Corpus
Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2015. · Registro digital (IUS): 26380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-06-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Pág. 856.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, quienes están facultados para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de doce de noviembre de dos mil quince, en la parte que interesa, determinó:

"QUINTO.-El agravio es fundado, atendiendo a la causa de pedir.-El Juez de Distrito -como se sintetizó en el considerando cuarto de este fallo- desechó la demanda de amparo, en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen origen en la relación laboral derivada de su carácter de ente asegurador, pues existe una relación de coordinación entre particulares que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios, que lo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según se desprende de los numerales 604 de la Ley Federal del Trabajo y 295 de la Ley del Seguro Social.-Incluso -puntualizó el resolutor-, porque el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo no deriva de la violación alegada, pues con independencia de que se aduzca la falta de respuesta o de dar trámite a una petición o a un recurso, para determinar si al instituto señalado como responsable le asiste esa calidad, debe analizarse si la omisión reclamada se vincula con sus atribuciones como ente asegurador, supuesto en el cual -reiteró-, actúa en un plano de igualdad y no de supra a subordinación con el particular.-En contradicción con esa consideración, el inconforme asegura que se perdió de vista el derecho fundamental violado, atinente a que el delegado y el director de la Unidad Médica Familiar cuarenta y siete, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, omitieron dar respuesta a las peticiones que formuló por escrito, el quince de mayo y catorce de agosto, ambos de dos mil quince.-Ese planteamiento es fundado.-El contenido de los escritos aludidos, respectivamente, en esencia, es el siguiente: [se transcribe texto].-Del contenido del primero de esos escritos se desprende que se relaciona con aspectos atinentes a la seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no con algún aspecto relativo a su faceta de organismo fiscal autónomo, como podría ser la imposición de multas ante el incumplimiento de entero de las cuotas obrero-patronales o la práctica de una visita para constatar la observancia a dicha obligación.-Sin embargo, en el caso, no se está en el supuesto de desechar la demanda con fundamento en la jurisprudencia 211/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 303, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.’.-Ello, porque este Tribunal Colegiado considera que esa jurisprudencia ha dejado de tener vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, pues se sustentó en el marco de la legislación abrogada y su contenido se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor.-Para concluir en ese sentido, es necesario contrastar las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2009, de la que derivó la jurisprudencia 211/2009 aludida, con el nuevo contexto jurídico que rige en nuestro país a partir de la expedición de la Ley de Amparo que, entre otros aspectos, maximizó la protección de los derechos humanos contra omisiones de autoridad y actos de particulares e incluyó en la legislación lo que se entiende por autoridad responsable.-El Alto Tribunal, en la aludida contradicción, analizó la procedencia del juicio de amparo cuando un derechohabiente reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de asegurador, la omisión de emitir respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición.-Señaló que de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. y 11 de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad para efectos del juicio constitucional, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo cual excluye a los actos de particulares.-Refirió que cuando se está en presencia de actos de autoridad, la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución.-En ese contexto, puntualizó que es procedente el juicio de garantías cuando, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, se eleva una solicitud a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad y ésta no haya sido respondida.-Es decir, precisó, cuando se considere que se ha violentado en contra de un particular el derecho de respuesta a una petición elevada a un servidor público en su calidad de autoridad, procede el juicio de amparo, siempre y cuando dicha solicitud se hubiere formulado, en su calidad de autoridad para efectos del juicio de garantías, entendiéndose como tal a aquella que con fundamento en una norma legal se encuentra facultada para emitir actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados.-Luego, indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación.-2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual, actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades.-Con motivo de esa distinción, sostuvo que son dos funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige y, otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social.