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Modo: Corpus Pro

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA ORDINARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ABRIR Y DEJAR QUE TRANSCURRA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA FORMULARLOS ANTES DE DICTAR SENTENCIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, AUN CUANDO SE HUBIERE ESTIMADO QUE SE ACTUALIZABA UNA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO POR PARTE DE LA SALA RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2019. · Registro digital (IUS): 28784
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SÉPTIMO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Pág. 1989.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SÉPTIMO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 15 DE MAYO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CONTRA CONSIDERACIONES EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(6) toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciados, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

Lo cual se efectuará en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 470/2018, y el determinado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 93/2016.

Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción respecto de los Tribunales Colegiados aludidos.

En virtud de lo anterior, se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los Tribunales Colegiados, al tenor de lo siguiente:

1. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo 470/2018).

• Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto de su apoderado, interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución definitiva de trece de diciembre de dos mil diecisiete dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la cual, le impusieron una multa por la supuesta infracción a una serie de disposiciones administrativas, específicamente en materia de protección de datos personales, así como contra los diversos acuerdos mediante los cuales se le otorgó un plazo para alegar y se tuvo por precluido su derecho para presentar alegatos.

• Correspondió conocer de dicha demanda a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la registró con el número 4663/18-17-14-5 y sólo se admitió a trámite por el acto consistente en la resolución definitiva de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se emplazó a la autoridad demandada para que formulara su contestación, así como designara perito en materia contable y, en su caso, ampliara el cuestionario propuesto.

• Posteriormente, por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada instructora tuvo por rendido el informe de suspensión, en la cual se advirtió que la parte actora promovió demanda de amparo indirecto en contra de los mismos actos que se impugnaron en el juicio de nulidad, la cual conoció el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite y la registró con el número 165/2018 y, por diverso auto de quince de febrero del mismo año, se le concedió la suspensión provisional, razón por la cual, la Sala responsable sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 8, fracción VIII y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• Asimismo, por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el representante de la autoridad demandada donde formuló contestación a la demanda; en donde se le dijo que se estuviera a lo acordado en el acuerdo de catorce de marzo del mismo año, donde se sobreseyó en el juicio de nulidad, por lo cual, no hubo lugar a acordar de conformidad.

• Por otro lado, en auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por admitido el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora y el veinticuatro de mayo del mismo año se dictó sentencia en la que se declaró procedente pero infundado dicho recurso.

• En contra de dicha resolución, por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, la parte actora promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el número 470/2018.

• Previos los trámites conducentes, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictó sentencia en donde determinó que lo procedente era negar el juicio de amparo, al considerar lo siguiente:

"SÉPTIMO.—Estudio y determinación del tribunal. En su primer concepto de violación, la parte quejosa manifiesta, en lo esencial, que, atento al principio de igualdad procesal, posibilidad de defensa y debido proceso, se debió dar vista con la causal de sobreseimiento alegada por la autoridad, o por lo menos se le debió dar la posibilidad de presentar alegatos, a efecto de no dejarle en estado de indefensión.

"Refiere que si bien el artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que si se actualiza alguna causal de improcedencia no es necesario que el Magistrado instructor espere al cierre de instrucción para sobreseer en el juicio, no menos cierto es que ni ese artículo, ni algún otro, facultan a sobreseer sin la posibilidad de presentar alegatos; máxime sin o se le corrió traslado con el escrito por el que la autoridad hizo valer la actualización de la causal de improcedencia.

"Añade que la posibilidad de alegar no es una mera ocurrencia, sino que forma parte del núcleo duro del debido proceso, es decir, se trata de una formalidad esencial del procedimiento que posibilita a las partes a ejercer de manera completa su derecho de defensa, al permitirles contradecir.

"Por ende, se debió considerar que el auto de sobreseimiento fue contrario a derecho, al emitirse sin haber dado posibilidad de alegar, y sin haberle dado vista con la posible actualización de la causal de improcedencia.

"Cita en apoyo a sus consideraciones la tesis aislada III.7o.A.8 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: ‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA ORDINARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ABRIR Y DEJAR QUE TRANSCURRA EL PERIODO DE CINCO DÍAS PARA FORMULARLOS ANTES DE PRONUNCIAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESTIME ACTUALIZADA UNA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO INVOCADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN PERJUICIO DEL ACTOR QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.’

"El motivo de disenso resulta infundado.

