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DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 77/2022. · Registro digital (IUS): 31096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-12-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, Pág.1459.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 77/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Primero del Sexto Circuito y Primero del Tercer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si cuando se reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social una violación al derecho de petición, como consecuencia de que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), indicó: "con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición", el Juez de amparo está obligado a analizar la congruencia de la respuesta.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficios recibidos por conducto del MINTERSCJN y registrados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho y veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 511/2021; y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al fallar el amparo en revisión 212/2019.

2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción con el número de expediente 77/2022, requirió a los Tribunales Colegiados las versiones digitalizadas de los escritos de agravios de los asuntos, así como al último de los órganos referidos en el párrafo anterior el proveído en el que informara si el criterio por él sustentado se encuentra vigente. Asimismo, ordenó se turnara el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán.

3. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.

4. Por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, la presidenta de esta Segunda Sala tuvo por recibida la información solicitada, y dado que el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios estaba integrado, ordenó su envío al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. Competencia

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII,(1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario 5/2013,(2) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Segunda Sala, al tratarse de la materia administrativa y se considera innecesaria la intervención del Pleno.

II. Legitimación

6. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, ya que se formuló por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tal y como se advierte del resolutivo tercero de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 511/2021 del índice de dicho órgano colegiado.

III. Criterios denunciados

9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 511/2021.

10. Acto administrativo. El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, Patricia Rodríguez Ochoa presentó "solicitud de regularización y/o corrección de datos personales del asegurado", ante la Subdelegación Libertad-Reforma de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Juicio de amparo indirecto. Ante la falta de respuesta mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, promovió el amparo indirecto 1472/2021 del que conoció el Juez Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

12. Informe justificado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó el acto reclamado; asimismo, presentó copia certificada del oficio 143901679100/604/2021, de doce de octubre de dos mil veintiuno, donde "... emitió contestación a su solicitud de regularización y/o corrección de datos personales, la cual fue notificada a la quejosa el trece de octubre posterior".

13. Sentencia. El Juez de Distrito precisó que era cierto el acto reclamado, a pesar de que la autoridad lo hubiera negado, ya que la quejosa exhibió el acuse de recibo de la solicitud.

14. Sin embargo, consideró que cesaron los efectos de la omisión reclamada, toda vez que la responsable había emitido una contestación (oficio 143901679100/604/2021) y que no era el caso de dar vista a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, ya que en contra de la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones procede el juicio de amparo indirecto; empero, éste es improcedente contra la respuesta, pues una vez conocida, y de estimar que no satisface su interés, se debe instar la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), por lo que sobreseyó en el juicio.

15. Amparo en revisión. Inconforme la quejosa promovió el amparo en revisión 511/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

16. Sentencia. El órgano colegiado consideró fundados los agravios, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo. Las consideraciones relativas se transcriben a continuación:

"OCTAVO.—Los agravios son fundados.

"...

"Como primera aproximación al fondo, resulta necesario analizar los elementos que configuran el derecho de petición, para así poder establecer si la respuesta que emitió la responsable es congruente con la petición elevada ante ella y, por ende, estimar satisfecho el derecho humano tutelado en el artículo 8o. constitucional.

"El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"(Se transcribe)

"Ese numeral de la Constitución Federal consagra el derecho de petición como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, quién está obligada como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado.

"De ahí que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad.

"Además, el derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa.

"Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes:

"1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada;

"2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y

"3. De dar a conocer (notificación) la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso.

"Así las cosas, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, los elementos que deben contener una y otra son los que a continuación se apuntan:

"La petición.

"Debe formularse de manera pacífica y respetuosa;

"Ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y,

"El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.

"La respuesta.

"La autoridad debe emitir un acuerdo.

"Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla;

"Tendrá que ser congruente con la petición;

"La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos;

"No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y,

"La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa.

