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Modo: Corpus Pro

VISTA ORDENADA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS CON MOTIVO DE SU DESAHOGO DEBEN GUARDAR RELACIÓN ÚNICAMENTE CON LA(S) CAUSA(S) DE IMPROCEDENCIA QUE LA ORIGINA(N), ADVERTIDA(S) DE OFICIO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO Y NO ABARCAR ASPECTOS DIVERSOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 396/2013. · Registro digital (IUS): 25090
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-06-13
Promovente: COORDINADORA GENERAL DE DELEGACIONES Y COMISARÍAS EN EL SECTOR SOCIAL, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTROS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1490.

AMPARO EN REVISIÓN 396/2013. COORDINADORA GENERAL DE DELEGACIONES Y COMISARÍAS EN EL SECTOR SOCIAL, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTROS. 13 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: SALVADOR ALEJANDRO LOBATO RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Por tratarse de una cuestión de estudio preferente, se analiza la parte conducente del primer agravio que formula el quejoso en el recurso de revisión adhesiva, ya que en él plantea la improcedencia de los recursos de revisión principales hechos valer por las autoridades responsables.

Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia 153/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 834, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 69/97, de rubro: ‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’, sostuvo que la procedencia, como presupuesto procesal, es de estudio preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, como los presupuestos procesales constituyen requisitos indispensables para tramitar con eficacia jurídica un proceso o, en su caso, pronunciar la resolución de fondo, es válido afirmar que quien interpone la revisión adhesiva puede expresar agravios relativos a la procedencia de la revisión principal, cuyo estudio es preferente, pues aun cuando, conforme a los criterios sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión adhesiva no es un medio de impugnación, sí permite informar al tribunal ad quem sobre la existencia de situaciones que hagan improcedente el recurso de revisión."

Cabe destacar que la improcedencia del recurso de revisión principal puede plantearse a través del recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído por el cual se admitió dicho medio de impugnación, o bien, mediante el recurso de revisión adhesiva, según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que sustentó, al resolver la contradicción de tesis 56/2012, de la cual emanó la jurisprudencia 153/2012 (10a.), antes transcrita, en cuya parte conducente, determinó lo siguiente:

"... No es óbice a lo anteriormente considerado en cuanto a la posibilidad de plantear mediante el recurso de revisión adhesiva, la improcedencia del recurso de revisión principal, el hecho de que para hacer valer la falta de personalidad o legitimación de quien interpone un recurso, así como para plantear la extemporaneidad del mismo, proceda también el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, porque, se insiste, al tratarse de un presupuesto procesal es de orden público e incluso, de estudio preferente."

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo en revisión RA. 44/2013, en sesión de tres de abril de dos mil trece.

Ahora bien, en la parte conducente de dicho agravio (fojas 131 a 135) el recurrente adhesivo aduce, sustancialmente, que de la simple lectura que se realice de los agravios formulados en las revisiones principales se aprecia que en ellos las autoridades recurrentes señalan que la secretaria en funciones de Juez de Distrito debió considerar las causas de improcedencia que hicieron valer, y con base en ellas, debió decretar el sobreseimiento; agrega que las propias recurrentes se limitan a reiterar cuestiones para sostener la legalidad del acto administrativo que constituyó el acto reclamado; sin embargo, son omisas en expresar agravios tendentes a controvertir el fallo por medio del cual se le concedió la protección federal y, por consiguiente, no se ajustaron a lo que dispone el artículo 81 de la nueva Ley de Amparo, por lo que los recursos de revisión principales resultan notoriamente improcedentes.

Los argumentos antes sintetizados deben desestimarse.

En efecto, el artículo 81, fracciones I, inciso e) y II, segundo párrafo, de la nueva Ley de Amparo, establecen lo siguiente:

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

"...

"e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

De la transcripción que antecede se aprecia que, tratándose de amparo indirecto, el recurso de revisión es procedente en contra de las sentencias emitidas dentro de la audiencia constitucional.

En la especie, el presente recurso de revisión fue interpuesto por las autoridades responsables en contra de la sentencia dictada con fecha veintidós de julio de dos mil trece, dentro del juicio de garantías 509/2013 (fojas 404 a 421).

De acuerdo con lo anterior, es inconcuso que en el caso en estudio se actualiza la hipótesis de procedencia del recurso de revisión prevista en el precepto legal antes transcrito y, por consiguiente, es inexacto lo que se afirma en el argumento en estudio, en el sentido de que los recursos de revisión principales resultan improcedentes.

No está por demás señalar que si bien la fracción II, segundo párrafo, del artículo 81 de la nueva Ley de Amparo, establece: "... La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras."; dicha disposición, por una parte, es relativa al recurso de revisión que, excepcionalmente, procede en el amparo directo, precisamente con el exclusivo objeto de que se analicen cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad, pero además, en ningún momento, en la mencionada porción normativa, se alude a la procedencia del recurso de revisión, sino que se refiere a lo que debe constituir su materia.

