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Modo: Corpus Pro

ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 310/2019. · Registro digital (IUS): 29823
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 3354.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 310/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE FEBRERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.(6)

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se deduce de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue formulada por (sic) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió el recurso de queja 50/2019 de donde emanó uno de los criterios sobre los cuales se denunció la presente contradicción.

IV. Criterios de los tribunales contendientes

8. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como verificar que el estudio de la misma es procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.

Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 50/2019.

a) Antecedentes

9. El 13 de febrero de 2019, **********, en su carácter de asesor jurídico del quejoso ********** –víctima–, promovió juicio de amparo, a través del empleo de tecnologías de la información mediante la firma electrónica, en contra de la resolución emitida por autoridad jurisdiccional del sistema procesal penal acusatorio de esta ciudad, en la que se desechaba por extemporáneo el medio de impugnación interpuesto por el quejoso en contra del no ejercicio de la acción penal aprobado en la carpeta de investigación **********.

10. En la misma fecha, el Juez de Distrito a quien le tocó conocer el asunto admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable que rindiera informe justificado en el que informara si el promovente contaba con el carácter de asesor jurídico del quejoso –debiendo acompañar constancia que así lo acreditara–. Respecto al emplazamiento dirigido al agente del Ministerio Público interviniente en el procedimiento penal del cual derivaba el acto, así como a la parte tercera interesada, reservó proveer lo conducente hasta en tanto constara el informe justificado de la autoridad responsable.

11. Una vez rendido el informe justificado, por acuerdo de 21 de febrero de 2019, se tuvo por acreditada la personalidad del asesor jurídico del quejoso y se ordenó emplazar a la parte tercero interesa y al agente del Ministerio Público interviniente en el acto reclamado.

12. Apersonada en el juicio la parte tercero interesada, interpuso recurso de queja en contra del proveído de 13 de febrero de 2019 por medio del cual el Juez de amparo admitía a trámite la demanda promovida por **********, en su carácter de asesor jurídico de la quejosa –víctima–.

13. En el referido recurso de queja, la parte tercero interesada sostenía, que en razón a los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, sólo el defensor podía invocar tener por acreditada su representación ante la autoridad responsable a efecto de que se dé trámite a la demanda de amparo y que tal supuesto no era extensible al asesor jurídico de la víctima.

14. Así, una vez suspendido el procedimiento y admitido el recurso de queja, el Tribunal Colegiado calificó como infundados los agravios hechos por la parte recurrente, decidió confirmar el auto recurrido y tener por admitida la demanda de amparo.

b) Razonamiento

15. Los principales razonamientos del Tribunal Colegiado para tener por infundado el recurso de queja fueron:

a) En razón al segundo párrafo del artículo 1o.(7) así como del artículo 17 de la Constitución General,(8) el operador jurisdiccional está obligado a realizar una interpretación en los términos más favorables a las personas que participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, para garantizarles un efectivo goce del derecho a la tutela jurisdiccional. Sobre esta premisa, consideró necesario atender el contenido de algunos artículos de la Ley de Amparo.

b) Afirmó que en razón al artículo 5, fracción I, última parte(9) y del artículo 6,(10) en el juicio de amparo la víctima del delito puede tener el carácter de quejoso y que, al resultar materia penal, éste podía promoverse a través de un defensor o de cualquier persona.

c) Que cuando la víctima del delito comparece a juicio de amparo a través de quien se ostenta como su asesor jurídico, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 11(11) de la ley referida, bastando la sola afirmación en ese sentido para que el Juez de Distrito admita la demanda y constriña a la autoridad responsable a remitir la constancia donde conste ese carácter.

d) Sostuvo que el contenido en el artículo 11 no debe entenderse desligado del numeral 14(12) de la misma ley, que dichas normas son complementarias, por lo que, si el promovente del juicio de amparo carece del carácter con que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro del término de 3 días; al ratificarse la demanda se tramitará el juicio; de lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta. Esto al margen de la multa que se imponga al promovente en términos del numeral 240 de dicha ley.(13)

e) En adición, se invocó el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(14) señalando que el carácter del asesor jurídico es de un auténtico representante, por lo que una vez que éste es autorizado por la víctima del delito para representarlo, queda facultado para realizar cualquier acto que resulte necesario para la adecuada defensa de su asesorado, lo que posibilita la presentación de la demanda de amparo donde se combatan los actos acaecidos dentro del procedimiento.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 75/2018.

a) Antecedentes

16. Por escrito presentado el 14 de febrero de 2018, **********, por su propio derecho y en representación de la **********, presentó demanda de amparo al estimarse vulnerados los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución General por la resolución de la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la cual resolvía el recurso de queja, confirmando el diverso de inconformidad que avalaba el no ejercicio de la acción penal por el delito de despojo y lo que resultare dentro de la averiguación previa **********.

