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Modo: Corpus Pro

PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 283/2014. · Registro digital (IUS): 25625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRC
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II , Pág. 1546.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 283/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 25 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de diversa materia, resultando innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que sustentó uno de los criterios discrepantes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, tuvo como antecedentes, los siguientes:

1. El veinticuatro de septiembre de dos mil trece, ********** promovió juicio de garantías en contra del **********, señalando como acto reclamado la falta de respuesta de su escrito de catorce de marzo de dos mil once.

2. De la demanda conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien admitió la demanda de amparo.

3. La autoridad responsable rindió informe justificado y comunicó que en su oficio ********** dio respuesta a la promoción de la quejosa de once de junio de dos mil trece y se dio vista a las partes.

4. El veintitrés de octubre de dos mil trece la quejosa ofreció pruebas documentales.

5. El catorce de noviembre de dos mil trece el apoderado de la parte quejosa amplió su demanda.

6. El quince de noviembre de dos mil trece, se requirió a la parte quejosa para que ratificara su escrito de ampliación de demanda contra el oficio **********.

7. El veintidós de noviembre siguiente, el apoderado de la quejosa ratificó el escrito de veintitrés de octubre de dos mil trece, por el que ofreció pruebas documentales y se desistió de la ampliación presentada el catorce de noviembre de dos mil trece y amplió la demanda contra el informe justificado.

8. El veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Juez requirió al promovente para que ratificara el desistimiento de la ampliación presentada el catorce de noviembre de dos mil trece y se reservó acordar respecto de la ampliación contra el informe justificado.

9. En proveído de dos de diciembre siguiente se tuvo a la quejosa desistida de su escrito de ampliación presentada el catorce de noviembre de dos mil trece contra el oficio de contestación y se desechó la ampliación de veintidós de noviembre de dos mil trece contra el informe justificado por extemporáneo.

10. El diez de diciembre de dos mil trece, el Juez de Distrito dictó sentencia sobreseyendo en el juicio de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado.

11. En contra de la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, el cual confirmó la sentencia recurrida bajo las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Consideraciones jurídicas. Los agravios son infundados.

"Previo a la expresión de las consideraciones jurídicas que justifican lo afirmado, es pertinente referir los actos procesales suscitados en el juicio de amparo indirecto, que dieron origen a la sentencia recurrida. (se relatan) ...

"VII. El diez de diciembre de dos mil trece, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que con el oficio ********** habían cesado los efectos del acto omisivo reclamado, cuyas consideraciones jurídicas son: (se relatan).

"Por otra parte, en el agravio identificado como segundo, la parte recurrente aduce que el artículo 117 de la Ley de Amparo recoge una realidad que el Juez de Distrito no atendió, ya que la autoridad no puede ‘fastidiar’ al quejoso con prácticas dilatorias, como son la omisión de responder, emitir una contestación incongruente, falsa, equivocada o sin fundamentos ni motivos en cuanto al fondo, lo cual, conforme a ese normativo legal, tiene que ser reparado en un mismo juicio, razón por la cual, se pidió al Juez enviara las documentales para superar la postura ‘deleznable’ de la autoridad, en el sentido de que no tiene registros de la afiliación, lo que es ‘falso’, pues ello se demostró con la documental de veintiocho de noviembre de dos mil doce y anexos.

"Si la situación procesal -argumenta la recurrente- consistió en la omisión de responder la solicitud, y antes de que se rindiera el informe justificado se exhibieron documentales para probar que la autoridad no podía ‘pretextar’ pronunciarse al respecto, en el sentido de que no existía afiliación, ante un informe donde se ignoraron esas documentales, era posible la ampliación de la demanda, en virtud del referido informe justificado, por tratarse de un caso análogo o más grave, al consistente en la falta de fundamentación y motivación.

"Es decir -explica la recurrente-, si la ley obliga a la responsable a expresar los fundamentos y motivos en el informe justificado, con mayor razón puede aplicarse esa regla cuando la autoridad tiene el deber de responder a una solicitud fundada y motivada; de ahí que constituya una violación a las reglas que rigen el procedimiento de amparo, no admitir la ampliación de la demanda, en términos del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo.