-En ese sentido, consideró que el carácter de acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, en relación con omisiones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social por no dar contestación a solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, debe atender al caso particular, es decir, al tipo de planteamiento o solicitud que se eleve a dicho instituto, pues depende del carácter con el que se solicite al instituto que actúe como deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerarse o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.-Esto es, determinó, si se eleva una solicitud a ese organismo descentralizado, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, para que éste la responda en su carácter de organismo fiscal autónomo, la omisión que, en su caso, se reclame en el juicio de garantías sí debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo; pero si la solicitud se formula para que dicho instituto la responda en su carácter de asegurador, la omisión que, en su caso, se reclame en el juicio de garantías no debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que en el primer supuesto actúa revestido de imperio frente al particular; mas en la última hipótesis, la relación entre el instituto y el asegurado, se da en un plano de igualdad, puesto que el primero sustituye en sus obligaciones al patrón, por lo que no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo.-Según se observa de esos argumentos, el Alto Tribunal definió la procedencia o improcedencia del juicio de amparo en función del contenido de la petición que se eleve a una institución pública, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, la nueva Ley de Amparo tiene una clara finalidad de hacer efectiva la protección de los derechos humanos y atribuir al juicio constitucional una nueva fisonomía que lo conciba como una garantía efectiva, eficaz y rápida de reparación en la violación de esos derechos; de modo que gracias a esa progresión puede impugnarse la falta de una respuesta a una petición, sin que incida el contenido de la petición para efectos de la procedencia del juicio de amparo.-El derecho fundamental de petición consignado en el artículo 8o. constitucional, se ha consagrado como una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -que se caracteriza por la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, con el propósito de proporcionar al gobernado una herramienta eficaz para lograr el vencimiento de la omisión de cualquier autoridad frente al ejercicio de ese derecho, a fin de que la institución pública a quien se formula: 1. Dé respuesta por escrito.-2. En la contestación que emita sea congruente con lo solicitado por el gobernado.-3. Dé a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término.-La autoridad sólo respetará ese derecho cuando proporcione en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla.-Por tanto, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad.-Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho

e petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.-La maximización en la protección constitucional de ese derecho se incluye en la nueva fisonomía del juicio de amparo, al prever la posibilidad de impugnar omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, según se puede consultar en la fracción I del artículo 103 de ese ordenamiento, cuyo contenido se reprodujo en el numeral 1o., fracción I, de la Ley de Amparo.-Incluso este último ordenamiento considera como autoridad responsable a aquella que omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.-Por cuanto a esa omisión, que es capaz de producir las consecuencias señaladas, actualmente puede ser atribuida a particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y cuyas funciones están determinadas por una norma general.-En cambio, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el ciudadano debía transitar por distintos juicios de amparo para lograr el reconocimiento de un derecho o la reparación a su transgresión.-Primero, debía vencer la contumacia de la autoridad a dar una respuesta; luego, controvertir la respuesta incongruente a lo solicitado; después, podía sufrir una respuesta sin fundamentos y motivos, y ello debía ser impugnado vía un segundo juicio de amparo; en forma posterior, debía reclamar, en un tercer juicio, los argumentos y motivos para no otorgar el derecho y, finalmente, en un último juicio de amparo, ya de fondo, el juzgador podía pronunciarse respecto de ese derecho.-Esa situación orilló a la transformación del sistema de procedencia del juicio de amparo, pues dio lugar a que en la nueva Ley de Amparo se contemplara, en aras de una justicia completa y una pronta reparación, la posibilidad expresa de ampliar la demanda cuando se tenga conocimiento de actos de autoridades que guarden estrecha relación con el acto reclamado en la demanda inicial, como es el caso de la respuesta a la petición durante la tramitación del juicio de amparo y, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la obligación de la autoridad responsable de complementar el acto reclamado, al rendir su informe justificado, a fin de que con el traslado que se le corra, el quejoso esté en posibilidad de ampliar la demanda en contra de esa complementación, en términos del artículo 117, último párrafo, de esa legislación, para que la controversia planteada se resuelva de fondo con el menor retardo y carga para el particular.-Disposiciones como las descritas tienen como finalidad evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta; la respuesta incongruente; la respuesta falsa o equívoca; la respuesta sin fundamentos ni motivos o la respuesta incorrecta en cuanto al fondo.