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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD. SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO ES CONTROVERTIR QUE SE LE DESCONOCIÓ AQUÉLLA EN EL JUICIO DE ORIGEN, ESA CIRCUNSTANCIA, AL CONSTITUIR LA CUESTIÓN DE FONDO PROPUESTA, DEBE RESOLVERSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 251/2017. · Registro digital (IUS): 28296
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-01-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Pág. 2571.

AMPARO DIRECTO 251/2017. 20 DE JULIO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. ENCARGADA DEL ENGROSE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. SECRETARIO: ISRAEL JACOB SOTO ALCÁNTARA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Legitimación y personería.

25. El juicio de amparo lo promovió **********, ostentándose como apoderada legal de ********** y **********, lo cual, adujo, se acreditaba con la copia certificada de la escritura pública **********, volumen **********, tomo **********, de ocho de febrero de dos mil dieciséis, del apéndice del notario público número treinta y ocho en el Estado de Quintana Roo, Municipio de Benito Juárez, con sede en la ciudad de Cancún.(25)

26. Ahora, la personería de la promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe considerarse que si la persona que firmó la demanda no exhibe el documento con el cual acredite el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, esa circunstancia hace que no pueda entablarse debidamente el proceso por falta de legitimación activa y, por ende, el juicio de amparo debe declararse improcedente.

27. Sin embargo, puede suceder que para declarar la improcedencia del juicio se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del mismo, de ser así, la improcedencia debe desestimarse y entrar al fondo y, en todo caso, negarse el amparo, pero no sobreseer.

28. Para facilitar la comprensión de lo anterior, conviene realizar una síntesis de los antecedentes del asunto, que derivan de las constancias del juicio mercantil de origen y del presente juicio de amparo.

i. Demanda. **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, por conducto de su apoderado **********, ejerció la acción de vencimiento anticipado en la vía oral mercantil de ********** y **********, demandando el pago de saldo insoluto del crédito, amortizaciones no pagadas, intereses vencidos, intereses moratorios, entre otras prestaciones.

ii. Contestación. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, los demandados ********** y **********, por conducto de **********, quien se ostentó como su apoderada legal, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra y opusieron las excepciones y defensas que estimaron convenientes.(26)

iii. Prevención. En proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete,(27) la Juez del conocimiento determinó que no había lugar a tener por contestada la demanda, toda vez que ********** no demostró contar con facultades para representar a los demandados, en razón de que el mandato general que le fue conferido en la escritura pública **********, que exhibió y con el que pretendió acreditar su personalidad, se encontraba limitado única y exclusivamente al bien inmueble sobre el que recaía la garantía hipotecaria del contrato base de la acción; de ahí que al demandar la acción personal de vencimiento anticipado del contrato, aquélla no podía representar en el procedimiento a los citados demandados, toda vez que la acción ejercida no incidía directamente sobre el bien respecto del que se otorgó el mandato, por no tratarse de una acción real, sino personal.

iv. Derivado de lo anterior, la Juez de Distrito requirió a la parte demandada para el efecto de que exhibiera el documento con el cual se acreditara la personalidad de **********, con el apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo concedido, se proveería lo conducente respecto de la oportunidad del escrito de contestación de demanda.

v. Rebeldía. En proveído de veinte de febrero del año en curso,(28) la Juez Federal hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio y declaró en rebeldía a los enjuiciados, y por precluido su derecho para contestar la demanda, por lo que hace al codemandado, le tuvo por confesados los hechos de la demanda y a la codemandada en sentido negativo.

vi. Audiencia preliminar. El seis de marzo de dos mil diecisiete(29) tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la cual, se hizo la depuración del procedimiento y, dada la incomparecencia de los demandados, no se opusieron excepciones procesales, ni hubo conciliación, así como tampoco fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; se admitieron y desecharon pruebas y, finalmente, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia del juicio.

vii. Audiencia de juicio oral. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete(30) tuvo verificativo la audiencia de juicio, a la cual, únicamente compareció la autorizada de la parte actora, no así los demandados; se desahogaron los medios de convicción admitidos a la parte actora, se tuvieron por formulados los alegatos que expresó y se señaló fecha para la continuación de la audiencia de juicio, en la cual se dictó la sentencia correspondiente.

viii. Decisión judicial. La Juez de instancia dictó sentencia el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete,(31) en la cual declaró procedente la vía oral mercantil, resolvió que la institución bancaria actora probó su acción; en consecuencia, condenó a los demandados al pago de las prestaciones solicitadas.