"Es correcto -precisa la recurrente- que no consideró pertinente, en un inicio, la ampliación de la demanda contra el oficio 535/2013, aunque después sí la promovió ante el informe justificado, lo que obedece a la urgencia de que se reconozca el tiempo de servicios y se concedan los beneficios de seguridad social; sin embargo, el Juez de Distrito omitió considerar que una cosa es el oficio donde la autoridad asumió la postura de que la quejosa no estaba afiliada, y otra cuestión la respuesta que debe recaer en el propio juicio, para que antes de que rindiera el informe justificado se le exhibieran los documentos que justificaran la afiliación y que la vincularan a dar una respuesta distinta, congruente con la situación administrativa que ante ella se probó. ...

"En el entendido de que el artículo 117 de la Ley de Amparo -dice la recurrente- dispone que la ampliación tiene por objeto cuestionar la falta de fundamentación y motivación, por lo que el propósito de este precepto, como un nuevo derecho procesal en el juicio de amparo, es acabar con la práctica de retrasar el otorgamiento de un derecho que obligaba al particular a transitar por las siguientes fases: a) falta de respuesta a una petición; b) posterior negativa sin fundamentos y motivos; c) negativa de fundamentos y motivos ilegales; y, hasta después de cuatro juicios de amparo, obtener el reconocimiento del derecho. No obstante la justificación de la procedencia de la ampliación, el Juez de Distrito la desechó, razón por la cual, vulnera las reglas que rigen el procedimiento de amparo, al inobservar el contenido de dicho precepto y omitir el envío de las documentales ofrecidas como prueba, a fin de que la autoridad responsable emitiera un informe justificado de manera completa, congruente, fundada y motivada.

"Por último -arguye la recurrente-, el Juez de Distrito se equivocó, al considerar que la ampliación se planteó respecto del oficio 535/2013, cuando se promovió contra el informe justificado, además, no tuvo la oportunidad procesal de impugnar el acuerdo mediante el cual se desechó la ampliación, pero la jurisprudencia permite que en el recurso de revisión se expresen agravios.

"De lo anterior, se advierte que la parte recurrente expone sus argumentos, a fin de justificar la procedencia de la ampliación de demanda de amparo indirecto, que promovió contra el ‘informe justificado’, desde la perspectiva del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo pues, al efecto, cuestiona la determinación asumida por el Juez de Distrito, mediante la cual la desechó. ...

"Pues bien, no asiste razón a la parte recurrente, ya que, en relación con la ampliación de la demanda que promovió y le fue desechada, es inaplicable el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 117.’ (se transcribe)

"Conforme a dicho artículo, y para lo que en el presente asunto importa, en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir el informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, se tendrá que correr traslado al quejoso, para que en el plazo de quince días amplíe la demanda, la que se limitará a la referida complementación.

"Para desentrañar el sentido de la expresión ‘actos materialmente administrativos’, contenida en dicha porción normativa, es necesario delimitar el campo de aplicación de esa disposición normativa, su alcance y, en última instancia, la manera en que opera, en relación con las restantes reglas del juicio de amparo.

"Para ello, se precisa que por acto administrativo se entiende aquella declaración unilateral y concreta dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos.

"Existen también dos perspectivas de definición del acto administrativo: una orgánica o meramente formal y otra de contenido o denominada material. La primera, lo define en función de su fuente, esto es, de que represente la actividad de una entidad orgánicamente integrada a la administración pública, con independencia del contenido del acto. Y la segunda, atiende, predominantemente, al contenido del acto más allá de que su fuente esté o no integrada orgánicamente a la administración.

"La tendencia general es la de una conceptualización mixta, esto es, que considere al acto administrativo no sólo en función de su origen como actividad de la administración, sino también de su contenido, el cual, debe relacionarse con las facultades previstas en la legislación y otorgadas a la administración pública para la satisfacción de un interés general, esto último en función de la teleología de dicha vertiente de los poderes públicos.

