ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL, ES INNECESARIA LA CITA DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE LA LEY RELATIVA.
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL, ES INNECESARIA LA CITA DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE LA LEY RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; MAYORÍA DE TRES VOTOS EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: N. MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito en temas que, por ser de naturaleza administrativa, corresponden a la materia de su especialidad.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(4) de la Ley de Amparo en vigor, ya que se formuló por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existen las contradicciones de tesis denunciadas y, en su caso, los criterios que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencias, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.
Antes de exponerlas, cabe precisar que en este asunto se advierten dos posibles temas de contradicción (uno relacionado con la fundamentación de la competencia material de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria y otro, respecto al contenido de los alegatos en el contencioso administrativo federal).
Además, es pertinente acotar que en la primera ejecutoria que se relatará se abarcaron ambos temas, como se advierte de lo siguiente:
I. Juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.
1. La Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, emitió el oficio 500-26-00-03-02-2010-13296, de veinte de diciembre de dos mil diez, a través del cual determinó créditos fiscales por concepto de impuestos: sobre la renta, al valor agregado, al activo, recargos y multas, además del reparto de utilidades a favor de los trabajadores.
2. Inconforme, **********, interpuso recurso de revocación, el que se resolvió mediante oficio 600-29-2011-0693, de treinta y uno de mayo de dos mil once, confirmando el acto impugnado.
3. Insatisfecha, la contribuyente demandó la nulidad tanto de la resolución emitida en el recurso de revocación, como de la liquidación.
Previa remisión del asunto, la Sala Regional del Norte Centro III del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registró el asunto y dictó la sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.-La parte actora **********, PROBÓ PARCIALMENTE SU PRETENSIÓN, en consecuencia; SEGUNDO. se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, precisadas en el resultando primero de este fallo, para los efectos establecidos en los considerandos quinto, sexto, y parte final del último considerando en esta sentencia. TERCERO.-Notifíquese ..."
2. Inconforme con la anterior resolución, la actora promovió el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el que concedió el amparo.
En relación con el tema del contenido de los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, resolvió lo siguiente:
"SÉPTIMO.- ...
"En el concepto de violación identificado como tercero, la parte quejosa sostiene que existe infracción al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque al emitirse la sentencia que se reclama no se consideraron los alegatos que presentó por escrito ante la responsable.
"...
"Pues bien, el artículo 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: (se transcribe)
"...
"Conforme a lo anterior, las Salas del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes.
"...
"En el entendido que no basta que la Sala responsable haya dejado de hacer mención formal de los alegatos en su sentencia, pues si en ellos sólo se reiteran conceptos de anulación o se insiste en pruebas ofrecidas y esos temas se estudian en el acto reclamado, la protección federal debe negarse por no existir estado de indefensión.
"Pero si de dicho análisis advierte que se formularon alegatos de bien probado o aquellos, en los que se controvierten los argumentos de la contestación de la demanda o se objetan o refutan las pruebas ofrecidas por la contraparte, sí deberá concederse la protección federal, para que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro en el que se ocupe de esos alegatos, pues en ese caso sí puede variar sustancialmente el sentido de la sentencia.
"...
"En el caso concreto, las actuaciones que integran el juicio de nulidad de origen ... ponen de relieve lo siguiente:
"...
"d) En proveído del cuatro de septiembre de dos mil doce la autoridad responsable ... determinó hacer del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la fecha en que surtirá efectos la notificación de ese proveído y transcurrido el plazo de diez días e inmediatamente al día siguiente, contarán con un plazo adicional de cinco días para formular alegatos por escrito.
"e) Con motivo de la decisión anterior, la parte quejosa presentó otro escrito de alegatos ...
"Asimismo, acompañó sendas documentales consistentes en los precedentes judiciales a los que aludió en texto de su escrito.
"f) En proveído del diecinueve de octubre de dos mil doce, se tuvieron por presentados aquéllos.
"La lectura de la sentencia reclamada pone de relieve que de manera expresa la autoridad responsable no hizo mención a los alegatos, por lo que se estima cierta la omisión apuntada.
