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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PARA SU ADMISIÓN SE REQUIERE QUE AQUÉL DEMUESTRE SU CALIDAD CON ALGUNA CONSTANCIA, AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO, PARA TENER RECONOCIDA SU REPRESENTACIÓN CON LA SOLA AFIRMACIÓN EN ESE SENTIDO.

Tipo de asunto: QUEJA 75/2018. · Registro digital (IUS): 28309
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 2934.

QUEJA 75/2018. 26 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. SECRETARIO: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de los agravios.

I. Fundamentación y motivación.

19. El inconforme, en parte de su escrito de agravios, refiere que el proveído recurrido es contrario al artículo 16 constitucional, ya que carece de fundamentación y motivación y con ello genera incertidumbre al gobernado.

20. Calificativa: el agravio propuesto es infundado.

21. Contrario a lo que señala el recurrente, el auto que combate está fundado y motivado.

22. De inicio, conviene precisar que sobre el particular, el Alto Tribunal determinó que, conforme al derecho fundamental de audiencia previa, establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su aspecto relacionado con las formalidades esenciales del procedimiento, conocido también como de debido proceso legal, que se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, vincula al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.

23. Asimismo, puntualizó que para atender el mandato establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Fundamental, relativo a la obligación de las autoridades de fundar y motivar sus actos, el juzgador está obligado a exponer en sus resoluciones las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

24. De esta manera, llegó a la conclusión de que una resolución jurisdiccional encuentra su fundamentación y motivación en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que compongan su resolución, así como la exposición de las circunstancias, razones o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto y, junto con ello, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto.

25. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyos rubro y contenido a la letra dicen:

26. "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."(6)

27. Ahora, de la lectura del auto recurrido, se advierte que se encuentra fundado y motivado, dado que el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, porque el impetrante del amparo no cumplió con la prevención que se le hizo, consistente en acreditar la personalidad que ********** ostentó como representante legal de la persona moral denominada ********** y; en otra parte, desechó la demanda que ********** promovió por propio derecho.

28. Y citó como fundamentos, respecto a tener por no presentada la demanda, el artículo 114 de la Ley de Amparo, y respecto del desechamiento de la demanda, citó el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, 6o. y 113, todos de la Ley de Amparo, suficientes para decir que el auto del Juez de Distrito está fundado y motivado, y así, el motivo de agravio resulta infundado.

II. Acreditación de la representación.

29. En su primer agravio el recurrente expone que cumplió con el requerimiento realizado por el a quo, presentando la escritura pública número **********, relativa a la protocolización ante notario público de la asamblea extraordinaria de la persona moral **********, celebrada el **********, volumen **********, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis.

30. Sigue manifestando la parte revisionista, que en dicho documento el disidente ********** tiene el carácter de presidente del comité ejecutivo, con funciones de apoderado legal, conforme al noveno punto del orden del día de la asamblea, donde se refrendaron los poderes que actualmente posee el presidente de la coalición, y que en la cláusula tercera, se transcriben los artículos 2810 del Código Civil del Estado de Quintana Roo,(7) y el diverso 2554 del Código Civil Federal.(8)

31. En otra parte, el disidente sostiene que se le exige se acredite su personalidad como si el ente moral quejoso se tratara de una sociedad mercantil o sindicato, los cuales son diversos a la coalición de sindicatos, pues si bien se trata de un ente moral reconocido conforme a la Ley Federal del Trabajo, su función, organización y estructura no se relacionan con un sindicato o sociedad mercantil.

32. También refiere que la jurisprudencia ha realizado la interpretación tendente a privilegiar la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, y sostiene que basta que en los testimonios se citen los artículos 2810 y 2554 de los Códigos Civiles local y federal; por lo que el actuar del juzgador viola en su perjuicio el derecho de tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

33. Calificativa: los agravios propuestos, analizados en su conjunto, son infundados.

34. Contrario a lo que se expone, en el caso no está justificada la personalidad de **********, como representante legal de la persona moral denominada ********** y, como consecuencia, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto en tener por no presentada la demanda de amparo, ante el incumplimiento de la prevención que se le hizo al respecto.

35. Del artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene que la coalición de sindicatos es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para defender sus intereses y, una vez logrado su objetivo, desaparece.(9)

36. Al encontrarse regulado en la Ley Federal del Trabajo, ésta señala en su artículo 376,(10) que la representación del sindicato se ejerce por su secretario general o la persona que designe la directiva, sin que se precise la forma en que deban representarse las coaliciones, ya sea de trabajadores o de patrones.

37. Partiendo de esta hipótesis, de la lectura de la minuta de la asamblea extraordinaria de trece de junio de dos mil quince, se establece que se reestructuró el comité ejecutivo de la **********, quedando como presidente, el ingeniero **********.

