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AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO CUENTA CON FACULTADES PARA DESAHOGAR LA VISTA OTORGADA AL ACTOR CON EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2018. · Registro digital (IUS): 28104
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-10-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 597.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien conoció del amparo directo **********, y del cual se advierten los siguientes antecedentes:

Juicio ejecutivo mercantil. **********, por conducto de su representante, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, de quien demandó –entre otras prestaciones– el pago del importe de un pagaré.

Del asunto correspondió conocer al Juez Sexto de lo Civil y de Hacienda del Estado de Aguascalientes con el número **********, quien admitió a trámite la demanda y emplazó a juicio al enjuiciado.

Al dar contestación a la demanda formulada en su contra, el enjuiciado adujo que era cierto que firmó el título base de la acción; sin embargo, precisó que la cantidad señalada con número y letra, así como la fecha, entre otros elementos, quedaron en blanco al momento del llenado del título de crédito. Con el escrito de contestación, se ordenó dar vista al enjuiciante para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, de conformidad con lo previsto por el artículo 1400 del Código de Comercio.

Seguidos los trámites legales correspondientes, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que declaró probada la acción ejercida por el demandante y la enjuiciada no acreditó sus excepciones, condenándola al pago de las prestaciones reclamadas.

Inconforme con esa determinación, el demandado interpuso recurso de apelación del que conoció la Primera Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes, con el toca **********, habiéndose dictado sentencia el veintiocho de junio de dos mil seis, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, al considerar que el actor no probó su acción y el demandado sí probó sus excepciones, por lo que condenó al primero al pago de costas y gastos originados con motivo del juicio. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

I) Por estimar que el actor, a través de su representante legal, contestó la vista que ordena el artículo 1400 de la legislación mercantil, de la cual obtuvieron afirmaciones que constituyen reconocimientos de hechos que le perjudican pues, entre otras cosas, manifestó que era cierto que el demandado llenó el recuadro donde aparecen las generales y datos del deudor; no obstante, señaló que las demás menciones y requisitos del pagaré fueron llenados por el personal de la actora, aunque refiere que se realizó en presencia de la demandada; además, arguyó, que el documento fue suscrito en garantía de diversos equipos de andamios y marcos; que el vencimiento fue pactado; y que se le explicó al demandado la manera en cómo se iban a cuantificar el monto del pagaré.

II) Por ende, al tenor del contenido del escrito de contestación de vista a la contestación de demanda, realizada por la parte actora y de la confesión ficta del actor, se llegaba a la conclusión de que se justificaron las defensas del enjuiciado, en especial, por cuanto hace a la suscripción en blanco del pagaré fundatorio de la acción en lo relativo a la cantidad y, posteriormente, este elemento fue llenado por la actora.

Juicio de amparo directo. En contra de la resolución del tribunal de alzada, la parte actora en el juicio principal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables a la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia que resolvió el recurso de apelación, así como al Juez Sexto de lo Civil y de Hacienda, ambos del Estado de Aguascalientes, la primera, en su calidad de ordenadora y, la segunda, como ejecutora.

Esencialmente, formuló como conceptos de violación, la transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en la sentencia reclamada se otorga el carácter de confesión a lo expresado por el abogado autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, al evacuar la vista que se dio a la parte actora con el escrito de contestación de demanda, lo cual es ilegal, porque al mencionado profesionista sólo se le autorizó para los efectos del precepto legal mencionado.

El tribunal del conocimiento, al resolver el asunto, tuvo en cuenta que la Sala responsable, al valorar la contestación de la vista, le otorgó pleno valor probatorio, sin embargo, consideró que las facultades del abogado procurador, se reducen a recibir un mandato judicial o un poder para pleitos y cobranzas por parte de su cliente, a fin de comparecer a nombre y representación de éste ante los tribunales, sustituyéndose en su actividad procesal; en tanto que el abogado patrono, es quien aconseja al cliente, le prepara los escritos que debe firmar y lo asiste en las audiencias.

Asimismo, adujo que el abogado procurador podía realizar en nombre y representación del autorizante los actos procesales necesarios para la defensa del cliente, bastando para ello la designación de la parte interesada en un escrito dirigido a la autoridad que conoce del juicio.

Señaló que para generar o producir una confesión de parte de una persona diversa al litigante, se requiere cláusula especial, toda vez que el artículo 1214 del Código de Comercio dispone que es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula especial, precepto que debe aplicarse al acto de absolver, demandar, contestar la demanda o la vista que con esta última se dé, pues todos estos actos implican la confesión de hechos propios.

