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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 55/2014. · Registro digital (IUS): 25345
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-11-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Pág. 2715.

QUEJA 55/2014. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: LILIANA ELIZABETH SEGURA ESQUIVEL.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En síntesis, dichos motivos de inconformidad acotan que la Jueza de amparo:

• El inconforme señaló que el "30 de enero de 2014" se le notificó que la autoridad responsable había cumplido con la ejecutoria concesoria de amparo, sin embargo, la Jueza de garantías omitió dar al hoy recurrente copia certificada o cuando menos simple del acto reclamado, lo cual impidió conocer el contenido del auto de formal prisión hasta el veintiuno de mayo de dos mil catorce, cuando el Juez castrense estimó que el cumplimiento se encontraba firme; luego, el cinco de marzo de la presente anualidad interpuso el recurso de inconformidad contra dicho cumplimiento, el cual fue resuelto por este órgano colegiado, en el sentido de declararlo "inoperante"; así, el Juez militar le notificó el "nuevo auto de formal prisión hasta el 21 de mayo de 2014".

De ahí que, es a partir de esta última data, en la que comenzó el plazo para interponer el juicio de garantías en contra de dicho acto reclamado, ya que el Juez castrense refirió que el auto que tuvo por cumplido el fallo protector no causaba estado, sino hasta que se resolviera el recurso de inconformidad aludido, por lo que una vez que se resolvió éste, se le notificó en su integridad el nuevo auto de plazo constitucional.

Por lo que, la Jueza de Distrito parte de una apreciación equívoca cuando refiere que desde el seis de marzo del presente año (fecha en que interpuso el recurso multicitado) tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual acreditó con las constancias que existen en el diverso juicio de amparo 777/2013-III, lo cual es incorrecto, dado que de las mismas no se advierte que se le haya hecho del conocimiento por parte del juzgado federal o militar el auto de formal prisión. Máxime que, en ningún momento consintió el acto, como lo adujo la Jueza de amparo, pues incluso interpuso el medio de impugnación multireferido.

• Al existir duda sobre la fecha de notificación del acto de autoridad, la juzgadora constitucional debió abstenerse de desechar de plano la demanda, pues al hacerlo, vedó la posibilidad de ofrecer pruebas y demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, impidiendo con ello el acceso a una defensa adecuada, pues la Jueza señaló una data y el Juez castrense indicó que una vez que causara estado.

"Amén de que, al existir litispendencia había un impedimento real para interponer el juicio de garantías, e inclusive la apelación."

• Determinó extemporánea la demanda de amparo, dado que, al derivar el acto reclamado del cumplimiento de un diverso juicio constitucional, se debió interponer dicha demanda contra el auto que la tuvo por cumplida y no, contra el "auto que notifica personalmente el nuevo auto de formal prisión, al momento de resolverse el recurso de inconformidad."

Dichos motivos de agravio resultan infundados y el último inoperante, pero previo a establecer las razones por las que se sostiene lo anterior, resulta necesario apuntar los siguientes antecedentes del caso, para lo cual, se invocan diversos datos como hechos notorios(1) que se encuentran plasmados en la resolución de la inconformidad 7/2014 del índice de este órgano colegiado, dado que, tiene íntima relación con el presente asunto, tal como se asienta a continuación:

• El 1 de agosto de 2013, el hoy recurrente promovió demanda de amparo contra el auto de formal prisión de veintiuno de julio de dos mil trece, emitido por el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar, en la causa 594/2012.

• El 8 de enero de 2014, la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito (a quien le tocó conocer de la citada demanda), resolvió en el juicio de amparo biinstancial 777/2013-III, conceder el amparo para efectos (por falta de fundamentación y motivación).

• El 27 de enero de 2014, el secretario encargado del despacho, por vacaciones de la titular del Juzgado de Distrito aludido, señaló que dicha resolución había causado ejecutoria y requirió al Juez castrense, para que en el término de tres días comunicara el cumplimiento que diera al fallo protector.

