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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. EL HECHO DE QUE LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO PURO, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LE RESULTE INAPLICABLE, NO HACE PROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL, AL EXISTIR UNA REGULACIÓN COMPLETA PARA SU PROCEDENCIA, CON BASE EN LOS SISTEMAS Y PARÁMETROS QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO CONSIDERÓ ADECUADOS PARA LA MATERIA MERCANTIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. · Registro digital (IUS): 27150
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-06-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo III, Pág. 1598.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL NOVENO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUANA MARÍA MEZA LÓPEZ, PEDRO ELÍAS SOTO LARA Y ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ, CON EJERCICIO DE VOTO DE CALIDAD DE LA PRIMERA DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA. DISIDENTES: DALILA QUERO JUÁREZ, GUILLERMO CRUZ GARCÍA Y JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR. PONENTE: JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR. ENCARGADO DEL ENGROSE: PEDRO ELÍAS SOTO LARA. SECRETARIA: ARACELY DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CASTILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación es legalmente competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y con lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción de tesis versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito.

SEGUNDO.-La licenciada Fabiola Delgado Trejo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se encuentra legitimada para denunciar la presente contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción de tesis, son tres, los cuales enseguida se precisan:

1) El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo civil **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO.-Es esencialmente fundado el concepto de violación.

"En efecto, cabe hacer mención que este Tribunal Colegiado en el presente juicio de garantías, únicamente se ocupará del estudio relativo a la absolución de la condena de costas y gastos, puesto que la aquí quejosa resultó absuelta de todas las prestaciones reclamadas en el juicio de origen. Por tanto, las mismas consideraciones que no son materia de análisis en la presente ejecutoria, deberán seguir rigiendo el sentido de la sentencia reclamada.

"Ahora bien, se alega en el motivo de inconformidad, que la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que el Juez de Distrito incorrectamente declaró improcedente la condena de costas y gastos, basando su determinación en lo previsto en el artículo 1084 del Código de Comercio; sin embargo, no toma en consideración, por una parte, que la actora no obtuvo sentencia favorable en el juicio oral mercantil y, por otra, que al no encuadrar en ninguno de los supuesto del aludido numeral 1084, debió aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por el numeral 1063 de la mencionada legislación mercantil y, en especial, el arábigo 135, fracción I, del código adjetivo del Estado.

"Planteado así el motivo de inconformidad, debe decirse que el mismo es fundado, en la medida que a continuación se precisa:

"En efecto, de las constancias de autos, se advierte que ********** demandó en la vía oral mercantil a las personas morales, **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, **********, así como a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, **********, por la declaración judicial de nulidad absoluta de un pagaré (voucher) de fecha cuatro de febrero de 2015, en cantidad de $**********, realizado al amparo del supuesto uso de la tarjeta de crédito que derivó de la cuenta número **********.

"La tramitación del juicio oral mercantil de que se trata, se encuentra prevista en los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 50 del Código de Comercio, de cuyo contenido no se encuentra lo relativo a la condena de costas; sin embargo, cobra aplicación el diverso numeral 1390 Bis 8, que dispone:

"‘Artículo 1390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título.’

"Al respecto, el artículo 1084 de la mencionada legislación mercantil prevé la condenación de costas, en los siguientes supuestos:

"‘Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

"‘Siempre serán condenados:

"‘I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

"‘II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

"‘III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

"‘IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y

"‘V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.’

"De la lectura de la sentencia reclamada, se advierte que el Juez responsable, al ocuparse sobre la prestación reclamada, referente a los gastos generados del juicio de origen, consideró que no se surtía ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 1084 del Código de Comercio, ni tampoco que los demandados hubieren procedido con temeridad o mala fe, por lo que concluyó que no había lugar a condenar en costas.

"Sin que pasara inadvertido para ese juzgador, la hipótesis contemplada en la fracción III del mencionado numeral, la cual estimó inaplicable al caso, ya que sólo aplica tratándose de juicios ejecutivos mercantiles.

"Ahora bien, este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo estima incorrectas las anteriores consideraciones sustentadas por el Juez de Distrito, porque el multicitado artículo 1084 del Código de Comercio no contempla en ninguna de sus fracciones la condena de costas, respecto a la tramitación de un juicio oral mercantil, en donde el actor no obtuvo una sentencia favorable a sus intereses, en relación con la demandada, aquí quejosa.