En ese sentido, precisó que si bien el artículo 1069 de la legislación mercantil señala que el abogado autorizado podrá realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con lo cual pudiera entenderse que a aquél se le confirieron amplias facultades, de ninguna manera puede considerarse que dentro de éstas se encuentre la relativa a generar o producir confesión en el juicio, pues para ello es necesario una cláusula especial.

Por tanto, estimó que la autorización para oír notificaciones, con las facultades previstas en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio no tiene los alcances de considerar que el abogado pueda generar o producir una confesión, ya que el vocablo ofrecer y rendir pruebas, no significa que el abogado pueda articular o absolver posiciones, sino que sólo puede firmar el escrito en que se ofrezcan las pruebas y puede realizar los trámites necesarios para su desahogo.

De la ejecutoria indicada derivaron los siguientes criterios aislados:

"ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA PRODUCIR CONFESIÓN EN PERJUICIO DE SU AUTORIZANTE.—El Código de Comercio regula de manera insuficiente los casos en los que se produce la confesión judicial expresa en el juicio, pues el artículo 1212 solamente establece que aquélla se da al contestar la demanda y al absolver posiciones, por lo que tal insuficiencia debe colmarse con lo dispuesto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a los artículos 1054 y 1063 de la codificación mercantil, en el cual se establece que la confesión es expresa cuando se da en la demanda, en la contestación, al absolver o al articular posiciones, o en cualquier otro acto del juicio. A partir de lo anterior, si los actos de demandar, contestar la demanda, y absolver o articular posiciones implican una confesión, y esta última consiste en el reconocimiento de que determinados hechos propios son ciertos, habrá de concluirse que el abogado autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, carece de facultades para producir confesión en perjuicio de su autorizante, pues para que persona diversa al litigante pueda, por ejemplo, absolver posiciones, requiere cláusula especial, conforme a los artículos 1214, párrafo segundo, y 1215 del Código de Comercio, preceptos que si bien hacen referencia sólo al acto de absolver posiciones, también deben aplicarse a los actos de demandar, contestar la demanda y articular posiciones, ya que éstos, como se dijo, implican la confesión de hechos propios. Además, al establecer el artículo 1234 del mismo ordenamiento, que el absolvente puede, a su vez, articular posiciones a quien se las articula, evidencia que ‘el articulante’ sólo puede ser su contrario y no el abogado autorizado para oír notificaciones, por lo que este numeral corrobora que sólo puede articular posiciones quien tiene el carácter de parte en el juicio. Sin que pueda arribarse a una conclusión contraria por el hecho de que en términos de la autorización de que se trata el abogado pueda ofrecer y rendir pruebas, ya que esta facultad se refiere, exclusivamente, a que puede firmar el escrito en el que aquéllas se ofrezcan y realizar los trámites necesarios para su desahogo, pero no que las pueda desahogar, es decir, no podría absolver o articular posiciones –en este último caso, firmar el pliego respectivo o formularlas en forma verbal– pues ello implicaría desahogar la prueba y confesar hechos, lo cual no está dentro de las facultades que comprenden su autorización; y si bien en éstas se encuentra la relativa a que el abogado puede realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de su autorizante, tampoco puede quedar comprendida en esta facultad la posibilidad de confesar hechos propios en perjuicio de su autorizante, pues como se indicó, para ello requiere cláusula especial."

"ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA EVACUAR LA VISTA QUE SE DA A SU AUTORIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EN LA PARTE EN LA QUE ESTE ÚLTIMO EXPRESARÁ LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.—Las manifestaciones que en su caso se hagan en relación con las excepciones admitidas a la parte demandada al producir contestación, en términos del artículo 1400, párrafo segundo, del Código de Comercio, solamente puede suscribirlas la parte actora, ya sea por sí, o por medio de su representante, pues como lo expresado en ese escrito es susceptible de implicar una confesión en perjuicio de quien las hace, y el abogado autorizado en términos de lo dispuesto en el artículo 1069, párrafo tercero, del citado ordenamiento, carece de facultades para confesar hechos propios de su autorizante, este último estará impedido para evacuar la vista que se dio a la parte actora con la contestación de demanda, pero sólo en aquella parte en la que expresará lo que a su derecho convenga, pues considerar que sí puede hacerlo, implicaría admitir que puede reconocer como ciertos hechos que no le son propios."

II. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del amparo directo **********, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Juicio oral mercantil. **********, por su propio derecho demandó de **********, diversas prestaciones de carácter económico.

Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, quien la radicó con el número **********.

Una vez contestada la demanda y seguidos los trámites del juicio, el doce de diciembre del dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento dictó sentencia en el sentido de que la actora no acreditó su acción y la demandada justificó sus excepciones y defensas.

