SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, LUZ CUETO MARTÍNEZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, CARLOS AMADO YÁÑEZ Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. PONENTE: LUZ CUETO MARTÍNEZ. SECRETARIO: IVÁN GUERRERO BARÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, órgano jurisdiccional que emitió una de las ejecutorias que contienen los criterios contendientes.
TERCERO. Con el objeto de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, enseguida se transcribirán las partes conducentes de las ejecutorias que contienen los criterios contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 95/2014-1283, determinó lo siguiente:
"TERCERO. Con el propósito de resolver los planteamientos que propone la inconforme en su escrito de agravios, conviene informar respecto de las consideraciones que dan sustento al auto combatido. La Juez Federal determinó que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Refirió, en primer lugar, que el acto reclamado en el juicio constitucional consistía en la resolución dictada el veintiuno de enero de dos mil trece, en el expediente INVEADF/OV/DUYUS/3519/2012, a través de la cual se ordenó la clausura total temporal del establecimiento de la quejosa, y su ejecución. Por otro lado, estableció que, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el acto autoritario controvertido puede ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo, en el cual la promovente puede obtener la suspensión de sus efectos sin tener que satisfacer mayores requisitos de los que exige la Ley de Amparo, justificando su afirmación en la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.’. Agregó que el acto reclamado también podía ser revocado mediante la interposición del recurso de revisión previsto en el diverso 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Señaló, además, que en el caso no se advertía la actualización de alguna excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, destacando que si bien la promovente propuso violaciones directas a la Constitución, lo cierto es que también atribuyó vicios de ilegalidad al acto autoritario controvertido (violaciones indirectas). Con base en ello, determinó que la agraviada debió promover el juicio anulatorio local en contra de la resolución mediante la cual se impuso la clausura que fue ejecutada a su establecimiento antes de instar la acción constitucional. Para controvertir las anteriores consideraciones, la quejosa alega, en la primera parte de su único agravio, que no está obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra de los actos reclamados, porque la legislación que lo regula prevé un plazo mayor que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional. Afirma lo anterior sobre la base de que al no disponer expresamente la ley orgánica del mencionado tribunal el plazo con que cuenta el Magistrado instructor para resolver sobre la concesión de la medida cautelar una vez que recibe la demanda, debe entenderse que cuenta con un lapso de tres días, de conformidad con el artículo 75 de dicho ordenamiento, que prescribe el plazo para aquellas actuaciones procedimentales respecto de las cuales la ley no señale uno de forma expresa. Agrega que, conforme al artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el presidente turnará la demanda al Magistrado instructor, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, para que resuelva sobre su admisión, prevención o desechamiento. Con base en lo expuesto, la inconforme concluye que el plazo para proveer sobre la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo local es mayor al establecido en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, esto es, veinticuatro horas de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo. A efecto de dar solución al alegato sintetizado, conviene tomar en cuenta, en primer lugar, que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dispone que el juicio anulatorio se sustanciará y resolverá con arreglo a las normas procedimentales previstas en ella y, que a falta de disposición expresa, se observará lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en lo que resulte aplicable y no se oponga a ella. La anterior disposición cobra lógica si se toma en cuenta que el ordenamiento supletorio regula el procedimiento a través del cual un particular puede controvertir la legalidad de los actos administrativos a nivel federal, lo que evidencia su afinidad con la legislación que suplirá. En relación con las normas que rigen la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo local, el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prescribe que dicha determinación es competencia del Magistrado instructor, quien deberá comunicarla a las autoridades demandadas de forma inmediata para su cumplimiento. Sin embargo, el plazo en que habrá de resolver el otorgamiento de la medida cautelar no se encuentra definido en dicho precepto ni en algún otro del ordenamiento mencionado, lo que evidencia la existencia de la laguna normativa que refiere la promovente. Por otro lado, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud relativa. En ese orden de ideas, si se toma en cuenta que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé expresamente la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para solventar la falta