la contestación de la demanda se adujo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que procedía decretar el sobreseimiento en términos del diverso numeral 9o., fracción II, de la invocada legislación. El argumento dado en ese entonces por la autoridad aquí recurrente, versó en que no existía la negativa ficta solicitada respecto del recurso de revocación, porque si bien éste fue presentado el **********, resuelto el ********** de dos mil diez y notificado a la actora el ********** de dos mil once, ello parecería indicar que transcurrieron en exceso los tres meses que por regla general tiene la autoridad para dictar y notificar su resolución, pero lo cierto fue que en el caso existió una excepción a esa regla general, pues dicho recurso se interpuso en términos del artículo 129, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que dicho plazo debía computarse a partir de que venció el plazo de la recurrente (actora en el juicio de nulidad) para que ampliara el mismo, ello, porque cuando se impugna una resolución con base en el citado precepto legal, la autoridad no puede hacer ningún pronunciamiento, sino hasta el momento en que la actora amplíe su recurso respecto de los actos que se le dieron a conocer por la autoridad, es decir, para impugnar el acto o su notificación, o bien sólo su notificación, pero como la actora no amplió el citado medio de defensa, por ello, el plazo para la emisión de la resolución respectiva debe empezar a partir de que venció el término relacionado con la ampliación del mencionado recurso. Con relación a lo anterior, la Sala Regional ********** determinó que esa causal de improcedencia invocada era infundada e insuficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de nulidad. Para tal efecto en la sentencia recurrida se adujo que por lo que se refiere a la resolución de negativa ficta, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establecía la ineludible obligación para la autoridad fiscal de resolver las instancias o peticiones que les formulen los particulares en un plazo de tres meses, y que una vez transcurrido éste sin que se notificara la resolución respectiva, el interesado podía considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte; que como excepción a esa regla, el último párrafo de ese numeral disponía que cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcionara los elementos necesarios para resolver, el término comenzaría a correr desde que el requerimiento se haya cumplido. De igual modo se dijo, que el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación prevé como requisitos para el promovente, el de señalar en el escrito del propio recurso el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto, estableciendo para el caso de incumplimiento el que la autoridad le dé a conocer el acto y su notificación por estrados. Que bajo ese panorama, debido a que en el escrito del recurso administrativo el actor omitió señalar persona autorizada para recibir la notificación de los actos que dijo desconocer; por ello, la autoridad enjuiciada le aplicó lo dispuesto en la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, notificándole el oficio de ********** de dos mil diez ... por el cual se le dan a conocer los actos administrativos recurridos por estrados; lo anterior, con fundamento en el mencionado artículo, en concordancia con los diversos 134, fracción III y 139, todos del Código Fiscal de la Federación. Seguidamente, adujo la Sala Regional **********, que dicha forma de resolver, es decir, notificar era ilegal, porque de acuerdo a la última parte del artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, debía interpretarse sistemáticamente con los diversos 134, fracciones I y III, del mismo ordenamiento, en virtud que el acto impugnado desconocido tendía a cumplir con la garantía de audiencia, esto es, la comunicación debía efectuarse con las formalidades que no dejaran duda de que la información respectiva llegara al conocimiento del destinatario, por lo que la notificación por estrados debía emplearse sólo ante la imposibilidad de dar a conocer personalmente el acto. De igual modo, adujo la Sala Regional que si bien de la literalidad del artículo 129, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pudiera dar pauta a considerar que la falta de designación de persona facultada para recibir la notificación personal del acto recurrido ignorado conlleva a practicar la comunicación por estrados; sin embargo, ello no estaba en desacuerdo con la regla general de notificación contenida en los artículos 134 y 135 del citado cuerpo de leyes pues, de acuerdo a esa regla general, debía privilegiarse principalmente la notificación con el interesado o su representante, lo cual era acorde con la garantía de audiencia, es decir, la sola falta de designado especial no excluía el derecho de que los actos recurridos desconocidos fueran notificados personalmente con el contribuyente o su representante, por ser los principalmente interesados en enterarse de ellos, ya que la frase establecida en el aludido numeral 129, fracción II, relativa a que ‘la citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación’, se refería al particular, esto es, al directamente interesado, en tanto que la notificación por estrados sólo procedía por excepción cuando el destinatario del acto omitía señalar el domicilio, no era localizable o se oponía a la diligencia en términos del artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Agregó la Sala Regional **********, que para dar coherencia al artículo 129, fracción II, primer párrafo, de dicho cuerpo de leyes, con el sistema jurídico al que pertenecía era válido apartarse de su interpretación literal en su última parte, relativa al supuesto en que procede practicar la notificación por estrados ante la falta de señalamiento especial. Como apoyo a lo anterior, se invocaron las jurisprudencias 81/2003 y 120/2009, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘REVOCACIÓN. EL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIAR ESE RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE LA AUTORIDAD DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MANIFESTÓ DESCONOCER AL INTERPONERLO, ASÍ COMO DE SU NOTIFICACIÓN.’