SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, SEXTO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en la materia administrativa, pero de diferentes circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; en virtud de que la posible contradicción de criterios versa sobre la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que a continuación se reproduce, como fundamento de esta determinación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.
"Décima Época. Registro 2000331. Pleno. Tesis aislada. Materia común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9."
SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. Criterios materia de la contradicción. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Amparo en revisión (improcedencia) 291/2012 del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fallado el diecisiete de enero de dos mil trece.
La parte que interesa de la ejecutoria pronunciada textualmente dice:
"... Ahora, la Juez de Distrito estimó que debía desecharse la demanda de amparo, atento a que tales actos no afectaban de manera directa e irremediable algún derecho sustantivo permeado por los derechos humanos del solicitante de amparo, sino que ello ocurriría, en todo caso, al momento de resolverse la controversia de origen planteada ante la autoridad responsable, por lo que debía aguardarse hasta su dictado para analizar tales violaciones procesales.
"...
"Así, puede concluirse que la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo es de aplicación estricta, en virtud de que el desechamiento de la demanda puede ocasionar daños al quejoso, al privarlo de su oportunidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las causales de improcedencia que pudieran haberse apreciado. Tomando en consideración, además, que el auto de admisión no afecta a las demás partes en el juicio, pues tienen oportunidad de demostrar la existencia de la causa de improcedencia y porque el auto admisorio no impide al juzgador sobreseer por ese u otros motivos.
"Igualmente, debe señalarse que, atento a lo anterior, en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios propios de la sentencia, ya que en ese estado procesal sólo pueden tenerse en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano el desechamiento.
"Bajo este marco referencial se tiene que no le asiste razón al recurrente cuando alega que los actos reclamados en el juicio de amparo sí eran de imposible reparación, ya que si se dictara una resolución en el procedimiento de separación en el que se decretara la terminación del servicio civil de carrera de procuración de Justicia Federal, no se le reinstalaría en su cargo, acorde al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, además, porque dice, impugnó la inconstitucionalidad de los artículos tanto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como de su reglamento, derivado de su primer acto de aplicación.
"Lo anterior, en virtud de que cabe recordar que, como lo dijo la juzgadora, el ahora inconforme reclamó como acto destacado de autoridad y de aplicación de los ordenamientos que tilda de inconstitucionales, el consistente en el oficio STCP/OAI/3898/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, suscrito por la secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se inició el procedimiento administrativo de separación del servidor profesional de Carrera Ministerial Policial y Pericial, en contra del ahora quejoso, sin que demostrara que dicho acto impugnado causará sobre su persona una ejecución de imposible reparación.
"Ello, en virtud de que, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, radica en la afectación inmediata sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo.
"En ese sentido, los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución Federal por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, posesiones, derechos, etcétera, deben ser afectados de manera inmediata para que se consideren que sean de imposible reparación, es decir, no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien lo sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio.
"Así, los actos que no se incluyen en tal concepción, es decir, los actos reparables, que no trastocan tales valores fundamentales, tienen la posibilidad de que tal reparabilidad se produzca cuando se emita la resolución definitiva a ese procedimiento.
"Luego, se reitera, el ahora inconforme reclamó como acto destacado de autoridad y de aplicación de los ordenamientos que tilda de inconstitucionales, el consistente en oficio STCP/OAI/3898/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, suscrito por la secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se inició el procedimiento administrativo de separación del Servidor Profesional de Carrera Ministerial Policial y Pericial, en contra del ahora quejoso por haber obtenido el resultado de no aprobado en el proceso de evaluación de control de confianza que se desprende del resultado de evaluación conjunta.
"Sin embargo, tal acto no quebranta en perjuicio de la parte inconforme de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, ya que sólo se producen efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto meramente adjetivo, con motivo de iniciarle el procedimiento correspondiente y citársele a la audiencia respectiva por no haber aprobado el proceso de evaluación conjunta; sin que con ello se le esté denegando el derecho a preparar su defensa, es decir, ofrecer pruebas, formular alegatos e imponerse en los autos de dicho procedimiento.
"Pues en todo caso, la afectación podría actualizarse, hasta que la autoridad responsable dictara la resolución respectiva, en la que fuera desfavorable a los intereses del inconforme y, entonces, ahí pudieran hacer valer todas las violaciones durante el procedimiento que haya considerado que lo dejaron sin defensa, como podría ser en el caso, la no aprobación del proceso de evaluación; de lo contrario, podría acontecer que el acto reclamado no trascienda en perjuicio de la parte quejosa a la resolución definitiva del procedimiento respectivo.
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 119/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 442, cuyos rubro y texto señalan: ‘SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE, NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR.’ (se transcribe).
"Aunque el criterio transcrito versa sobre el desechamiento de pruebas en el procedimiento de separación, resulta conducente para normar el criterio de este tribunal, en razón de que en él se establece que los actos emitidos durante dicho procedimiento no serán impugnables en amparo cuando no sean de imposible reparación ni ocasionen una afectación adjetiva en grado predominante superior.