"Ciertamente, se considera que, al no estar regulada de manera completa y detallada la hipótesis, resulta procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o, en su caso, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevea la condena en costas en juicios civiles, en términos del artículo 1063 del Código de Comercio.

"En apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:

"‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS.-Lo relacionado con las costas está previsto en los artículos 1081 a 1090 del Código de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente de este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que de no optar por esta solución, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.’ (Registro «digital»: 239490)

"En este sentido, le asiste la razón a la institución bancaria quejosa, en cuanto aduce que la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, transgrediendo en su perjuicio lo previsto en el artículo 16 constitucional, pues el Juez responsable inobservó lo establecido en el numeral 1063 de la mencionada legislación mercantil, que contempla la supletoriedad de la ley, como finalidad de complementar una ley de carácter general, la cual no prevé, como ya se dijo, la condena de costas en un juicio oral mercantil.

"En este orden de ideas, ante lo esencialmente fundado del concepto de violación, se procede a conceder la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:

"1) Que el Juez de Distrito deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra.

"2) En la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la protección constitucional, como lo es, que declare procedente la acción intentada, al haber acreditado la actora los elementos de su acción y, por ende, cancele el cargo realizado en la tarjeta de crédito con terminación **********, el cuatro de febrero de dos mil quince, por la cantidad de $********** motivo de la contienda; y,

"3) Atendiendo las consideraciones sustentadas en la presente ejecutoria, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto a la condena de las costas en el juicio natural, fundando y motivando su resolución, exclusivamente respecto a la aquí quejosa, **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, **********."

2) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo civil **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO.- ...

"En diverso aspecto, debe destacarse que la Juez responsable condenó a la parte demandada al pago de las costas y gastos originados por la tramitación del juicio.

"Para arribar a esa conclusión, señaló que toda vez que en el artículo 1084 del Código de Comercio, no estaba regulada de manera completa y detallada la hipótesis respecto a la condena de costas cuando se intentaba el juicio oral mercantil y, por otro lado, se estima que no se había procedido con temeridad y mala fe; entonces, resultaba procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Así las cosas, la autoridad responsable fincó la condena de mérito, con base en el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, invocando al efecto la tesis aislada XXIII.1 C (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 1976, de título, subtítulo y texto siguientes:

"‘COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. AL NO HABER REGLAMENTACIÓN CUANDO ÉSTE SE INTENTA Y LA PARTE DEMANDADA NO PROCEDIÓ CON TEMERIDAD O MALA FE, NI BAJO LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE ACUDIRSE SUPLETORIAMENTE A LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL Y LOCAL. El tema de las costas está previsto en el Código de Comercio, pero no hay reglamentación referida a cuando se intenta el juicio oral mercantil y la parte demandada no procedió con temeridad o mala fe, ni bajo los supuestos establecidos en las fracciones I a V del artículo 1084 del citado código, las que establecen los casos en los que siempre se hará la condena en costas, esto es, el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción si se funda en hechos disputados; el que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable; el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas; y, el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes; por tanto, no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que debieron efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde, la procedencia de aplicar supletoriamente los códigos procesal civil federal y local, en términos del numeral 1063 de la legislación mercantil es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con ésta ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente en este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que, de no optar por esta solución, el sujeto que se vio obligado a promover el procedimiento judicial y obtuvo fallo favorable, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.’

"En contra de lo anterior, la parte quejosa, en esencia, sostiene que en el caso no aplica la supletoriedad de la ley a que acudió la Juez natural.

"La empresa disidente, en síntesis, señala que el artículo 1390 Bis 8 y el 1084, ambos del Código de Comercio, establecen las hipótesis bajo las cuales se debe condenar al pago de costas y gastos.

"Añade que el segundo dispositivo mencionado establece los únicos supuestos en un juicio mercantil, en los que habrá de condenarse al pago de gastos y costas, y que por lo tanto, sólo es posible analizar la procedencia de la condena bajo esas hipótesis.