"Las consideraciones anteriores se extraen de los siguientes criterios:

"‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE DEMOSTRAR QUE LA CONTESTACIÓN SE DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. SENTIDO.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE LOS ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES. SU PRUEBA.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE.’ (Se transcribe)

"‘PETICIÓN, DERECHO DE.’ (Se transcribe)

"‘DERECHO DE PETICIÓN.’ (Se transcribe)

"En ese sentido, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección federal por violación a la garantía de respuesta a una petición consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser para que las autoridades responsables den contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso.

"En esa medida, el derecho de petición –entendido como la prerrogativa gestada y promovida en el seno de un Estado democrático– se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla.

"Por ende, si la información no existe o es insuficiente, por no ser congruente con lo peticionado, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad.

"Esto, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general.

"De ahí que la congruencia se actualiza cuando se informa la imposibilidad –de manera fundada y motivada– por la que no es posible actuar como pretende el peticionante, o en su caso, cuando de la misma forma se accede a la petición.

"Ahora, en la especie la quejosa afirmó haber presentado ante la Subdelegación Libertad-Reforma de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, su ‘Solicitud de Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado’, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, y para probarlo presentó el acuse correspondiente:

"(Imagen)

"En tanto que la autoridad responsable –en realidad– no emitió una respuesta congruente a lo peticionado, pues en su informe justificado se limitó a sostener que la quejosa no elevó petición alguna, tal y como se observa de la siguiente reproducción:

"(Imagen)

"Empero, ello no le impedía presentar ‘de nueva cuenta’ su solicitud tal y como se lo hizo saber en el oficio 143901679100/604/2021, que el Juez de Distrito consideró como respuesta a su petición, y que menciona:

"(Imagen)

"De lo anterior se obtiene que la autoridad responsable no ha contestado a la petición que la quejosa le elevó y que fue recibida por aquélla el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, según está demostrado en autos del juicio de amparo.

"Esto es así, porque quedó acreditado en autos la existencia de la petición cuya omisión de respuesta reclamó la quejosa, en la medida que el Juez de Distrito le otorgó pleno valor probatorio al acuse correspondiente, y la autoridad responsable no acudió al recurso a confrontar esa determinación.

"En ese tenor, si la responsable únicamente manifestó que la solicitante del amparo podía iniciar de nueva cuenta el trámite –porque aseguró que no lo presentó– lo respondido resulta notoriamente incongruente con la petición y lo probado en juicio.

"En otras palabras, si quedó determinado en juicio –como verdad legal– que la quejosa presentó la petición el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable no estaba en la aptitud legal de contestarle que presentara dicha petición más de un año después de recibida.

"Por lo tanto, este Tribunal Colegiado considera que en el caso el acto reclamado no cesó en sus efectos, pues la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, no fue reparada con la emisión del oficio 143901679100/604/2021, toda vez que el mismo no constituye una respuesta congruente a lo peticionado.

"Al no advertirse diversa causa de improcedencia que hicieran valer las partes, ni la actualización de oficio de alguna otra, en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción y procede al estudio de los conceptos de violación propuestos.

"NOVENO.—Transcripción de los conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación ...

"DÉCIMO.—Los conceptos de violación son fundados.

"La quejosa alega, en esencia, que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, elevó una petición ante la Subdelegación Libertad Reforma de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo –veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno– cerca de dos años después, esa autoridad haya dado respuesta a la misma.

"En el caso, este órgano jurisdiccional considera que, en relación con ese reclamo, se surte una violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El referido numeral –transcrito con anterioridad– prevé la garantía conocida como derecho de petición, consistente en que a todo escrito que se eleve de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo o contestación por escrito, y darse a conocer al interesado en un breve término.

"Conforme lo anterior, el acto reclamado al ser de naturaleza negativa, es decir, al constituir una abstención, es claro que a la responsable le corresponde demostrar que sí acató la obligación impuesta en el citado artículo constitucional; sin embargo –como se ha visto–, no demostró haber dado contestación congruente a la petición formulada, en breve término, y tampoco acreditó haber notificado la respuesta respectiva, lo que lleva a colegir de manera indubitable que se incumplió con el invocado artículo 8o. constitucional.