• El 29 de enero de 2014, el Juez militar dictó el nuevo auto de plazo constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

• El 30 de enero de 2014, el secretario encargado del despacho del juzgado constitucional, ordenó dar vista a la parte quejosa con dichas constancias para que, en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, quien hizo diversas manifestaciones al respecto.

• El 13 de febrero de 2014, la titular del Juzgado de Distrito emitió pronunciamiento en el que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Lo que se notificó personalmente al autorizado del hoy recurrente al día siguiente, esto es, el catorce del citado mes y año.

• El 5 de marzo de 2014, el peticionario de amparo interpuso recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplida el fallo protector.

• El 24 de abril de 2014, este órgano colegiado (a quien por razón de turno correspondió conocer del citado medio de impugnación) resolvió en la inconformidad 7/2014, declarar infundado dicho recurso.

• El 7 de mayo de 2014, la secretaria de Acuerdos de este tribunal constitucional hizo del conocimiento tanto del juzgador de amparo como del Juez castrense la resolución aludida con antelación, tal como se constata de los sellos de recepción de dichos órganos jurisdiccionales a fojas 86 y 87 del cuaderno de inconformidad 7/2014.

• El 8 de mayo de 2014, la juzgadora de garantías dictó un proveído en el que tuvo por recibidos los autos originales del juicio biinstancial 777/2013-III de su índice; asimismo, acusó el testimonio de la resolución pronunciada por este órgano colegiado en la inconformidad multireferida y ordenó el archivo del expediente. Lo cual fue notificado a las partes por lista el nueve del citado mes y año y, en la misma data a la autoridad responsable castrense (fojas 255 y 256 del cuaderno en que se actúa).

• El 11 de junio de 2014, el quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra el auto de plazo constitucional de veintinueve de enero de dos mil catorce, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 89 a 120 del presente expediente).

• El 13 de junio de 2014, la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad (de la cual tocó conocer de la citada demanda), la registró bajo el número 560/2014-III y determinó desechar de plano la demanda de garantías, al estimar actualizada de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV (contra actos consentidos tácitamente), en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, ello al establecerse que la demanda fue presentada en forma extemporánea (fojas 166 a 170 del cuaderno de queja). Lo cual fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado el dieciséis siguiente (foja 171).

• El 24 de junio de 2014, el peticionario de garantías interpuso el presente recurso de queja en contra del proveído anterior.

Narrado lo anterior, es preciso señalar que el acto reclamado(2) se trata del auto de formal prisión emitido el veintinueve de enero de dos mil catorce, esto es, en fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley de Amparo -tres de abril de dos mil trece- que deroga la ley anterior (fojas 182 a 250), mientras que la demanda de amparo se presentó el once de junio del mismo año, esto es, bajo la vigencia de la nueva ley.

De ahí que, la autoridad recurrida desechó la demanda de garantías al determinar que ésta fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, determinación que es correcta (aunque con la precisión que se hará más adelante), ello es así, pues de conformidad con lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 371/2013, de la cual emanó la jurisprudencia P./J. 45/2014(3), que establece:

"ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate."

De dicho contenido se advierte que, en tratándose de actos privativos de libertad dictados dentro de un procedimiento judicial bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, pueden ser impugnados en cualquier tiempo; situación que no acontece en el caso particular, pues el acto reclamado en el juicio de amparo del que emana este recurso, se dictó bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, pues se emitió el veintinueve de enero de dos mil catorce, por ende, la temporalidad para promover el juicio de amparo contra dicho acto debe regirse bajo el plazo de quince días, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor.

