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Modo: Corpus Pro

ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2014. · Registro digital (IUS): 25546
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , Pág. 1202.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 11 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, atento a lo establecido por el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

TERCERO. Posturas contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción:

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Resolvió el recurso de revisión 49/2014-I, interpuesto por la empresa quejosa **********, contra la sentencia dictada en el amparo indirecto 917/2013.

Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:

1. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ********** promovió el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos atribuidos al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, y otras autoridades, consistentes, básicamente, en: a) el Reglamento de Protección Civil del referido Municipio, de trece de mayo de dos mil once; b) la orden de verificación 363/2013 y el procedimiento de inspección en materia de protección civil; y, c) así como la aplicación de medidas de seguridad.

2. Por razón del turno le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien la admitió a trámite y ordenó su registro con el número 917/2013.

3. Mediante sentencia, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal.

4. En contra de dicha resolución, la referida persona moral interpuso el recurso de revisión número 49/2014, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"En ese sentido, contrario a lo sostenido por la recurrente, no se advierte que los efectos del fallo protector, sean deficientes o tiendan a generar confusión en las autoridades responsables, ni se estima que deba haber una corrección de los mismos de forma oficiosa por parte de este tribunal.

"Sobre esto último, es importante hacer hincapié en que, si bien los efectos de la sentencia de amparo son una cuestión que debe analizarse aun de oficio, y que debe repararse por el tribunal revisor, tal como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (9a.), de rubro: ‘EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO.’, lo cierto es que, en la especie, no se advierte motivo para hacer tal corrección.

"Lo anterior porque, aunado a lo ya expresado en cuanto a la suficiente precisión de los efectos del amparo, en el caso, es importante acotar que no se está en el supuesto de aplicar el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, que implicaría estimar que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.

"El citado numeral establece:

"‘Artículo 124.’ (se transcribe contenido)

"Como se lee, el último párrafo del dispositivo legal transcrito dispone que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado, y que ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.

"Sin embargo, este numeral no puede ser interpretado aisladamente, sino que, como parte del orden jurídico que conforma, debe interpretarse armónicamente con éste, en atención al principio de unidad. En ese sentido, se ha sostenido constante y reiteradamente por el Alto Tribunal, y para evidenciarlo, ejemplificativamente, se invocan las tesis de rubros: ‘REVOCACIÓN. EL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIAR ESE RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE LA AUTORIDAD DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MANIFESTÓ DESCONOCER AL INTERPONERLO, ASÍ COMO SU NOTIFICACIÓN.’ y ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA.’, en cuyos textos puede advertirse tal declaración de interpretación armónica del orden jurídico.

"Así, en estrecha vinculación con el citado último párrafo del artículo 124, se encuentra el diverso numeral 117, también, último párrafo, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la consecuencia prevista en aquel arábigo de que ante la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación se estimará que existe un vicio de fondo, deriva de la posibilidad de que la autoridad complemente la falta o insuficiencia de fundamentación o motivación en su informe, en los términos que señala el segundo precepto mencionado; pues el propio numeral 124 indica que, al analizar el acto se tomará en cuenta la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad al rendir su informe, y es tratándose de los casos a que alude el artículo 117, último párrafo, cuando se permite complementar el acto reclamado al rendir informe, como excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado.

"Para evidenciar lo anterior, se tiene que el artículo 117 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe contenido)

"La porción normativa que interesa para la solución del asunto, es la contenida en el último párrafo del precepto transcrito, conforme a la cual, en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el que deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días amplíe su demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación.

"Este dispositivo ha sido analizado con antelación por este Tribunal, al resolver, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil trece, el recurso de queja 147/2013, en el que se determinó que del artículo 117, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que en el juicio de amparo indirecto se adopta, como regla general, el principio de inmutabilidad del acto reclamado, pues éste debe ser apreciado tal como aparezca probado, sin que sea dable a las autoridades, al rendir su informe justificado, variar o mejorar la fundamentación del acto ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

"No obstante, se señaló en la ejecutoria, esa regla halla una excepción en el último párrafo del propio precepto, conforme al cual, tratándose de actos materialmente administrativos, al rendir su informe, la autoridad deberá complementar la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto, caso en el cual, el quejoso podrá ampliar su demanda, a fin de impugnar los aspectos complementados. Así, dicha excepción permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, excepcionalmente, tratándose de actos materialmente administrativos, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto en cuanto a esos aspectos, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral del acto, tanto en sus aspectos formales como sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Así, en la medida en que, conforme al contenido de este derecho humano, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz, el párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse, y tiene como primer alcance el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que, si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa ante el acto y dado su conocimiento integral.