"En efecto, en autos obra el acuse de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, exhibido por la parte quejosa, al cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de una documental privada que no fue objetada.

"Calidad que tiene, puesto que de conformidad en el artículo 133 de dicha legislación, son documentos privados los que no reúnan las condiciones que refiere el numeral 129. En ese sentido, se tiene que dicha constancia no contiene los elementos a que se refiere ese dispositivo y pues únicamente cuenta con el sello correspondiente de la autoridad responsable.

"Sin embargo, al concatenarse con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y la confesión de la responsable al rendir su informe justificado, en el sentido de que si bien no ha emitido respuesta, ello se debió a que la quejosa no presentó petición alguna –lo cual fue desvirtuado en el presente fallo–, hace que la documental de la quejosa merezca eficacia probatoria plena, de conformidad con el numeral 200 del aludido código, es que se le otorga pleno valor probatorio.

"Con base en lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable no ha dado contestación a la petición que la quejosa le elevó y que fue recibida por aquella el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ya que no demostró de manera fehaciente haber emitido y notificado de la respuesta a la petición elevada.

"Es aplicable la jurisprudencia por reiteración número 129, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS.’ (Se transcribe)

"En esas condiciones, es que existe transgresión a lo preceptuado en el artículo 8o. constitucional, que dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término a la peticionaria; empero, el derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, en razón de que de aceptarlo así, se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en un lapso determinado. "Lo anterior, de manera que, si la quejosa en su escrito de demanda, presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, reclama la falta de respuesta a su escrito presentado ante la responsable el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el que, en esencia, solicitó a la referida subdelegación responsable ‘... la regularización y/o corrección de los datos personales ...’ –atendiendo a la naturaleza de la solicitud de que se trata– este Tribunal Colegiado estima que existió tiempo suficiente para que la autoridad hubiese emitido la respuesta a la misma y haberla hecho del conocimiento del promovente.

"En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, en términos del artículo 8o. de la Carta Magna, que se estima transgredida, la autoridad responsable, deberá:

"Dar contestación congruente a la solicitud presentada por la parte quejosa el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, y de igual manera le hará de su conocimiento tal determinación, mediante notificación personal.

"Lo anterior, en el entendido de que la concesión del amparo de la Justicia Federal en el presente caso es, como ya se dijo, únicamente para efectos de que se dé contestación en términos del artículo constitucional de referencia, sin que esto signifique necesariamente que dicha autoridad tenga que acordar favorablemente la solicitud formulada por la peticionaria de garantías, pues en uso de sus facultades, podrá negar o conceder lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique, en forma alguna, que la pretensión administrativa del amparista sea legítima, fundada en derecho o procedente.

"En relación con los alegatos que formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cabe destacar que no se propone motivo de inejercitabilidad alguno, y en esa medida es innecesario verter mayor estudio al respecto.

"...

"DÉCIMO PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios."

17. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 212/2019.

18. Acto administrativo. Africam, Sociedad Anónima de Capital Fijo, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho solicitó ante la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informaran el método y/o cálculo matemático para la determinación de variables bimestrales posteriores a la inscripción del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que afectan el salario base de cotización, si debía ser con base en los días efectivamente laborados o sobre los días naturales del bimestre descontando las faltas permitidas por el artículo 116 del Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

19. A dicho escrito recayó la respuesta contenida en el correo electrónico fechado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el que le indicaron que el cálculo se realiza con base en el artículo 62 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en el caso de trabajadores con semana reducida.

20. Mediante diverso correo electrónico de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la sociedad anónima nuevamente solicitó le informaran si el cálculo debe realizarse con base en los días efectivamente laborados o sobre los días naturales del bimestre descontando las faltas permitidas.