38. Sin embargo, ********** no tiene el carácter de secretario general, ni se advierte de la asamblea que hubiere sido designado por la directiva como representante legal, de suerte que conforme a la Ley Federal del Trabajo, en relación con los documentos que se anexaron, no tiene asignada la representación de los sindicatos.

39. En otra parte, se tiene que el quejoso aduce que la coalición que representa se trata de un ente moral.

40. Al respecto, de los artículos 10 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,(11) se advierte que corresponde a los administradores o al administrador único, la representación de la sociedad mercantil, quienes pueden conferir poderes en nombre de ésta; sin embargo, tales facultades están sujetas a lo expresamente establecido en la ley, en el contrato social y, particularmente, condicionadas a las decisiones de la asamblea general de accionistas, la cual, en su calidad de órgano supremo de la sociedad, le confiere atribuciones al órgano de administración.

41. En ese tenor, para acreditar la personalidad de quien promueve en nombre de una sociedad mercantil con poder otorgado por el administrador único, no basta la simple afirmación del notario público ante cuya fe se celebre tal acto, en el sentido de que aquél está facultado para otorgar poderes a nombre de la sociedad, sino que es necesario que en la protocolización que contiene el poder, se transcriba la parte relativa del instrumento que contenga las facultades del otorgante, conforme a los estatutos de la sociedad o, en su defecto, deberá exhibirse la escritura pública en la que quedaron establecidas las facultades del administrador único.(12)

42. Sin embargo, de la lectura de la escritura 16 (dieciséis) que anexó el peticionario del amparo, no se advierte que tenga la calidad de administrador.

43. En otra parte, el peticionario de amparo afirma que la función, organización y estructura de la coalición que representa, no se relacionan con un sindicato o sociedad mercantil.

44. Partiendo de esta hipótesis, de la escritura pública número **********, se puede advertir que la sociedad quejosa cuenta con un comité ejecutivo y un comité de honor y justicia, y el primero se conforma de: i) un presidente; ii) un secretario de Trabajo y Conflictos; iii) un secretario de Trámites, Estudios y Acción Política, así como de; iv) un secretario de actas y Acuerdos; siendo el presidente del comité ejecutivo el promovente **********.

45. Asimismo, de autos se tiene que ********** exhibió la protocolización de la asamblea –en atención al requerimiento realizado por el Juez de origen–, en la que resalta que es presidente de la citada coalición.

46. Sin embargo, tal como dijo el Juez de Distrito, no se tiene la certeza de cuáles son sus facultades como "presidente" de la coalición que dice representar, pues no se desprenden de las constancias que anexó.

47. En efecto, de la lectura de los puntos sexto y noveno de la asamblea extraordinaria de trece de junio de dos mil quince, así como la cláusula tercera del instrumento notarial número **********, no se advierte cuáles son las facultades del presidente del comité ejecutivo de la **********

48. Los puntos sexto y noveno de la asamblea extraordinaria disponen lo siguiente:

"Sexto punto del orden del día, ratificación, reestructuración o cambio del comité ejecutivo y el de honor y justicia... quedando la reestructuración del comité ejecutivo de la siguiente forma:

"Presidente.- Ing. **********.

"...

"Noveno punto del orden del día, asuntos generales. Varios compañeros señalan que es necesario protocolizar la presente asamblea por ser la reestructuración del comité ejecutivo, refrendando los poderes que actualmente posee el presidente de la coalición, y que es conveniente que el delegado especial para realizarlo es el Ing. **********."

49. La cláusula tercera del poder notarial menciona lo siguiente:

"TERCERA. Para dar cumplimiento a lo acordado en el noveno punto del orden del día, con lo dispuesto por los artículos dos mil ochocientos diez del Código Civil del Estado de Quintana Roo y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República Mexicana, a continuación respectivamente se transcriben: ‘Artículo 2810. En los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.—En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tena (sic) toda clase de facultades administrativas.—En los poderes generales para ejercer actos de dominio, con la sola excepción de la donación, que en este código es un negocio jurídico personalísimo para el donante y por tanto se admite la representación en cuanto a éste, bastará que se diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.—Cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades del apoderado, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.—Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. Lo mismo harán al calce del poder y antes de las firmas de la ratificación si es que en el texto del documento no lo hubieran insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción II del artículo 2807 en relación con el 218 y 2811. Sin esta inserción, los aludidos testimonios y las mencionadas ratificaciones carecerán de todo efecto legal.’

"‘Artículo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de dueños, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados las facultades del apoderado, se consignarán las limitaciones de los poderes, serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.’"

50. De lo anterior se advierte, como acertadamente hace referencia el Juez de origen, que no se especificaron las facultades que tiene **********, como presidente de la coalición en comento.