"Por lo que hace al contenido del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que cuando el legislador se refirió, en forma excepcional, a la complementación del acto reclamado, al que se atribuyen vicios de ausencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación, restringiendo a que dicha excepción operaría en relación con actos materialmente administrativos, deben entenderse aquellos que con independencia de que la autoridad que los emita orgánicamente se considere o no administrativa, por su contenido material, tengan un objeto característico de los actos de la rama administrativa.

"Conforme a esta definición y, por exclusión, a partir del catálogo de actos impugnables en la vía de amparo indirecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener que la disposición prevista en el último párrafo del artículo 117 del mismo ordenamiento legal, no opera en relación con reglamentos federales, locales o decretos, acuerdos o resoluciones de observancia general [fracción I, incisos e), f) y g), del artículo 107 invocado], pues por su generalidad, dichos actos, formalmente administrativos, son materialmente legislativos.

"También quedan excluidos los juicios en que se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo), pues aunque de fuente formalmente administrativa, dichos actos son materialmente equiparables a los jurisdiccionales.

"Tampoco quedan incluidos los actos de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo referidos en la fracción IV del artículo 107 citado, pues aunque las entidades que los emiten son orgánicamente administrativas, se trata de actos en juicio -materialmente jurisdiccionales-.

"Asimismo, no operan las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de un procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, pues aunque dicha autoridad es orgánicamente administrativa, tales actos materialmente corresponden al ejercicio de la facultad persecutoria o punitiva del Estado y no a un acto característico de la administración pública para la satisfacción de un interés colectivo o general.

"Al igual no están inmersos los actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, surgidos de autoridades jurisdiccionales, previstos en la fracción VI; los de tribunales orgánicamente judiciales, previstos en la fracción IV, ni en los supuestos de los incisos a), b), c) y d) de la fracción I, todas del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor.

"Finalmente, tampoco son inherentes al último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, los actos previstos en la fracción VIII del artículo 107 de dicha ley, relativos a los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia en el conocimiento de un asunto, en razón a la connotación jurisdiccional de las figuras sobre las que versan.

"En fin, cuando el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo establece, en relación con el amparo indirecto, que en tratándose de ‘actos materialmente administrativos’ a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad tendrá que complementar esos aspectos, caso en el que se correrá traslado al quejoso para que en el plazo de quince días promueva ampliación de demanda, limitándose a cuestiones derivadas de la referida complementación, por ‘actos materialmente administrativos’ han de entenderse aquellos que, con independencia de la pertenencia orgánica de la autoridad que los emite, el acto en sí mismo tenga un contenido u objeto propio de los actos de la administración.

"No siendo aplicable, por tanto, dicha disposición a los actos materialmente legislativos, jurisdiccionales, ni a los correspondientes al ejercicio de la función persecutora del delito o a la facultad punitiva del Estado, previstos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 107 de la propia Ley de Amparo en vigor, sino sólo en relación con los supuestos de la fracción II del artículo 117 invocado, es decir, actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"Interpretación del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que este tribunal comparte sólo en relación con el alcance de la expresión ‘actos materialmente administrativos’, que dio pauta, entre otras, a la tesis IV.2o.A.49 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo contenido es: ‘AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE EN RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, DEL PROPIO ORDENAMIENTO.’

"En ese contexto, si lo que la parte recurrente pretende, mediante los agravios sintetizados, es que se analice la determinación asumida por el Juez de Distrito, al desechar la ampliación de demanda que promovió contra el ‘informe justificado’, desde la perspectiva prevista en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, este tribunal revisor no puede ocuparse de ello, por resultar inaplicable dicha disposición jurídica.

"Y es que, un acto con la naturaleza del que la parte entonces quejosa reclamó (omisivo), no puede enmarcarse en dicho supuesto normativo, puesto que el primer requisito que deben cumplir los ‘actos materialmente administrativos’, entre otros, dirigidos a ocasionar una molestia en la esfera jurídica del gobernado, es el de constar por escrito, conforme al artículo 16 constitucional, lo que tiene como propósito el de asegurar que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de las demás garantías, esto es, que proviene de autoridad competente y que se encuentre ‘fundado y motivado’, de lo que se sigue, que una actuación que no consta por escrito, como el silencio de la autoridad ante una petición proveniente de un particular, no puede considerarse dentro de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo.