"El análisis de los ... alegatos que se tuvieron por presentados ... pone de relieve que no se expresaron alegatos de bien probado, porque no se recapituló en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Tampoco se controvirtieron argumentos de la contestación de la demanda ni se objetaron o refutaron las pruebas ofrecidas por la contraparte.
"Por el contrario, aquéllos se concretan a expresar la existencia de precedentes con el propósito de evidenciar que la autoridad responsable se pronunció en asuntos similares al caso concreto en determinado sentido que la actora estima le es favorable; y a reiterar (en el primero) conceptos de anulación.
"Luego, si se tiene en cuenta por un lado que no existe disposición legal que obligue a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación a resolver conforme al precedente; y, por otro, que de considerarse que el criterio de la responsable que discrepa con lo resuelto en un precedente es contrario a derecho, se puede hacer valer como concepto de violación en el amparo directo que en el caso se interponga, ...
"Así las cosas, el concepto de violación en que se alega omisión de la responsable en considerar en su sentencia los alegatos en que se invocan precedentes no constituye una violación a las reglas del procedimiento ni genera un estado de indefensión en el quejoso, quien a través del juicio de amparo directo que en su caso promueva contra aquella tiene la oportunidad de evidenciar la, a su parecer, vulneración de sus derechos fundamentales que genera el nuevo criterio seguido por aquella que no se ajustó al precedente.
"Pensar de modo contrario equivaldría, a juicio de este tribunal a desnaturalizar el propósito buscado por el legislador, con la vigente Ley de Amparo al privilegiar en todas las materias el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, según se indica en el numeral 189 de la invocada legislación que dice: (se transcribe)
"Razón por la que no se comparte la tesis X.2o.(XI Región) 2a. (10a.)(5) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Primera Región ...
"... no se desatiende que los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponen: (se transcribe).
"De lo transcrito se siguen las siguientes premisas:
"...
"Conforme a lo anterior sólo constituye precedente las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete Magistrados; o las tesis sustentadas en la sentencias de las secciones de la Sala Superior, siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los Magistrados integrantes de la sección de que se trate.
"Luego, el legislador no consideró que las tesis sustentadas por las Salas Regionales sean precedentes; y en ese sentido no existe obligación legal de las Salas Regionales de expresar las razones por las que no se siguen.
"En los alegatos, para que se tomara en cuenta lo ahí resuelto, se hizo valer lo siguiente:...
"Esto es, se alude a criterios contenidos en sentencias de Salas Regionales y de Tribunales Colegiados de Circuito, no así de la Sala Superior o sus secciones.
"Por tanto, la autoridad responsable no estaba obligada a tenerlos en cuenta y/o expresar las razones para apartarse de ellas, lo que corrobora lo infundado del atinente motivo de inconformidad.
"En la inteligencia que por cuanto a la invocación del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación y la tesis aislada 2a. XLIV/2009, en los alegatos no deben introducirse elementos nuevos a la controversia, pues no resulta una oportunidad para ampliar los motivos de impugnación hechos valer ..."
En relación con el tema de la fundamentación de la competencia material de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, abordado en el citado considerando séptimo, el Tribunal Colegiado del conocimiento estableció:
"Y, en la parte en la que controvierte la decisión de la juzgadora ya reseñada en los párrafos que antecede, sus motivos de inconformidad son infundados.
"En efecto, el quejoso sostiene que si la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, pertenece al Servicio de Administración Tributaria resultaba un deber ineludible en aras de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que citara el artículo 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para cumplir con el requisito de fundamentación que exige el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; pues determina de manera originaria la posibilidad de que sea a través de un reglamento interior en donde se establezca la existencia y, por ende, la competencia material y no grado (sic) de las unidades administrativas son integrantes del Servicio de Administración Tributaria; de ahí que, dice, para estimar que el oficio de trato está debidamente fundado, en cuanto a la posibilidad de que a través de un reglamento interno se establezca la competencia material para ejercer las facultades mencionadas, debió citarse el numeral que habilita al Poder Ejecutivo para que éste sea quien a través de un reglamento interior creara y establezca las facultades materiales, por cuantía, grado de las unidades administrativas que son parte del Servicio de Administración Tributaria.