51. Es así, porque de la asamblea extraordinaria, en su punto noveno, se hace reseña que se refrendan los poderes que tiene el presidente de la coalición, pero en todo el documento no se especifican cuáles son esos poderes que tienen sus facultades, que precisamente se refrendan o revalidan en dicha asamblea, esto es, no se tiene la certeza de qué poderes se están refrendando, por no especificarse éstos.

52. En otra parte, respecto a la protocolización de dicha asamblea en la escritura pública **********, si bien es cierto que en la cláusula tercera se asentó que para dar cumplimiento al punto noveno del orden del día, se transcriben los artículos 2810 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y 2554 del Código Civil Federal, también lo es que tampoco se precisaron cuáles son los poderes que se refrendaron, o cuáles son los poderes o facultades que tiene el presidente del comité ejecutivo de la coalición de marras, con el fin de identificar que, efectivamente, el peticionario del amparo puede promover el juicio de amparo en representación de dicha coalición.

53. Y, la circunstancia de que el notario hubiere transcrito en la cláusula tercera de la escritura pública número 16 (dieciséis), los artículos 2810 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y 2554 del Código Civil Federal, es insuficiente para poder concluir que el presidente de la **********, tiene los poderes o facultades que dichos artículos mencionan, porque para ello se debió asentar cuál fue la voluntad de la asociación de sindicatos, quién la representa y las facultades y poderes que se otorgaron a su representante o presidente de la coalición pues, incluso, dichos artículos exigen que en los poderes generales para pleitos y cobranzas se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, sin que en la asamblea se hubiere hecho mención alguna, ni en la escritura pública dieciséis, de cuáles son las facultades que se confirieron al presidente del comité ejecutivo.

54. Así, el hecho de que el peticionario del amparo hubiere demostrado que es el presidente de la coalición quejosa, es insuficiente para acreditar su legitimación, porque no se asentaron los poderes o facultades que tiene con ese carácter.

55. Por tanto, el afirmar que tiene facultades para representar a la coalición de marras, sería dar por acreditado una legitimación que no se tiene acreditada con las documentales que anexó al juicio de amparo, resultando así infundados los agravios propuestos al respecto.

56. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 62/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

57. "PODER PARA REPRESENTAR A UNA SOCIEDAD. NO BASTA PARA ACREDITARLO QUE EL NOTARIO AFIRME QUE EL OTORGANTE ESTABA FACULTADO.—De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4o. y 8o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por regla general, el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal, y tratándose de personas morales privadas podrán hacerlo por medio de sus representantes legítimos; a su vez, en los términos de lo previsto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. En esa virtud, si el amparo se promueve por una persona que se ostenta como apoderado de una sociedad, el promovente debe acreditar fehacientemente que el poder le fue otorgado por quien contaba con facultades para hacerlo, exhibiendo los documentos respectivos, puesto que no basta para ello la simple afirmación del notario público de que el otorgante estaba facultado para otorgar poderes a nombre de la sociedad, sino que es necesario que en la escritura que contiene el poder se transcriba la parte relativa del instrumento en el que se contengan las facultades del otorgante o, en su caso, que se exhiba este último."(13)

III. Personalidad reconocida ante la autoridad responsable.

58. En otra parte del escrito de agravios, el inconforme aduce que no debe pasar desapercibido que actuó en representación del ente moral quejoso, desde el órgano ministerial investigador de la averiguación previa **********, que da origen al acto reclamado en el juicio de amparo, por lo que el Juez de amparo no debe limitar dicha representación, y exigirle otro documento, atenta contra los derechos humanos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y recurso judicial efectivo.

59. Calificativa: el anterior agravio es infundado.

60. El artículo 11 de la Ley de Amparo(14) alude a la representación que cualquier persona tiene reconocida ante la autoridad responsable, por lo que ha participado ante ella a favor de otro, que es la parte material en el asunto. Y, para que en el juicio de amparo se reconozca tal representación, es menester que quien la aduzca, lo demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente, en las que debe obrar el poder o el documento con que se acredita ser apoderado o, de alguna forma, representar al quejoso o al tercero interesado.

61. De conformidad con este precepto, el Juez Federal no podrá desconocer la personalidad de quien promueve la demanda de amparo, cuando ésta ha sido acreditada debidamente ante la autoridad responsable; para ello, la Ley de Amparo exige que dicha personalidad haya sido demostrada cabalmente ante la autoridad responsable pues, de lo contrario, no será reconocida por el juzgador de amparo y el quejoso deberá demostrarla en el juicio de garantías.

62. Ahora bien, el inconforme aduce que tiene reconocida su personalidad, por ser quien actuó en representación del ente moral quejoso ante el órgano ministerial investigador, desde el inicio de la averiguación previa, donde se dictó el no ejercicio de la acción penal, y dio origen al acto reclamado en el juicio de amparo.

63. Sin embargo, no exhibió la constancia respectiva, donde se le reconoció dicha representación por parte de las autoridades responsables, de tal suerte que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al exigirle que demostrara la representación con que promovió la demanda de amparo, para darle trámite.