"En el evento, el inicio del procedimiento y la citación para la audiencia de ley, no afectan derechos sustantivos sino sólo adjetivos, pues se refieren al procedimiento exclusivamente y no puede estimarse que afecten en forma definitiva los derechos adjetivos o procesales de defensa del quejoso, pues sus consecuencias son susceptibles de repararse por la autoridad resolutora al emitir fallo favorable, ocasionando que no trasciendan a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación.
"Igualmente, las consecuencias del inicio del procedimiento no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto resultan necesarios para la debida integración de la litis y la solución del procedimiento, pero no determinan definitivamente el rumbo de éste, toda vez que no condicionan la posibilidad del quejoso de obtener una resolución a su favor atendiendo a la universalidad de las constancias respectivas.
"Es decir, tales actos reclamados únicamente tienen como efecto directo sujetar al quejoso al procedimiento administrativo de separación referido, en el cual se determinará si ha incumplido o no con alguno de los requisitos de permanencia legales, sin que ese solo hecho implique su separación del cargo ya que, por un lado, durante la secuela procedimental se encuentra en aptitud de demostrar la satisfacción de tales exigencias y, por el otro lado, la eventual decisión desfavorable que recaiga será tomada por parte del Consejo de Profesionalización hasta el dictado de la resolución definitiva con que concluya dicho procedimiento, dado que hasta ese momento determinará si el servidor público debe o no ser separado de su encargo como agente del Ministerio Público de la Federación.
"...
"Por otra parte, respecto de las reglas para estudiar la procedencia del amparo contra leyes cuando se promueve con motivo de su primer acto de aplicación, debe recordarse que es criterio del Máximo Tribunal que no se puede reclamar leyes con motivo de su primer acto de aplicación en un procedimiento seguido en forma de juicio, para que se surta la excepción al principio de definitividad de las resoluciones, pues es necesario que esa aplicación sea de imposible reparación.
"Se corrobora tal afirmación de la lectura, en lo conducente, el criterio 2a./J. 215/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Novena Época, enero de 2010, página 267, que dice:
"‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (se transcribe)
"También se cita en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, del tenor siguiente: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.’ (se transcribe).
"...
"Luego, es infundado lo dicho por el inconforme, en el sentido de que al llegar a dictarse una resolución en el procedimiento de separación en el que se decrete su terminación del servicio civil de carrera de procuración de Justicia Federal, no se le reinstalaría en su cargo; ello, en virtud de que parte de una presunción, ya que no existe certeza de que lo dicho por el inconforme acontezca, en virtud de que, como se dijo con anterioridad, la afectación a sus derechos sustantivos, podría actualizarse hasta que la autoridad responsable dictara la resolución respectiva, que podría ser favorable a sus intereses.
"Corolario de lo anterior, este órgano judicial concluye que, contrario a lo que sostiene el recurrente, es correcta la determinación del a quo de desechar la demanda, pues las premisas son demostrativas de que sí se actualizó en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que lleva a confirmar el auto recurrido."
II. Amparo en revisión 758/2009, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, fallado el día quince de abril de dos mil diez.
La parte conducente de la ejecutoria dice:
"SEXTO. En otro aspecto, los restantes agravios hechos valer por la parte recurrente resultan esencialmente fundados.
"...
"Ahora bien, se dice que son fundados los anteriores agravios, porque de la interpretación relacionada de las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se concluye que para efectos de la procedencia del amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo que aún no concluye, la expresión ‘ejecución de imposible reparación’, debe estimarse referida a la afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, no reparables al impugnarse en amparo la resolución culminatoria del procedimiento, como acontece en el caso concreto.
"En efecto, el aquí quejoso destaca como primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, el inicio del procedimiento administrativo, decretado mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, notificado el veintisiete de marzo de dos mil nueve, mediante oficio STCP/OAI/762/09, emitido en el expediente **********, por medio del cual se incoa el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en su cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, por la no aprobación del proceso de evaluación conjunta, con base en la queja presentada en su contra por el delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, citándolo a la audiencia de ley.
"Y si bien, el amparo indirecto, en contra de un procedimiento administrativo, es procedente, por regla general, hasta que se dicta la resolución definitiva, lo cierto es que existen casos de excepción, como el presente en que los efectos de dicha sentencia, no son susceptibles de repararse en el juicio de garantías que en su caso se promueva contra la resolución definitiva que se dicte en el referido procedimiento.
"Lo anterior es así, porque como con acierto lo alega la parte aquí inconforme, a raíz de las reformas al artículo 123 del apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se establece lo siguiente: (se transcribe).