"En principio, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las autoridades jurisdiccionales tienen, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

"3) La oportunidad de alegar; y,

"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Requisitos sin los cuales, se dejaría de cumplir con el debido proceso legal que procura evitar la indefensión del afectado; así como, en el caso específico, de no colmarse el punto tres, previamente citado, resultarían vulnerados los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que la sentencia no podría comprender todos los puntos que constituyeron la materia del debate.

"Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor:

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe)

"De conformidad con el criterio transcrito, cuando no se conceda a las partes los términos o prórrogas a que tienen derecho con arreglo a la ley, o no se sigan los pasos de todo el proceso, se debe considerar que existe una violación a las reglas esenciales del procedimiento.

"Sobre el particular, conviene señalar que en el procedimiento contencioso existen, por regla general, dos etapas, la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución.

"La instrucción se divide a su vez en tres partes, a saber:

"1. Postulatoria o expositiva: Es aquella que permite instruir al juzgador en la litis a debate;

"2. Probatoria: Tiene como finalidad llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas; se subdivide en etapa de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo; y,

"3. Preconclusiva: Está integrada por los alegatos o conclusiones que formulen las partes.

Ahora bien, de manera general, puede decirse que los alegatos son los argumentos o razonamientos verbales o escritos que formulan las partes, una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; lo cual, indefectiblemente se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes, mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho, en defensa de sus intereses jurídicos, con el objeto de demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

"A lo anterior, también se le conoce como alegato de bien probado, que es el acto mediante el cual, en forma oral o escrita, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, así como el demérito de las ofrecidas por la contraparte.

"En ese orden de ideas, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en el juicio, para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.

"Así, los alegatos en los juicios ordinarios, no tienen una forma determinada por las leyes procesales; empero, cabe tener en cuenta que es la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, su impugnación respecto de las ofrecidas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado, entre otras.

"Ahora bien, el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

"‘Artículo 47.’ (se transcribe)

"Del dispositivo previamente transcrito, se evidencia que diez días después de concluida la sustanciación del juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor notificará por lista a las partes, que tienen un término de cinco días para formular sus alegatos, los cuales, dicho sea de paso, de presentarse oportunamente, habrán de ser considerados al dictar sentencia, lo cual implica que deberán ser materia de pronunciamiento específico en la mencionada resolución definitiva; además, el precepto en comento también dispone que, al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción.

"Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se conceda el término a que hace referencia el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previamente debe agotarse la etapa postulatoria, es decir, delimitar la litis a debate y, en su caso, el periodo probatorio, por lo que sólo concluido lo anterior, puede y debe otorgarle el plazo de cinco días a las partes para que formulen sus alegatos, mismo que, una vez concluido, conduce a emitir el acuerdo en que se declare cerrada la instrucción.

"Sin embargo, en la porción final del primer párrafo del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se contempla el caso en que habrá de resolverse un sobreseimiento, precisándose al efecto que, en dicho supuesto, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción, pues de su contenido textual se desprende lo siguiente:

"‘Artículo 49.’ (se transcribe)

"De una interpretación funcional de los preceptos transcritos se advierte que, para que el Magistrado instructor dicte una resolución en caso de sobreseimiento, no será necesaria la emisión de un acuerdo en el que se declare cerrada la instrucción, lo cual implícitamente significa que tampoco resulta necesario conceder término para presentar alegatos, en tanto que, de manera ordinaria, es precisamente con la culminación de dicho plazo con el que se cierra la instrucción. Máxime que, como se apuntó con antelación, para que se abra expresamente el término para presentar alegatos debe agotarse la etapa postulatoria, lo que no acontece en el supuesto excepcional previsto en el artículo 49, es decir, cuando sobrevenga alguna de las causas de sobreseimiento previstas en el artículo 9 del mismo ordenamiento.

"Interpretación que en modo alguno restringe el derecho de defensa de las partes, en tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la ley de la materia, procede el recurso de reclamación contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción.

"Luego, es en dicho recurso donde las partes tendrán la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, en contra del sobreseimiento decretado por el Magistrado instructor, tutelándose de esa manera los derechos de defensa y debido proceso, en tanto que en el recurso de reclamación se podrán exponer los argumentos conducentes a fin de eventualmente demostrar que no debió sobreseerse en el juicio contencioso administrativo.

