COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE INVESTIGAR ACTOS DE TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES Y DELITOS VINCULADOS; Y DE ESTABLECER Y COORDINAR EL REGISTRO NACIONAL DEL DELITO DE TORTURA, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ESOS HECHOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTÍN SOTO ORTIZ, SALVADOR CASTILLO GARRIDO Y VICENTE MARICHE DE LA GARZA, CONTRA EL VOTO DE LOS MAGISTRADOS MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, ANTONIO SOTO MARTÍNEZ Y JOSÉ SATURNINO SUERO ALVA. PONENTE: JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, EN SU AUSENCIA LO HIZO SUYO LA MAGISTRADA MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER. SECRETARIO: LUIS GABRIEL AGUILAR VIRGEN.
Boca del Río, Veracruz. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito correspondiente a la sesión ordinaria virtual de doce de diciembre de dos mil veintidós.
VISTOS; para resolver los autos del expediente de contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 1/2022 y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Mediante oficio recibido el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, el Magistrado Salvador Castillo Garrido y el secretario de tribunal en funciones de Magistrado José Martín Gutiérrez Martínez, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el citado órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 206/2021, frente a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del aludido Circuito, al resolver el conflicto competencial 15/2021.
SEGUNDO.—Radicación en el Pleno de Circuito. Por acuerdo de uno de febrero del año que transcurre, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito, entre otras cuestiones, admitió y registró la denuncia respectiva bajo el número 1/2022; solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes, y ordenó comunicar de dicha admisión a la Coordinación (sic) y Sistematización de Tesis, para los efectos conducentes.
Por oficio 2/2022 de tres de febrero del presente año, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito en cumplimiento a lo solicitado, informó a este Pleno de Circuito que el criterio sustentado al resolver el conflicto competencial 15/2021 de su índice, no había sido superado o abandonado.
Por su parte, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, a través del oficio 17/2022, de veintiséis de abril del mismo año, comunicó al presidente de este Pleno que el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 206/2021, seguía vigente.
Asimismo, por oficio DGCCST/X/39/02/2022, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, se informó a este Pleno de Circuito, que durante los últimos seis meses no se había radicado en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en donde el tema a dilucidar guardara relación con determinar la "...competencia para conocer del juicio de amparo promovido por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública en contra de la omisión de investigar actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados; la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes."
TERCERO.—Turno. En acuerdo de veintinueve de agosto último, se ordenó turnar los presentes autos al Magistrado relator, José Octavio Rodarte Ibarra, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO.—Convocatoria a sesión. En proveído de seis de octubre del año en curso, se convocó a los Magistrados del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito para la celebración de la sesión pública ordinaria 2/2022, en la que se sometería a discusión y votación el proyecto de resolución propuesto en esta contradicción de tesis 1/2022.
QUINTO.—Se informa cambio de adscripción. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de los Magistrados integrantes de este Pleno, el cambio de adscripción del Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, con efectos a partir del uno de noviembre del año en curso; y, que a partir de esa misma fecha la Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer se integraría al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
SEXTO.—Returno. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Pleno de Circuito, en la sesión ordinaria de siete de ese mes, se returnó el presente expediente a la Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, quien hizo suyo el presentado originalmente por el Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo previsto en los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, de acuerdo al artículo primero transitorio, fracción II, del Decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido siete de junio; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, conforme al quinto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado también en el aludido medio oficial de difusión el mencionado siete de junio; así como de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en razón de que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción fueron del conocimiento del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, ambos con residencia en Boca del Río, Veracruz, esto es, de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, pues fue formulada por el Magistrado Salvador Castillo Garrido y el secretario de tribunal en funciones de Magistrado José Martín Gutiérrez Martínez, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, con sede en esta ciudad.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.
En ese tenor, resulta menester señalar que los criterios en contradicción tienen como origen común demandas de amparo presentadas por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, contra actos del fiscal general de la República, titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la citada fiscalía general y titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, todos con sede en Ciudad de México, los cuales básicamente se hicieron consistir en:
a) La omisión de investigar actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados.
b) La omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En ese sentido, en el caso objeto de estudio por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el Juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo decretó el sobreseimiento en el juicio, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista que surge de relacionar la fracción XXII del artículo 61 con los diversos 5o., fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo.
Inconforme con esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado por el presidente del citado órgano jurisdiccional contendiente bajo el número de toca 206/2021, resuelto por mayoría de votos, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, declarar la incompetencia legal del órgano que emitió la misma y remitir los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, en turno, al tenor de las siguientes consideraciones:
"QUINTO.—No se examinarán las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y los agravios hechos valer, en virtud que de las constancias remitidas para la substanciación de este asunto, se advierte que la Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa, carece de competencia legal por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por... en su carácter de secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, a que este toca se contrae; cuestión que al ser de orden público se analiza de oficio y de manera preferente.
"...
"Ahora bien, para sustentar la decisión de la presente ejecutoria, cabe traer a colación el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo párrafo primero otorga la garantía de seguridad jurídica al establecer que:
"‘... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...’