ix. Juicio de amparo directo. Inconforme con la sentencia definitiva, ********** presentó demanda de amparo directo, ostentándose como apoderada legal de ********** y **********, lo cual, adujo, se acreditaba con la copia certificada de la escritura pública **********, volumen **********, tomo **********, de ocho de febrero de dos mil dieciséis, del apéndice del notario público número treinta y ocho en el Estado de Quintana Roo, Municipio de Benito Juárez, con sede en la ciudad de Cancún, haciendo valer como violación procesal, sustancialmente, lo siguiente:

a) La Juez responsable vulnera el derecho de defensa de los quejosos, no obstante que el poder exhibido le otorga facultades de representación de los demandados, por lo que debió advertir las facultades implícitas que nacen de los mandatos generales, pues basta que se tenga poder para actos de dominio para que se estimen implícitas las facultades de pleitos y cobranzas y actos de administración.

b) La actora instó la función jurisdiccional promoviendo acción personal en contra de los demandados ********** y **********; sin embargo, aun cuando en el mencionado poder general limitado con que ostenta su personalidad, se limitó en relación con un bien raíz, y si bien no se reclama la garantía hipotecaria, no menos cierto es que las prestaciones que se exigen en el escrito inicial de demanda emanan del contrato de crédito que tuvo como finalidad la adquisición del inmueble.

29. De los antecedentes que preceden, puede advertirse que la razón que motivó la presente instancia constitucional fue para obtener, en caso de que fuera procedente, la anulación de la decisión de la autoridad responsable en el sentido de que ********** no acredita su personalidad para representar a ********** y ********** en el juicio oral mercantil de origen, y que trajo como consecuencia que se declarara su rebeldía.

30. Esto es, la pretensión de la impetrante es que este Tribunal Colegiado analice si es ajustado a derecho o no, la afirmación de la Juez responsable de que ********** no tiene personalidad para representar a ********** y ********** en el juicio oral mercantil de origen, lo que pretendió justificar con la escritura pública **********, volumen **********, tomo **********, de ocho de febrero de dos mil dieciséis.

31. De lo anterior se obtiene que no es posible disociar la materia del fondo del juicio de amparo (personalidad de la promovente) con su improcedencia por falta de legitimación, puesto que de emitirse un pronunciamiento al respecto, con ello se estaría resolviendo el fondo del asunto, que es la materia de la sentencia de fondo del juicio de amparo.

32. En efecto, si el problema jurídico que se plantea en la demanda de amparo es dilucidar si ********** tiene personalidad para representar a ********** y ********** en el juicio oral mercantil de origen, es claro que tal cuestión debe resolverse en la sentencia que se dicte en el presente juicio, por constituir precisamente la cuestión de fondo propuesta en la demanda de amparo, y no al proveer sobre un presupuesto procesal.

33. De lo contrario, se estaría prácticamente resolviendo la materia de fondo planteada en la demanda de amparo, sin siquiera atender a los argumentos contenidos en ésta.

34. En ese tenor, es claro que no debe permitirse una argumentación semejante para justificar la no admisión de una demanda de amparo o la improcedencia del juicio de amparo, pues no obstante que se funde y motive la decisión respectiva, y que con ello se dé respuesta a lo pedido por el gobernado; el mandato constitucional de legalidad requiere que se aprecie de forma completa la petición de jurisdicción que se le formula y se valoren las particularidades de cada caso, a fin de permitir que un justiciable cuente con un medio para controvertir las posibles arbitrariedades cometidas en su contra.

35. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(32) del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."

36. De ahí que para no incurrir en una falacia argumentativa que contraviene los derechos humanos de seguridad jurídica, en su vertiente de legalidad y, en consecuencia, el de acceso a la tutela judicial efectiva, debe desestimarse la improcedencia del juicio de amparo por falta de personalidad de la promovente, para así respetar el derecho del gobernado a encontrar una respuesta justificada a sus pretensiones.

37. Al respecto, cobran relevancia las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 124/2015,(33) en la que se abordó el tema de la justificación de la representación en el juicio de amparo directo con la que se ostenta un autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, que dicen lo siguiente:

"27. Específicamente, en el artículo 17 constitucional se instituye que la impartición de justicia, debe ser pronta y expedita, de tal manera que, en coherencia con estos postulados, en todos los juicios deben regir principios orientados a satisfacerla –certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal– y que permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción; aspectos que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, al tratarse de un medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno.

