PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO.
AMPARO EN REVISIÓN 348/2011. COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: ALEJANDRO ANDRACA CARRERA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. No se habrán de analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, ni los argumentos que a manera de agravio se formularon en su contra, a pesar de haberse transcrito, toda vez que este tribunal colegiado advierte que en el caso el juez de distrito incurrió en una omisión que pudiera influir en la sentencia que ha de dictarse en definitiva y que, por ende, es susceptible de trascender al resultado del fallo ante un beneficio práctico, por lo que en el caso deberá reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.
Antes de realizar el estudio respectivo, a fin de determinar la omisión que en el caso conlleva a la reposición del procedimiento, inicialmente conviene precisar que en tratándose de un juicio de amparo que se promueve por violación al derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha garantía prevista en el artículo 8o. constitucional, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.
Así se desprende, en lo conducente, de la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de dicho órgano colegiado, publicada en la página 207, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido."
Al caso se cita también, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 203, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia."
Asimismo, la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País ha sostenido que si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede optar por promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, puesto que aun cuando la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que puede analizarse en el mismo juicio, lo que resulta conveniente por razones de concentración y economía procesal en cumplimiento al artículo 17 constitucional.
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla."
De lo antes expuesto, se constata inicialmente que el derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, como premisa normativa, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.
De esa premisa pueden advertirse distintos elementos o variables que conforman en su totalidad el derecho de petición, y que dan lugar a diversos supuestos en el juicio de garantías en que se reclame la violación a dicho derecho, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido, mismos que se desprenden de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 de este órgano colegiado, publicada en la página 2689, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1. Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8o. constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1. Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2. Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8o. constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso."
De las hipótesis referidas en la jurisprudencia antes transcrita, se advierte que la garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa.
Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes:
1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada.
2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido.
3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido.
A partir de lo anterior, se estima que si el quejoso reclama en la demanda de garantías que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será en principio de naturaleza omisiva, pues la subgarantía violada se limita a la falta de contestación de lo pedido, y la pretensión de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso; por tanto, los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías en ese supuesto, sólo tendrán como finalidad lograr que la autoridad responda lo que le fue pedido, pues al desconocerse el contenido de la posible respuesta de la autoridad no puede combatirse aún el contenido de esta última.
Sin embargo, una vez demostrada la existencia de la petición en los términos ya descritos, en el caso de que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha solicitud y su notificación, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, pues sólo de ese modo se permite integrar debidamente la litis constitucional a partir del conocimiento por parte del quejoso de los nuevos actos, a saber, la respuesta recaída a la petición y su notificación, mismos que ya no son de carácter omisivo, sino que atendiendo a las subgarantía relacionada con la congruencia de la respuesta, su naturaleza positiva exige darle la oportunidad al impetrante de garantías para combatir el fondo de lo respondido, y es sólo al tenor de esos nuevos conceptos de violación en los que se combata el contenido de la respuesta, que el Juez federal estará en condiciones de analizar tanto su congruencia (subgarantía del derecho de petición), como la legalidad de la contestación atendiendo a sus fundamentos y motivos (garantía de legalidad), cumpliéndose con ello la finalidad perseguida al otorgar al gobernado la oportunidad de ampliar la demanda inicial, que consiste en integrar debidamente la litis constitucional a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República.
En consecuencia, si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, es inconcuso que el juez de distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado.
Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión del amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido.
Precisado lo anterior, en el caso concreto importa señalar que de los autos del juicio de amparo de origen, se advierten los siguientes antecedentes del asunto:
1. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, **********, por derecho propio (como se advierte de la aclaración que al respecto formuló la primera de las mencionadas en el escrito que obra en la foja 11 de autos), demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Coordinador de la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Puebla, que en forma destacada hicieron consistir en lo siguiente:
"IV. ACTO RECLAMADO. La baja definitiva del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades." (foja 2).
Al respecto, en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda inicial, se sostuvo lo que sigue:
"ANTECEDENTES. Con fecha veintidós de marzo de dos mil once, las suscritas solicitamos por escrito al Delegado de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en esta Ciudad de Puebla, el motivo y circunstancias de la baja definitiva al programa de oportunidades, en virtud de que anteriormente nos notificaron la baja definitiva derivado de las denuncias interpuestas en contra de las suscritas y es hasta el momento no tenemos respuesta alguna." (foja 3).
Asimismo, de los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se advierte que las quejosas adujeron que el acto reclamado resultaba violatorio del artículo 8o. constitucional, señalando en lo conducente que:
"... Hoy en día y es el momento que no tenemos respuesta ni recae acuerdo por la autoridad del escrito presentado ante esta dependencia el día veintidós de marzo del año en curso, solicitando diversa información sobre lo que injustamente se nos imputa; violando el derecho de petición y privándonos el derecho de defensa." (foja 4).
En las condiciones anteriores, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima necesario precisar el acto efectivamente reclamado que se advierte de la lectura integral de la demanda de garantías, y que se hizo consistir en la omisión del Coordinador de la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Puebla, de dar respuesta a la petición formulada por las quejosas mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil once, en el que solicitaron que se les dieran a conocer las razones que condujeron a darlas de baja del mencionado programa (escrito consultable en las fojas 33 y 34 de autos).
2. Por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil once, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda y requirió a la autoridad responsable para que en el término de ley rindiera su informe con justificación en el juicio (fojas 12 y 13).
