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Modo: Corpus Pro

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE RESPETAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA FORMULARLOS, ANTES DE DECLARAR CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2016).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2016. · Registro digital (IUS): 26657
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-09-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 732.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO.-Ejecutorias contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito -amparo directo **********-.

1. **********, por conducto de su apoderado **********, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución contenida en el oficio número **********, del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a través de la cual, la Administración Local Jurídica de Colima resolvió el recurso de revocación ********** y confirmó la legalidad de la diversa resolución número **********, del veintitrés de junio del mismo año, a través de la cual, se impuso al accionante multa por infringir el artículo 184-A, fracción I, de la Ley Aduanera.

2. De la demanda en cuestión correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que el Magistrado instructor la admitió a trámite en la vía sumaria en el expediente ********** y, una vez seguida la secuela del procedimiento, el dos de marzo de dos mil quince dictó la sentencia correspondiente, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva en la que considerara oportuna la interposición del aludido recurso de revocación y analizara los agravios formulados por el actor.

3. No conforme con esa determinación, el actor promovió juicio de amparo en su contra que, por razón de turno, se remitió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se radicó y admitió a trámite en el expediente número ********** y, agotados los trámites de ley, en sesión celebrada el quince de marzo del año que transcurre, se dictó la sentencia en la que, por mayoría de votos de sus integrantes, se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso.

Por su importancia, resulta oportuno tener en cuenta la parte conducente de la ejecutoria relativa, en la que el juzgador federal sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.-El proyecto de sentencia presentado inicialmente por el Magistrado ponente de este asunto, obliga a formular las siguientes consideraciones:

"En términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, el peticionario del amparo no hizo valer argumento alguno en el que expusiera alguna violación procesal.

"Además, oficiosamente, tampoco se advierte que se hubieran transgredido las reglas esenciales que rigen el juicio administrativo del que emana el acto reclamado.

"Esto es así, pues del expediente respectivo se advierten las siguientes circunstancias:

"a) Por escrito de veintitrés de octubre de dos mil catorce, **********, en su carácter de representante de **********, promovió demanda de nulidad contra la Administración Local Jurídica de Colima y otra autoridad, respecto de las resoluciones contenidas en los oficios **********, de veintitrés de septiembre, y **********, de veintitrés de junio, ambos del dos mil catorce.

"b) En auto de veintitrés de octubre de la misma anualidad, el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió la demanda en la vía sumaria, ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas, a quienes requirió, además, por un ejemplar de los expedientes administrativos, y comunicó la probable fecha para el cierre de instrucción, refiriendo literalmente que: ‘... Con fundamento en el artículo 58-4, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se señala como fecha probable de cierre de instrucción el 15 de enero de 2015 ...’ (foja cuarenta y siete)

"c) A través del oficio **********, presentado el veinticuatro de noviembre posterior, el administrador local jurídico de Zapopan, formuló contestación de demanda y allegó diversas constancias (fojas cincuenta a doscientos setenta y cuatro).

"d) Mediante proveído dictado el veinticinco del propio mes, el instructor tuvo a la autoridad fiscal formulando la indicada contestación y cumplimiento la prevención que le formuló; así mismo, ordenó correr traslado a la actora, con copia simple del mismo (foja doscientos setenta y cinco).

"La diligencia correspondiente se practicó por correo certificado, a través del oficio **********, que se recibió el nueve de diciembre de la propia anualidad (foja doscientos setenta y siete).

"e) En el día señalado para el cierre de instrucción, se emitió un auto, se señaló que el expediente aún no se encontraba integrado y se fijó como nueva fecha para tal efecto, el veintinueve de enero de dos mil quince; la notificación de tal determinación se ordenó hacer por boletín electrónico (foja doscientos setenta y ocho).

"f) En la data referida en el inciso que antecede, se declaró cerrada la instrucción; lo anterior, también se hizo del conocimiento de las partes, a través del boletín electrónico (foja doscientos setenta y nueve).

"g) El dos de marzo de dos mil quince, se pronunció la sentencia correspondiente (fojas doscientos ochenta a trescientos cinco).