-Así es, la actual Ley de Amparo proporciona herramientas para que se efectivice el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, posibilitando que los vicios consistentes en la omisión, en la respuesta incongruente o desapegada de la realidad y en la falta de fundamentación, se reparen en un mismo juicio.-Con esas prescripciones, la nueva Ley de Amparo refleja el quehacer de la jurisprudencia, por cuanto a la protección y garantía de reparación, tratándose de la violación al derecho fundamental de petición, puesto que, por una parte, expresamente se consigna como un acto que puede ser atribuible a cualquier ente público, la omisión, una de cuyas manifestaciones más claras consiste en la falta de respuesta a las solicitudes planteadas; pero además se concibe la posibilidad de que un particular pueda ser llamado al juicio al incurrir en violación de esos derechos fundamentales, con lo cual el legislador trata de dotar al gobernado de un instrumento rápido y eficaz para vencer la actitud posiblemente ilícita y que con anterioridad a esa nueva ley sólo era posible vía las instancias ordinarias, cuyas resoluciones requieren en la mayoría de los casos de mayor tiempo y, por último, la figura de la ampliación de la demanda se consigna expresamente en la ley con esa finalidad ya mencionada de lograr la reparación a violaciones de derechos fundamentales en el menor tiempo posible.-Ante ese avance jurídico, que busca hacer efectivo el respeto a los derechos humanos en el juicio de amparo, el contenido de la petición no puede ser materia de censura para definir si es procedente o no el juicio constitucional, porque los distintos planteamientos que pueden formularse a la autoridad aun de ser irrelevantes, infundados, vinculados o desvinculados con el quehacer público, no son el factor que determina si el ente gubernamental incurre o no en una violación al derecho de petición.-Visto así, ese derecho humano es abstracto, general, amplio y no exige que su contenido sea relevante o prudente a las potestades públicas, pues si así se exigiera, se privilegiaría su interpretación restrictiva, la cual no es acorde con la evolución constitucional, legal y jurisprudencial de su protección a través del juicio de amparo.-Esta forma de apreciar el acto importa una interpretación amplia, pro personae, porque no se restringe el derecho a acudir al juicio de amparo ante la falta de respuesta imputada a una institución pública, por virtud al contenido de la petición correspondiente.-Por tanto, la jurisprudencia que obliga a acudir al juicio laboral no puede tener vigencia, porque esa pretensión de que se incurre en una falta de respuesta puede simplemente analizarse atendiendo exclusivamente a verificar si la petición realmente se formuló y si la autoridad incurrió en la omisión que se le atribuyó.-Ciertamente la autoridad aun con la multiplicidad de actividades que la ley le permite realizar, por regla general, siempre actúa dotada de imperio frente a los gobernados, es decir, siempre se debe considerar que actúa en una relación de supra a subordinación y si bien puede excepcionalmente realizar actos dentro de un plano de coordinación, ése no puede ser el factor que determine que la omisión en responder a un escrito deba ser vencida en un juicio ordinario, porque el acto que se le atribuye en el juicio de amparo es una omisión sin calificativos y, por ende, no se puede identificar el acto como omisión de respuesta a pretensiones vinculadas con facultades ubicadas en un plano de coordinación.-El considerar que el juicio constitucional es procedente y efectuar su trámite, por cuanto a esa omisión, no ignora que la respuesta se otorgue por la autoridad, puede involucrar temas vinculados exclusivamente con las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador.-Pero tal situación no puede ser un factor para considerar que la omisión de respuesta deba ser impugnada en un juicio laboral, porque la postura que se sustenta en esta ejecutoria simplemente opta por dotar al particular del juicio de amparo para lograr la respuesta correspondiente en el sentido que sea, sin necesidad de plantearla o impugnar la omisión ante los tribunales laborales, pues el juicio respectivo, conforme a las reglas del capítulo XVII, ‘Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje’, de la Ley Federal del Trabajo, debe transitar por etapas de emplazamiento, citación a audiencia, conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, alegatos y sentencia, que ostensiblemente involucran mayor tiempo para obtener la resolución protectora.-En conclusión, la tesis de jurisprudencia 211/2009 ha perdido vigencia con motivo de la expedición de la nueva Ley de Amparo y esa declaración se formula con fundamento en el artículo sexto transitorio del decreto de creación de esa ley.-Es necesario reiterar que cuando la respuesta proporcionada por el instituto verse sobre aspectos relacionados con prestaciones de seguridad social en su faceta de ente asegurador en sustitución del patrón, dicha contestación, en caso de discrepancia del quejoso, no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, pues tales cuestiones son materia de un juicio laboral y en este punto sigue vigente la tesis 2a./J. 77/2008, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD.’.