"...
"Contrario a lo ahí expuesto, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, resulta innecesaria la cita del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para fundar la existencia y competencia material de la autoridad, administrador local de Auditoría Fiscal de Durango, de acuerdo con lo siguiente:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en reiteradas ocasiones, que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, ...
"Ahora bien, la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, cuatro criterios: por razón de materia, grado, territorio y cuantía, los cuales consisten en:
"...
"En algunos casos, este deber implica transcribir una porción del precepto que prevé tal competencia, cuando se trate de una norma compleja.
"Tal criterio fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 115/2005 ... ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’
"Ahora bien, en el caso concreto se debe determinar cuál es la naturaleza del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, es decir, es menester precisar cuál es su contenido: si se trata de una norma que prevé la existencia de ciertas unidades administrativas, o si establece la competencia de éstas.
"El referido artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece: (se transcribe).
"Como se observa, esa disposición establece los órganos con los que contará el Servicio de Administración Tributaria, mencionando su nombre Junta de Gobierno, jefe y unidades administrativas.
"Sin embargo, de ahí no se sigue que en esa norma se prevea la competencia por grado, materia o competencia de las administraciones locales de auditoría fiscal, sino sólo, de manera genérica, la denominación de los órganos con los que contará el Servicio de Administración Tributaria.
"En cambio, la competencia de ellos, en específico de las administraciones, se estableció en otros artículos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
"En efecto, la competencia por materia y grado de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal está consignada en los artículos 17, fracción III, y 19 del reglamento interior ... (se transcriben) ...
"Con base en lo expuesto, se confirma que el artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, no pretendió fijar la competencia por materia, grado, territorio o cuantía de las unidades administrativas de ese órgano, sino solamente su existencia genérica.
"Empero, de ahí no se desprende la existencia jurídica de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal de ese órgano, concretamente de la que al caso nos ocupa, pues esa existencia deriva de los preceptos citados en párrafos antecedentes y no se puede deducir a partir de una revisión del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
"En esa medida, no puede exigirse la cita de ese numeral para una debida fundamentación de la competencia material de la autoridad demandada, por más que sea la norma primaria en la que se contempla la existencia de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, dado que, se insiste, en ese precepto sólo se señala de manera genérica su denominación, y es en diversos artículos del reglamento interior de esa dependencia, donde se señalan las facultades que les fueron conferidas, sin que haya necesidad de establecer, como lo pretende la parte quejosa, una liga entre lo que señala el reglamento y la ley, pues basta con la cita precisa de los numerales que prevén su competencia material y territorial.
"Por ello, contrariamente a lo que señala la quejosa con relación al artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las autoridades no están obligadas a observar lo ordenado en la jurisprudencia 115/2005 de la Segunda Sala, porque no establece la competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal.
"Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 180/2008 de rubro y texto siguientes: ‘SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL.’ (se transcribe)
"Y es que, además, no puede perderse de vista que el cumplimiento de la obligación de citar los preceptos legales en los que sustente su competencia no llega al extremo de que los órganos de autoridad justifiquen su existencia en cada una de las resoluciones que lo emitan; esto es, establecer cómo o por qué fueron creados, qué es lo que pretende el quejoso al sostener la invocación indispensable del numeral 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ..."
II. Amparo directo ********** (expediente auxiliar) del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región.(6)
1. **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la cédula de liquidación emitida por la titular de la Subdelegación Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la omisión total en la determinación y pago de cuotas correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de dieciocho de noviembre de dos mil diez.
Del asunto conoció la Sala Regional del Sureste del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez y, lo resolvió mediante sentencia de doce de septiembre de dos mil once, en la que determinó que la actora no probó su acción, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada.