"La anterior síntesis no evidencia la actualización de transgresión procesal alguna, puesto que se desahogaron las pruebas ofrecidas por el actor (tanto las que aportó a su demanda, como las que estaban a cargo de las demandadas, es decir, los expedientes administrativos correspondientes); además, si bien la notificación del auto que tuvo por recibida la contestación de demanda, no se entendió con alguno de sus autorizados, lo cierto es que sí se practicó en el domicilio que señaló para tal efecto, sito en ********** número **********, en la colonia **********, en **********, **********; aunado a que el quejoso no la desconoció.

"Finalmente, aun cuando al desahogar el procedimiento no se hizo alusión al derecho que tienen las partes de formular alegatos, lo cierto es que el numeral 58-11 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable a los procedimientos sumarios, señala literalmente que:

"‘Artículo 58-11. Las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción.’

"Como se ve, el legislador ordinario no estableció un periodo específico para la formulación de los indicados alegatos, sino que, privilegiando la celeridad en la integración del expediente, precisó que podrían presentarse en cualquier momento, hasta antes de la fecha de cierre de instrucción.

"En el caso, la notificación del auto que recibió la contestación de demanda se hizo, como antes se evidenció, el nueve de diciembre de dos mil quince, surtiendo sus efectos el día diez siguiente; de tal forma que el actor del juicio -aquí quejoso- pudo presentar los indicados alegatos desde el once de diciembre de dos mil catorce (día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto que tuvo contestando la demanda y se corrió traslado con ella a la actora), hasta el quince de enero de dos mil quince, fecha señalada inicialmente para el cierre de instrucción. Incluso, en esta última data, como se relató, se emitió proveído para señalar como nueva fecha de cierre el veintinueve siguiente, por lo cual, la parte actora estuvo en posibilidad de formular sus alegatos hasta antes de este último momento.

"Resulta imprescindible abundar en el sentido de que no es posible que se obligue al instructor -como se proponía en el proyecto de sentencia- que otorgue un plazo específico, para cumplir con tal formalidad, porque, como se dijo, no lo contempló así el legislador ordinario y, por ende, de resolver en ese sentido, implicaría que en la sentencia se asumieran facultades legislativas que no son propias del Poder Judicial de la Federación, pues se estarían modificando sustancialmente -y de forma oficiosa- las reglas establecidas en la ley; además, en todo caso, el solicitante del amparo no atacó de inconstitucionales los preceptos correspondientes. ..."

El texto reproducido pone de manifiesto que el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, de manera oficiosa, que en el juicio natural no se cometió alguna violación de índole procesal que condujera a otorgar el amparo a fin de ser subsanada, en particular, respecto de la oportunidad con que contó el quejoso para formular alegatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 58-11 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, el referido órgano jurisdiccional concluyó que el Magistrado instructor no tenía la obligación de otorgar de manera expresa un plazo especial a las partes -de tres días-, a efecto de que formularan alegatos, en tanto que por voluntad manifiesta del legislador esa oportunidad procesal se estableció de manera abierta teniendo como límite la fecha de cierre de instrucción, al tenor de lo dispuesto en el aludido numeral 58-11 de la ley de la materia; máxime que en el caso analizado se advierte que la autoridad responsable notificó previamente al actor la fecha de cierre de instrucción del juicio y, por tanto, estuvo en aptitud de presentar oportunamente aquéllos.

Significativo resulta destacar que la determinación de que se trata fue adoptada por mayoría de votos de los integrantes del Tribunal Colegiado, en tanto que el Magistrado Jaime C. Ramos Carreón -quien originalmente había sido designado como ponente para resolverlo- se apartó de la decisión mayoritaria y formuló voto particular, sobre la base de considerar, esencialmente, que el Magistrado responsable cerró la instrucción y dictó sentencia, sin antes haber otorgado a las partes, de manera expresa, el plazo de tres días a que hace referencia el artículo 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para formular sus alegatos, por lo que es incuestionable que se dejó a la quejosa en estado de indefensión, ya que no estuvo en aptitud legal de exponer las razones jurídicas, legales y doctrinarias que se presentaron en la contestación a la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio, que, en su caso y siendo de bien probado, podrían traer como consecuencia que la Sala emitiera una resolución benéfica a los intereses del accionante, porque precisamente su naturaleza permite refutar los argumentos de contestación a la demandada en el procedimiento contencioso administrativo.

Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región -amparo directo **********-.