64. No es obstáculo que el artículo 11 de la Ley de Amparo señale que en materia penal bastará la afirmación en ese sentido, esto es, que el quejoso aduzca tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable.

65. Es así, porque dicho numeral debe interpretarse de manera sistemática con el diverso numeral 14 de la ley de materia,(15) ya que éste prevé que en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter.

66. Dicho en otras palabras, la interpretación sistemática(16) de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, en tratándose de la materia penal, (sic) la única excepción para dejar de acreditar su personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que tiene el carácter de defensor del quejoso, es precisamente para el defensor del imputado (quejoso).

67. En efecto, el artículo 14 de la ley de la materia regula la facultad que otorga la ley a personas distintas al agraviado para que promuevan la demanda de amparo en su nombre, surtiéndose este caso específico en amparo en materia penal, cuando el acto reclamado provenga de un procedimiento en esa materia, o sea, estamos en un juicio de amparo en materia penal donde tanto el defensor del imputado en la investigación como el defensor del imputado en un proceso penal, puede enderezar la demanda de amparo contra actos que emanen de ese procedimiento administrativo de índole penal, con lo cual se adecua la norma secundaria (Ley de Amparo) a la primaria (Constitución), relativa a la defensa adecuada.

68. En estas instancias, la actuación que desarrolle el defensor será tendiente a proteger los intereses del defendido imputado, lo cual restringe la posibilidad de demandar el amparo a favor de otra persona, como es el agraviado, esto es, a que el promovente se ostente como defensor del agraviado, víctima u ofendido.

69. Es así, porque conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llama imputado a la persona que se encuentra detenida, y cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo;(17) por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que es imputado la persona que es señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito.(18)

70. El artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de una defensa adecuada, el cual debe ser desplegado por un abogado que elegirá libremente toda persona imputada, incluso, desde el momento de su detención.(19)

71. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.),(20) ha fijado el criterio de que para establecer que el ejercicio eficaz y la forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal, implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe estar asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención.

72. En otra parte, a los abogados de la víctima u ofendido se les denomina asesores jurídicos (Código Nacional de Procedimientos Penales) y representantes legales (Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo), que se podrán designar en cualquier etapa del procedimiento.(21)

73. Por tanto, en el caso no se actualiza la excepción para tener por reconocida la representación con la sola afirmación del peticionario del amparo, en términos del artículo 11, en relación con el diverso numeral 14, ambos de la Ley de Amparo, ya que la demanda constitucional no se promovió por el defensor de un imputado, sino por el contrario, se trata del representante de la parte agraviada, quien impugnó ante la Sala responsable el no ejercicio de la acción penal.

74. Como consecuencia, no le es extensiva la excepción prevista en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, porque a los abogados de la víctima u ofendido no se les denominó "defensores", pues de haber sido ésa la intención del legislador secundario, en la Ley de Amparo no se hubiere acotado al defensor –imputado– para el trámite –admisión– ante la presentación de la demanda de amparo en materia penal.

75. Al margen de que de extender este derecho sustantivo a los abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y se rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber de los Jueces de ser independientes frente a las partes, resultando así infundado el agravio propuesto al respecto.

76. En resumen:(22) El artículo 11 de la Ley de Amparo alude a la representación que cualquier persona tiene reconocida ante la autoridad responsable, por lo que ha participado ante ella a favor de otro, que es la parte material en el asunto; y para que en el juicio de amparo se reconozca tal representación, es menester que quien la aduzca lo demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente en las que debe obrar el poder o documento con que se acredita ser apoderado o de alguna forma representar al quejoso o al tercero interesado. Ahora bien, el hecho de que en dicho precepto legal se mencione que en materia penal bastará la afirmación que se haga por el promovente en ese sentido, debe interpretarse de manera sistemática en relación con el diverso 14 de la Ley de Amparo, donde la única excepción para dejar de acreditar su personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente, rendida bajo protesta de decir verdad, es cuando se ostenta como defensor del imputado (quejoso), mas no para los abogados de la víctima u ofendido, a quienes se identifican como asesores jurídicos, pues de haber sido la intención del legislador federal que así fuera, los hubiere mencionado y no delimitar la excepción sólo al defensor –del imputado– para el trámite de su admisión. Al margen que de extender este derecho a los abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber de los Jueces de ser independientes frente a las partes.

77. Al resultar ineficaces los agravios, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja.

78. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Se declara infundado el recurso de queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Juzgado de Distrito de origen, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico de registro de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya (presidente) y Selina Haidé Avante Juárez (ponente). El Magistrado Jorge Mercado Mejía anuncia que formulará voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 71, 108, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalment

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28309-16af57e7/demanda-de-amparo-indirecto-promovida-por-el-asesor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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