2. Inconforme con la anterior determinación, la actora promovió el juicio de amparo directo **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y en apoyo de éste, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, dictó sentencia, en sesión de ocho de marzo de dos mil doce, en la que concedió la protección constitucional, al considerar, en lo que aquí interesa:
"SÉPTIMO.-ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es substancialmente fundado el único concepto de violación, a través del cual la empresa quejosa alega que la Sala responsable viola en su perjuicio lo estipulado por el artículo 17 constitucional; en virtud de que aduce, en la sentencia reclamada se transgredieron sus garantías que tienen inmerso el principio de exhaustividad, pues la Sala pasó por alto lo argumentado en su escrito de alegatos de fecha dos de agosto de dos mil once, en donde solicita que debe considerarse el criterio emitido por la responsable en la diversa sentencia dictada en el juicio de nulidad **********, de veintitrés de junio de dos mil once, y se tenga a la vista para ser examinado antes de emitir la sentencia respectiva.
"...
"En este orden de ideas, queda claro, que cuando existen alegatos de bien probado, es obligación de la Sala Fiscal, pronunciarse sobre los mismos, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la parte actora.
"...
"Así, atento a que la garantía de seguridad jurídica implica que el órgano jurisdiccional al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, debe considerarse que el principio de universalidad de las decisiones, constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales, en tanto se erige como una garantía procesal que por una parte, obliga a los juzgadores a pronunciarse en un sentido y, en contra partida, impide a los juzgadores a resolver un mismo tipo de asunto aplicando diversos criterios sin una unificación objetiva.
"Precisado lo anterior, ahora corresponde determinar si en el caso, tal y como lo aduce la impetrante de amparo, la Sala responsable transgredió sus garantías constitucionales al dejar de analizar su escrito de alegatos de fecha dos de agosto de dos mil once, en donde solicita que debe considerarse el criterio emitido por la responsable en la diversa sentencia dictada en el juicio de nulidad **********, de veintitrés de junio de dos mil once, y se tenga a la vista para ser examinado antes de emitir la sentencia respectiva, y para así demostrarlo, conviene traer a contexto los principales antecedentes del caso, a saber: (se transcribe).
"Como se advierte de lo transcrito, la Sala del conocimiento transgredió las normas del procedimiento en perjuicio de la actora aquí quejosa, pues omitió cumplir con su obligación de analizar los alegatos expresados por aquélla en el juicio de nulidad, a través de los cuales solicitaba se tuviera a la vista la sentencia emitida por la responsable en el expediente **********, para que fuera examinada antes de emitir la sentencia correspondiente.
"En efecto, del contenido integral de los alegatos de mérito se advierte, que según la parte actora, la Sala responsable ya se había pronunciado en un asunto similar al que plantea; por tanto, en atención al principio de seguridad jurídica y de universalidad de trato, la responsable en su sentencia se encontraba constreñida a atender las peticiones del hoy quejoso, a efecto de que, de manera fundada y motivada, estableciera las razones por las cuales no cabría aplicar el precedente que invocó bajo el argumento de que en él se había resuelto la misma problemática; en su caso, las razones por las que había de abandonar ese criterio, aun siendo el mismo tema a debate o, finalmente, si es el caso de seguirlo sosteniendo.
"Lo anterior, porque a ello obliga la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional, en cuanto exige a las autoridades jurisdiccionales a sujetar sus decisiones a las formalidades previstas en las leyes, en correspondencia del derecho de los gobernados a que sus actos se dicten de esa forma.
"Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 62/2001, sustentada por la Segunda Sala ... que a la letra dice: ‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.’
"... En consecuencia, al haber demostrado la promovente que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable ..."
