EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN QUE DEBE CONOCER DE ÉSTA CUANDO EL INCULPADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE DISTINTO FUERO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA EMITIÓ, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA SUSTANTIVA O ADJETIVA DEL SUPUESTO DE QUE SE TRATE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DE LOURDES LOZANO MENDOZA (PRESIDENTA), OLGA ESTREVER ESCAMILLA, JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA, RAÚL VALERIO RAMÍREZ Y JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. PONENTE: JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. SECRETARIO: JORGE WENCES AGUIRRE.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de siete de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 4/2020, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, con los diversos Tercero y Cuarto, todos en Materia Penal del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Penal de este Segundo Circuito, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los conflictos competenciales ********** y **********, respectivamente, en los que declararon, por unanimidad de votos, legalmente competente para conocer de las ejecuciones de las medidas cautelares de prisión preventiva ********** y **********, al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
Asimismo, el denunciante expresó que el Tercer y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al emitir las resoluciones relativas a los conflictos competenciales ********** y **********, respectivamente, declararon, en el primero por unanimidad de votos, y el segundo por mayoría de votos, legalmente competente para conocer de las ejecuciones de las medidas cautelares de prisión preventiva ********** y **********, al denunciante, esto es, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
SEGUNDO.—Trámite. Por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, el presidente de este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados mencionados copia certificada de las ejecutorias dictadas en los respectivos conflictos competenciales; y, que informaran si los criterios sustentados se encuentran vigentes o, en su caso, las razones para tenerlos por superados o abandonados.
Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio procedente de la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informó que durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema materia de la presente contradicción.
Asimismo, se turnó el asunto al Magistrado José Francisco Cilia López, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; ello, mientras sucede la traslación derivada de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil veintiuno, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros artículos se reformó el numeral 94 de la Carta Magna, por el que se introduce la figura de los Plenos Regionales y desaparecen los Plenos de Circuito; asimismo, que conforme a su transitorio segundo, se estableció que el Congreso de la Unión dentro de los ciento ochenta días siguientes, debería aprobar la legislación secundaria derivada del mismo y en el quinto transitorio, se señaló que el Consejo de la Judicatura Federal adoptaría las medidas necesarias para convertir los Plenos de Circuito en Plenos Regionales.
TERCERO.—Reanudación de plazos y autorización para resolución en sesión por videoconferencia. En términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 27 del Acuerdo General 21/2020, reformado mediante el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año en curso,(1) por lo que se estableció que las sesiones ordinarias de los Plenos de Circuito se celebrarán por videoconferencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de este Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, quien está facultado para ello, al haber sido parte en los asuntos que motivaron los criterios contendientes, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Presupuestos para la existencia de la contradicción. El objetivo de formular la denuncia de contradicción de tesis es resolver el diferendo interpretativo surgido entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito en salvaguarda de los principios de certeza y seguridad jurídicas; ello, con independencia de que las cuestiones fácticas que den origen a los criterios no sean exactamente iguales.
Entonces, para que una contradicción de tesis exista, es necesario que:
a) Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que hayan ejercido su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de cualquier canon o método;
b) Que entre dichos ejercicios interpretativos exista al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que esto último pueda dar lugar a cuestionarse acerca de si una forma de abordar el punto jurídico es preferente en relación con cualquier otra legalmente posible.
Sobre este tema, son aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2010(2) y 1a./J. 23/2010,(3) ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sostienen, respectivamente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del Estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
No es obstáculo para analizar la existencia o no de la contradicción de tesis planteada, que de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes no se hayan redactado ni publicado las tesis aisladas respectivas, toda vez que en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 225 de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolver la contradicción de tesis, únicamente se requiere que se trate de criterios opuestos, mas no que éstos constituyan jurisprudencia o que hayan dado lugar a la redacción y publicación de una tesis.
Al tema, son aplicables las tesis de Jurisprudencia 1a./J. 129/2004(4) y 2a./J. 94/2000,(5) de la Primera y Segunda Salas, respectivamente, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el sólo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
CUARTO.—Criterios en contradicción. A fin de verificar si existe la mencionada disparidad de criterios, es menester transcribir las consideraciones expresadas al respecto por los tribunales contendientes.
Criterio 1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2020 en sesión de catorce de agosto de dos mil veinte, sostuvo:
"CUARTO.—Solución del conflicto competencial.
"Una vez analizadas las consideraciones que ambos órganos jurisdiccionales emitieron para sostener su incompetencia legal para conocer del asunto, de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como de las particularidades del caso, este Tribunal Colegiado estima que la competencia para conocer del procedimiento de ejecución de medida cautelar de ********** corresponde al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. Se explica.
"Tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis la Ley Nacional de Ejecución Penal, la misma resultaba aplicable, en lo general, a partir del día siguiente –diecisiete–, para los procedimientos o actos procedimentales que surgieran en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado hubiere causado estado antes del inicio de esa vigencia, pues en congruencia con las enmiendas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho y de ocho de octubre de dos mil trece, dicha legislación representa para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio idóneo para instrumentalizar los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, los cuales deben lograr su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible.
"Lo anterior, porque la intención del Poder Reformador de la Constitución en que se creara una ley única en materia de ejecución de penas fue con el fin de generar seguridad jurídica de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.
"Asimismo, mediante esta ley única se buscó que el Estado asumiera una serie de responsabilidades particulares, a fin de que las personas privadas de la libertad tuvieran las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna, siendo obligación del Estado velar por el respeto y garantía de sus derechos fundamentales, mientras se encuentren bajo su custodia directa, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios.
"Con base en ello, la Ley Nacional de Ejecución Penal concretó la figura del Juez ejecutor, para clarificar el procedimiento de ejecución de resoluciones condenatorias y la delimitación de reglas para sanciones no privativas de libertad; así como sustraer del Poder Ejecutivo las facultades para administrar la duración de las sentencias, convirtiendo a las autoridades penitenciarias en auxiliadores de los Jueces, respecto a las medidas de internamiento que hubiesen ordenado con motivo de la prisión preventiva o de la pena de prisión.
"En cuanto al objeto de esta ley, del contenido de su artículo 1, se aprecia que es el de establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
"Así, parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo del internamiento.
"En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
"En ese contexto, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece algunos regímenes relacionados con el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, de los que son de destacarse los siguientes:
"I. Internamiento: Se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura;
"II. Disciplinario: Establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del comité técnico del centro penitenciario; y,
"III. Traslados de las personas detenidas: Se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes.
"Ahora, los numerales 3, fracción XI y 24, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen como primer criterio de competencia de los Jueces de Ejecución, el relativo al fuero, sea este federal o local, al disponer:
"‘Artículo 3. Glosario
"‘Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por:
"‘...
"‘XI. Juez de Ejecución: A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley.’
"‘Artículo 24. Jueces de Ejecución "‘El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta ley.’
"En tanto que, el párrafo segundo del precitado artículo 24, establece una regla de competencia por territorio, y conforme a la cual son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.
"Sobre estas premisas, debe decirse que si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal dota de competencia a los Jueces de Ejecución para conocer del procedimiento de ejecución penal en cuya circunscripción territorial se encuentra la persona privada de la libertad y, por ende, de las controversias judiciales con motivo de las condiciones de internamiento, lo cierto es que mediante el Acuerdo General 5/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que la jurisdicción territorial de los juzgadores adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez comprendería, entre otros, el Municipio de Almoloya de Juárez y, por diverso 29/2019, de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se aprobó la adscripción de Jueces de Distrito con competencia en ejecución, entre otros, a ese Centro de Justicia Penal Federal, se indicó que tendría la competencia que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás normatividad aplicable, dentro de la jurisdicción territorial del centro.
"En este sentido, se itera, que el órgano competente para vigilar hasta este momento el cumplimiento de la medida cautelar impuesta a ********** es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, pues acorde a la normativa que ha sido destacada, la designación del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito para que se ejecute la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a **********, por sí misma es insuficiente para establecer que la referida autoridad federal no tiene injerencia para aplicar la normativa penitenciaria respectiva, más aún cuando las disposiciones de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal son de observancia general en la Federación y las entidades federativas.
"Ahora, no se pasa por alto el tema de fuero que refiere el Juez de Distrito especializado, cabe destacar que el artículo 20, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por disposición de su numeral 8, instituye como reglas de competencia: a) los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles que se hayan llevado a cabo dentro de la circunscripción territorial en la que ejerzan sus funciones, atendiendo a su distribución y las disposiciones establecidas por su ley orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura de los Estados; y, b) si el hecho punible es del orden federal, conocerán los órganos jurisdiccionales federales.