"Así como, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone:
"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’
"Del numeral transcrito se obtienen tres reglas competenciales en materia de amparo, a saber:
"a). La primera concerniente a actos reclamados que requieren de ejecución, cuya competencia recae en el Juez cuyo ámbito espacial de actuación se ubique en el lugar en que el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"b). La segunda, si la ejecución se realiza en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el competente será aquel ante el que se presente la demanda; esto es, el que previno en el conocimiento de la demanda.
"c). La tercera regla, consiste en que si los actos carecen de ejecución, el conocimiento compete al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
"Entonces, la ‘ejecución material’ como criterio de preeminencia para fincar competencia al Juez de amparo, debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir.
"En ese sentido, también resulta pertinente establecer qué se entiende por ‘omisión’ desde la perspectiva jurídica sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Así, al resolver el amparo en revisión 1359/2015 [en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete], la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País determinó que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, pues para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.
"Conforme a lo anterior, la aludida Sala acotó que en el sistema jurídico mexicano es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.
"Dentro de esta última clasificación, la Primera Sala identificó tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas.
"En este punto, conviene traer a colación que a partir de la reforma constitucional en materia de amparo de diez de junio de dos mil once, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con toda claridad que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"Esta misma conclusión interpretativa puede confirmarse si se analiza el marco legal que rige el juicio de amparo. En efecto, la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que procede el amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
"En este sentido, si durante la tramitación del juicio de amparo se llegara a demostrar que las autoridades a quienes se atribuye él o los actos reclamados tienen el deber de brindar diversos servicios o medidas y éste es incumplido, entonces, la inactividad reclamada por el quejoso configuraría una omisión reconocida como tal en el ámbito jurídico, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los efectos positivos resultantes de la inobservancia de tal obligación. En ese tenor, las omisiones con efectos positivos traen como consecuencia una ejecución material.
"Es por lo anterior que en la especie, a virtud de la naturaleza de los efectos de los actos reclamados se debe considerar que el Juez de Distrito que, como órgano de amparo, debe conocer de las omisiones de que se trata, el que radica en la jurisdicción del Ministerio Público que integra la averiguación previa y sus acumuladas pues, es ante su potestad que la víctima de posibles actos de tortura se encuentra sometido, esto es, sus efectos se surten preponderantemente ante dicha institución investigadora.
"Ello, pues apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión permitiría la generación de cierta discordancia entre las resoluciones que dictaran los Jueces de amparo, tratándose de averiguaciones previas acumuladas o en las cuales hubiera dos o más víctimas y éstas se encontraran recluidas en ubicaciones distintas entre sí. Esto es, el hecho de que el lugar de reclusión de que la víctima ********** se ubique en un lugar distinto de aquel en el que se tramita la denuncia correspondiente, no puede dar lugar a considerar que el primero es el ámbito territorial en el cual tendrán plena ejecución las omisiones con efectos positivos, pues ese criterio desfavorece la intención de preservar la unidad, la concentración y, por ende, la seguridad jurídica de una integración de una carpeta de investigación [que derivara de la citada denuncia], por lo que es necesario precisar que dichos efectos necesariamente se trasladan de manera directa a la indagatoria que en su momento se integre con motivo de esa denuncia y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; por lo que es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que recibió la denuncia y que con ella puede integrar la carpeta de investigación correlativa, con lo cual se conserva su unidad y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias, con independencia del lugar donde la víctima se encuentre recluida.
"Ilustra lo anterior, por identidad jurídica de las razones que la informan y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, Materia común, con número de registro digital: 160608, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.’ (se transcribe)
"En el particular consta que, en relación con su competencia para resolver el juicio de amparo condigno, la citada Juez de Distrito sostuvo:
"‘PRIMERO.—Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto séptimo, del apartado cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido el veintitrés de enero de dos mil trece, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que las autoridades responsables ejercen su función dentro de los límites jurisdiccionales que corresponden a este Juzgado de Distrito.’
"Lo anterior no es legalmente correcto.
"Para afirmar lo expuesto, cabe precisar que en el caso concreto, respecto de todos los actos reclamados, el quejoso sostuvo en la demanda de amparo que:
"‘... En cuanto a las acciones que requieren ser desplegadas para el cumplimiento de la omisión que se reclama, es preciso observar las actuaciones de carácter obligatorio que establece el artículo 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura:
"‘«Artículo 35.» (se transcribe)
"‘De tal manera, es evidente que para la investigación de los delitos de tortura y vinculados, como mínimo, deben realizarse diligencias mínimas que, en principio, requieren la participación de la víctima, como lo son, entre otras, el obtener su declaración (fracción II); informarle de su derecho a contar con un asesor jurídico (fracción IV); realizar el dictamen médico-psicológico correspondiente y los demás que se requieran (fracción VI); e informarle de su derecho a ofrecer un dictamen médico-psicológico elaborado por peritos independientes o, en su caso, por organismos públicos de protección de los derechos humanos cuando se emitan con motivo de quejas interpuestas ante los mismos (fracción VII). Por ende, los obstáculos que puedan presentarse para su participación en tales diligencias deben ser eliminados y, ante todo, brindadas las facilidades necesarias para su ejecución ...’ "Por ello, si –como se aprecia– el Ministerio Público se encuentra obligado a ejecutar acciones positivas para investigar el delito de tortura, con motivo de la denuncia presentada por el quejoso en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, ubicada en la Ciudad de México, en favor de ..., lugar donde además tienen su domicilio las restantes autoridades responsables, y si durante la tramitación del juicio de amparo se llegara a demostrar que ese deber fue incumplido, entonces, dicha inactividad configuraría una omisión con efectos positivos, que a su vez traen como consecuencia una ejecución material en aquella Ciudad de México donde se recibió la denuncia en comento.