(1) y ‘NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCONOCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES FISCALES DE MANERA ESPECÍFICA CONFORME AL CITADO NUMERAL ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIRLAS.’(2)-Con relación a la segunda de dichas jurisprudencias se adujo, que ella no interpretaba la consecuencia legal que se producía por la falta legal de señalamiento de la persona autorizada por el recurrente para recibir la notificación, sino que de ella se desprendía que la materia de la tesis resolvió los casos en que el contribuyente señalaba un domicilio para recibir notificaciones, dos autorizados para tal afecto, y un designado específico para recibir el acto impugnado junto con su notificación. Por todo ello, concluyó la a quo, la autoridad demandada únicamente practicó la notificación de los actos impugnados desconocidos por estrados, sin ni siquiera intentar dárselos a conocer en forma personal a la actora, exclusivamente a través de su representante legal en el domicilio señalado para tal fin, por lo que la enjuiciada infringió el procedimiento del recurso de revocación establecido en el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, de modo que al ser ilegal la notificación por estrados, ello daba lugar a establecer la ilegalidad de todo el procedimiento seguido en el mismo hasta la resolución recaída al recurso intentado, por lo que era evidente que se configuró la negativa ficta. Ahora, con relación a lo antes expuesto, la autoridad recurrente aduce como agravios: ... . Dichos argumentos, los cuales se analizan en su conjunto por estar íntimamente vinculados, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el fallo recurrido en atención a lo siguiente. El artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, literalmente dice: ‘Artículo 129.’ (se transcribe). Del artículo que antecede, se pone de manifiesto, específicamente en la fracción II, que cuando el contribuyente niegue conocer el acto que pretenda impugnar, manifestará tal desconocimiento al interponer el recurso de revocación ante la autoridad fiscal competente para notificarle dicho acto; que con el propósito de que la autoridad le dé a conocer el acto y su correspondiente notificación, a fin de que el particular esté en aptitud de ampliar el recurso, esto es, de impugnar tanto el acto como la notificación o sólo su notificación, dentro del plazo de veinte días, el con

ribuyente deberá señalar en el escrito del aludido recurso, el domicilio en que se le deban dar a conocer el acto y su notificación, así como también el nombre de la persona facultada para tal efecto. Empero, si el promovente del recurso omite hacer alguno de ambos señalamientos, es decir, el domicilio en que se le deba notificar o el nombre de la persona facultada para tal efecto, la autoridad fiscal dará a conocer el acto y la notificación a través de los estrados. Ahora, esta última circunstancia permite establecer que la a quo interpretó indebidamente lo establecido en la parte final de la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, ello, pues como acertadamente se aduce en los agravios, la literalidad del mencionado artículo da la pauta para considerar que si el promovente del recurso del que se habla omite señalar el domicilio en que se le deba dar a conocer el acto y su correspondiente notificación y el nombre de la persona facultada para tal efecto, es factible que la autoridad administrativa le dé a conocer el acto y su notificación a través de los estrados. Bajo esa perspectiva, no es verdad que el acto administrativo tuviera que notificarse personalmente en el domicilio fiscal del demandante y que incluso la diligencia bien podía llevarse a cabo con alguno de los representantes de la contribuyente **********, conforme a lo establecido en los artículos 134, 135 y 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cual se afirma, pues no debe perderse de vista que los numerales que anteceden literalmente disponen: ‘Artículo 134.’ (se transcribe). ‘Artículo 135.’ (se transcribe). ‘Artículo 137.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, tales dispositivos legales regulan lo relativo a las notificaciones que se tengan que hacer en la sustanciación de los procedimientos administrativos, por cuanto hacer a la forma, términos y sus consecuencias; sin embargo, tales aspectos de ninguna manera rigen en lo que concierne a la sustanciación del recurso de revocación, en tanto que el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal, es determinante al reglamentar la consecuencia de que el escrito en el que se interponga el aludido medio de defensa, carezca de alguno de los requisitos tales como el nombre de la persona facultada para que se le dé a conocer a la contribuyente el acto que se dice desconocido y su correspondiente notificación, que en este caso es que la notificación relativa se efectúe a través de estrados. Por ende, es fundado el argumento de la recurrente cuando refiere que no era válido exigirle a la autoridad administrativa que el acto administrativo respecto del cual el contribuyente manifestó desconocer, le fuera notificado conforme al capítulo de notificaciones del aludido Código Fiscal, ello, pues como ya se apuntó, la notificación por estrados (tal y como se hizo) es una excepción a las reglas de notificación general de los actos administrativos, por así encontrarse establecido por el propio Código Fiscal de la Federación en el artículo 129, fracción II. Además, contrario a lo que sostiene la Sala Regional **********, la jurisprudencia de rubro: ‘NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCONOCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES FISCALES DE MANERA ESPECÍFICA CONFORME AL CITADO NUMERAL ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIRLAS.’,(3) es aplicable para establecer que ante la omisión del señalamiento del domicilio en que se le deba dar a conocer el acto y el nombre de la persona facultada para tal efecto, permite que la autoridad administrativa le dé a conocer el acto y su notificación a través de los estrados. Se afirma lo anterior, pues