Por tanto, aun cuando fuera cierto lo que se afirma en el argumento en estudio, sin prejuzgar al respecto, en el sentido de que las autoridades responsables recurrentes, en los agravios que formulan en las revisiones principales, se limitan a sostener que se actualizan las causas de improcedencia que invocaron, sin atacar las consideraciones en que sustenta la concesión del amparo, lo cierto es que ello, en su caso, sólo determinaría la calificación que deba otorgarse a dichos agravios (ya sea infundados, fundados o inoperantes), mas no determinaría la improcedencia de los recursos, como en forma inexacta lo aduce el recurrente en la revisión adhesiva.

OCTAVO. Este Tribunal Colegiado procede al estudio de uno de los actos que reclamó el quejoso, cuyo análisis omitió la secretaria en funciones de Juez constitucional al dictar la sentencia sujeta a revisión.

Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente destacar que del juicio de amparo de origen se desprenden los siguientes antecedentes:

1. De la demanda de amparo presentada el cinco de abril de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se desprende que **********, por derecho propio, reclamó de las autoridades responsables Coordinadora General de Delegaciones y Comisarías en el Sector Social, Administración, Finanzas y Gobierno de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla y Delegado de la propia Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, lo siguiente:

"• De la autoridad ordenadora, señalo como acto reclamado; la instrucción girada a la Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, para investigar y/o aperturar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo ********** de los de dicha delegación, mismo que enfatizo desde este momento, concluyó en todas y cada una de sus etapas procesales, sin que fuera recurrido en el momento procesal debido, decretando como consecuencia de ello, su archivo definitivo; acto de autoridad que resulta violatorio del principio de cosa juzgada consagrado, armónicamente, en los artículos 14 y 17 constitucionales. • De la autoridad ejecutora señalo como acto reclamado; la ilegal determinación que contiene el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en contra del suscrito quejoso, radicado bajo el número de expediente **********de los de la Delegación de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que, como se demostrará en el cuerpo del presente memorial, tal procedimiento proviene del diverso ********** de los de dicha delegación, mismo que fue resuelto en definitiva por la propia autoridad y que, actualmente, ostenta el carácter de cosa juzgada, siendo esto, reitero, en agravio del principio de cosa juzgada consagrado, armónicamente, en los artículos 14 y 17 constitucionales entre otras violaciones. Así también, señalo de la autoridad ejecutora, como acto reclamado; la ilegal determinación que contiene el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del suscrito quejoso, radicado bajo el número de expediente **********, de los de la Delegación de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que la misma carece de los requisitos de debida fundamentación y motivación, consagrados en el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como encontrarse prescritas sus facultades para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla (fojas 4 y 5).

La citada resolución, en lo conducente, es del contenido siguiente:

"Secretaría de la Contraloría, Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas. Expediente Administrativo No. **********. Clave de archivo: SC.CGDC.SF.DJUR/10S.10.3/11.2011. Heroica Puebla de Zaragoza, a dieciocho de marzo de dos mil trece. Vistos. El contenido de las constancias y actuaciones existentes dentro del expediente de responsabilidad administrativa No. **********, de los radicados en la Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, iniciado con motivo de la denuncia realizada mediante la memoranda número CGDC-607/2011, de fecha veintidós de abril del dos mil once, remitida por el Coordinador General de Delegaciones y Comisarías de esta Secretaría, licenciado José Eduardo Hernández Sánchez, en la que señaló lo siguiente: ... se inicie la investigación correspondiente de oficio, en consecuencia, se acordó la radicación del expediente en que se actúa, en contra de los exservidores públicos, adscritos en el momento de los hechos a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración, hoy Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que son los siguientes: ... 3) C. **********, en su carácter de Coordinador General de Política y Control de Egresos; ... III. 5. Del análisis y valoración de las constancias y actuaciones realizadas por esta autoridad y que obran dentro del expediente en que se actúa, existen elementos suficientes que hacen probable la responsabilidad administrativa del C. **********, en su carácter de Coordinador General de Política y Control de Egresos, de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hechos materia de esta causa, por infracción o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50, fracciones I, II, III, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ... Determina. Primero. Con esta fecha se tiene por iniciado formalmente el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en contra de los CC. **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, todos adscritos en el momento de los hechos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla. Segundo. Mediante oficio de notificación personal, cítese a los CC. **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, para que comparezcan ante esta autoridad en las instalaciones que ocupa la Delegación de la Contraloría en el Sector Finanzas, en la fecha que al efecto se señale para el desahogo de la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debiendo hacer de su conocimiento los hechos que se les imputan, las pruebas que existen en su contra, así como el derecho que tienen a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o por medio de un defensor que para tal efecto designen en la referida audiencia; haciéndoles saber, además, que el presente expediente en que se actúa se encuentra a su disposición para que se impongan del contenido del mismo (fojas 1287 a 1328, anexo cuatro del juicio de garantías de origen).