"Estas consideraciones dieron origen a la tesis IV.2o.A.54 K (10a.) de texto: ‘AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ...’

"Además, en el examen realizado en la queja 147/2013, también se acotó el alcance que tenía la disposición en estudio y, en lo de interés, se sostuvo que desentrañar el sentido de la expresión actos materialmente administrativos, contenidos en dicha porción normativa, era necesario para delimitar su campo de aplicación, alcance y, en última instancia, la manera en que opera en relación con las restantes reglas del juicio de amparo.

"Para lo cual, se recordó que, generalmente, por acto administrativo se entiende aquella declaración unilateral y concreta dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos.

"No obstante lo anterior, existen también dos perspectivas de definición del acto administrativo, a saber: una orgánica o meramente formal; y otra de contenido, o denominada comúnmente material.

"La primera define al acto administrativo en función de su fuente, esto es, de que represente la actividad de una entidad orgánicamente integrada a la administración pública, con independencia del contenido del acto; mientras que, la segunda, atiende predominantemente al contenido del acto más allá de que su fuente esté o no integrada orgánicamente a la administración.

"Por otro lado, la tendencia general es la de una conceptualización mixta, es decir, que considere al acto administrativo no sólo en función de su origen como actividad de la administración, sino también de su contenido, el cual debe relacionarse con las facultades previstas en la legislación y otorgadas a la administración pública para la satisfacción de un interés general, esto último en función la teleología de dicha vertiente de los poderes públicos.

"Se sostuvo que, por lo que hace al contenido del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se estima que cuando el legislador se refirió, en forma excepcional, a la complementación del acto reclamado al que se atribuyen vicios de ausencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación, señalando que dicha excepción operaría en relación con actos materialmente administrativos, por esto último debe entenderse aquel acto que, con independencia de que la autoridad que lo emite orgánicamente se considere (o no) administrativa, por su contenido material, el acto tenga un objeto característico de los actos de la rama administrativa.

"Conforme a esta definición, y por exclusión a partir del catálogo de actos impugnables en la vía del amparo indirecto que constituye el artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, se puede sostener que la disposición prevista en el último párrafo del diverso numeral 117 del mismo ordenamiento, no opera en relación con reglamentos federales, locales o decretos, acuerdos o resoluciones de observancia general [fracción I, incisos e), f) y g) del invocado arábigo 107], habida cuenta que, justamente por su generalidad, dichos actos formalmente administrativos son materialmente legislativos.

"También quedan excluidos de la disposición prevista en la parte final del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, los juicios en que se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III del citado artículo 107), en tanto que, aunque de fuente formalmente administrativa, dichos actos son materialmente equiparables a los jurisdiccionales.

"Tampoco quedan vinculados, por el contenido del último párrafo del artículo 117, los actos de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo referidos en la fracción IV del artículo 107 aludido, pues a pesar de que las entidades que los emiten son orgánicamente administrativas, claramente se trata de actos en juicio, esto es, de actos materialmente jurisdiccionales.

"Tampoco opera la excepción prevista en el párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de un procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (fracción VI del multirreferido ordinal 107), ya que, aun cuando dicha autoridad es orgánicamente administrativa, tales actos materialmente corresponden al ejercicio de la facultad persecutoria o punitiva del estado, y no a un acto característico de la administración pública para la satisfacción de un interés colectivo o general.

"Por mayoría de razón, la disposición cuestionada no opera respecto de actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas surgidos de autoridades jurisdiccionales, previstos en la fracción VI; los de tribunales orgánicamente judiciales previstos en la fracción IV; ni en los supuestos de los incisos a), b), c) y d) de la fracción I, todas del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor.

"Finalmente, tampoco opera la disposición aludida, en relación con los actos previstos en la fracción VIII del artículo 107, relativos a los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia en el conocimiento de un asunto, dada la clara connotación jurisdiccional de las figuras sobre las que versa.