"De ahí que no le asista razón a la parte quejosa, al pretender que expresamente se le diera vista con la posible actualización de la causal de improcedencia y se le concediera término para presentar alegatos, pues no existe previsión en ese sentido en la ley que rige el procedimiento contencioso administrativo, aunado a que, como se ha indicado, a través del recurso de reclamación se encuentra plenamente tutelado el derecho de alegar, como parte del debido proceso, en la medida que, a través de la interposición de ese recurso, el inconforme se encuentra en posibilidad de desvirtuar los motivos de improcedencia que condujeron al sobreseimiento del juicio, con lo cual, también se garantiza el derecho de defensa.

"Por los motivos expuestos, es que no se comparte la tesis aislada III.7o.A.8 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, invocado por la parte quejosa, de rubro siguiente: ‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA ORDINARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ABRIR Y DEJAR QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE CINCO DÍAS PARA FORMULARLOS ANTES DE PRONUNCIAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESTIME ACTUALIZADA UNA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO INVOCADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN PERJUICIO DEL ACTOR QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.’

"Debiendo precisarse que no resulta aplicable al caso lo previsto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 116/2016 (10a), de «título y subtítulo»: ‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE RESPETAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA FORMULARLOS, ANTES DE DECLARAR CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2016).’, en tanto que la misma se refiere a la obligación de respetar el plazo para presentar alegatos, antes de declarar cerrada la instrucción del procedimiento sumario, supuesto distinto al que se dio en el caso que nos ocupa, en el que se actualizó la porción final del primer párrafo del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo atento a que se sobreseyó en el juicio sin que fuese necesario el cierre de la instrucción. ..." [Énfasis añadido]

2. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo directo 93/2016).

• El dieciocho de marzo de dos mil catorce, la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara Sur inició una visita domiciliaria que culminó el veinticinco de junio de dos mil quince con la notificación de la resolución determinante de un crédito fiscal fincado a cargo de "Sunlight Only", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal.

• En contra de dicha resolución, el representante legal de la parte actora demandó su nulidad, del cual conoció la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual fue registrado con el número de expediente 7915/15-07-02-05 y el treinta y uno de julio de dos mil quince su representada presentó un escrito libre ante la mencionada Administración Local de Recaudación, en el que ofreció en garantía del interés fiscal un bien; sin embargo, hasta el diez de febrero de dos mil dieciséis, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "2" le notificó a su representada el oficio impugnado, mediante el cual se le informó del rechazo de la mencionada garantía del interés fiscal; lo anterior, bajo el argumento sustancial de que el bien ofrecido como caución era inembargable.

• Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis, demandó la nulidad de la resolución identificada con el número de oficio 400-32-00-02-02-2016-00851 de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida por el administrador desconcentrado de Recaudación de Jalisco "2" del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se rechazó la garantía del interés fiscal que la persona moral accionante había ofrecido el treinta y uno de julio de dos mil quince.

• Por razón de turno, le correspondió conocer a la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, cuyo Magistrado instructor la admitió a trámite en la vía ordinaria, mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el que adicionalmente ordenó emplazar al administrador desconcentrado de Recaudación de Jalisco "2", por conducto del titular de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco "2", como demandado.

• Al darle contestación a la demanda de nulidad promovida en su contra, el titular de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco "2", en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la propia autoridad demandada, por una parte, hizo valer la causal de improcedencia que surgía de la interpretación conjunta de los artículos 8o., fracciones II y XVI, y 9o., fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que aludía a las resoluciones de las que no compete conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por no ser definitivas y, por la otra, expuso las razones por las que debían conceptuarse como infundados los motivos de impugnación hechos valer por el representante legal de la persona moral quejosa.

• Por lo que el Magistrado instructor de la Sala responsable ordenó correrle traslado con el ocurso respectivo a la parte actora, al advertirse de autos una posible causal de sobreseimiento y, por ende, se ordenó turnar los autos para su estudio, evitando así el cierre de instrucción, todo ello, en proveído de uno de septiembre de dos mil dieciséis.

• Este último auto fue notificado a la persona moral accionante, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, e inmediatamente después se encuentra agregada la sentencia correspondiente, que fue pronunciada desde el cinco de los mismos mes y año, en el cual se consideró fundado el motivo de improcedencia hecho valer por la autoridad demandada y, en consecuencia, se decretó el sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo de origen.

• En contra de dicha resolución, por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el representante de la parte actora promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, por acuerdo de veintitrés siguiente, admitió la demanda a trámite registrándola bajo el número 93/2016.