2. El nueve de abril de dos mil trece, la entonces Jueza Noveno de Distrito en el Estado admitió la demanda de amparo (fojas 92 y 93).

3. Asimismo, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil trece (fojas 133 a 151), ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, señalando lo siguiente:

"III. Autoridades responsables. Consecuencia de la presente ampliación de la demanda inicial de garantías, señalo como autoridades responsables, a las mismas señaladas en mi demanda inicial, siendo éstas: En su carácter de autoridad ordenadora; señalo al ciudadano Coordinador General de Delegaciones y Comisarías en el Sector Social, Administrativo, Finanzas y Gobierno de la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla, con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Puebla, capital. En su carácter de autoridad ejecutora; señalo al ciudadano Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de Puebla, con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Puebla, capital. IV. Norma general, acto u omisión que se reclama. Con relación al presente punto, debo manifestar que el acto de autoridad del que me duelo, continúa siendo el mismo, es decir: De la autoridad señalada como ordenadora, establezco como acto reclamado; la instrucción girada a la Delegación de la Contraloría, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, para investigar y/o aperturar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo ********** de los de dicha delegación; acto de autoridad que resulta violatorio del principio de cosa juzgada consagrado, armónicamente, en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como de la garantía de legalidad y seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 del mismo ordenamiento supremo. De la autoridad ejecutora, de igual manera, continúo estableciendo como acto reclamado; la ilegal determinación que contiene el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en contra del quejoso, radicado bajo el número de expediente **********, de los de la Delegación de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que, como se demostrará en el cuerpo del presente memorial, tal procedimiento vulnera el principio de cosa juzgada consagrado, armónicamente, en los artículos 14 y 17 constitucionales, entre otras violaciones previamente esgrimidas, en la demanda inicial de garantías que por este medio se amplía (fojas 133 y 134); escrito al que recayó el acuerdo de fecha veintidós de abril siguiente (foja 154 frente).

Por diverso escrito presentado el treinta de abril del año próximo pasado (fojas 161 a 178), ante el referido Juzgado de Distrito, el quejoso **********, amplió su demanda de amparo por segunda ocasión, señalando como responsable a la autoridad denominada Subdelegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, ambas del gobierno del Estado de Puebla, ocurso que fue acordado por la secretaria en funciones de titular del referido órgano jurisdiccional mediante proveído de fecha dos de mayo de dos mil trece (fojas 183 y 184 frente).

El veintidós de mayo del citado año (foja 339), el quejoso presentó escrito en el cual desistió respecto de la segunda ampliación de demanda, esto es, la formulada con fecha treinta de abril del mismo año; ocurso que previa ratificación de contenido y firma, se acordó favorablemente el treinta de mayo siguiente (foja 379).

4. Seguida la secuela procesal dentro del juicio de amparo de origen, con fecha catorce de junio de dos mil trece, la secretaria en funciones de Juez de Distrito dio inicio a la audiencia constitucional (fojas 404 y 405); y el veintidós de julio siguiente dictó sentencia (fojas 406 a 421).

En este fallo, la juzgadora federal determinó lo siguiente:

A. Declarar infundada la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables, prevista en el artículo 61, fracción "XII" (la correcta es la XXIII), en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la nueva Ley de Amparo (fojas 407 vuelta a 412 vuelta).

B. Concedió el amparo y protección federal solicitados al estimar, sustancialmente, que la resolución reclamada de dieciocho de marzo de dos mil trece, en la que se determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa **********, infringe los artículos 14 y 17 constitucionales, ya que los hechos que lo motivaron son los mismos que se analizaron en el diverso procedimiento **********, en el que se emitió la resolución de treinta de julio de dos mil diez, en la que se ordenó el archivo del expediente, al no desprenderse presuntas responsabilidades administrativas en contra de algún servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; por lo que la secretaria en funciones de Juez Constitucional concluyó que se vulneró en perjuicio del quejoso los efectos de la cosa juzgada (fojas 412 vuelta a 421).

Como se aprecia de lo anterior, en el fallo sujeto a revisión se dejó de analizar el acto reclamado consistente en la instrucción girada al Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la entonces Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo ********** de dicha Delegación; pues únicamente se analizó el diverso acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento de responsabilidad administrativa **********, respecto del cual se desestimó la causa de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables y se concedió el amparo solicitado.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal Colegiado procederá a subsanar tal omisión y realizará el estudio del citado acto reclamado, consistente en la instrucción girada al Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la entonces Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********.

Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 21 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 18 a 20, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."