Puntualizado lo anterior, debe señalarse que el punto de controversia en el presente asunto, es establecer la fecha que se debe tomar para efectos de realizar el cómputo de quince días para promover el juicio de amparo, para lo cual, se debe atender a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo que señala:

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

Del contenido de dicho ordinal se advierten diversos supuestos, pues señala que el plazo para la promoción de la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a:

• Aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o;

• Aquel en que haya tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

Ahora bien, con base en lo anterior y tomando en cuenta que el acto reclamado de que se duele el quejoso fue dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, este órgano de decisión estima oportuno aclarar que el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr, a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación realizada al quejoso respecto de la determinación dictada por la Jueza de Distrito en el juicio de amparo primigenio 777/2013-III, en la que declaró cumplida la sentencia concesoria dictada al efecto, esto es, a partir del catorce de febrero de dos mil catorce y no así, a partir del "seis de marzo" del mismo año, en que el hoy recurrente interpuso el recurso de inconformidad en contra de dicha declaratoria de cumplimiento, como lo aduce la juzgadora constitucional (que es la misma que conoció del citado juicio) en el amparo biinstancial de que se trata, razonando que a partir de esa data tuvo conocimiento del auto de plazo constitucional reclamado.

Ello es así, pues este órgano de control constitucional estima que, en tratándose de actos dictados en cumplimiento a una sentencia concesoria, en que se haya otorgado libertad de jurisdicción total o parcial a la autoridad responsable para emitir el nuevo acto, el plazo para instar un nuevo juicio de garantías comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso de la determinación que declaró cumplida la sentencia protectora, o bien, a aquel en que el justiciable haya tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, pues de actuar en contrario, se dejaría al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que antes de la declaración de cumplimiento, no podría saber con precisión, cuáles son las violaciones que deben combatirse en la nueva demanda de garantías.

Además, sería un desatino computar el plazo para la promoción de un juicio de amparo contra un acto dictado en cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo, sin existir pronunciamiento previo sobre su cumplimiento, pues ello implicaría soslayar:

• Que las resoluciones dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se devolvió a la autoridad responsable libertad de jurisdicción total o parcial, encuentran su razón y medida en la propia sentencia de amparo; y

• Que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por tanto, el órgano de control constitucional debe realizar todas las gestiones que resulten necesarias para lograr tal cometido.

En ese orden de ideas, cabe mencionar que no le asiste la razón al inconforme en el sentido de que éste no conocía el contenido del auto de formal prisión dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque la Jueza constitucional, al notificárselo el "30 de enero de 2014" (data incorrecta, pues la notificación se llevó a cabo el catorce de febrero de dicha anualidad, como quedó asentado en párrafos precedentes), omitió darle copia simple o certificada de éste, motivo por el cual conoció del mismo en su integridad hasta el veintiuno de mayo de dos mil catorce; manifestación que resulta incorrecta, pues tan tenía conocimiento del mismo que realizó diversas manifestaciones al respecto; para con posterioridad interponer el recurso de inconformidad en contra de la determinación de cumplimiento, como así lo señala en sus motivos de agravio.

En consecuencia, no puede considerarse como fecha para iniciar el cómputo de quince días para la promoción de la demanda de garantías el veintiuno de mayo del presente año, como lo pretende hacer valer el recurrente, porque en primer lugar, no es hasta esa data en donde tuvo conocimiento del contenido del acto reclamado, como ya quedó asentado en líneas precedentes; además, aduce que el Juez castrense le refirió que el auto que tuvo por cumplido el fallo protector no causaba estado, sino hasta que se resolviera el recurso de inconformidad planteado, ello resulta incorrecto, pues la validez y eficacia de la resolución dictada en cumplimiento de un fallo protector, se encuentra sujeta a la determinación del órgano de control constitucional que declare cumplida la sentencia concesoria, pues aun cuando es existente, el acto reclamado dictado en cumplimiento cobrará firmeza a propósito de esta última determinación.

Máxime que cuando una sentencia de amparo no se encuentra cumplida, el órgano de amparo realiza dicho pronunciamiento y ordena a la autoridad responsable dejar insubsistente la determinación con la que se pretendió dar cumplimiento de la sentencia de amparo, así como emitir otra en la que con libertad de jurisdicción, se cumplan los lineamientos apuntados en el fallo protector, ello en atención a la naturaleza de orden público que reviste el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos de lo dispuesto en el precepto 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual precisa que los Estados Parte se comprometen a garantizar el cumplimiento (por las autoridades competentes) de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; pues acorde con dichos numerales, el órgano de control constitucional debe realizar todas las diligencias que resulten necesarias para lograr que la ejecutoria de amparo se observe en sus términos.(4)

En mérito de lo expuesto, sostener que el plazo para la promoción del juicio de amparo contra una determinación dictada en cumplimiento a una sentencia concesoria comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en surta efectos la notificación realizada a la parte quejosa de la determinación que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, encuentra su fundamento último en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello otorga certeza jurídica al quejoso, de que el juicio de amparo será promovido contra un acto respecto del cual conoce su contenido.