"Del artículo transcrito, se obtiene que si bien, al culminar el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia a que está sujeto el aquí inconforme, puede llegar a obtener una sentencia favorable, en contraposición a ello, dada la naturaleza del procedimiento administrativo iniciado en su contra, de no obtener un fallo favorable, se afectarían en su perjuicio de modo directo e inmediato derechos sustantivos de imposible reparación, pues al resultar contraria a sus intereses, e impugnar tal determinación, jamás podría ser reinstalado en el cargo que ostenta, puesto que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de resolverse que la separación fue injustificada, la autoridad sólo estaría obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, lesionando el derecho fundamental relativo a la estabilidad en el empleo.
"Así es, de la exposición de motivos que animan las reformas al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor a partir del día diecinueve de ese mismo mes y año, como aspecto medular se destacó lo siguiente: (se transcribe).
"De lo anterior, se advierte que la intención del legislador es el no permitir, bajo ningún supuesto la reinstalación o restitución de los miembros de las instituciones policiales, de la procuración de justicia y la investigación de delitos en sus cargos después de haber sido separados o destituidos de los mismos, con la finalidad de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia.
"Así es, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en forma clara que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto, señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; de tal manera que si la autoridad jurisdiccional llegara a resolver que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Al respecto resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 150, del Volumen 157-162, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).
"Luego, si en el caso concreto, culminado el procedimiento administrativo, se determina la separación del aquí inconforme en el servicio civil de carrera de procuración de justicia, al promover este último el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, haciendo valer la inconstitucionalidad de los preceptos en que se basa tal procedimiento administrativo, ello traería como consecuencia que, aun al declararse inconstitucionales los preceptos que reclama el aquí recurrente, el procedimiento administrativo sería declarado nulo; sin embargo, los efectos del fallo protector jamás consistirán en restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, porque el texto del artículo 80 de la Ley de Amparo no puede contravenir la intención del legislador plasmada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"De esa manera, la eventual reinstalación del aquí quejoso en el puesto que actualmente desempeña, en los términos apuntados, de ninguna manera lo obliga a promover la demanda de amparo, hasta el dictado de la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo, porque como se destacó en párrafos precedentes, el inicio de tal procedimiento constituye un acto de ejecución de imposible reparación, que puede impugnarse en amparo indirecto, razón por la cual no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo.
"De ahí entonces que el inicio del procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia, incoado al aquí inconforme, constituye un acto de imposible reparación, que puede impugnarse en amparo indirecto y, por consiguiente, la inconstitucionalidad de las normas en que se basa tal procedimiento.
"Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 78/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (se transcribe).
"En las relatadas condiciones, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el ordinal 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto concreto de aplicación, consistente en el acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil nueve.
"En consecuencia, resulta innecesario analizar los restantes agravios hechos valer por el aquí inconforme, pues cualquiera que sea el resultado de estudio, no se arribaría a conclusión distinta, al no estimarse actualizada la citada causal de improcedencia."
Al respecto emitió la tesis siguiente:
"AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, EXCEPCIONALMENTE, CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SEPARACIÓN DEL CARGO, SIN ESPERAR AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON QUE CULMINE. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías indirecto promovido respecto de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio procede, por regla general, hasta que se dicta la resolución definitiva, también lo es que existen casos de excepción, en que ni a través del amparo promovido contra los efectos de dicha resolución podrían repararse las violaciones sustantivas cometidas durante el procedimiento. En estas condiciones, el inicio del procedimiento administrativo para determinar la separación del cargo de un agente del Ministerio Público, constituye un acto de imposible reparación que puede impugnarse en amparo indirecto sin esperar al dictado de la resolución definitiva con que culmine. Lo anterior, porque a raíz de las reformas al artículo 123, del apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, aun de obtener un fallo favorable se afectarían irreparablemente sus derechos fundamentales, al no poder ser reinstalado en el cargo que ostenta, pues en acatamiento a la citada disposición constitucional de resolverse que la separación fue injustificada, la autoridad sólo estaría obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda la reincorporación del quejoso al servicio, lesionándose con ello la garantía de estabilidad en el empleo." (Novena Época. Registro IUS: 163893. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Materia administrativa. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, tesis XVII.26 A, página 1155)
"Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
"Amparo en revisión 758/2009. Jorge Arturo Echavarría Cruz. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Maldonado Porras, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Guadalupe Contreras Jurado.
"Amparo en revisión (improcedencia) 156/2010. **********. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Artemio Hernández González. Secretario: Salvador Alberto Nassri Valverde."
III. Amparo en revisión (improcedencia) 124/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, fallado el día veintitrés de mayo de dos mil doce.
La parte conducente de la ejecutoria dice:
"CUARTO. Son parcialmente fundados los argumentos que como agravio se hacen valer, por las razones que a continuación se exponen.
"...
"Por otro lado, son esencialmente fundados en lo restante los argumentos que a manera de agravio formula el quejoso recurrente.
"En efecto, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
"Artículo 145." (se transcribe).
"Del contenido del precepto legal transcrito, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, debiendo entender por ‘ma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24461-75b1ca25/servicio-profesional-de-carrera-ministerial-policial-y-pericial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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