"28. En este sentido, esta Corte ha observado que el contenido de estos principios adquieren matices propios, tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, pues corresponde al Juez de amparo, analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional."

38. Por tanto, si bien la personalidad constituye un presupuesto procesal, si la falta de ésta se torna en lo pedido en la instancia constitucional, es claro que si se exigiera como requisito de admisión o procedencia, que dicha personería sea comprobada, se incurriría en la falacia de petición de principio, con independencia de que en la sentencia del juicio de amparo se haga un nuevo estudio sobre dicho aspecto de fondo, en tanto que lo que provoca que se incurra en la citada falacia es la reducción de la pretensión a un presupuesto procesal.

39. Es ilustrativa la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(34) de rubro y texto siguientes:

"PERSONALIDAD, MOTIVO DEL AMPARO.—Si se lleva al conocimiento del Juez de Distrito que conoce del amparo, la legalidad o ilegalidad de una providencia que en un juicio, en trámite, desconoce una personalidad, resulta antijurídico que ese funcionario exija previamente a la admisión de la demanda, que se le acredite esa personalidad, puesto que es precisamente el problema que se va a discutir y resolver en el fondo del juicio de garantías."

40. Consecuentemente, el presupuesto procesal de personalidad queda satisfecho si quien ejerce la acción es la persona a la cual se le desconoció su personería en el juicio de origen y es dicho tema el motivo de la pretensión.

QUINTO.—Conceptos de violación.

41. Para el estudio del presente asunto se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda agregada al expediente de amparo, razón por la que no se transcriben.

I. Violaciones procesales.

42. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 171 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que promueva un justiciable con relación a un proceso judicial, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimiento de las precitadas normas, conviene destacar que este amparo directo es el primero que se promueve con motivo del juicio natural y la parte quejosa formuló conceptos de violación de carácter adjetivo o procesal.

43. En los conceptos de violación, la promovente sustancialmente hace valer que la Juez responsable vulnera el derecho de defensa de los quejosos, no obstante que el poder exhibido le otorga facultades de representación de los demandados, tanto respecto del bien inmueble que refiere el mismo, así como para defender sus derechos, pues tratándose de la representación legal, es menester atender al contenido del instrumento notarial exhibido para advertir su eficacia, por lo que debió advertir las facultades implícitas que nacen de los mandatos generales, los cuales pueden ser (sic).

44. Asimismo, señala la promovente del amparo que basta que se tenga poder para actos de dominio para que se estimen implícitas las facultades de pleitos y cobranzas y actos de administración, ya que el mandatario tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a bienes, como para hacer toda clase de gestiones para defenderlos, y si se quisieran limitar las facultades de los apoderados en los tres casos mencionados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

45. Agrega que la institución bancaria actora instó la función jurisdiccional promoviendo acción personal de vencimiento anticipado en contra de los demandados ********** y **********, y no una acción real de hipoteca, como lo determinó la Juez responsable; sin embargo, aun cuando en el mencionado poder general limitado con que ostenta su personalidad, se limitó en relación con un bien raíz, y si bien no se reclama la garantía hipotecaria, no menos cierto es que las prestaciones que se exigen en el escrito inicial de demanda emanan del contrato de crédito que tuvo como finalidad la adquisición del inmueble.

46. Asimismo, afirma que abonan a su favor las circunstancias de que en el contrato base de la acción personal existen múltiples referencias al inmueble, y que la parte actora relacionó el inmueble en el escrito inicial de demanda, por ello concluye que aun cuando se está en presencia de una acción personal, también resulta ser que el contrato de crédito y el inmueble están ligados a la promovente, en los términos del poder otorgado por los quejosos, por lo que puede defender a la acreditada de cualquier acción que derive del mencionado contrato.

47. Son infundados los conceptos de violación, por las razones que a continuación se exponen.

48. El Código Civil para el Estado de Quintana Roo regula el contrato de mandato escrito, en los artículos siguientes:

"Artículo 2801. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar, por cuenta y a nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos que el mandante le encarga."

"Artículo 2806. El mandato puede ser escrito o verbal."

"Artículo 2807. El mandato escrito puede otorgarse:

"I. En escritura pública;

"II. En carta poder firmada por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, Juez de Primera Instancia, Menor o de Paz, o ante el correspondiente funcionario administrativo cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos; y

"III. En carta poder firmada por el otorgante y dos testigos sin ratificación de firmas."