I. **********, **********, por conducto de su representante legal **********, demandó la nulidad de los créditos fiscales identificados con los números ********** y **********, emitidos por el titular de la Subdelegación Ciudad Guzmán de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cantidades de $********** (**********) y $********** (**********), por concepto de cuotas omitidas actualizadas y multas, respectivamente, correspondientes al periodo de cotización 05/2013, relativas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

II. De la demanda en cuestión conoció la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que el Magistrado instructor la admitió a trámite en la vía sumaria en el expediente **********; y una vez seguida la secuela del procedimiento, el dos de diciembre de dos mil trece, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el único efecto de que la autoridad demandada la dejara insubsistente y en su lugar emitiera otra en la que tomara en consideración un pago extemporáneo efectuado por la empresa actora; reiterando lo resuelto en torno a la resolución determinante correspondiente y a la imposición de las multas que le fueron impuestas a la quejosa por el pago extemporáneo de sus cuotas obrero patronales.

III. Inconforme con esa resolución, la actora promovió juicio de amparo en su contra, del cual, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se radicó y admitió a trámite en el expediente número **********.

IV. Por auto del siete de marzo de dos mil catorce, se ordenó la remisión del juicio de amparo de origen al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para que, en auxilio de aquel tribunal, dictara la sentencia correspondiente.

V. El citado juicio fue radicado y registrado por el aludido tribunal auxiliar en el expediente número ********** y, en sesión celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la peticionaria del amparo.

En la parte que aquí interesa, la ejecutoria respectiva se sustenta en las consideraciones siguientes:

"SEXTO.-Violaciones procesales manifiestas.

"No se analizarán las consideraciones que sustentan el sentido del fallo reclamado, ni los conceptos de violación vertidos en su contra, debido a que este órgano colegiado, en suplencia de la queja deficiente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, advierte de manera oficiosa la actualización de sendas transgresiones a las normas procedimentales que rigen el juicio contencioso administrativo, que afectaron la defensa de la persona moral quejosa y trascendieron al resultado de la resolución definitiva que le puso fin a dicho procedimiento, consistentes en que la Sala Fiscal dictó sentencia en el juicio de nulidad, sin haber procurado por los medios legales a su alcance el emplazamiento de los trabajadores de la impetrante de amparo, a quienes les correspondía en dicho juicio la calidad de terceros interesados -como se demostrará más adelante- y, a la vez, omitió abrir un periodo de alegatos en el juicio sumario de origen, siendo que esto último derivó en que no se concedió el término legal para que las partes estuvieran en posibilidad de formularlos, en contravención de los artículos 47 y 58-11, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"...

"En diverso orden de ideas, el examen cuidadoso de los autos que informan el juicio contencioso administrativo de origen, revela que, en la especie, aconteció una diversa violación a las normas que rigen el procedimiento, consistente en que la Sala dictó sentencia, omitiendo abrir un periodo de alegatos en el juicio de origen, lo que derivó en que no concedió expresamente el término legal para que las partes estuvieran en posibilidad de formularlos, en contravención de los artículos 47 y 58-11, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"La irregularidad puesta de relieve es factible analizarla en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 172, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, que disponen lo siguiente:

"‘Artículo 170.’ (se transcribe)

"‘Artículo 172.’ (se transcribe)

"En efecto, el artículo 172, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que en los juicios seguidos ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le concedan los plazos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley; hipótesis que se surte en el caso, porque la Sala responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 47, en relación con el diverso numeral 58-11, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se pondrá en evidencia en esta ejecutoria.

"Al respecto, también es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las autoridades, entre otras obligaciones, tienen la de que en el juicio que se siga ‘... se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento ...’; que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

"3) La oportunidad de alegar; y,

"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Requisitos sin los cuales, se dejaría de cumplir con el debido proceso legal que procura evitar la indefensión del afectado; así como, en el caso específico, de no colmarse el punto tres citado, se violarían los principios de congruencia y exhaustividad, referidos anteriormente.