"Se coligió así que, cuando el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo en vigor, establece en relación con el amparo indirecto que, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el que deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación; por actos materialmente administrativos, ha de entenderse aquellos que con independencia de la pertenencia orgánica de la autoridad que la emite a la administración pública, el acto en sí mismo tenga un contenido u objeto propio de los actos de la administración, no siendo aplicable, por tanto, dicha disposición a los actos materialmente legislativos, a los materialmente jurisdiccionales, ni los correspondientes al ejercicio de la función persecutora del delito o a la facultad punitiva del estado, previstos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 107 de la propia Ley de Amparo en vigor, sino sólo en relación con los supuestos de la fracción II del artículo referido, es decir, actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"Conviene abundar aquí que, dentro de dicho concepto de actos materialmente administrativos, tampoco quedarían comprendidos aquellos de naturaleza fiscal.

"Es así, porque el concepto de actos administrativos es de aplicación estricta y debe referirse exclusiva y precisamente sólo a aquellos actos que sean de naturaleza administrativa en atención a su contenido material, de forma que tenga un objeto característico de los actos de la rama administrativa.

"Sin embargo, la rama fiscal, aunque perteneciente a lo administrativo, tiene sus propias y específicas normas, que la diferencian del tratamiento que debe dársele al resto de la materia administrativa, por lo que el legislador ha previsto una serie de supuestos específicos que evidencian que dentro de ese concepto de actos materialmente administrativos, no pretendía incluir a los de índole fiscal.

"En efecto, en ese sentido, encontramos que tratándose de la suspensión, la norma prevé acotamientos específicos cuando el acto es de naturaleza fiscal, en tanto que, en esos casos, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, es posible conceder las suspensión de manera discrecional, y ésta surte efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Regulándose también, particularmente, en el propio numeral los distintos casos en que es posible reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento.

"También, en lo que hace la declaratoria de inconstitucionalidad, de conformidad con el arábigo 231 de la nueva Ley de Amparo, tal excepción a la fórmula Otero, cobra vigencia cuando se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, pero no cuando se trate de una en materia tributaria.

"Tan debe considerarse que dentro de los actos materialmente administrativos a que se refiere el numeral 117, último párrafo, no se contempla a los de naturaleza fiscal, que recientemente la Segunda Sala ha determinado que la condición de que para emitir una nueva orden de visita, deben comprobarse hechos diferentes a los ya revisados, no opera cuando las facultades de comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos que fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios formales (salvo que se trate de la incompetencia material de la autoridad que la emitió); lo que implica que en la materia fiscal es perfectamente posible que: se emita una orden de visita, se declare su nulidad por vicios formales (que no sean la incompetencia material), y se dicte una nueva orden de visita por esos mismos hechos; lo que atiende a que los actos de naturaleza fiscal cuentan con un tratamiento especial y diferenciado del resto de actos administrativos, de forma que dentro de los actos materialmente administrativos a que se refiere el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tampoco se incluye a los fiscales.

"El criterio aludido se contempla en la jurisprudencia de rubro y texto:

"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CASO EN QUE NO OPERA LA CONDICIÓN PARA EMITIR UNA NUEVA DIRIGIDA AL MISMO CONTRIBUYENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN COMPROBAR HECHOS DIFERENTES A LOS YA REVISADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).’ (se transcribe contenido)

"Se abstrae así que, cuando el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado, y que ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración, se refiere exclusivamente a aquellos en que fue posible realizar tal complementación del acto reclamado, en términos del ordinal 117, último párrafo, la cual sólo es posible tratándose de actos materialmente administrativos (dentro de los que no se incluye a los de naturaleza fiscal), a los que se refiere la fracción II del diverso numeral 107 de la propia Ley de Amparo.

"En la especie, el acto carente de fundamentación que se reclama es un acta de visita, realizada dentro de un procedimiento administrativo, que se estima fue seguido en forma de juicio y, por ende, ajeno a los contemplados en el artículo 107, fracción II, de la ley de la materia.

"Para evidenciar lo anterior, es necesario ahora, acotar el alcance del concepto procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

"Con tal fin, se atiende primero al término procedimiento administrativo, en su acuñamiento doctrinal, lo que es un estudio válido en las sentencias jurisdiccionales, según lo ha ilustrado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’

"Así, Gabino Fraga, lo define como: ‘... el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo ...’