"Artículo 2809. El mandato escrito puede ser general o especial. Son generales los contenidos en cualquiera de los tres primeros párrafos del artículo siguiente, pero si comprende los tres, el poder será general amplísimo. Cualquier otro mandato tendrá el carácter de especial."

"Artículo 2810. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

"En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

"En los poderes generales para ejercer actos de dominio, con la sola excepción de la donación, que en este código es un negocio jurídico personalísimo para el donante y por tanto no admite la representación en cuanto a éste, bastará que se diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

"Cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.

"Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. Lo mismo harán al calce del poder y antes de las firmas de la ratificación si es que en el texto del documento no lo hubieren insertado los interesados, los funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción II del artículo 2807 en relación con el 218 y el 2811. Sin esta inserción, los aludidos testimonios y las mencionadas ratificaciones carecerán de todo efecto legal."

"Artículo 2811. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, o ante los Jueces o autoridades administrativas correspondientes:

"I. Cuando sea general;

"II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda de cinco mil pesos; y

"III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público."

"Artículo 2820. El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo."

49. De lo anterior, se colige que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar, por cuenta y a nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos que el mandante le encarga. Dicho mandado puede ser general o especial.

50. Son tres los poderes generales que pueden otorgarse, a saber: a) poder general para pleitos y cobranzas; b) poder general para administrar bienes; y, c) poder general para ejercer actos de dominio. El mandato que comprende los tres poderes será general amplísimo.

51. Asimismo, prevén que todos los poderes generales otorgados se entienden sin limitación alguna, salvo cuando se quieran limitar las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.

52. Por tanto, el mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.

53. Bajo esa óptica, en el caso particular, en el juicio oral mercantil ********** compareció a contestar la demanda como apoderada legal de ********** y **********, lo cual, adujo, se acreditaba con la copia certificada de la escritura pública **********, volumen **********, tomo **********, de ocho de febrero de dos mil dieciséis, del apéndice del notario público número treinta y ocho en el Estado de Quintana Roo, Municipio de Benito Juárez, con sede en la ciudad de Cancún.(35)

54. Del contenido del poder exhibido por la promovente se desprende lo siguiente:

a) El ocho de febrero de dos mil dieciséis, ********** compareció ante notario público en representación de ********** y **********, para otorgar poder general limitado a favor de **********.

b) Los poderes y facultades otorgados consistieron en los siguientes:

b.1.) Facultades para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del primer párrafo del artículo 2810 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y su correlativo del Código Civil Federal.

b.2.) Para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo 2810 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y su correlativo del Código Civil Federal.

b.3.) Para actos de dominio, en términos del tercer párrafo del artículo 2810 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y su correlativo del Código Civil Federal.

c) En el mandato de mérito se hizo la precisión y limitación del tenor siguiente:

"D) Asimismo, en el ejercicio del presente poder la apoderada también contará con facultades amplias y suficientes que de una manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación:

"Firmar todos los documentos o trámites necesarios, tanto públicos como privados, comprendiéndose la facultad para suscribir todos los contratos, convenios, reestructuras, modificaciones o cualesquier otro documento que sea necesario, pudiendo también de igual forma solicitar y obtener estados de cuenta, realizar los pagos correspondientes, liquidaciones, finiquitos, hacer daciones en pago, solicitar la cancelación de hipoteca, etcétera; ante cualquier institución, autoridad o dependencia ya sean federales, estatales o municipales, y ante particulares, que sean convenientes o necesarios y que tengan relación directa o indirecta con el inmueble sobre el cual se otorga el presente poder.

"E) Limitación. Las facultades anteriores se ejercitarán única y exclusivamente respecto a los derechos que le correspondan a los poderdantes sobre la vivienda identificada con el número nueve, ubicada en la calle **********, del conjunto habitacional afecto al régimen de propiedad inmueble en condominio constituido respecto del lote ********** de la manzana **********, residencial **********, supermanzana ********** de la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo."

d) A su vez, el otorgante ********** acreditó la representación de ********** y ********** –según lo hizo constar el notario público–, con diverso instrumento público que contiene un poder general limitado, del que se desprende que cuenta con facultad para otorgar y revocar poderes generales o especiales, y también es limitado a la vivienda ubicada en calle **********, del conjunto habitacional afecto al régimen de propiedad inmueble en condominio constituido respecto del lote dieciséis de la manzana **********, residencial **********, supermanzana **********, de la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo.