Juicio de amparo directo. Inconforme con dicho fallo, el actor promovió juicio de amparo que en un principio conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil diecisiete, estimó que el conocimiento del asunto correspondía al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al haber conocido del recurso de queja número **********. El segundo de los Tribunales Colegiados citados admitió a trámite la demanda por auto de presidencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el órgano colegiado dictó sentencia bajo las consideraciones siguientes:

Estimó fundados los conceptos de violación expresados por el solicitante del amparo, en virtud de que el abogado autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio(4) recibe un mandato judicial en términos generales para la realización de diversos actos, entre otros, el ofrecimiento o intervención en el desahogo de pruebas, así como la realización de cualquier acto tendiente a la defensa de los derechos del autorizante.

Señaló que en el auto reclamado, el Juez natural sostuvo que respecto del escrito presentado por el autorizado del actor –mediante el cual pretendía desahogar la vista que se le dio con la contestación de la demanda–, concluyó que no había lugar a dar trámite al desahogo de dicha vista; lo anterior, toda vez que carecía de facultades, pues si bien era cierto que las atribuciones establecidas en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, se equiparaban a las de un mandato, el desahogo de la vista respecto de la citada contestación se refería a hechos propios del actor, por lo que se requería mandato especial en el que constara expresamente la delegación específica de tal facultad, o bien, una cláusula especial en la que se autorizara para tales efectos, de conformidad con los artículos 2554, 2555 y 2587 del Código Civil Federal.(5)

Sin embargo, indicó que esa determinación era ilegal, puesto que el abogado autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio recibe un mandato judicial en términos generales para la realización de los actos que se encuentran señalados en ese numeral; en tanto que de la propia lectura del precepto no se advertía restricción o limitación alguna que impidiera al autorizado para desahogar la vista dada con la contestación de la demanda; de ahí que el Juez no pudiera hacer distingo o limitación alguna al respecto.

Finalmente, consideró que dentro de la facultades conferidas al abogado autorizado se encuentra la de ofrecer o intervenir en el desahogo de pruebas, así como de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, por lo que el Juez debió tomar en cuenta que dentro del escrito signado por el autorizado del actor, también se ofrecieron pruebas para contrarrestar lo aseverado en la contestación de demanda, entre otras, las pruebas periciales en materia de ingeniería y construcción, así como en materia de ingeniería civil, además de diversas manifestaciones respecto de exhibición de documentos; por lo que resultaba obligatorio que el juzgador atendiera tal circunstancia y acordar lo que en derecho correspondiera.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central; y, por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(6)

Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes.

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. De conformidad con la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.

En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(8)

1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En atención a dichos criterios, esta Primera Sala considera que en el caso sí se actualiza la contradicción de tesis, como se explicará a continuación:

Los dos primeros requisitos se cumplen en tanto que en ambos casos los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de analizar si el autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, está facultado para desahogar la vista que se le formula a su autorizante (actor en el juicio de origen) con el escrito de contestación de demanda, llegando a conclusiones disímiles, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito concluyó que dicha autorización no tiene los alcances de considerar que el abogado –a quien se le otorga– está en aptitud de desahogar la vista que se le da al actor con el escrito de contestación de la demanda; mientras que, por el otro lado, el entonces Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito arribó a la conclusión contraria, pues estimó que el autorizado multirreferido recibe un mandato en términos generales para la realización de los actos que se encuentran señalados en ese numeral, en tanto que de la propia lectura del precepto no se advertía restricción o limitación alguna que impidiera al autorizado para desahogar la vista dada con la contestación de la demanda.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito estimó que las facultades del abogado procurador, se reducen a recibir un mandato judicial o un poder para pleitos y cobranzas por parte de su cliente, a fin de comparecer a nombre y representación de éste ante los tribunales, sustituyéndose en su actividad procesal; en tanto que el abogado patrono es quien aconseja al cliente, le prepara los escritos que debe firmar y lo asiste en las audiencias.

Bajo esa premisa, adujo que el abogado procurador podía realizar en nombre y representación del autorizante los actos procesales necesarios para la defensa del cliente, bastando para ello la designación de la parte interesada en un escrito dirigido a la autoridad que conoce del juicio; empero, precisó que para generar o producir una confesión de parte de una persona diversa al litigante, se requiere cláusula especial, toda vez que el artículo 1214 del Código de Comercio dispone que es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o bien, general con cláusula especial, precepto que debe aplicarse al acto de absolver, demandar, contestar la demanda o la vista que con esta última se dé, pues todos estos actos implican la confesión de hechos propios.