"Ello, ya que fundar un ‘acto materialmente administrativo’ implica apoyar su emisión en razones legales que se encuentren establecidas en un ordenamiento normativo, y ese acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a pronunciarlo.

"A lo que se agrega que el ‘acto materialmente administrativo’ tiene que ser emitido por autoridad competente, lo cual es un reflejo del principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, en respeto al derecho humano de seguridad jurídica.

"Aspectos de constitucionalidad y legalidad, que no pueden trasladarse al derecho de petición, pues precisamente por la naturaleza omisiva de este reclamo, se entienden ausentes los requisitos de fundamentación y motivación, prescindibles para un ‘acto materialmente administrativo’, ya que sólo así podría verificarse si dicha actuación administrativa proviene de autoridad competente, además, si está fundada y motivada o no, cualidades que, se reitera, no pueden enmarcarse en un acto de índole omisivo, contrario a lo que la parte recurrente pretende.

"Desde otro contexto, pero vinculado a la pretensión de la recurrente, al promover el amparo indirecto, y referentes al supuesto normativo en estudio, se atiende a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad señalada como responsable, para lo cual es conveniente reiterar que la parte entonces quejosa señaló como motivo de reclamo, la falta de contestación al escrito presentado el catorce de junio de dos mil trece, cuyo contenido es: (se transcribe).

"De la transcripción que antecede, se advierte que la parte entonces quejosa solicitó al delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente:

"1. El reconocimiento de los derechos de asistencia social, ... 2. El reconocimiento de la antigüedad, ... 3. El reconocimiento del derecho a la jubilación, ... 4. El cálculo de las cuotas y aportaciones omitidas, ... 5. La concesión de facilidades de pago, a fin de regularizar la situación patrimonial ante dicho instituto.

"Conforme a lo anterior, se tiene que la parte entonces quejosa, al plantear la petición, involucró aspectos relacionados con el reconocimiento de derechos de asistencia social, con la antigüedad, la jubilación y el cálculo de cuotas y aportaciones, en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, lo cual revela que se trata de una trabajadora aspirante a pensionada.

"Luego, si el referido instituto es un ente público que forma parte de la administración pública, que si bien presenta una autonomía especial, que implica un autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que le atribuye el Estado, aunque ello no implica su separación de éste, pues ejerce sus facultades en un marco de reglas predeterminadas, por lo que su actuación se encuentra restringida en atención a los fines que persigue.

"De modo que el delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien se le atribuyó la falta de respuesta, por ser parte integrante de dicho organismo público descentralizado de la administración pública federal, cuenta con la calidad de una autoridad administrativa.

"A pesar de ello, es decir, con independencia de la pertenencia orgánica-administrativa de la autoridad a quien se reclamó el acto omisivo, al formular la referida solicitud, la entonces quejosa involucró aspectos de naturaleza laboral con la calidad de trabajadora aspirante a pensionada, lo cual genera la inaplicabilidad del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues como se ha visto, fue instituido para los ‘actos materialmente administrativos’, supuesto que no se actualiza en el presente asunto.

"Sirve de apoyo a lo anterior, en relación a la naturaleza laboral de una petición cuando involucra aspectos de esa índole, la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ... del contenido siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN ATRIBUIDA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR NO DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. AL SER DICHO ACTO DE NATURALEZA LABORAL CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe)

"En conclusión, los agravios hechos valer desde la perspectiva del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, son infundados, los cuales se atendieron en forma conjunta, por depender de dicho supuesto normativo, respecto a lo cual, se ha determinado su inaplicabilidad.

"Respecto a las consideraciones sustentadas en la sentencia reclamada, la parte recurrente manifiesta que son ilegales, porque de manera incorrecta se consideró que los efectos del acto omisivo reclamado cesaron con el oficio 535/2013, mediante el cual, la autoridad responsable dio respuesta a la petición en cuestión.

"Ello, en primer lugar -dice la recurrente-, porque se precisó como acto reclamado: ‘la falta de respuesta a lo solicitado en el escrito presentado el catorce de marzo de dos mil once’, cuando en realidad se trata del escrito exhibido a la responsable el catorce de junio de dos mil trece.