"Insiste en que no puede haber supletoriedad para la condena en gastos y costas, porque el Código de Comercio establece las hipótesis de procedencia, por lo que sostiene que es ilegal que el juzgador hubiese atendido al criterio de compensación o indemnización obligatoria, cuando dicha figura no forma parte de los procedimientos mercantiles, pues aduce que de ser así, el propio legislador lo hubiese implementado en el artículo 1084 del ordenamiento en cita.

"En esa medida, la parte inconforme refiere que no es posible adicionar hipótesis normativas y bajo éstas condenarle al pago de la prestación en cuestión.

"Las anteriores manifestaciones resultan esencialmente fundadas.

"En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para que opere la supletoriedad de leyes, no basta que legalmente se encuentre prevista esa posibilidad, sino que es menester que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; además, la supletoriedad no puede llegar al grado de aplicar en una materia específica, instituciones o hipótesis que el legislador no tuvo intención de establecer en la misma.

"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, que a la letra dice:

"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.’

"Precisado lo anterior, debe señalarse que el artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio prevé que en todo lo no previsto respecto a los juicios orales mercantiles, regirán las reglas generales de dicho código.

"Por su parte, tal como lo dispone el disidente, el artículo 1084 del propio ordenamiento contiene las hipótesis en que habrá de condenarse al pago de costas en los juicios mercantiles, el cual es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:

"‘I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

"‘II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

"‘III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

"‘IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;

"‘V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.’

"De la lectura del precepto previamente transcrito, se desprende que el sistema que sigue la legislación mercantil, en relación con la condena en costas, es mixto: por una parte, contempla un régimen de carácter objetivo, el cual rige a las cinco fracciones que integran al precepto y, por otra parte, incluye un sistema subjetivo, el cual se actualiza cuando se haya procedido por alguna de las partes con temeridad o mala fe, según el prudente arbitrio del juzgador.

"Es decir, que para que proceda en un juicio mercantil la condena en costas, se debe atender a lo que establece el artículo 1084 del Código de Comercio, en sus cinco fracciones, o bien, determinar si en el caso concreto alguna de las partes se condujo con temeridad o mala fe durante la secuela procedimental.

"Ahora bien, debe destacarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de una interpretación sistemática del artículo 1084 del Código de Comercio, se advierte que el mismo se encuentra ubicado en el capítulo VII del título primero del Código de Comercio, que establece las disposiciones generales aplicables a los juicios mercantiles y no dentro de los títulos segundo y tercero que, respectivamente, tratan de los juicios ordinarios y de los juicios ejecutivos; por lo que, el artículo 1084 del Código de Comercio aplica, en general, para todo tipo de juicios mercantiles.

"Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 7/2004, publicada en la página 303, materia civil, XIX, mayo de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:

"‘COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 1084 del Código de Comercio, vigente con anterioridad al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, al encontrarse ubicado en el capítulo VII del título primero del referido código, que establece las disposiciones generales aplicables a los juicios mercantiles, y no dentro de los títulos segundo o tercero que tratan, respectivamente, de los juicios ordinarios y de los ejecutivos, resulta aplicable para todo tipo de juicios mercantiles. En ese tenor, la hipótesis en que el actor en juicio ordinario mercantil obtuvo sentencia contraria a sus intereses y no se condujo con temeridad o mala fe dentro de la secuela del proceso, se entiende comprendida en la fracción III del artículo 1084 del código en mención, el cual contempla la procedencia de la condena en costas en primera instancia, por lo que al estar regulada en forma completa y detallada la hipótesis específica, resulta improcedente la aplicación supletoria de la legislación procesal civil local que prevea la condena en costas en juicios civiles.’

"Consecuentemente, si la legislación mercantil prevé un sistema para determinar la procedencia de pago de costas y gastos generados por la tramitación del juicio, cuyas fracciones resultan aplicables a todos los juicios mercantiles, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entonces, no resulta procedente atender a la supletoriedad de la ley en el caso particular, pues la legislación aplicable (Código de Comercio) no sólo prevé la figura en cuestión, sino que la desarrolla, por lo que acudir a un diverso ordenamiento implicaría la importación de figuras que el legislador no estimó aplicables en la materia de que se trata.

"Las anteriores razones conllevan a disentir del criterio invocado por la Juez responsable, sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 215, 216, 225 y 227 de la Ley de Amparo, se impone denunciar la contradicción correspondiente.