Por tanto, estimó que la autorización para oír notificaciones, con las facultades previstas en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio no tiene los alcances de considerar que el abogado pueda generar o producir una confesión, ya que el vocablo ofrecer y rendir pruebas, no significa que el abogado pueda articular o absolver posiciones, sino que sólo puede firmar el escrito en que se ofrezcan las pruebas y puede realizar los trámites necesarios para su desahogo y, consecuentemente, estaba impedido para evacuar la vista que se le otorgara al actor con el escrito de contestación de demanda.

Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que el abogado autorizado en los términos apuntados, recibe un mandato judicial general para la realización de los actos que se encuentran expresamente señalados en el propio artículo 1069 –entre las que se encuentran la de ofrecer o intervenir en el desahogo de pruebas, así como de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante–; en tanto que el precepto no establece restricción o limitación alguna que impidiera al autorizado para desahogar la vista dada con la contestación de la demanda; de ahí que el Juez no pudiera hacer distingo o limitación alguna al respecto.

En virtud de lo anterior, se considera que también se actualiza el tercer requisito, en torno "a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible"; pues en el caso se considera oportuno, en aras de la seguridad jurídica, clarificar si el autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, cuenta con facultades para desahogar la vista que se le otorga al actor con el escrito de contestación de demanda.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala que si bien el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 623/2006, del que derivó la tesis: "ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA EVACUAR LA VISTA QUE SE DA A SU AUTORIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EN LA PARTE EN LA QUE ESTE ÚLTIMO EXPRESARÁ LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.", contendió en la diversa contradicción de tesis 155/2006-PS, resuelta por este Alto Tribunal en sesión de catorce de marzo de dos mil siete; lo cierto es que la principal materia de análisis no fue en relación a la atribución del autorizado para el desahogo de la vista con la contestación a la demanda a nombre de su autorizante, pues en aquella ocasión sólo se abordó la problemática relativa al alcance de tales facultades para absolver o articular posiciones, por lo que no se definió propiamente el tema de si dicha autorización posibilitaba el desahogo de la vista otorgada al actor con el escrito de contestación a la demanda.

Efectivamente, al resolver la contradicción de tesis 155/2006-PS,(9) esta Primera Sala se limitó a explicar que el cuestionamiento a tratar versaba sobre la facultad de absolver o articular posiciones que se derivan del desahogo de la prueba confesional, concluyendo que derivado de la expresión de ofrecer o intervenir en el desahogo de pruebas, contenida en el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, no se advertía que el autorizado contaba con la facultad de absolver y articular posiciones en nombre de su autorizante, ya que para ello se requería mandato expreso.

En ese sentido, si el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis consiste en terminar con la incertidumbre que genera para los gobernados la existencia de criterios contradictorios de los tribunales, mediante la definición de un criterio jurisprudencial producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver de manera uniforme casos que en lo futuro se lleguen a presentar(10) –ello a fin de garantizar que no se sigan resolviendo de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales–; es menester que esta Primera Sala se pronuncie en relación con la parte que no fue materia en la contradicción de tesis previamente citada, para esclarecer si el autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, cuenta con facultades para desahogar la vista que se otorga con el escrito de contestación de demanda a nombre de su autorizante o, en su defecto, está imposibilitado para ello.

No es obstáculo a lo anterior el hecho de que del análisis de las circunstancias fácticas de los criterios contendientes se advierta que los órganos colegiados contendientes conocieron de procedimientos tramitados en vías distintas, es decir, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito conoció de un asunto que tuvo como origen un juicio ejecutivo mercantil, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió un asunto cuyo antecedente directo es un juicio sustanciado en la vía oral.

Lo anterior, en virtud de que en ambos procedimientos se prevé la obligación de dar vista a la parte actora con el escrito de contestación de la demanda, pues tal exigencia deriva, para el juicio oral, de lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 17(11) del Código de Comercio, en tanto que para el juicio ejecutivo emana de lo dispuesto por los artículos 1400 y 1401(12) de la misma legislación mercantil.

En ese sentido, poco importa que los Colegiados hayan conocido de amparos que tuvieron origen en un juicio tramitados en vías diversas –ejecutiva y oral–; puesto que, por una parte, ambos procedimientos prevén la obligación de dar vista a la parte actora con el escrito de contestación a la demanda y, por otro lado, como ya se precisó, debe privilegiarse la necesidad de unificar criterios en aras de la seguridad y certeza jurídica, y no así la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28104-24f44732/autorizado-para-oir-notificaciones-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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