De las anteriores consideraciones derivó la tesis aislada X.2o.(XI Región) 2 A (10a.), que a la letra se lee:
"ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EN EL ESCRITO RELATIVO EL ACTOR SOLICITÓ OPORTUNAMENTE A LA SALA QUE TOMARA EN CONSIDERACIÓN UNO DE SUS PRECEDENTES QUE RESOLVIÓ LA MISMA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, Y NO OBSTANTE ELLO, PRESCINDE DE SU ANÁLISIS Y DICTA LA SENTENCIA RESPECTIVA, EN ATENCIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA Y AL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD, TAL OMISIÓN TRANSGREDE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO EN SU PERJUICIO, LO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.-De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes. Por otra parte, atento a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. Asimismo, el principio de universalidad constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales, en tanto que se erige como una garantía procesal que obliga a los juzgadores a pronunciarse en un sentido y, en contrapartida, les impide resolver un mismo tipo de asunto aplicando diversos criterios sin una justificación objetiva. En tal virtud, en atención a la garantía de seguridad jurídica y al principio de universalidad, si en el escrito de alegatos el actor solicitó oportunamente a la Sala que tomara en consideración uno de sus precedentes que resolvió la misma problemática planteada, y no obstante ello, prescinde de su análisis y dicta la sentencia respectiva, tal omisión transgrede las normas del procedimiento en su perjuicio, lo que amerita la reposición del procedimiento, para que se deje insubsistente la sentencia y se emita otra, en la que, de manera fundada y motivada, se establezcan las razones por las cuales no cabría aplicar el precedente invocado o, en su caso, las razones por las que habría de abandonarse ese criterio o, si es el caso, seguirlo sosteniendo al dictar el fallo."(7)
III. Juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
1. El administrador Local de Auditoría Fiscal de Colima, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, emitió el oficio 500-20-00-03-01-2010-4441 de treinta de junio de dos mil diez, en el que determinó crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado, recargos y multas, correspondientes al ejercicio de dos mil nueve.
2. Insatisfecho, el contribuyente promovió juicio de nulidad ante la Segunda Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que se resolvió mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en la que se declaró la validez de la resolución impugnada.
3. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo (**********), del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que concedió la protección constitucional, al considerar, en lo que aquí interesa:
"SEXTO.-Son, sustancialmente, fundados los conceptos de violación.
"En sus motivos de queja, la representante de la peticionaria sostiene ... que sí era necesaria la invocación del numeral 1 de la ley en cita, porque la demandada se encontraba obligada a acreditar su calidad de autoridad fiscal, ... que la autoridad demandada sí se encontraba en la obligación de citar el diverso arábigo 8o., debido a que tenía la carga de evidenciar las facultades que se otorgan a las autoridades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y, agrega, que ... la autoridad demandada en el juicio de nulidad no fundó su competencia ...
"Como se ve ... como correctamente se aduce en los conceptos de violación, el tema de la competencia sí se encuentra involucrado en los precitados arábigos 1o. y 8o.
"...
"De lo trasunto descuella con claridad que, como correctamente se adujo en los motivos de queja, la autoridad demandada no citó los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de los que se desprende que la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, podía ejercer las facultades cuestionadas. Lo anterior evidencia que, en el caso, no quedó suficientemente fundada la competencia material de la autoridad fiscalizadora, pues se insiste, no se citó precepto legal -que no reglamentario-, donde se adviertan expresamente sus atribuciones.
"...
"Consecuentemente, lo que se impone es conceder la protección instada para el efecto de que la Sala Fiscal, deje insubsistente su sentencia y en su lugar emita otra en la que atienda el concepto de anulación cuyo estudio omitió, pero siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo ..."
De las anteriores consideraciones, derivó la tesis aislada III.1o.A.23 A (10a.), que a la letra se lee:
"COMPETENCIA MATERIAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA CONSIDERARLA SUFICIENTEMENTE FUNDADA, LAS AUTORIDADES DE ESE ÓRGANO DEBEN CITAR LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE SU LEY. La competencia material de un ente administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica; ésta deriva, en un primer plano, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del otorgamiento de atribuciones que se hace a la administración pública y, de forma secundaria, procede de la ley (atento a que es en ésta donde se prevé ‘la naturaleza del acto’ y las cuestiones jurídicas que constituyen el objet
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26826-b36d6500/alegatos-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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