17. Una vez radicada la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito a quien le correspondió su conocimiento requirió al promovente para que aclarara su personalidad como representante de **********, toda vez que no exhibió documento alguno con que se advirtiera dicho carácter, apercibiéndolo de que en caso de no dar cumplimiento se tendría únicamente presentada la demanda por su propio derecho.

18. Por escrito presentado el 26 de febrero de 2018, el promovente del amparo exhibió la protocolización de asamblea de la **********, sin embargo, el Juez Segundo de Distrito con residencia en Cancún, Quintana Roo, tuvo por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo,(15) al no haberse cumplido con la prevención.(16) Por lo que se refiere a la demanda de amparo promovida por ********** por su propio derecho, la desechó de plano por falta de legitimación en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción l y 6, todos de la Ley de Amparo.

19. Inconforme con esa determinación, ********** interpuso recurso de queja, la cual fue declarada infundada por parte del Tribunal Colegiado al estimar ineficaces los agravios.

b) Razonamiento

20. Las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado estimó infundado el recurso de queja, en esencia, constaron en dos apartados:

I) Acreditación de la representación

a) Contrario a lo expuesto por el recurrente, no está justificada su personalidad como representante legal de la persona moral denominada **********.

b) Lo anterior, dado que si bien en la copia certificada del instrumento 16, del 13 de septiembre de 2016, incorporada por **********, resalta que éste es presidente de la citada coalición, de una lectura integral de las referidas constancias, no se tiene la certeza de sus facultades, por lo que resulta insuficiente para acreditar su legitimación.

II) Personalidad reconocida ante la autoridad responsable

a) De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, los Jueces Federales no pueden desconocer la personalidad de quien promueve la demanda de amparo, cuando ésta ha sido acreditada debidamente ante la autoridad responsable, para lo cual es menester que quien la aduzca, lo demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente, en las que debe obrar el poder o el documento con que se acredite ser apoderado o de alguna forma de representar al quejoso o al tercero interesado.

b) Si bien el inconforme aduce tener reconocida su personalidad por ser quien actuó en representación del ente moral quejoso ante el órgano ministerial investigador, desde el inicio de la averiguación previa donde se dictó el no ejercicio de la acción penal y dio origen al acto reclamado en el juicio de amparo, no exhibió constancia alguna donde se acredite reconocida dicha representación por parte de las autoridades responsables, por lo que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al exigirle que demostrara la representación con que promovía la demanda de amparo, para darle trámite.

c) No obsta que el artículo 11 de la Ley de Amparo señale que en materia penal bastará la afirmación del promovente para tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, pues tal artículo debe interpretarse de manera sistemática con el diverso 14 de la materia.

d) En otras palabras, de la interpretación sistemática de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, la única excepción en materia penal para dejar de acreditar la personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación de la promovente rendida bajo protesta de decir verdad es la del defensor del imputado.

e) En efecto, de acuerdo al artículo 14, el defensor del imputado en la investigación, como el del imputado en un proceso penal, puede enderezar la demanda de amparo, con lo cual se adecua la norma secundaria a lo mandatado por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción VII,(17) relativo a la defensa adecuada. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte ya ha fijado criterio.(18)

f) Por tanto, en el caso no se actualiza la excepción para tener reconocida la representación con la sola afirmación del peticionario del amparo, ya que la demanda no se promovió por el defensor del imputado, sino por el representante de la parte agraviada.

g) Como consecuencia, no le es extensiva dicha excepción a los abogados de la víctima u ofendido, pues a éstos no se les denomino "defensores", y de haber sido la intención del legislador secundario en la Ley de Amparo no se hubiera acotado la referida excepción.

h) Además, de extender este derecho sustantivo a los abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber de los Jueces de ser independientes frente a las partes.

V. Existencia de la contradicción de tesis

21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Primera Sala ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis,(19) los cuales son:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

22. El primer requisito mencionado, esto es, ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método sí se cumple, porque, a juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que se sometieron a su jurisdicción se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

23. En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 50/2019 consideró que cuando la víctima del delito comparece al juicio de amparo a través de quien se ostenta como su asesor jurídico, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que por tratarse de la materia penal, basta con su sola afirmación en ese sentido para que el Juez de Distrito admita la demanda y constriña a la autoridad responsable a remitir constancia donde conste ese carácter.

24. Señaló que la referencia contenida en el artículo 11 no debe entenderse desligada del numeral 14 de la ley de la materia, sino como complemento de ésta. Sin embargo, si el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó (asesor jurídico), el órgano jurisdiccional de amparo ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de 3 días; al ratificarse la demanda se tramitará el juicio; de lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta. Esto al margen de que se imponga al promovente una multa en términos del artículo 240 de la Ley de Amparo.

25. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 75/2018, consideró que conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, para que el órgano jurisdiccional de amparo reconozca la representación de quien ha actuado a favor de otro ante autoridad responsable, es menester que quien aduzca dicha representación la demuestre con las constancias del expediente, en las que debe obrar el documento con que se acredita la representación del quejoso o del tercero interesado.

26. Estimó que la única excepción para dejar de acreditar la personalidad ante autoridad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad es para el defensor del imputado, pues si bien el referido artículo 11 señala que en materia penal bastará la afirmación en ese sentido, dicho numeral debe interpretarse de manera sistemática con el diverso numeral 14 de la Ley de Amparo.

27. Como consecuencia, no le es extensiva la excepción prevista en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo a la figura del asesor jurídico de la víctima, pues de haber sido la intención del legislador secundario, en la Ley de Amparo no se hubiere acotado al defensor del imputado para el trámite –admisión– ante la presentación de la demanda de amparo en materia penal.

28. De lo reseñado se advierte que en el asunto se cumple con el primer requisito, ya que ambos colegiados ejercieron arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.

29. Además, esta Primera Sala considera que el segundo requisito quedó debidamente cumplido, pues, del estudio de las sentencias que se denunciaron con criterios contradictorios, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito llegó a una solución diferente en torno al mismo problema.

30. Expresamente se apartó del sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito del cual derivó la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PARA SU ADMISIÓN SE REQUIERE QUE AQUÉL DEMUESTRE SU CALIDAD CON ALGUNA CONSTANCIA, AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO, PARA TENER RECONOCIDA SU REPRESENTACIÓN CON LA SOLA AFIRMACIÓN EN ESE SENTIDO."(20)

31. Respecto de esta cuestión, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que cuando la víctima del delito comparece al juicio de amparo, a través de quien se ostenta como su asesor jurídico, basta con su sola afirmación en ese sentido para que el Juez de Distrito admita la demanda y constriña a la autoridad responsable a remitir la constancia donde conste ese carácter. De ese criterio derivó la tesis de rubro: "ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA, POR QUIEN SE OSTENTA CON ESE CARÁCTER, BASTA QUE AFIRME QUE LO TIENE RECONOCIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO)."(21)

32. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito, esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

33. Situación que también se advierte en el caso, pues los criterios sustentados pudieran dar lugar a responder el siguiente cuestionamiento: ¿Cuándo la demanda de amparo indirecto es promovida por el asesor jurídico en nombre de la víctima, basta con la manifestación en ese sentido de quien se ostenta con ese carácter para que sea admitida?

VI. Criterio que debe prevalecer

34. Precisada así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Primera Sala se aboca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio consistente en que, tratándose de juicio de amparo indirecto, basta con la manifestación del asesor jurídico victimal, de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido.

35. Para sustentar dicha determinación, resulta necesario hacer referencia a la regulación de la representación del quejoso dentro del juicio de amparo indirecto. Posteriormente, identificar la figura de la víctima y el asesor jurídico dentro del ámbito penal y su reconocimiento en la Ley de Amparo. Para, finalmente, llegar a una conclusión a la luz de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial en relación con otros principios.

36. La representación es una institución jurídica de muy amplia significación y aplicación, la cual entraña la posibilidad de que una persona realice actos jurídicos por otra, ocupando su lugar o actuando por ella.(22)

37. Si bien cualquier persona que ostente capacidad tiene la aptitud de comparecer en juicio por sí misma, la actuación válida dentro de un proceso como sujeto de derechos y obligaciones –personalidad(23)–, puede revelarse de dos maneras: de modo originario, esto es, cuando es el propio interesado quien desempeña los distintos actos procesales que le incumben, o de modo derivado, es decir, en el caso en que no es la parte interesada quien directamente interviene en el procedimiento en cuestión, sino un tercero, el cual ostentará la representación del interesado y, en efecto, tendrá la facultad de actuar en nombre suyo.(24)

38. En lo que interesa, la Ley de Amparo reconoce la figura de la representación del quejoso en el juicio de amparo en su artículo 6, en el que señala que éste podrá ser promovido sólo por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, ya sea por sí misma o por algún representante, especificando además que, si el acto deriva de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá ser promovido por el defensor o cualquier otra persona que la misma ley lo permita.(25)

39. La representación de la parte quejosa debe acreditarse conforme a los términos que dispone la propia Ley de Amparo, según prevé su artículo 10.(26) En los casos en que no lo precise, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

40. En lo que respecta a la promoción del juicio de amparo indirecto, es la propia Ley de Amparo la que determina que, en su formulación, ya sea por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la propia ley lo disponga, deberá expresarse –entre otros tantos requisitos–, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación.(27)

41. En este mismo aspecto, el artículo 11 de esta ley, dispone que la admisión de la demanda de amparo indirecto, cuando ésta haya sido promovida a nombre de la parte quejosa por quien aduce ostentar su representación ante la autoridad responsable, se verá condicionada a la acreditación de dicha personalidad con la presentación de las constancias respectivas.