de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 120/2009, de rubro antes mencionado, se puede advertir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y, entre otros aspectos, concluyó: ‘Particularmente, en el citado artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se establece que cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117 del citado ordenamiento, entre otras reglas, se encuentra el supuesto relativo a que si el particular niega conocer el acto administrativo, ha de manifestar tal desconocimiento interponiendo el recurso ante la autoridad correspondiente para notificar dicho acto y la autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual, entre otros requisitos, se establece que en el escrito del recurso se debe dar a conocer el nombre de la persona facultada para tal efecto. Pues bien, la circunstancia que el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establezca el requisito relativo a que en el escrito del recurso se deba dar a conocer el nombre de la persona autorizada para recibir el documento en el que a su vez se dé a conocer el acto administrativo que el particular dice que no conoce y su notificación, significa que la designación de la citada persona en tales términos, es especial, por tratarse de un requisito que impone la ley que tiene como finalidad garantizar que el particular conozca plenamente el acto administrativo que ignora. Esto es, la regla contenida en la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación constituye una excepción a la autorización para oír y recibir notificaciones que de manera general establece el artículo 19 del referido ordenamiento, en tanto que la primera de las citadas disposiciones establece tal obligación con el propósito de garantizar que el particular conozca plenamente el acto administrativo que afirma desconocer a fin de darle seguridad jurídica y, en ese sentido, ha de hacerse lo posible porque tenga noticia de dicho acto, pues si la notificación en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación ofreciera certeza de que el particular tendrá conocimiento del acto administrativo, no tendría propósito legislativo alguno el establecimiento de una norma específica que imponga tal deber. Lo anteriormente considerado se corrobora con el aspecto atinente a que si no se realiza la designación prevista en el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el acto administrativo debe notificarse por estrados, lo que excluye la posibilidad de que el autorizado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación pueda recibir esta clase de notificaciones ...’. Como se puede advertir de la transcripción que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación constituye una excepción a la autorización para oír y recibir notificaciones que de manera general establece el artículo 19 del referido ordenamiento, esto es, lo que concierne a las notificaciones de manera general; de igual modo se aseveró en el cuerpo de dicha ejecutoria, que si el contribuyente que interpone el recurso de revocación no realiza la designación prevista en el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el acto administrativo debe notificarse por estrados. Por tanto, dicha jurisprudencia no debió interpretarse por la Sala Regional del Caribe de un modo distinto al antes mencionado; de ahí que incluso este tribunal pueda invocarla como apoyo a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, en los términos que anteceden, la cual se puede visualizar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ... que dice: ‘NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCONOCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES FISCALES DE MANERA ESPECÍFICA CONFORME AL CITADO NUMERAL ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIRLAS.’ (se transcribe).(4)-Cabe destacar que al resolverse la diversa contradicción de tesis 79/2003-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo Tercer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que a su vez dio lugar a la jurisprudencia 81/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó en aquel entonces, el mismo artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y, en la parte que ahora nos interesa, sostuvo: ‘Artículo 129.’ (se transcribe). La jurisprudencia de la que se habla ... es de rubro y texto siguientes: ‘REVOCACIÓN. EL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIAR ESE RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE LA AUTORIDAD DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MANIFESTÓ DESCONOCER AL INTERPONERLO, ASÍ COMO SU NOTIFICACIÓN.’ (se transcribe). De lo anterior no queda duda alguna, de que es criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación posibilita a la autoridad administrativa que dé a conocer al contribuyente el acto que se ignora y su notificación a través de los estrados, cuando aquél en su escrito en el que interpone el recurso de revocación omite señalar, entre otros aspectos, el nombre de la persona facultada para recibir la mencionada notificación del acto administrativo que se dice desconocer. En ese sentido, si en la sentencia que se revisa, la Sala Regional ********** interpretó de modo distinto el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que su proceder deja en estado de indefensión a la autoridad recurrente pues, no debe perderse de vista, que para determinar si en la especie opera o no la negativa ficta, ello debe ponderarse desde la perspectiva de que el acto administrativo que el contribuyente manifestó desconocer puede notificársele por estrados, cuando se haya omitido señalar el nombre de la persona facultada para tales efectos; de ahí que la sentencia recurrida sí cause agravios a la autoridad recurrente, el cual es reparado a través de la presente ejecutoria al destacarse lo fundado del agravio analizado en este considerando. En mérito de lo anterior, resulta innecesario el análisis de los diversos agravios propu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24239-f6f7f4c8/notificacion-de-los-actos-administrativos-que-el-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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