• Previos los trámites conducentes, en sesión de dos de febrero de dos mil diecisiete, el Pleno de dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia en donde determinó que lo procedente era conceder el juicio de amparo, al considerar lo siguiente:

"SEXTO.—Estudio. ...

"Sentadas las anteriores premisas, a continuación se expondrán de manera razonada los motivos por los que se consideran sustancialmente fundados los argumentos expresados en el segundo concepto de violación que hizo valer el representante legal de la directa solicitante de amparo, mediante los cuales se destaca la probable actualización de una violación de índole procesal:

"Particularmente, el solicitante de amparo se duele en dicho apartado de que la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incurrió en una vulneración a la garantía de previa audiencia de su representada, en la medida que pronunció la sentencia correspondiente, sin que previamente ordenara la apertura de un periodo de alegatos en el que se le permitiera sostener la procedencia del juicio de nulidad respectivo, mediante la expresión de argumentos encaminados a desvirtuar la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, misma que, a la postre, se consideró actualizada para sustentar el sobreseimiento impugnado; lo que, a decir del inconforme, constituye una prerrogativa procesal a favor de su mandante, que se encuentra expresamente consagrada en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y asegura que, por tanto, su falta de observancia configura una transgresión de índole adjetiva.

"Es así, en opinión del inconforme, porque el solo hecho de no permitirle a su representada acceder a un periodo de alegatos, constituye una violación procesal que incide de manera directa en la vulneración de la garantía de previa audiencia de la mencionada negociación mercantil, en la medida que le impidió la oportunidad de ser escuchada para desvirtuar el motivo de sobreseimiento invocado por su contraparte, así como de evidenciar la procedencia del juicio natural, e independientemente de ello, se trata de una formalidad esencial de todo procedimiento que, necesariamente, debió haber sido respetada por la responsable; todo lo cual resulta sustancialmente fundado, como enseguida se pasa a demostrar:

"De entrada, conviene apuntar en esta ejecutoria que la irregularidad procesal puesta de relieve, es factible analizarla en el presente amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I y 172, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, que disponen lo siguiente:

"‘Artículo 170.’ (se transcribe)

‘Artículo 172.’ (se transcribe)

"En efecto, el artículo 172, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que en los juicios seguidos ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le concedan los plazos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley; hipótesis que se surte en el caso, porque la Sala responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se pondrá en evidencia a lo largo de esta ejecutoria.

"Para evidenciarlo así, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las autoridades jurisdiccionales tienen, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘... se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento ...’; que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

"3) La oportunidad de alegar; y,

"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Requisitos sin los cuales, se dejaría de cumplir con el debido proceso legal que procura evitar la indefensión del afectado; así como, en el caso específico, de no colmarse el punto tres, previamente citado, resultarían vulnerados los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que la sentencia no podría comprender todos los puntos que constituyeron la materia del debate.

"Tienen aplicación al presente razonamiento, las consideraciones jurídicas plasmadas en la jurisprudencia 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe)

"Así resulta evidente que cuando no se conceda a las partes los términos o prórrogas a que tienen derecho con arreglo a la ley, o no se sigan los pasos de todo el proceso, se debe considerar que existe una violación a las reglas esenciales del procedimiento, como acontece en la especie, dado que la Sala responsable dictó la sentencia reclamada, sin que previamente otorgara o al menos respetara a las partes, pero especialmente a la parte actora, aquí quejosa, el plazo de cinco días necesario para formular los alegatos de su intención, tal como lo previene el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Sobre el particular, conviene señalar que en el procedimiento contencioso existen, por regla general, dos etapas, la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución.

"La instrucción se divide a su vez en tres partes, a saber:

"1. Postulatoria o expositiva: Es aquella que permite instruir al juzgador en la litis a debate;

"2. Probatoria: Tiene como finalidad llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas; se subdivide en etapa de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo; y,

"3. Preconclusiva: Está integrada por los alegatos o conclusiones que formulen las partes.

"Ahora bien, de manera general, puede decirse que los alegatos son los argumentos o razonamientos verbales o escritos que formulan las partes, una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; lo cual, indefectiblemente se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes, mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho, en defensa de sus intereses jurídicos, con el objeto de demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

"A lo anterior, también se le conoce como alegato de bien probado, que es el acto mediante el cual, en forma oral o escrita, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, así como el demérito de las ofrecidas por la contraparte.

"En ese orden de ideas, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en el juicio, para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jur

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28784-798abe65/alegatos-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-tramitado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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