"Tienen aplicación al presente razonamiento, las consideraciones jurídicas plasmadas en la jurisprudencia 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe)

"Así resulta evidente que cuando no se conceda a las partes los términos o prórrogas a que tienen derecho con arreglo a la ley, o no se sigan los pasos de todo el proceso, se debe considerar que existe una violación a las reglas esenciales del procedimiento, como acontece en la especie, dado que la Sala responsable dictó el acuerdo de cierre de instrucción y emitió la sentencia reclamada, sin que en el momento procesal oportuno, se respetara a las partes la oportunidad de formular sus alegatos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 58-11, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Sobre el particular, conviene señalar que en el procedimiento contencioso existen, por regla general, dos etapas, la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución.

"La instrucción se divide en tres partes, a saber:

"1. Postulatoria o expositiva: Es aquella que permite instruir al juzgador en la litis a debate;

"2. Probatoria: Tiene como finalidad llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas; se subdivide en etapa de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo; y,

"3. Preconclusiva: Está integrada por los alegatos o conclusiones que formulen las partes.

"Ahora bien, de manera general, puede decirse que los alegatos son los argumentos o razonamientos verbales o escritos que formulan las partes, una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; lo que se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes, mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho, en defensa de sus intereses jurídicos, con el objeto de demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

"A lo anterior, también se le conoce como alegato de bien probado, que es el acto mediante el cual, en forma oral o escrita, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, así como el demérito de las ofrecidas por la contraparte.

"En ese orden de ideas, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en el juicio, para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.

"De lo anterior se sigue, justamente, la importancia de que los alegatos sean formulados una vez concluidas las referidas fases postulatoria y probatoria, puesto que de lo contrario se volvería nugatoria la posibilidad de alegar en contra de lo argumentado por la contraparte y las pruebas allegadas al sumario, tornando de esa manera intrascendentes las alegaciones propuestas.

"Así las cosas, cabe puntualizar que los alegatos no tienen una forma determinada por las leyes procesales; empero, cabe tener en cuenta que es la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, su impugnación respecto de las ofrecidas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado, entre otras.

"Al respecto, cabe hacer mención que, por regla general, los alegatos no forman parte de la litis; sin embargo, lo anterior no acontece de igual manera en el juicio de nulidad que se tramita en las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el ordenamiento que rige dicho procedimiento contencioso administrativo, establece los plazos y forma de notificar el periodo para formular alegatos, pero, sobre todo, que éstos deben tomarse en cuenta en el fallo que se dicte.

"Por las razones jurídicas que contiene, cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 62/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206 del Tomo XIV, diciembre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto informa:

"‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.’ (se transcribe)

"Ahora bien, el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

"‘Artículo 47.’ (se transcribe)

"Del dispositivo transcrito se evidencia, para lo que interesa en el presente asunto, que proviene de un juicio tramitado en la vía sumaria, que el Magistrado instructor está obligado a notificar por lista a las partes, que tienen un término de cinco días para formular sus alegatos, los que, de presentarse oportunamente, deben ser considerados al dictar sentencia, es decir, que necesariamente deben ser motivo de análisis en ella; además, el precepto en comento también dispone que, al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción.

"Lo acabado de transcribir, a la vez, pone de manifiesto lo dicho con anticipación, en el sentido de que los alegatos formulados por las partes en el juicio de nulidad, obligadamente deben ser considerados al dictar sentencia; de tal suerte que si la Sala responsable no otorga en el momento procesal oportuno el derecho de aportar dichos razonamientos, con ello deja en estado de indefensión a las partes en el juicio de nulidad, pues no pueden oponer los argumentos de la negación de los hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte; así como impugnar el ofrecimiento y desahogo de las pruebas que se hayan ofrecido en dicho juicio.

"Por otro lado, conviene destacar que, tratándose de los juicios tramitados en la vía sumaria, existe disposición expresa en el sentido de que necesariamente deben tramitarse de conformidad con las disposiciones específicas que se establecen en el capítulo respectivo y, sólo en lo no previsto, es válido aplicar las demás disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal como lo dispone en su numeral 58-1.

"Sin embargo, tratándose de la oportunidad que tienen las partes para formular sus alegatos, en el diverso ordinal 58-11 de la invocada legislación procesal federal, únicamente se dispone que las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de instrucción, empero, no previene la manera en que deberá darse a conocer tal oportunidad a las partes contendientes, mucho menos el plazo u oportunidad con que cuentan para ello, a pesar de que, se insiste, los alegatos en el juicio contencioso administrativo, previsto en la invocada legislación federal, revisten una capital importancia que justifica, en todos los casos, la apertura de una etapa en la que los mismos puedan ser recepcionados.