"Ello es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, el veintinueve de abril de dos mil quince, la contradicción de tesis 7/2015, aludió a la figura jurídica de la ‘ejecución material’, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo.
"La Sala explicó que esa expresión prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o cuando sus efectos conlleven esa situación; por lo que, precisó que la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que el acto tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.
"Con base en lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el hecho de ponderar que las omisiones reclamadas constituyen actos negativos que producen efectos positivos, ejecutables materialmente en el lugar donde se encuentra presentada la denuncia condigna, atiende al principio de no división de continencia de la causa en el juicio de amparo, que consiste en resolver, de manera concentrada, las pretensiones vinculadas por la posible carpeta de investigación que se integre a partir de la denuncia respectiva o que tengan el mismo origen, a fin de evitar fragmentar el tema litigioso, así como que se pronuncien resoluciones contradictorias, con el consecuente perjuicio para la pronta y expedita administración de justicia; por ello es necesario que los juicios de amparo promovidos contra las omisiones con efectos positivos en materia de posibles actos de tortura, se resuelvan en su totalidad de manera conjunta.
"Es aplicable, como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia siguiente:
"...
"‘OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL).’ (se transcribe)
"Conforme a tales premisas, es dable concluir, en resumen, que las omisiones atribuida a los diversos fiscales responsables ubicados en la Ciudad de México, de ejecutar acciones positivas para investigar el delito de tortura, derivado de la denuncia presentada por el ahora disconforme ante la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, ubicada en la Ciudad de México, por posibles actos de tortura en favor de la víctima ..., en términos del artículo 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que según el dicho del quejoso, se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material en las condiciones previamente conceptualizadas.
"En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materializa positivamente la omisión, esto es, donde se encuentran en trámite la denuncia de referencia, pues ahí es donde se producen tales consecuencias objetivas; lo anterior, al margen de que la aludida víctima se encuentre privada de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número Cinco ‘Oriente’, con ubicación en Villa Aldama, Veracruz; de ahí que, si la ‘ejecución material’ sirve como criterio de preeminencia para fincar competencia al Juez de amparo, en términos de lo previsto por el numeral 37, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, asignando competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, entre otras hipótesis, al Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se trate de ejecutar, como aquí acontece, debe decirse que la misma se surte en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en la Ciudad de México, por ser allí donde se encuentran en trámite la denuncia de donde derivan los actos reclamados.
"En las relatadas condiciones, como la sentencia recurrida fue dictada por una Juez de Distrito legalmente incompetente, lo que procede es revocarla y remitir los autos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para el efecto de que dicte la sentencia que en derecho corresponda ..."
Por otra parte, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito le correspondió conocer del conflicto competencial 15/2021, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, fallado por unanimidad de votos, en el cual se determinó lo siguiente:
"SEGUNDO.—Determinación del órgano jurisdiccional competente.
"Establecida la existencia del conflicto competencial, se determina que la competencia para conocer de la demanda promovida por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, corresponde al Juzgado Primero en el Estado de Veracruz, dadas las razones que se exponen enseguida.
"Para demostrar la anterior aseveración, conviene indicar los siguientes antecedentes:
"1. El aludido quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra actos omisivos de los diversos fiscales todos con residencia en Ciudad de México, consistentes en la omisión de investigar actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados; la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cometidos en perjuicio de **********.
"2. La titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda, al considerar que conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, las abstenciones reclamadas constituían un acto omisivo con carácter positivo en virtud de que la eventual concesión del amparo implicaría que sus efectos se trasladaran directamente a la carpeta de investigación generada con motivo de la denuncia interpuesta por el quejoso en favor de ..., y al encontrarse radicada dicha carpeta ante la Agencia Séptima de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura con residencia en Ciudad de México, estimó que la competencia surtía en favor de un Juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar; por lo cual remitió los autos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en Ciudad de México, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente.
"3. A su vez, el titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, no aceptó la competencia planteada, al estimar que carecía de competencia legal para conocer del asunto, porque los actos reclamados eran omisivos y no requerían ejecución material, devolviendo el juicio de amparo al Juzgado de Xalapa, Veracruz.
"Establecido lo anterior, conviene transcribir el numeral 37 de la Ley de Amparo, que dispone:
"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’
"Del citado precepto se desprenden tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber, el primero, en favor del Juez que resida en el lugar donde el acto reclamado vaya a tener ejecución, se trate de ejecutar, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; el segundo, se refiere a los casos en que el acto puede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31337-9e1e7329/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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