de una disposición expresa respecto de la sustanciación del juicio anulatorio local, debe concluirse, con base en dicha supletoriedad, que el plazo con que cuenta el Magistrado instructor para decidir sobre la suspensión se rige conforme el artículo 28, fracción III, inciso c), del último ordenamiento mencionado, en virtud de que dicha disposición regula la tramitación de la misma institución jurídica cuya normatividad se estima insuficiente, razón por la cual debe concluirse que su contenido es el idóneo para dar solución a tal deficiencia. Por tanto, no debe ser aplicado en el supuesto examinado el plazo genérico de tres días establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ya que existe una norma específica de carácter supletorio que define el plazo para proveer la medida cautelar. En ese contexto, es evidente que la ley procedimental que rige el juicio contencioso administrativo local prevé el mismo lapso para resolver sobre el otorgamiento de la medida cautelar que el artículo 112 de la Ley de Amparo respecto de la suspensión provisional, esto es, veinticuatro horas a partir de que es presentada al Juez la demanda respectiva o, en su caso, que le sea turnada. No modifica la anterior determinación el alegato de la agraviada en el sentido de que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dispone que el presidente del tribunal local cuenta hasta con cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la presentación de la demanda, para turnarla al Magistrado instructor. Ello es así, ya que el punto de partida para determinar el plazo con que cuenta el juzgador para proveer respecto de la medida cautelar debe ser el momento en que tiene a su disposición las constancias relativas, sin incluir el tiempo que administrativamente implica poner en su conocimiento un asunto, consideración que es congruente con el propio artículo 112 de la Ley de Amparo que expresamente define que el lapso de veinticuatro horas transcurre a partir de que la demanda sea presentada o turnada al juzgador. De ahí que el lapso de cuarenta y ocho horas con que cuenta el presidente del Tribunal Local para remitir la demanda anulatoria al Magistrado instructor no constituye una condición que retrase la concesión de la suspensión, toda vez que la labor del primero de los funcionarios mencionados se limita a la recepción y turno de la demanda, mientras que el segundo de ellos es quien asume jurisdicción sobre el asunto y, por ello, el plazo de un día con que cuenta para decidir el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado corre a partir de que éste tiene las constancias respectivas. Con base en lo expuesto, este órgano colegiado concluye que, contrario a lo alegado por la demandante, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no prevé un plazo mayor para conceder la suspensión del acto impugnado que el establecido en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar en forma provisional. Desde diversa perspectiva, la quejosa expone que la ley que rige el juicio anulatorio local sí exige mayores requisitos que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para proveer respecto de la suspensión definitiva de los actos autoritarios. Refiere que el artículo 101 del primer ordenamiento mencionado dispone que, para otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios, es necesario acreditar que la afectación resentida por el acto combatido impida al demandante ejercer su única actividad o acceder a su domicilio particular, mientras que el segundo cuerpo normativo sólo exige un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho con el interés social. Con la finalidad de determinar si se actualiza la excepción al principio de definitividad relativa a que el medio ordinario de defensa que resulta procedente imponga al particular más requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, es necesario efectuar las siguientes aclaraciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 244/2011, analizó los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y determinó que la legislación local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece para el otorgamiento de la suspensión. La sentencia mencionada dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, página 496, que establece: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para concede
la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada ley orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.’. Aun cuando la citada ley reglamentaria no es la que actualmente rige para el juicio de garantías, es indispensable tomar en cuenta que el criterio del Alto Tribunal fue adoptado en sesión de veintinueve de junio de dos mil once, es decir, cuando ya estaba en vigor la redacción actual del artículo 107, fracción IV, constitucional, del siguiente tenor: ‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.’. Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente dispone: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’. Por ende, no ha habido variación respecto de los términos en que se encontraban previstas las excepciones al principio de definitividad que interesan para este asunto, a partir de que se emitió la jurisprudencia de referencia. Incluso, en la posterior contradicción de tesis 394/2011, que se decidió el diecinueve de octubre de dos mil once, el Alto Tribunal definió lo siguiente: ‘... Ahora, por los términos en que se presenta la materia de la contradicción de tesis, la misma debe declararse improcedente. Efectivamente, no se está en el caso de analizar el estudio de fondo de la presente contradicción, porque el tema ya ha sido abordado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del veintinueve de junio de dos mil once, al resolver la contradicción de tesis 244/2011, en que la materia de dicha contradicción se constriñó a definir si la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Pues bien, de la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia número 2a./J. 125/2011, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ... . En consecuencia, esta Segunda Sala en sesión de veintinueve de junio de dos mil once, resolvió que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo, por lo que previo al juicio de amparo debe promoverse el juicio de nulidad ante aquél. Puntualizado lo anterior, es inconcuso que la presente contradicción de tesis debe declararse improcedente, en razón de que la denuncia que da inicio al presente asunto se presentó el seis de septiembre de dos mil once, esto es, con posterioridad a la fecha de resolución de la contradicción de tesis 244/2011; así, es claro que ya no existe la inseguridad jurídica que provocaba la divergencia de criterios denunciada. En conclusión, procede declarar improcedente la presente contradicción de tesis.’. La reproducción anterior demuestra que la Suprema Corte ha considerado que el tema que propone la recurrente, relativo a si la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, ya no puede ser abordado, toda vez que se agotó en la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia transcrita previamente. Esa determinación también es aplicable para este caso, dado que los preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que estudió la Suprema Corte no han sufrido alguna reforma relevante por cuanto hace a las exigencias que se deben cubrir a fin de que se otorgue la medida cautelar. En efecto, a la fecha únicamente se han efectuado las siguientes modificaciones: • Se precisó que la suspensión puede consistir en la orden de custodia del folio real de un predio (artículo 100). • Se aclaró la redacción del precepto que dispone la garantía del interés fiscal como un requisito de efectividad de la medida cautelar contra créditos de esa naturaleza (artículo 103). Lo anterior demuestra que en el ordenamiento local actual no se han añadido requisitos de procedencia para la concesión de la medida cautelar; de ahí que, si el mismo tema y artículos fueron objeto de análisis por parte del Alto Tribunal, la única manera de afirmar que se actualiza la excepción al principio de definitividad sería si se estimara que la Ley de Amparo en vigor es incluso más benéfica que la abrogada, en el aspecto de que se trata (requisitos para el otorgamiento de la suspensión). Al respecto, se debe destacar que ambos dispositivos son coincidentes por cuanto hace a que la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa del juicio, mientras no se dicte sentencia ejecutoria y que su concesión está condicionada a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público. No obstante, a diferencia de la legislación vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la Ley de Amparo actual dispone expresamente, en su artículo 147, que la medida cautelar podrá tener efectos restitutorios, es decir, que se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, siempre y cuando la decisión sea compatible con la naturaleza del acto reclamado, además de que no exista alguna imposibilidad material o jurídica. En relación con ese aspecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal: ‘Artículo 101. El Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgará la misma.’. Como se evidencia de su lectura, si bien el precepto de mérito permite la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, ello sólo está autorizado en el caso de que el acto impugnado haya sido ejecutado y, por tal motivo, se impida al promovente el acceso a su vivienda o el ejercicio de su única actividad. Sin embargo, como se especificó en líneas anteriores, ese artículo no ha sido modificado y, por ende, ya fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), pero en ninguna parte de la resolución correspondiente se indicó que esa salvedad constituyera un requisito para conceder la suspensión. A pesar de lo anterior, también es cierto que el Alto Tribunal no efectuó un pronunciamiento expreso sobre el tema, aun cuando uno de los tribunales contendientes sí lo abordó. Por tal motivo, conviene definir si la condición que prevé el ordenamiento local para que sea viable otorgar a la suspensión efectos restitutorios implica que prevé requisitos superiores a los existentes en materia de amparo. Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el vocablo requisito corresponde a una ‘circunstancia o condición necesaria para algo.’