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Modo: Corpus Pro

REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE APLICARSE SIN EXCEPCIÓN A TODOS AQUELLOS VINCULADOS A LA MATERIA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA MATERIA ADMINISTRATIVA. DA LUGAR A DIVERSAS HIPÓTESIS QUE PUEDEN PRESENTARSE, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN QUE DESPLIEGUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 4/2014. · Registro digital (IUS): 25226
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-19
Promovente: SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2536.

AMPARO EN REVISIÓN 4/2014. SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. 9 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: SALVADOR ALEJANDRO LOBATO RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Debe desestimarse el único agravio que hace valer la autoridad recurrente, por las razones que a continuación se exponen.

Antes de realizar el estudio respectivo, importa señalar que en el juicio de amparo de origen, **********, por conducto de su representante legal (fojas 3 a 29), demandó el amparo de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y acto:

"III. Autoridades responsables: A). Ordenadoras: • Lo es el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con domicilio en calle Cuatro Norte Número seiscientos cuatro, 1er. piso, colonia Centro, de esta ciudad de Puebla. • Lo es (sic) Director General Jurídico de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con domicilio en calle Cuatro Norte Número seiscientos cuatro, 1er. piso, colonia Centro, de esta ciudad de Puebla. B). Ejecutoras: • Lo es el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, con domicilio en Prolongación Reforma Número tres mil trescientos ocho, colonia Amor, de esta ciudad de Puebla. • Lo es el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, con domicilio en Avenida Reforma Número ciento trece, colonia Centro, de esta ciudad de Puebla. • La ciudadana María del Rayo Ramírez Hernández, en su carácter de notificador (sic) o ejecutor (sic) adscrito (sic) a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. IV. Acto reclamado: Se reclama del Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla y del Director General Jurídico de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, la ilegalidad de la resolución de veinte de junio del año dos mil trece, emitida dentro del recurso de inconformidad número **********, promovido por el ciudadano **********, en su carácter de representante legal de ‘**********’, contra la licencia de alineamiento y número oficial de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, licencia de uso de suelo específico de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce y la licencia de funcionamiento de fecha treinta de mayo de dos mil doce, todas emitidas a favor de **********. De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Puebla y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, se reclama la ejecución que pudieran darle a la resolución de veinte de junio del año dos mil trece, emitida dentro del recurso de inconformidad número **********, promovido por el ciudadano **********, en su carácter de representante legal de ‘**********’. De la autoridad responsable señalada como ejecutora, ciudadana María del Rayo Ramírez Hernández, en su carácter de notificador (sic) o ejecutor (sic) adscrito (sic) a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la notificación practicada el veintiséis de junio del dos mil trece, respecto de la notificación de la resolución emitida el veinte de junio de dos mil trece, dentro del recurso de inconformidad **********."

Mediante proveído de fecha ocho de julio de dos mil trece (fojas 60 a 62 frente), la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, encargada del despacho, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de garantías, radicándola bajo el número 975/2013; y seguido el trámite correspondiente, el día seis de septiembre de dos mil trece se celebró la audiencia constitucional en sus fases de pruebas y alegatos (fojas 105 y 106).

En acuerdo tomado en la propia audiencia, en cumplimiento de lo ordenado en la circular CAR 1/CCNO/2012, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, ordenó remitir el expediente de mérito al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, para el apoyo en el dictado de la sentencia correspondiente al expediente de mérito, el cual fue radicado en dicho órgano auxiliar con el número 465/2013 de los de su índice.

Con fecha ocho de noviembre de dos mil trece, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, dictó sentencia en la que se concedió para efectos el amparo solicitado (fojas 107 a 128), en la que estimó sustancialmente que la resolución dictada en el recurso de inconformidad ********** reclamada, infringe el principio de congruencia externa, así como no satisface los requisitos de fundamentación y motivación que deben observar los actos de autoridad, en uno de los aspectos abordados en aquélla.

En consecuencia, el a quo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado "para el efecto de que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, Puebla: Deje insubsistente la resolución reclamada de fecha veinte de junio de dos mil trece, emitida dentro del expediente del recurso de inconformidad **********, promovido por **********, en su carácter de representante legal de **********, en la que resuelve el recurso de inconformidad planteado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que resuelva lo que en derecho proceda, pero debiendo cumplir con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los lineamientos que se han dejado establecidos en esta ejecutoria." (fojas 126 vuelta y 127 frente).