"Así las cosas, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, reiterando los aspectos que no son materia de la concesión, se avoque al estudio de la procedencia o improcedencia de la condena a costas y gastos, en términos de lo establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio, sin acudir supletoriamente a distinto ordenamiento.

"Por último, es menester destacar que el disidente esgrime diversos argumentos por los cuales considera que, en el caso, no debe proceder en su contra la condena en costas; sin embargo, en atención al sentido de la concesión, ello lo habrá de determinar la autoridad responsable. ..."

3) Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo civil **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO.- ...

"... es fundado el argumento del quejoso en el que, en resumen, expresa que la naturaleza de las costas, es el reembolso de los gastos erogados por la tramitación de un procedimiento judicial promovido que implicó realizar gastos, y que tiene derecho a que le sean reintegrados; por lo que debe condenarse a la parte actora de conformidad con los artículos 135 y 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria, pues refiere que se debió acudir a la legislación aplicable acorde a lo previsto en el cardinal 1063 del Código de Comercio (que dice: ‘Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local.’).

"Lo que esgrime, en razón de que el numeral 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, al respecto, establece: ‘7o. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.-Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o parcialmente, las pretensiones de la parte contraria.-Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones recíprocas de las pérdidas.-Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos.-Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea que gane o pierda el juicio.’

"Además, expone que, en ese contexto, es incorrecto lo determinado por la responsable, toda vez que, al limitarse a decir, de manera indebida, que no procedía la condena en costas, dado que el actor no actuó con temeridad o mala fe, dejó de hacer el estudio de la legislación aplicable en forma supletoria al Código de Comercio; situación que es necesaria para determinar la procedencia del pago de costas, máxime que, como la propia legislación mercantil lo establece, en defecto del código mercantil, toda cuestión que se suscite en un procedimiento debe ser resuelta con base en la legislación procesal federal y local, pues no es jurídicamente acertado omitir resolver sobre el reclamo de costas con el argumento de que el Código de Comercio no regula ese tópico, ya que reitera, la propia legislación de comercio establece la forma en que han de resolverse aquellas cuestiones no reguladas en dicho código mercantil.

"En apoyo a sus argumentos, el quejoso cita la tesis de rubro: ‘COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. AL NO HABER REGLAMENTACIÓN CUANDO ÉSTE SE INTENTA Y LA PARTE DEMANDADA NO PROCEDIÓ CON TEMERIDAD O MALA FE, NI BAJO LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE ACUDIRSE SUPLETORIAMENTE A LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL Y LOCAL.’

"Luego, atento a los mencionados parámetros a los que se contrae la tesis invocada por el impetrante; se advierte que, como lo esgrime, no se surte el supuesto fáctico a que se contrae el numeral 1084 del Código de Comercio (relativo a actuar con temeridad y mala fe), en el que el Juez responsable absolvió de la condena al pago de costas a favor del actor, toda vez que del análisis integral de la sentencia reclamada, como de las respectivas consideraciones vertidas en la audiencia preliminar, la acción intentada fue desestimada y, por tanto, no es factible dejar de emitir la condena en cuestión, por lo que, al haberse estimado lo contrario, el Juez responsable vulneró en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

"En efecto, el tema relacionado con las costas está previsto en los artículos 1081 a 1089 del Código de Comercio en vigor, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida, a cuando se intenta el juicio oral mercantil, por lo que surge la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del cardinal 1063 del Código de Comercio, transcrito con antelación; empero, se insiste, la autoridad responsable dejó de examinar el tema de costas a la luz de este precepto legal, por lo que su actuar lesionó derechos fundamentales del ahora impetrante, al haber absuelto a su contraparte sin observar lo dispuesto en dicho cardinal.

"La anterior consideración encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis 3a. XXV/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS.-Lo relacionado con las costas está previsto en los artículos 1081 a 1090 del Código de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente de este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que de no optar por esta solución, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.’

"En ese orden de ideas, procede conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere los aspectos que no son motivo de la presente concesión y atento a lo expuesto en esta ejecutoria, soslaye el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27150-950108a1/costas-en-el-juicio-oral-mercantil-el-hecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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