"No asiste razón a la parte quejosa, ya que en la parte considerativa segunda de la sentencia sujeta a revisión, se fijó como motivo de reclamo lo siguiente: (se transcribe).

"De la reproducción parcialmente hecha, se advierte que el Juez de Distrito precisó como acto reclamado la falta de respuesta a la petición formulada por el escrito presentado el catorce de junio de dos mil trece; de ahí lo infundado del agravio en estudio, puesto que en la sentencia reclamada se apreció y fijó correctamente la actuación motivo de reclamo.

"Por otra parte, la recurrente aduce que el sobreseimiento sustentado en la sentencia es ilegal, porque la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, lo que equivale a que al quejoso se le restituya en su derecho fundamental violado, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ninguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo.

"...

"Contrario a lo que aduce la parte recurrente, fue correcta la decisión jurídica asumida en la sentencia revisada, pues con la contestación realizada por la autoridad responsable cesaron los efectos del acto omisivo reclamado; de ahí la actualización de la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

"En efecto, conforme al artículo 8o. constitucional,(1) el derecho de petición implica que los gobernados tienen la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, de cualquier índole. Así, el Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados), por virtud de la relación jurídica consignada en dicho artículo tienen la obligación de: a) dictar un acuerdo por escrito en relación con la solicitud que el gobernado plantee y b) darlo a conocer en breve término al interesado, de forma personal.

"Lo anterior, siempre que el gobernado cumpla con los siguientes requisitos: 1) formule la petición por escrito; 2) de manera pacífica; y, 3) de forma respetuosa.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se comparte, ... que señala: ‘PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE.’ (se transcribe)

"Ahora bien, los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: ‘Artículo 61.’ (se transcribe) ‘Artículo 77.’ (se transcribe)

"De la interpretación conjunta de los artículos reproducidos, aunque el segundo en sentido contrario, se obtiene que para que opere la causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional; de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo para esos alcances.

"Es así, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá; de modo que los alcances reparadores, desde una perspectiva de amparo, ya no podrían cumplirse.

"La hipótesis jurídica en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquella que surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje afectación alguna.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por el tema en trato, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, ... del texto que sigue: ‘ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.’ (se transcribe)

"Además, resulta ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, ... del tenor siguiente: ‘ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.’ (se transcribe)

"Pues bien, aunque ya fue destacado, se reitera que, en uso de la facultad prevista en el artículo 8o. constitucional, por escrito de once de junio de dos mil trece, presentado el día catorce siguiente, la parte entonces quejosa solicitó al ********** en el Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, básicamente, lo siguiente: (se transcribe).

"En relación con dicha petición, por oficio 535/2013, de once de octubre de dos mil trece (que dio a conocer a la gobernada el dieciocho siguiente y que adjuntó al informe justificado), la autoridad señalada como responsable respondió: (se transcribe).

"De la reproducción anterior, se advierte que, al atender a la solicitud que le fue formulada por escrito y de manera pacífica, la autoridad señalada como responsable contestó que en los archivos del sistema de filiación y vigencia de dicho instituto, no aparecían antecedentes de afiliación de la solicitante, y la vinculó para que acudiera a la ‘dependencia’ en la cual, laboraba a efecto de que le informaran y/o le entregaran copia del movimiento de su alta, para estar en condiciones de insertar en su totalidad el historial laboral.

"Y que en el supuesto de que no existieran antecedentes en la ‘dependencia’, ésta debía presentar el alta correspondiente, en el entendido de que sería extemporánea por incumplimiento al artículo 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Como se observa, y bien se consideró en la sentencia sujeta a revisión, mas opuesto a lo alegado por la parte recurrente, la conducta omisa atribuida a la autoridad responsable, y que motivó la promoción del juicio de amparo indirecto, cesó a partir del momento en que la solicitante tuvo conocimiento del documento mediante el cual se dio respuesta a la petición que al efecto formuló.

"Respuesta que resulta congruente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25625-e2d049ce/peticion-cuando-en-la-demanda-de-amparo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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