Ahora bien, destacado lo anterior, este tribunal expondrá las consideraciones relativas a la desestimación de los argumentos del único agravio que hace valer la autoridad recurrente, quien sostiene en síntesis lo siguiente:

- Asevera que en forma contraria a lo considerado por el a quo en la sentencia que se recurre, la resolución que recayó al recurso de inconformidad interpuesto por la ahora quejosa, reclamada en el juicio de origen, se encuentra debidamente fundada y motivada, así como que se ocupó de todos los agravios que se hicieron valer, invocando los preceptos legales aplicables y las razones por las que aquéllos se declararon infundados, además de que se invocó el criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, tal como lo establece el artículo 272 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, por lo que no debió concederse el amparo a la parte quejosa.

- Aduce que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 73, 74, fracciones I y VI, 75 y 77, fracciones I y II, de la nueva Ley de Amparo, con fundamento en los cuales el resolutor de amparo debe indicar claramente en la sentencia el nombre del quejoso y especificar cuál es el acto reclamado en el juicio de amparo, para dar cumplimiento al principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo.

- Sostiene que toda sentencia consta de tres partes, a saber: los resultandos, considerandos y puntos resolutivos, los que guardan estrecha relación entre sí y constituyen una unidad. Que atendiendo al principio de congruencia, las consideraciones rigen los puntos resolutivos y constituyen la parte de mayor relevancia, porque en ellos el juzgador vierte su criterio señalando los razonamientos que tuvo en cuenta para resolver en determinado sentido. Asevera que, al concederse el amparo a la quejosa, el a quo violó el principio de congruencia.

En primer orden, es necesario transcribir nuevamente, para facilitar su consulta, las consideraciones medulares por las cuales el secretario en funciones de Juez de Distrito auxiliar estimó que la resolución reclamada infringe el principio de congruencia externa y no satisface los requisitos de fundamentación y motivación que deben observar los actos de autoridad:

"SEXTO. ... Así, del contenido de la resolución de veinte de junio de dos mil trece, reclamada en esta instancia constitucional, se advierte que la responsable, una vez que valorara los agravios esgrimidos por el recurrente, así como todos y cada uno de los medios probatorios que ofrecieron las partes dentro del recurso de inconformidad, resolvió: ‘(se transcribe).’. No obstante, tal y como lo reclama la persona moral quejosa, la autoridad responsable no dio contestación a los planteamientos que formuló mediante su escrito de contestación al recurso de mérito (fojas 180 a 184 tinta morada del tomo anexo de pruebas); es decir, no se pronunció sobre todas y cada una de las cuestiones que le fueron sometidas a su consideración, por la quejosa moral ahí tercero perjudicada, quien invocó causales de improcedencia; argumentó violaciones al procedimiento y alegaciones de fondo. Así, la responsable mediante la audiencia de ley, celebrada a las diez horas del día diecisiete de septiembre de dos mil doce, de conformidad con lo establecido por el artículo 269 de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, tuvo por recibido el escrito de mérito por el cual la moral **********, a través de su administrador único y representante legal **********, dio contestación y compareció a defender sus derechos y ofrecer las pruebas que estimó convenientes dentro del recurso de inconformidad. Del mismo modo, relacionó dichos medios de convicción en la determinación combatida en esta instancia constitucional; sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno respecto de las manifestaciones que elevara a su potestad la tercero perjudicada aquí solicitante de garantías. A saber, la autoridad responsable omitió atender las consideraciones que argumentó la aquí quejosa mediante su escrito de comparecencia en el que defendió sus derechos y además de ofrecer las pruebas que estimó convenientes, invocó diversas causales de improcedencia; argumentó violaciones al procedimiento y realizó alegaciones de fondo; circunstancias a las que no se le dio contestación por la autoridad emisora del acto, lo cual resulta necesario para colmar los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe colmar. En esa tesitura, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, soslayó precisar los puntos sujetos a debate, derivados tanto del escrito que dio origen al recurso de inconformidad, así como del escrito de comparecencia al mismo por parte de la tercera perjudicada **********, a través de su administrador único y representante legal **********, por lo que dejó de estudiar y dar respuesta a sus planteamientos litigiosos, sin que de manera alguna vinculara y correspondiera a los argumentos de legalidad o constitucionalidad propuestos efectivamente en el pliego de contestación al recurso de inconformidad. Lo cual implica que se violen en perjuicio de la moral quejosa las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior, dado que en el caso la responsable sólo se limitó a valorar los medios probatorios ofrecidos por las partes, y se refirió a todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente; mas no así respecto de los motivos de disenso, causales de improcedencia invocadas, argumentos de (sic) atinentes a violaciones del procedimiento y alegaciones de fondo, todo ello expresados por la tercera perjudicada **********, a través de su administrador único y representante legal **********. Consecuentemente, la resolución materia de este juicio constitucional carece de congruencia externa, pues la responsable omitió pronunciarse respecto de los puntos acabados de precisar en párrafos precedentes, lo cual lleva a considerar que infringió en perjuicio de la peticionaria de amparo, la garantía de fundamentación y motivación prevista en el numeral 16 constitucional. Por analogía, se invoca el criterio VIII.2o.38 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en la página 265, Tomo XV-1, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, relativo a la materia común, que es del siguiente tenor: ‘SENTENCIA, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR UNA EXCEPCIÓN OPUESTA EN LA. VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).’ (se transcribe). De igual forma, le asiste la razón a la quejosa, cuando establece que las autoridades administrativas, sin mayor argumento y fundamento, ordenaron la revocación de la licencia de funcionamiento que le había sido concedida, toda vez que la licencia de uso de suelo específico que exhibió para obtener aquélla se emitió de manera ilegal, por lo que la de funcionamiento debía seguir la misma suerte; hecho que a consideración de la impetrante, resulta ilegal y que las autoridades se extralimitan al ordenar la cancelación o revocación de las licencias de funcionamiento y uso de suelo, previamente autorizadas. En ese orden de ideas, efectivamente, la razón expresada por la responsable, no cumple con la obligación establecida por el artículo 16 constitucional; esto es, que debió señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa; ya que no obstante que estableció que las licencias de uso específico de suelo y la diversa licencia de funcionamiento, fueron emitidas en medio de una serie de irregularidades, no especificó de manera clara y correcta cuáles fueron los motivos y causas legales conducentes para determinar revocar las licencias de mérito. A decir, en la conclusión alcanzada de revocar las licencias de uso específico de suelo y la diversa licencia de funcionamiento, no conduce en forma clara a determinado precepto legal. Por tal razón, ante la falta de adecuación de tales razonamientos a algún precepto legal, lo cual pudiera advertirse en forma incuestionable, es evidente que en el caso, el suscrito no puede pasar inadvertida la falta de fundamentación del acto reclamado, lo cual era indispensable para corroborar que determinada disposición o disposiciones legales -que al no ser invocadas en forma expresa quedaron en el ánimo de la responsable- son aplicables al caso y sirven de sustento a una resolución de esa naturaleza, pues basta leer en forma detenida el artículo 275, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, que establece que el síndico, al resolver el recurso, podrá revocar el acto impugnado, en cuyo caso podrá modificar u ordenar la modificación del acto, ordenar que sea dictado uno nuevo u ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, es evidente que la responsable estaba obligada a citar la norma que la facultó para actuar en ese sentido, de manera tal que la agraviada la conozca y esté en aptitud de emprender su defensa en caso de estimar contraria a derecho su actuación. En efecto, salta a la vista que la responsable no puntualizó de manera adecuada y suficiente los motivos de hechos y las razones de derecho que tuvo en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, por tanto, se constata que dicha determinación carece de los requisitos formales que son exigibles a todo acto de autoridad, dado que de la misma no se advierte que dicha autoridad haya expresado las razones por las cuales consideró que era procedente revocar las licencias de uso específico de suelo así como la de funcionamiento; además, el síndico del conocimiento no citó el o los preceptos de la Ley Orgánica Municipal o del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, que fundaron el acto reclamado, para cumplir con los requisitos formales establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; de ahí lo justificado de los motivos de inconformidad expuestos por la solicitante del amparo." (fojas 122 vuelta a 126).

De la transcripción que antecede se desprende que el a quo expuso los razonamientos específicos por los cuales consideró que la resolución reclamada infringe el principio de congruencia externa y no satisface, además, los requisitos de fundamentación y motivación respecto de la orden de revocación de las licencias de funcionamiento y uso de suelo específico previamente expedidas; ya que, por una parte, en relación con dicha vertiente del principio de congruencia, sostuvo que el Síndico responsable, a pesar de que tuvo por recibido el escrito por el cual la ahora quejosa **********, dio contestación al recurso de inconformidad primigenio, y compareció a defender sus derechos, argumentando violaciones al procedimiento, planteamientos de fondo, y ofreció las pruebas que estimó convenientes, no dio contestación en el acto reclamado a tales planteamientos, por lo que omitió pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su consideración.