-Por último, es necesario puntualizar que la decisión de este Tribunal Colegiado, acerca de la pérdida de vigencia de la tesis 211/2009, no pugna con lo determinado por el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), consultable en la página 8, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.’, en el sentido de que, al margen de la posibilidad de que los Jueces nacionales estén facultados para ejercer el control de convencionalidad, ello no les otorga potestad para decidir si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede o no una norma convencional, en razón de que la propia ley prevé mecanismos para sustituirla cuando se estime que dicha jurisprudencia desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, además de que enfatizó que la misma es obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Federal, así como en el 217 de la Ley de Amparo.-Efectivamente, ese criterio rige para el caso de la jurisprudencia vigente y, por ende, obligatoria, mas no para tesis de jurisprudencia que han perdido vigencia, como es el caso de la integrada conforme a la Ley de Amparo anterior y que ahora es inaplicable por oponerse a las nuevas prescripciones de la nueva Ley de Amparo.-En tales circunstancias, cuando la parte quejosa reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social violación al derecho de petición contemplado en el artículo 8o. constitucional, ese organismo descentralizado tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia del doble carácter con el que actúa (como organismo fiscal autónomo o como ente asegurador), pues lo que trasciende es la defensa de ese derecho en contra de una institución pública, dado que la respuesta que llegara a emitir inevitablemente incidirá en la esfera jurídica del gobernado.-Ciertamente, la omisión del delegado y del director de la Unidad Médica Familiar cuarenta y siete, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de contestar los escritos de quince de mayo y catorce de agosto de dos mil quince, relativos al reconocimiento de la incapacidad permanente total y al otorgamiento de la pensión correspondiente, impide al peticionario, en caso de que obtenga una respuesta en sentido favorable, gozar de dicha pensión o conocer los motivos por los cuales no procede su otorgamiento, y ello evidentemente afecta su esfera jurídica, esto es, la omisión de dar respuesta invariablemente está incidiendo desfavorablemente y de forma unilateral en la situación jurídica del particular con total independencia de lo que llegue a responder con motivo de las peticiones que se le plantearon.-En consecuencia, si la relación entre el instituto aludido y el particular asegurado, cuando se reclama una violación al artículo 8o. constitucional, no es de coordinación, sino de supra a subordinación, la contienda que se suscite entre ambos debe dirimirse en el juicio de amparo, no así ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo determinó el Juez Federal.-Ante el panorama expuesto, lo que se impone es revocar el auto sujeto a revisión para el efecto de que, al no existir motivo de improcedencia manifiesto e indudable, el Juez Federal se pronuncie sobre la admisión; sin que esta determinación obste para que, con base en los informes con justificación, las alegaciones o pruebas desahogadas en el juicio de amparo, se advierta de manera fehaciente alguna diversa causa de improcedencia, según se desprende de la tesis 2a./J. 73/2014 (10a.), consultable en la página 901, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’.-No se pasa por alto que el Pleno del Decimoquinto Circuito emitió la tesis PC.XV. J/10 K (10a.), intitulada: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009).’, en la que consideró que si en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 se precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado.-Incluso, porque -precisó ese Pleno de Circuito-, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Como se observa, ese criterio, en esencia, se opone a lo resuelto en el presente fallo, en virtud de que aquí se estima que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social omite dar respuesta a una petición actúa como autoridad y, por ende, el juicio de amparo es procedente.-Por tanto, denúnciese esa posible contradicción de tesis ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alto Tribunal que se considera competente para conocer y resolver esa discrepancia de criterios, con apoyo en el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el tema involucra un aspecto común a las Salas, como es el reclamo en amparo a una institución pública respecto de la violación al derecho de petición. ..."

CUARTO.-El Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en la parte que interesa, determinó:

"CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. ... A partir de lo anterior, es posible concluir que los puntos de vista de los Tribunales Colegiados contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.-La pregunta es la siguiente: ¿El reclamo del derecho de petición conforme al artículo 8o. de la Carta Magna, en contra de actos dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, puede ser analizado bajo el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en el auto inicial como motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, para desechar la demanda? La formulación de la pregunta concreta se puede reconducir a una interrogante más ab

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26380-c6057f38/instituto-mexicano-del-seguro-social-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.