55. Atendiendo al contenido y al objeto expresamente delimitado del mandato, no queda lugar a duda que las facultades generales otorgadas para pleitos y cobranzas, administración y de dominio son única y exclusivamente para ejercerlas respecto de la vivienda descrita en el mismo.

56. Entonces, si en el juicio oral mercantil se ejerció la acción de vencimiento anticipado del contrato, esto es, se instauró por el ejercicio de una acción personal y no real respecto del inmueble objeto del mandato, es claro que con ese instrumento público **********, no acredita la representación de ********** y **********, dado que en el juicio mercantil no existe acción que ejercer en defensa del citado bien raíz.

57. Tampoco puede concluirse implícitamente la representación como lo aduce la promovente, dado que aun de manera indirecta no existe una afectación al inmueble con motivo del juicio de origen, toda vez que de ninguna manera el proceso versó sobre una acción sobre ese bien.

58. Por tanto, contrario a lo que sostiene la inconforme, no pueden extenderse sus facultades por el hecho de que el documento base de la acción consista en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, cuyo gravamen recayó en el bien objeto del mandato, ya que, se insiste, el juicio oral mercantil no versó sobre los derechos que puedan tener ********** y ********** sobre el inmueble de referencia, por lo que no hay acción que ejercer en defensa de los intereses y derechos sobre ese bien.

59. De ahí que se concluye que la promovente parte de una afirmación errónea, al sostener que puede defender a la acreditada de cualquier acción que derive del mencionado contrato, ya que el objeto de los poderes otorgados no guardan relación con el contrato de crédito con garantía hipotecaria base de la acción, sino con el inmueble; por tanto, la afirmación correcta es que la promovente puede defender a la acreditada de cualquier acción que derive del mencionado inmueble, ya que, en todo caso, si la voluntad de los mandantes hubiese sido otorgar facultades para defenderlos de cualquier acción derivada de ese contrato, entonces el mandato no se encontraría limitado al bien raíz, sino al acuerdo de voluntades.

60. En otras palabras, para acreditar la personalidad de **********, bastaba exhibir un poder general para pleitos y cobranzas, en términos del artículo 2810 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, otorgado a su favor por ********** y **********, sin limitación alguna; o bien, con la limitación de que las facultades conferidas son con relación al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base de la acción, esto es, para defensa de los intereses de los mandantes, acotadas a las cuestiones que deriven del referido acto jurídico.

61. Por las razones expuestas, son acertadas las consideraciones de la Juez responsable expuestas en los proveídos de ocho y veinte de febrero de dos mil diecisiete, en relación con la personalidad de **********; por tanto, resultan infundados los argumentos de la promovente del amparo.

II. Planteamiento inoperante por no controvertir las consideraciones de la autoridad responsable, sino cuestiones ajenas a la litis.

62. Por otra parte, aduce la inconforme que la Juez responsable se ha pronunciado en el sentido que sostiene en la sentencia interlocutoria dictada en el expediente **********, respecto a un juicio ordinario mercantil consultable en el SISE, con fecha quince de febrero de dos mil quince.

63. Es inoperante el motivo de inconformidad aducido, porque no controvierte las consideraciones de la Juez de Distrito, sino que pretende evidenciar las violaciones aducidas en hechos y circunstancias derivados del expediente **********, distinto al que originó el juicio radicado con el número **********, del que emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo.

64. Por tanto, resultan ineficaces los motivos de inconformidad en los que, en lugar de controvertirse las bases de la actuación sujeta al examen constitucional, se combaten consideraciones que le son ajenas, dejándose de impugnar la verdadera razón en la que se sustentan los actos de la responsable. De ahí que deba declararse inoperante el argumento de la promovente.

65. Al respecto, resulta ilustrativa, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 26/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,(36) cuyos rubro y texto dicen:

"AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE.—Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante."

66. Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

67. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y **********, contra el acto que reclamó de la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en Cancún, Quintana Roo, consistente en la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio oral mercantil **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, procédase a archivar el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Selina Haidé Avante Juárez (presidente) y Juan Ramón Rodríguez Minaya. El Magistrado Jorge Mercado Mejía votó en contra y anuncia que sostendrá su ponencia como voto particular, con fundamento en el artículo 186 de la Ley de Amparo.

En términos de lo previsto en lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28296-09d725af/personalidad-si-al-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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