Actuar en contrario genera inseguridad para el peticionario de amparo, así como promoción innecesaria de juicios de amparo y saturación del aparato judicial, pues ningún sentido tiene instar la acción constitucional contra una determinación que a la postre podrá ser declarada insubsistente por la autoridad responsable, virtud a que el órgano de control constitucional decretará eventualmente, que no cumple lo ordenado en la ejecutoria de amparo.

Bajo esta tesitura, no existe algún impedimento legal como lo aduce el quejoso en el sentido de que debía esperarse hasta la resolución del recurso de inconformidad planteado, pues de lo contrario existiría "litispendencia", pues, como ya quedó asentado, será el dictado del auto que declara cumplida una ejecutora de amparo, el que permitirá al quejoso conocer y tener certeza de la materia sobre la cual podría promoverse el nuevo juicio constitucional, con independencia de los medios de defensa que eventualmente hiciera valer para inconformarse contra dicho auto.

De lo expuesto se advierte que, si bien es cierto, la data que tomó en cuenta la Jueza constitucional para desechar la demanda de amparo es incorrecta, por las razones señaladas, también lo es que, no existe duda respecto a la fecha de notificación del acto de autoridad que se debe tomar en cuenta para efectos del inicio del cómputo de quince días para la promoción del juicio de garantías, pues de los autos que integran el diverso juicio de amparo 777/2013-III del índice de la autoridad recurrida, se advierte que el proveído que declaró cumplida la sentencia de amparo en relación con el acto reclamado al Juez militar, fue notificada personalmente al autorizado del quejoso, el catorce de febrero de dos mil catorce, el plazo para la promoción de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho del citado mes al diez de marzo de dicha anualidad, con excepción de los días veintidós y veintitrés del mes mencionado en primer término; así como el uno, dos, ocho y nueve del segundo mes, por ser inhábiles.

Luego, si el controvertido constitucional, ahora sujeto a revisión, fue promovido el once de junio del presente año, según se advierte del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es evidente que aquél resultó extemporáneo, pues rebasó en exceso el término genérico de quince días.

En consecuencia, fue correcta la determinación del órgano de control constitucional al desechar la demanda de amparo, por estimar actualizada de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV (contra actos consentidos tácitamente), en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, pero no por las consideraciones plasmadas en el auto que hoy se recurre.

Finalmente, por todo lo expuesto resulta inoperante el argumento del hoy recurrente en el sentido de que la Jueza constitucional determinó extemporánea la demanda de amparo, dado que, al derivar el acto reclamado del cumplimiento de un diverso juicio constitucional, se debió interponer dicha demanda contra el auto que la tuvo por cumplida y no, contra el "auto que notifica personalmente el nuevo auto de formal prisión, al momento de resolverse el recurso de inconformidad"; pues, del análisis del auto recurrido no se advierte dicha manifestación por parte del órgano de amparo.

Por lo expuesto; se resuelve:

ÚNICO.-Con las precisiones anotadas, es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere.

Notifíquese, con testimonio de esta ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz (presidente), Silvia Carrasco Corona y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.-Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista."

Así como en la diversa VI.1o.P. J/25, que este tribunal comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 1199, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.-Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento."

2. Así como diversos que son consecuencia del principal que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

3. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 13 de junio de 2014, la cual es de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 del citado mes y año. Pendiente de integrar al módulo de sistematización.

4. Es ilustrativa la tesis 3a. XCI/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, página 99, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25345-44670e10/demanda-de-amparo-computo-del-termino-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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