La anterior jurisprudencia resulta aplicable al caso, en tanto que no se opone a lo que establece la Ley de Amparo en vigor desde el tres de abril de dos mil trece. Esto, según lo dispuesto por el sexto transitorio del decreto que expide la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que es del contenido siguiente:

"Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

Respecto del acto reclamado antes precisado, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la nueva Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."

La porción normativa antes transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, lo que acontece en la especie.

En efecto, el acto reclamado consistente en la instrucción girada al Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo ********** de dicha delegación, que se llevó a cabo mediante el oficio fechado el veintidós de abril de dos mil once, es del tenor siguiente:

"Gobierno de Puebla. Secretaría de la Contraloría. De: Coordinador General de Delegaciones y Comisarías. Para: Lic. **********, Delegado de la Contraloría en el Sector Administración y Finanzas. Fecha: 22 de abril de 2011. Número CGD-607/2011. Asunto: Se instruye reanudar las acciones de seguimiento. Derivado del análisis a la información contenida en su similar No. CGDC/SFA-88/2011 de fecha 13 de abril del presente, y a consideración de esta secretaría, hago de su conocimiento que en la información contenida en el exp. **********, no se evaluaron los elementos suficientes para determinar que se archivara; de igual manera, en cuanto al seguimiento dado a la denuncia presentada el 31 de mayo de 2010 ante esta dependencia, se considera que no se cuenta con evidencia documental que nos permita saber el estatus en el que se encuentra actualmente; por lo anterior, le instruyo para que en el ejercicio de sus atribuciones, investigue y/o apertura un nuevo expediente correspondiente a las acciones de revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los asuntos antes mencionados, para que en el caso de encontrar nuevos elementos, se reporten a la brevedad a esta Coordinación a mi cargo, y se proceda a tomar las acciones que se consideren pertinentes. Sin otro particular, le envió un cordial saludo. Atentamente (rúbrica ilegible). Lic. **********." (foja 262).

Como se ve, dicho acto se traduce en una simple instrucción para que el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, llevara a cabo la investigación en relación con ciertos hechos, esto es, se trata de una comunicación interna entre dichas autoridades administrativas, que en forma alguna afecta el interés jurídico o el interés legítimo del quejoso, dado que:

a) No fue emitida en su contra o de algún grupo de la sociedad determinado al que pertenezca, sino que se trata de la instrucción que se da a una autoridad para que ejerza sus atribuciones de investigación respecto de ciertos hechos; y

b) Es relativa, en todo caso, a actuaciones concernientes a una etapa que no trasciende a la esfera jurídica de los servidores públicos respecto de los cuales existe formulada una queja o denuncia -ya sea por particulares en términos de los artículos 52 y 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por los servidores públicos que se encuentran expresamente obligados a denunciar los hechos que sean causa de responsabilidad administrativa, en términos de los diversos 63 y 66 del propio ordenamiento-, puesto que en dicha etapa no se está aún en la fase en que jurídicamente es susceptible de efectuarse la determinación de la existencia de responsabilidad, así como la imposición de las sanciones respectivas, en su caso, ya que ello únicamente puede tener lugar en el procedimiento que específicamente se regula en el artículo 68 de la citada ley de la materia.

Tiene aplicación a lo anterior, por igualdad de razón y por compartirse, la jurisprudencia I.4o.A J/51 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1722, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"COMPETENCIA ECONÓMICA. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN Y DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA INDAGAR LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA, ASÍ COMO EL OFICIO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EMITIDO EN ÉSTA, NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DENUNCIADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El procedimiento de investigación de prácticas monopólicas seguido por la Comisión Federal de Competencia consta de tres etapas: investigación, audiencia en forma de juicio e impugnación. En ese contexto, las actuaciones practicadas durante la primera de esas etapas no trascienden a la esfera jurídica de los agentes económicos denunciados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dado que la admisión de la denuncia y su publicación, la posibilidad de ampliar los hechos relativos o iniciar nuevos procedimientos, o bien, la obligación de toda persona de proporcionar información relacionada con los hechos denunciados, así como la de presentarse a declarar, constituyen sólo el inicio de una fase en la que no existe todavía la determinación de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una infracción, ni la plena identificación del sujeto a quien deberá oírse en defensa como probable responsable, pues su objetivo es recabar los medios de prueba que permitan presumir la existencia de actos o prácticas prohibidos por la Ley Federal de Competencia Económica. Asimismo, el oficio de presunta responsabilidad a que se refiere el artículo 30 del reglamento de la aludida ley, emitido en la fase de audiencia, tampoco afecta el interés jurídico de la persona a quien se dirige, pues será hasta que se dicte la resolución del recurso de reconsideración (etapa de impugnación), cuando sea posible controvertirlo en la vía jurisdiccional correspondiente."

En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la nueva Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la instrucción girada al Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la entonces Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo ********

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25090-865067ab/vista-ordenada-en-terminos-del-segundo-parrafo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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