. Por su parte, la interpretación en sentido contrario del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que, si el medio de defensa ordinario que procede contra actos de autoridad distinta a un tribunal establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, no será necesario agotarlo antes de acudir al amparo indirecto. Lo anterior implica que dicha excepción sólo opera cuando la ley ordinaria condiciona el otorgamiento de la medida cautelar a que se cumpla alguna exigencia. En tales condiciones, queda claro que los únicos aspectos que en realidad pueden identificarse como ‘requisitos’ son aquellos que, sin su satisfacción, conducen a que se niegue la suspensión. Consecuentemente, el hecho de que la Ley de Amparo actual permita la suspensión con efectos restitutorios no equivale a que sus requisitos sean menores que los que establecía el ordenamiento abrogado pues, en realidad, deben cubrirse esencialmente las mismas condiciones. Por ende, si ya se aclaró que la confronta entre ambas normas, por cuanto hace a los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar, ya fue llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cabe más que concluir que la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) también resuelve este caso, en virtud de que, se reitera, los dispositivos analizados son esencialmente iguales a los que conciernen para este recurso de queja. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, conforme a las explicaciones que anteceden, no es propio otorgarle la connotación de ‘requisito’ a las salvedades que prevé el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en virtud de que no se refiere a una hipótesis normativa en la que el juzgador esté obligado a negar al actor la medida cautelar. Esto es, no es viable afirmar que, por el solo hecho de que el promovente no demuestre que el acto que le agravia le impide el ejercicio de su única ocupación o el ingreso a su domicilio particular, ya no procede la suspensión. En realidad, lo que prevé ese ordenamiento es que, si el enjuiciante no demuestra ubicarse en alguna de esas hipótesis, no se podrá conceder la medida con efectos restitutorios. Es decir, se trata de una salvedad relacionada con los efectos, no con su concesión o negativa. En otras palabras, esa distinción determina si la suspensión puede tener únicamente efectos suspensivos en sentido estricto, o bien, provisionalmente restitutorios. Además de lo explicado previamente, este tribunal estima que el vocablo ‘requisito’, de acuerdo con su acepción común, debe entenderse como una condición previa que el solicitante debe satisfacer para obtener una prebenda, lo cual es un motivo adicional para considerar que el artículo 101 que se analiza no se refiere a ello, ya que no indica ‘qué debe hacer’ el actor para que se le conceda la suspensión, como sería, por ejemplo, el requisito relativo a solicitarla antes del dictado de la sentencia definitiva. En realidad, sólo se trata de casos particulares en los que el legislador local decidió permitir que la medida cautelar goce de un efecto que es superior al que tendría conforme a su naturaleza más esencial (suspensiva, de detener una acción). Finalmente, la inconforme alega que si bien propuso tanto violaciones directas como indirectas a la Constitución en su demanda de amparo, lo cierto es que la exposición de estas últimas sólo tuvo como objeto evidenciar la infracción de los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, mas no proponer en el juicio de garantías vicios de ilegalidad respecto de los actos reclamados. El planteamiento sintetizado debe desestimarse, ya que el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo dispone expresa y categóricamente que el particular no estará obligado a agotar la interposición del medio ordinario de impugnación que exista en contra de los actos reclamados cuando sólo alegue respecto de ellos violaciones directas a la Constitución, supuesto que no se actualiza en el caso, ya que del examen de la demanda de garantías se advierte que la promovente propuso diversos planteamientos cuya eficacia hizo depender directa y exclusivamente en la inobservancia de los plazos previstos en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal dentro del procedimiento que le fue instaurado. Cabe agregar que resulta intrascendente cual fue la intención de la agraviada al exponer en su demanda violaciones indirectas a la constitución, toda vez que el único aspecto que debe examinarse para determinar si se actualiza o no el supuesto de excepción al principio de definitividad es comprobar que solamente se hayan sometido a consideración del Juez Federal transgresiones directas a la Carta Magna, hipótesis que, se reitera, no se configuró en la especie."
Por otra parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 49/2013-670, consideró lo siguiente:
"QUINTO. Análisis de los argumentos que como agravios se hacen valer. En principio es necesario aclarar que el acto reclamado en la demanda de garantías lo constituye la resolución contenida en el oficio RPPyC/DJ/589/2013, de quince de marzo de dos mil trece, por el cual el director jurídico de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, indicó que el folio real de mérito presenta diversas inconsistencias por lo cual se encuentra imposibilitado para acreditar la debida creación de los ‘folios reales 699439 matriz y su auxiliar 2’ (folios 33 y 34 del expediente del juicio de amparo). Precisado lo anterior, se advi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25323-ce0cff75/suspension-provisional-la-ley-organica-del-tribunal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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