"En este contexto, si la información remitida por las autoridades contendientes para sustanciar la presente pone de relieve que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, le impuso como medida cautelar a ********** la prisión preventiva oficiosa, por hallarse vinculado al delito contra la salud en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado cannabis sativa l., deviene inconcuso que su vigilancia, hasta ahora, con independencia del centro penitenciario en la que se ejecute la misma, la legal competencia para vigilar su cumplimiento por razones de fuero, recae en el Juez de Ejecución adscrito Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por ser la autoridad cuya jurisdicción se habilitó mediante el precitado Acuerdo General 29/2019, publicado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, para resolver asuntos de su competencia, entre otros, en el Municipio de Almoloya de Juárez, acorde con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
"Sobre todo, cuando hasta el momento no existen elementos que den cabida a establecer si debe aplicarse o no la normativa que regula el funcionamiento del centro penitenciario o proceder a su interpretación, lo que impide efectuar, como lo realizó el citado Juez de Distrito en funciones de Juez de Ejecución, una interpretación diversa al artículo 24 de la citada ley nacional, en cuanto a fincar competencia en el procedimiento al juzgador que tenga jurisdicción en el lugar donde el sentenciado se encuentre interno, pues no se advierte la existencia de controversia alguna planteada por el imputado o autoridad diversa que permita a este órgano colegiado arribar a una conclusión diversa; de ahí que, bajo el presupuesto de que existe una legislación única en la materia y la medida cautelar cuya vigilancia se solicita fue emitida dentro de un procedimiento federal por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es menester hacer coherente tanto la competencia por razón de fuero, como la uniformidad en la legislación aplicable, sobre todo cuando el numeral de que se da cuenta en su párrafo tercero, establece que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia que determine su respectiva ley orgánica.
"Debe destacarse que el Procedimiento de Ejecución de Medida Cautelar **********, fue iniciado con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado ********** y hasta este momento no existe alguna determinación, sanción o actuación concreta que deba ser revisada por el Juez de Ejecución, en la que pueda apreciarse que efectivamente se realizará la aplicación o interpretación de alguna norma estatal, hasta el momento se está en presencia de una determinación que exige el cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
"Lo anterior no trastoca el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 3/2020, suscitado entre el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, actuando como Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta Jiménez y el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, invocado por el Juez declinante, pues en aquél se tomó como punto de partida la existencia de una controversia sobre condiciones de internamiento (sanciones disciplinarias) durante la fase de ejecución de la sentencia y no, como en el caso, por la circunstancia de que se esté ejecutando una medida cautelar contra el imputado en el centro penitenciario de referencia.
"En aquel conflicto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el concepto de ejecución de la sentencia penal; la naturaleza de las normas y sanciones disciplinarias que no tiene implicaciones sustantivas (a diferencia de aspectos como los beneficios preliberacionales que sí los tienen sobre la duración de la pena) y la legislación nacional en materia de ejecución de sanciones y distribución competencial.
"Sobre el concepto de ejecución penal estableció que una vez que la sentencia penal de orden condenatorio ha causado ejecutoria, ha concluido el proceso penal y se abre una nueva etapa, denominada ‘de ejecución’.
"En consecuencia, la etapa de ejecución de la pena es el procedimiento a través del cual se obtiene el cumplimiento de la sentencia penal de condena que ha causado ejecutoria, incluyendo las incidencias que surjan durante la vida penitenciaria y los beneficios a los cuales tiene derecho el sentenciado en términos del segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución General.
"Ahora sobre la naturaleza de las normas y sanciones disciplinarias, la Primera Sala tomó en cuenta lo que, por ella misma fue resuelto en los conflictos competenciales 343/2017 y 25/2018, en los que se enfatizó la importancia de que se dirimiese la competencia respecto a beneficios preliberacionales considerando que se regulan por disposiciones de naturaleza sustantiva, pues constituyen una variante de la ejecución de la pena o de su modificación y duración, por ende, tanto el Juez competente como la normatividad aplicable debe guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción.
"En cambio, la administración de la vida penitenciaria y, por ende, las condiciones de internamiento de los reclusos atienden más bien a cuestiones de organización fáctica que competen a la administración pública federal o local, las cuales, en primer orden, están sujetas a las decisiones que el Poder Ejecutivo Federal adopte a través de las dependencias correspondientes, por lo que en esos estudios se excluyó expresamente el análisis de las sanciones disciplinarias.
"Ya abordando el estudio que fue puesto a consideración de la Primera Sala, hace notar que el procedimiento de impugnación de sanciones disciplinarias se encuentra descrito en los artículos 46 y 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en consonancia con diversos artículos de la propia ley nacional. Por ende, refiere que las sanciones disciplinarias no guardan relación alguna con un aspecto sustantivo al no constituir variante de la ejecución de la pena o de su modificación o duración.
"Bajo esa premisa afirma que no existe necesariamente una conexión inescindible entre el fuero en el cual fue sentenciada la persona (federal o local) y el análisis de tales sanciones, como sí existe en el caso de los beneficios preliberacionales.
"Sin embargo, refiere la Primera Sala, la Ley Nacional de Ejecución Penal no contiene una disposición específica para denotar el juzgador competente para conocer de la impugnación de una sanción cuando la sentencia haya sido dictada en un fuero, pero se encuentre siendo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30256-46e8875a/ejecucion-de-la-medida-cautelar-de-prision-preventiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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