21. Juicio de amparo indirecto. Ante la omisión de la autoridad de dar contestación promovió el amparo indirecto 246/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

22. Informe justificado. El Instituto Mexicano del Seguro Social aceptó la existencia del acto reclamado y presentó copias certificadas del oficio 229.105.100.100/EPO/0345/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que indicó que el cálculo se realiza con base en la fracción segunda del artículo 30 de la Ley del Seguro Social, asimismo, le precisó un ejemplo de cálculo de un salario variable.

23. Sentencia. El Juez consideró que los efectos del acto reclamado cesaron ya que, mediante oficio 229.105.100.100/EPO/0345/2019, la responsable dio contestación a tal petición, ello con posterioridad a la presentación de la demanda. Sin que contra la respuesta procediera la ampliación a la demanda de amparo, toda vez que una vez conocida y de estimar que no satisface su interés, el asegurado o beneficiario debían acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), por lo que sobreseyó en el juicio.

24. Amparo en revisión. Inconforme la quejosa interpuso el recurso de revisión 212/2019, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

25. Sentencia. El Tribunal Colegiado desestimó los argumentos de la revisionista, confirmó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de amparo y declaró sin materia la revisión adhesiva. Las consideraciones de la resolución se transcriben a continuación:

"Los anteriores argumentos deben desestimarse.

"En principio, es inoperante el relativo a que el Juez de Distrito vulneró su derecho de audiencia, porque al conocer de los juicios de amparo de su competencia, como acontece en la especie, los Jueces de Distrito ejercen la función de control constitucional, y aun cuando en contra de la sentencia en la que se decreta el sobreseimiento en el juicio procede el recurso de revisión, éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, técnicamente no se deben analizar los agravios consistentes en que viola garantías al resolver el juicio de amparo, dada la naturaleza de éste y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña.

"Procede desestimar los restantes argumentos en los que se aducen violaciones al procedimiento y se cuestiona la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos del acto reclamado.

"Lo anterior, porque esa causa significa que el acto ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar sus efectos, lo que implica no sólo la detención definitiva de aquél, sino también la desaparición total de sus efectos que pueden verse acompañados o no de la propia insubsistencia del acto.

"La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad, pues ya no surte efectos, ni los surtirá, porque han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo.

"De esta forma, al no dejar huella en la esfera jurídica del particular, existe imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (acto de carácter positivo); o el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija (acto negativo o que implique una omisión).

"Ahora bien, en relación con el derecho de petición, cuando la autoridad responsable exhibe con su informe justificado la contestación al escrito del quejoso, representa que los efectos de la falta de contestación han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a ese derecho consagrado en el artículo 8o. constitucional.

"Con base en lo anterior, en el caso la conducta omisiva en la que incurrió la responsable –Delegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social– y que motivó la promoción del juicio de garantías, cesó al haber dado respuesta a la petición de la parte quejosa, presentada por correo electrónico a través del oficio 229.105.100.100/EPO/0345/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, notificado a la parte quejosa por esa misma vía. Con estas actuaciones, la autoridad cumplió con las obligaciones previstas en el artículo 8o. constitucional, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Por lo tanto, cesó la violación a ese derecho fundamental.

"La actualización de esa causa de improcedencia operó únicamente respecto de la omisión de dar respuesta, mas no abarca a la propia contestación, pues ésta constituye un acto diverso a la omisión de dar respuesta; y el fondo de la misma puede ser materia de ampliación de demanda, de un nuevo juicio de amparo, o de una instancia ordinaria que prevea la propia ley del acto, como es el caso.

"En consecuencia, el análisis por parte del Juez de Distrito de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se ajusta a derecho, en virtud de que los efectos de la omisión en la que incurrió la autoridad, al no dar respuesta a la petición de la quejosa, cesaron en el momento mismo en que dio contestación a ésta y se la hizo saber.

"Por otra parte, resulta apegado a derecho que no se haya otorgado a la quejosa término para ampliar la demanda y señalar como acto reclamado la re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31096-36a0ef8b/derecho-de-peticion-la-persona-juzgadora-debe-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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