"En esa medida, de conformidad con lo dispuesto por el diverso artículo 58-1 de la invocada legislación, es necesario acudir, sólo para lo no previsto, a la regla genérica de formulación de alegatos establecida en la normatividad aplicable, puesto que sólo de esa manera se podrá respetar a cabalidad el derecho que tienen las partes contendientes, para formular sus alegatos en el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria que, como se dijo, constituye una fase obligada.

"Además, la anterior determinación, aplicable a la vía ordinaria, de ninguna manera riñe con lo dispuesto en las disposiciones relacionadas con la tramitación de juicios en la vía sumaria, puesto que para éstos también se previene claramente la oportunidad de formular alegatos, empero, no se regula alguna forma o plazo específicos para su recepción, únicamente se indica, como ya se dijo, que podrán ser presentados antes del cierre del periodo de instrucción.

"Precisamente por ello, es necesario acotar en esta ejecutoria que la especial naturaleza de los alegatos que se reseñó en párrafos precedentes, impide considerar al menos la posibilidad de que sean formulados cuando aún no han concluido siquiera las fases postulatoria y probatoria de las que se habló líneas atrás, puesto que, en ese caso, no podrían ser de utilidad, ni cumplirían con su auténtica función dentro del juicio contencioso administrativo, al no podérseles calificar como alegatos de bien probado.

"En esas condiciones, no puede sino partirse de la base de que esa oportunidad a favor de las partes, obligadamente debe materializarse en forma posterior a la recepción de demanda, su contestación, ampliación y contestación de ésta, en su caso, así como de las pruebas aportadas; sin embargo, para ello es necesario que las partes tengan conciencia plena de que cuentan con esa posibilidad de alegar, si desean hacer uso de ella, desde luego.

"Ahí es donde radica, justamente, la trascendencia de la violación procesal advertida de forma oficiosa por este órgano de control constitucional, puesto que si no existe algún comunicado por medio del cual se le haga saber a las partes de manera expresa que cuentan con la oportunidad de alegar antes del cierre de instrucción, es decir, no se apertura una etapa exclusivamente para la recepción de alegatos, de ninguna manera se salvaguarda, en la práctica, dicha prerrogativa que constituye, como se dijo, una garantía procesal elevada a rango constitucional, puesto que las partes no tienen pleno conocimiento de que cuentan con esa oportunidad en el juicio sumario; tanto es así, que en el caso concreto ni siquiera en el auto admisorio se les hizo saber que tenían dicha oportunidad hasta antes del cierre de instrucción.

"Lo anterior, torna indispensable llevar a cabo la interpretación sistemática de toda la serie de normas precisadas con anticipación, así como del diverso numeral 58-15 de la invocada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cual se previene que a falta de disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, debe aplicarse el de tres días, para establecer en esta ejecutoria que en los juicios tramitados en la vía sumaria y una vez concluidas las fases expositiva y probatoria a las que se hizo referencia en forma previa, los Magistrados instructores se encuentran obligados a aperturar un periodo especial de tres días, en el que otorguen a las partes la oportunidad de formular sus alegatos, puesto que sólo de esa manera estarán respetando a cabalidad sus garantías individuales y derechos humanos de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.

"Máxime, cuando la propia disposición genérica previamente aludida, contenida en el artículo 47 de la legislación aplicable, que dispone la obligación de atender los alegatos formulados en el juicio contencioso administrativo, exige que los mismos hayan sido presentados en tiempo y por escrito; de tal suerte que es necesario delimitar la oportunidad y los tiempos para ello, pues de lo contrario se tornará nugatorio el aludido derecho procedimental.

"Además, esta forma de interpretación resulta más acorde a la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que propugna por la más amplia protección de tales prerrogativas fundamentales pues, de lo contrario, se insiste, se vuelve prácticamente nugatoria dicha oportunidad de alegar que, como se indicó, cobra especial relevancia en los juicios tramitados conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"De tal manera que, tal como lo previene el artículo 47 de la invocada legislación, aplicado en lo conducente, una vez transcurrido el plazo de tres días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se debe cumplir la exigencia procesal de emitir el acuerdo corres

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26657-bca4d48a/alegatos-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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