Por su parte, respecto de los requisitos de fundamentación y motivación, sostuvo el a quo que el Síndico responsable se limitó a revocar las licencias de uso específico de suelo y de funcionamiento expedidas a favor de la ahora quejosa, pero no especificó de manera precisa cuáles fueron los fundamentos legales y motivos conducentes para arribar a dicha determinación, lo que resultaba indispensable para corroborar que se estaba en la hipótesis de aplicación de una determinada disposición o disposiciones legales.

En tales condiciones, debe decirse, en primer término, que el único agravio hecho valer resulta inoperante, en virtud de que no se controvierten efectivamente tales consideraciones medulares del secretario en funciones de Juez de Distrito auxiliar, sino que la autoridad recurrente se concreta a aseverar de manera dogmática que sí dio contestación a todos los argumentos planteados en el recurso administrativo, así como citó los fundamentos legales aplicables y expuso los motivos que actualizaban su aplicación; por lo que, en ese sentido, en el agravio en cuestión no se controvierten las razones jurídicas en que se sustentó dicho fallo.

Cobra aplicación al respecto, por igualdad de razón, la jurisprudencia 36 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Asimismo, debe desestimarse el argumento relativo a que la sentencia recurrida es violatoria del principio de congruencia.

El mencionado principio tiene dos vertientes, la congruencia interna y la externa.

La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos.

La segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, esto es, que resuelva la controversia atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten.

En tal virtud, se estima que la sentencia pronunciada por el a quo se ajusta al citado principio, toda vez que, contrario a lo aducido por la autoridad recurrente, resolvió la controversia atento a lo planteado por las partes, sin omitir aspectos relativos a la litis, ni añadir cuestiones no hechas valer.

Lo anterior, aunado a que la autoridad recurrente sólo señala en forma dogmática que la sentencia pronunciada por el a quo es violatoria del principio de congruencia, sin precisar en qué consiste la violación respectiva.

Asimismo, se desestima el señalamiento en el sentido de que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 73, 74, fracciones I y VI, 75 y 77, fracciones I y II, de la nueva Ley de Amparo, de los que se desprende que es necesario que el Juez de Distrito indique en la sentencia el nombre del quejoso y especifique cuál es el acto reclamado en el juicio de amparo, para dar cumplimiento al principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo.

Esto es así, porque de la sentencia que se revisa se advierte que el Juez de Distrito auxiliar sí indicó el nombre de la parte quejosa, así como efectuó la fijación clara y precisa del acto reclamado, como se advierte de las partes conducentes de la sentencia recurrida, que a continuación se transcriben:

"SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de garantías, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’. Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: • La resolución de veinte de junio de dos mil trece, emitida dentro del expediente del recurso de inconformidad **********, promovido por **********, en su carácter de representante legal de **********; y • Su ejecución. ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto del acto que reclamó a las autoridades responsables, precisadas en el resultando primero de esta resolución, por las razones que se han dejado precisadas en el último considerando de la presente ejecutoria y para que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, deje insubsistente la resolución reclamada de fecha veinte de junio de dos mil trece, emitida dentro del expediente del recurso de inconformidad ********** y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que resuelva lo que en derecho proceda, pero debiendo cumplir con los requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los lineamientos que se han dejado establecidos en esta sentencia. Notifíquese personalmente." (fojas 109 vuelta, 110 frente, 127 y 128).

De la transcripción precedente se advierte que, como se indicó con antelación, el Juez de Distrito auxiliar sí realizó la fijación clara y precisa del acto reclamado y expresó el nombre de la quejosa, sin que se advierta que la concesión de amparo beneficie a sujetos distintos de la promovente, por lo que la sentencia recurrida tampoco es violatoria del principio de relatividad de las sentencias.

Ahora bien, tras haberse desestimado el único agravio hecho valer, este Tribunal Colegiado estima necesario efectuar una precisión en cuanto a los efectos de la concesión del amparo contenida en el fallo que se revisa.

Los artículos 74, fracciones V y VI, así como 77, segundo párrafo, de la nueva Ley de Amparo, establecen lo siguiente:

"Artículo 74. La sentencia debe contener:

"...

"V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

"VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa."

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"...

"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho."

Como se advierte de las normas previamente transcritas, en las sentencias de amparo en que se otorgue la protección constitucional, deben determinarse con precisión los efectos de ésta, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

Por su parte, los diversos numerales 117 y 124 de la propia ley de la materia, establecen lo siguiente:

"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley.

"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."

"Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."

Como se advierte del primer y cuarto párrafos del artículo 117 previamente transcrito, las autoridades respons

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25226-e342b42c/regla-especial-prevista-de-manera-complementaria-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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