"Mientras que Andrés Serra Rojas indicó que: ‘... está constituido por un conjunto de trámites y formalidades -ordenados y metodizados en las leyes administrativas- que determinan los requisitos previos que preceden al acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al mismo tiempo que para la realización de un fin ...’

"En tanto que Francisco López-Nieto y Mallo, lo acota como: ‘... el cauce legal que los órganos de la administración se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos ...’

"Por su parte, Rafael I. Martínez Morales afirma que se califica así cuando: ‘... concurran cualquiera de las dos circunstancias siguientes: que una de las partes en la controversia sea la administración pública, o que quien resuelve la controversia sea un órgano de la propia administración pública ...’

"Manuel Ossorio, simplemente lo describe como: ‘El que no se sigue ante la jurisdicción judicial, sino ante los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son generalmente impugnables ante los organismos del Poder Judicial.’

"De lo anterior se puede abstraer, con meridiana claridad, que doctrinal y tradicionalmente se ha comprendido como procedimiento administrativo al acto o serie de actos que concurren directa o indirectamente en la producción del acto administrativo.

"Y, sobre esa base, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha acuñado el alcance del concepto procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

"Cierto, en la contradicción de tesis 39/2000-PL, la Segunda Sala del Alto Tribunal, se avocó a desentrañar dicho concepto que en ese entonces se contemplaba en el numeral 114, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo derogada, y que ahora se prevé en la fracción III del arábigo 107 de la ley vigente, por lo que resulta igualmente aplicable al no oponerse a su texto, de conformidad con el artículo sexto transitorio de esta última norma.

"Para tal fin, evidenció que la Segunda Sala había emitido criterios discrepantes, en tanto que en las tesis de rubros: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO AGRARIO, MIENTRAS NO SE DICTE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL.’ y ’PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FORMALIDADES DEL.’, se advertía que se había adoptado un criterio amplio, ya que no se limitó la aplicación de la regla específica a los procedimientos en que la autoridad administrativa (distinta de tribunal jurisdiccional) dirime una controversia entre partes contendientes, sino que también incluyó a todo tipo de procedimientos en sede administrativa, sin exigir ‘todas las formalidades de las establecidas para los tribunales civiles o penales’.

"Pero que, posteriormente, al resolver el amparo en revisión 250/97, el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, se emitió la tesis aislada 2a. XCIX/99, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’, en la que se rechazaba que el procedimiento en forma de juicio referido en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, incluyera a los procedimientos administrativos en sede administrativa que dan audiencia a los particulares antes del dictado de la resolución, limitando el concepto únicamente a los procedimientos formales en que la autoridad administrativa decide jurisdiccionalmente una controversia entre partes.

"Al respecto, finalmente la Sala resolvió que, bajo una reflexión cuidadosa del tema, la contradicción debía dirimirse reiterando el criterio amplio que anteriormente había venido adoptando la anterior integración de la Segunda Sala.

"Que ello era así, porque cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente en contra de la resolución con que tales actos culminan definiendo la situación jurídica correspondiente, y que considerando que cualquier violación procesal debía guardarse para hacerse valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resultaba obvio que la razón de tal sistema radicaba en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad.

"Lo que estimó la Corte también operaba en el caso a estudio, pues la misma necesidad de expeditez o desembarazo se daba tanto en los juicios o procesos formales, como en los procedimientos administrativos seguidos en sede administrativa, independientemente de que se trate de que la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes, o que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular, máxime si se tomaba en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público, de modo que en ese aspecto era aplicable, por mayoría de razón, la misma regla que para los procedimientos formales como para los civiles.

"Así, concluyó que había de estimarse que, por ‘procedimiento en forma de juicio’, debía entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia.

"De dicha contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, que reza:

"‘PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.’ (se transcribe contenido)

"Ahora bien, en el asunto en concreto, se reclama el acta de visita de inspección, que dio inicio al procedimiento administrativo previsto en el Reglamento de Protección Civil de la ciudad de Monterrey, en su artículo 100, numeral que, incluso, sí fue citado al final del acta de inspección, a efecto de citar a la gobernada para que compareciera en las oficinas de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Monterr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25546-48658e9c/actos-materialmente-administrativos-el-supuesto-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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