42. Sin embargo, este artículo prevé una salvedad a esta condición señalando que, en materia penal, bastará la sola afirmación del representante, de quien dice ostentar dicha personalidad ante la autoridad responsable, para que el Juez de Distrito admita la demanda de amparo.(28)

43. Esta Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto a la acreditación de dicha representación para efectos de la admisión de la demanda de amparo en la vía indirecta.(29) Y si bien no pasa inadvertido que tal pronunciamiento estuvo circunscrito a la Ley de Amparo abrogada,(30) su referencia se considera acertada, dada la similitud de algunas de las disposiciones normativas inmersas en la actual Ley de Amparo y su predecesora.(31)

44. Este Alto Tribunal ha entendido que, en el juicio de amparo, la personalidad no constituye un simple requisito de procedibilidad de la acción, sino dada la naturaleza del juicio en el que no sólo se ven inmiscuidos los intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, es un elemento sobre el que le corresponde al Juez realizar un examen minucioso sobre su actualización.

45. Según el criterio del Tribunal Pleno, la exhibición de las constancias de quien ostente la representación del quejoso ante la autoridad responsable debe realizarse –en general– al presentarse el escrito inicial de demanda, pues una interpretación distinta, es decir, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable pueda realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo. Siendo que, de actualizarse dicho supuesto, se traduciría en una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses.(32)

46. De este pronunciamiento destaca la salvedad a la que se refirió el Tribunal Pleno: tanto en materia penal como en materia agraria se actualiza una excepción de la obligación de presentar las referidas constancias. Siendo que, en el ámbito penal, tal excepción encontraba fundamento en la misma Ley de Amparo abrogada en su artículo 16, que disponía:

"... Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal, bastará, para la admisión de la demanda, la aseveración que de su carácter haga el defensor. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al Juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. ..."

47. Esta excepción en materia penal, continúa presente en la Ley de Amparo vigente, que en sus artículos 11 y 14, disponen:

"Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. ..."

"Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al Juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

"Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días.

"Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión."

48. En la presente contradicción se advierte que los Tribunales Colegiados, al interpretar la Ley de Amparo, precisamente los artículos 11 y 14, llegaron a distintas conclusiones.

49. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estimó que conforme a la interpretación más favorable del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la víctima del delito puede tener el carácter de quejoso dentro del juicio de amparo, y que cuando comparece éste a través de quien se ostenta como su asesor jurídico se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es decir, que tratándose de materia penal, basta con la sola afirmación en este sentido para que el Juez de Distrito admita la demanda y constriña a la autoridad responsable a remitir las constancias donde conste ese carácter.

50. Además, sostuvo que dicha afirmación no debe entenderse de manera aislada, sino que debe interpretarse de manera complementaria con el artículo 14 de esta ley, resultando que en el caso de que el promovente carezca del carácter con el que se ostentó –asesor jurídico de la víctima–, el órgano de amparo ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Una vez ratificada la demanda, se tramitará a juicio; de lo contrario, se tendrá por no interpuesta.

51. En tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que, de la interpretación de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, tratándose de materia penal, la única excepción para dejar de acreditar la personalidad con las constancias respectivas, bastando la sola manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, es para el defensor del imputado (quejoso).

52. Señaló que no le era extensiva al asesor jurídico de la víctima la excepción prevista en los referidos artículos, porque a los abogados de las víctimas u ofendidos no se les denominó "defensores", pues de haber sido la intención del legislador secundario, en la Ley de Amparo no se hubiera acotado tal excepción al defensor del imputado, por lo que el asesor jurídico de la víctima se encuentra obligado a presentar las constancias a efecto de demostrar dicha personalidad y de serle admita la demanda de amparo. Por último, afirmó que una interpretación distinta provocaría un desequilibrio procesal y rompería el principio de imparcialidad.

53. Como se advierte, en el presente caso el problema no es si el asesor jurídico de la víctima puede o no promover amparo a nombre de la víctima, sino si éste debe o no acreditar dicha representación ya reconocida ante la autoridad responsable al momento de presentar la demanda de amparo indirecto o basta con la simple manifestación al respecto para efecto de la admisión de la demanda.

54. Es decir, si la excepción en materia penal prevista en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo es extensiva para el asesor jurídico de la víctima o debe circunscribirse expresamente al defensor del imputado.

55. Dicho todo lo anterior, esta Primera Sala considera necesario identificar la figura de la víctima y del asesor jurídico dentro de la materia penal, así como su reconoci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29823-9903e171/asesor-juridico-victimal-para-efectos-de-la-admision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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