3. Por oficio ACPU/0673/11 presentado el veintitrés de mayo de este año, el Coordinador de la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Puebla, rindió su informe con justificación en el juicio (fojas 60 a 66), en el que manifestó en lo conducente lo que sigue:
"... se advierte que los quejosos en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, señalan que con fecha 22 de marzo de 2011, solicitaron a esta Delegación de la Coordinación Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades, se les informara el motivo y circunstancia de sus bajas; al respecto, se informa a su Señoría que si bien es cierto, que se presentó un escrito en esta Coordinación con fecha 22 de marzo del año en curso, signado por **********, quien se dice representante legal de las hoy quejosas, también resulta cierto que mediante oficio ACPU/0457/11 de fecha 20 de abril de 2011, mismo que se le notificó al promovente ********** por instructivo en el domicilio que indicó, que con fecha 13 de mayo del año en curso, en virtud de que en el domicilio correspondiente que señaló para oír y recibir notificaciones, no lo conocen; asimismo, como se advierte del oficio ACPU/0457/11 de fecha 20 de abril de 2011, se requirió al promovente acreditara o ratificara en los términos que prevén los artículos 17, párrafo primero y 19, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la personalidad con la que comparece a nombre de sus representadas. Lo anterior como se acredita con la copia certificada del escrito petitorio y del anexo que se presentó, así como con la copia certificada del oficio ACPU/0457/11 de fecha 20 de abril de 2011 y de la Constancia de Notificación por Instructivo del referido oficio, que se agregan al presente como ANEXO 3." (foja 62).
Con el informe justificado de referencia, la responsable acompañó copia certificada de las siguientes probanzas:
- Talones de notificación a las quejosas de la baja del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, todos de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez (fojas 68 a 71).
- Formatos de notificación de baja dirigidos a cada una de las impetrantes de amparo (fojas 73 a 76).
- Escrito presentado con fecha veintidós de marzo de dos mil once, por el que **********, en representación de las quejosas, solicitó a la responsable que informara, entre otras cosas, sobre la causa que dio motivo a la baja de las impetrantes del programa respectivo (fojas 78 y 79).
- Carta poder otorgada por las quejosas a ********** "... para la representación requerida por las suscritas dentro de la causa del Programa de Oportunidades emanado de la Secretaría de Desarrollo Social y que fuimos víctimas de baja definitiva ..." (foja 80).
- Oficio ACPU/0457/11 de fecha veinte de abril de dos mil once, por el que el Coordinador de la Delegación Estatal en Puebla del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dio respuesta a la petición de las quejosas en los siguientes términos:
"COORDINACIÓN DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN PUEBLA. Oficio No./ACPU/0457/11. Exp. PL/00/1/00509/11. Puebla, Pue., a 20 de abril de 2011. ‘2011, Año del Turismo en México’. C. **********. PRESENTE. En atención a su escrito de fecha 22 de marzo de 2011, recibido a las 19:15 horas del día 22 de marzo del año en curso, en las oficinas que ocupa la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el cual, en representación de las CC. **********, al amparo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita diversa información relacionada con la baja de dichas personas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, exhibiendo para ello una Carta Poder otorgada por las personas por las que comparece, ante dos testigos; al respecto, informo a usted lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, párrafos segundo y tercero, 17, primer párrafo, 17-A y 19, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de tener debidamente acreditada la personalidad con la que comparece a nombre de sus representados, se le requiere para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente oficio, los otorgantes de dicha carta poder comparezcan ante esta autoridad, conjuntamente con los testigos que la signan, a efecto de ratificar sus firmas, en las oficinas que ocupa esta Delegación de la Coordinación Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades, cita en: 2 Sur, No. 3906, primer piso, Colonia Huexotitla, C.P. 72534 Puebla, Pue., en un horario de 9:00 a 15: horas; o bien, se ratifique dicha Carta Poder ante fedatario público, o bien declaren en comparecencia personal los interesados, de conformidad con lo previsto en el referido párrafo segundo del artículo 19 del ordenamiento legal antes señalado. Apercibido de que en caso de no desahogar en tiempo y forma este requerimiento, se desechará el trámite del mismo, en términos del citado artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ATENTAMENTE COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA. ING. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA (una rúbrica)." (foja 81).
- Notificación por instructivo de dicho oficio, efectuada el trece de mayo de dos mil once (foja 82).
- Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades dos mil diez, contenidas en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil nueve (foja 84).
- Denuncias contenidas en los formatos denominados "ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTRALORÍA SOCIAL", formuladas en contra de las quejosas y relativas al indebido uso dado al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (fojas 86 a 88).
- Reportes de campo relacionados con el uso dado por las quejosas al programa en mención (fojas 90 y 91).
- Diversos oficios del Responsable de Zona de Atención CAR 2104 en Ciudad Serdán, Puebla, del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en las que se hizo constar la indebida utilización de las quejosas del programa en cuestión ... para fines políticos como condicionamiento, promesas y engaños hacia las titulares (fojas 93 a 96).
- Fichas de atención relativas a las bajas de las quejosas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (fojas 98 a 105).
4. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil once, el a quo acordó lo siguiente en relación con el informe justificado mencionado en el punto precedente y sus anexos:
"San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil once. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Coordinador de la Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 149, de la Ley de Amparo, con el conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23481-281f0a13/peticion-la-garantia-contenida-en-el-articulo-8o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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