IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, EN CONTRA DE LA CONSIDERACIÓN RELATIVA A QUE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA SE REALICE POR LISTA Y NO EN FORMA PERSONAL, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de enero de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Mediante escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
2. En la denuncia de contradicción de tesis, los Magistrados aludidos indicaron que al resolver los amparos en revisión 394/2013, 395/2013 y 396/2013, consideraron que la obligación contenida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, relativa a que el órgano jurisdiccional de amparo dé vista al quejoso cuando advierta de oficio una causal de improcedencia no analizada por el juzgador inferior, es diversa al término de tres días previsto por el numeral 184 del propio ordenamiento, referente a la lista de los asuntos que habrán de verse en cada sesión, no obstante que se ponga en la Secretaría de Acuerdos a disposición de la parte quejosa, el proyecto de resolución del asunto para que realice las manifestaciones que considere pertinentes.
3. Por otro lado, los Magistrados aducen que el criterio anterior, pudiera contraponerse con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 76/2013, de la que surgió la tesis de rubro: "CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA (RECURSO DE REVISIÓN O QUEJA). LA VISTA AL QUEJOSO QUE REGULA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO EL PROYECTO QUE PROPONE UNA NUEVA QUEDA EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS A DISPOSICIÓN DE AQUÉL."; de donde se desprende que tal órgano judicial considera que la vista ordenada por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se satisface con la otorgada con el proyecto de resolución del asunto, prevista en el número 184 de la misma ley, que contempla que la lista a verse en cada sesión, se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la celebración de ésta, sin contar con el de la publicación ni el de la sesión, pues entre la fecha de lista y la sesión median los tres días que la ley señala para esa vista, dejando a disposición de la parte quejosa en la secretaría de Acuerdos el proyecto de resolución del asunto, para que manifieste lo que a su interés convenga.
4. Lo anterior, a decir del Tercer Tribunal, en aras del cumplimiento estricto de la ley por parte de los órganos de justicia y el deber de conciliar las figuras procesales en un sentido útil para los gobernados, lo que significa que el detener la solución del asunto para realizar la vista, previamente al listado del mismo, lejos de mostrar justificación válida, atenta contra los principios de impartición de justicia pronta y expedita y el de concentración de las actuaciones judiciales.
5. SEGUNDO.-Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada, admitir a trámite la denuncia formulada, solicitar al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remita a este Alto Tribunal únicamente por versión digitalizada tanto del original o en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria dictada en el asunto de su índice, así como del proveído en el que informen si el criterio sustentado en el asunto de su índice se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlos por superado o abandonado.
6. Asimismo, dispuso turnar el expediente para su estudio a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
7. TERCERO.-Una vez recibidas en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la versión digitalizada de la resolución pronunciada en el recurso de queja 76/2013, informe del presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito relativo a la vigencia de su criterio y encontrándose debidamente integrado el expediente, en acuerdo de presidencia de veintitrés de octubre de dos mil catorce, se ordenó enviar los autos a la Ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto respectivo.
Considerando:
8. PRIMERO.-Este Tribunal Pleno es competente para resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción I, de la Ley de Amparo y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.
9. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
10. TERCERO.-A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso transcribir en lo conducente los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.
11. I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión RA. 394/2013, RA. 395/2013 y RA. 396/2013, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
12. RA.394/2013
"...
"QUINTO.-Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil trece ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, el quejoso Ernesto Alfredo José Lichtle García de Acevedo, interpuso revisión adhesiva (fojas 119 a 150 de este toca), recurso que por acuerdo de cinco de septiembre siguiente fue admitido a trámite (foja 151 del presente toca).
"Por acuerdo de siete de octubre de dos mil trece, se ordenó turnar los autos al Magistrado ponente José Eduardo Téllez Espinoza para los efectos del artículo 92 de la Ley de Amparo.
"En sesión plenaria de cuatro de febrero de dos mil catorce, el presente asunto quedó pendiente en lista, para los efectos del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
"En proveído de cuatro de febrero de dos mil catorce, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causa de improcedencia que se estudia de oficio en el proyecto correspondiente.
"El quejoso desahogó la vista mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil catorce (fojas 174 a 179); mismo que se acordó al día siguiente (foja 180).
"CONSIDERANDO:
"...
"SÉPTIMO.-Este Tribunal Colegiado procede al estudio del acto reclamado que en el fallo recurrido se omitió analizar.
"Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente destacar que del juicio de amparo de origen se desprenden los siguientes antecedentes:
"...
"De lo antes señalado se advierte que en la sentencia recurrida se dejó de analizar el acto reclamado consistente en la instrucción girada al delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo 10/2010 de dicha delegación; pues únicamente se analizó el diverso acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento de responsabilidad administrativa, respecto del cual se desestimó la causal de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables y se concedió el amparo solicitado.
"Por lo que este Tribunal Colegiado procederá a subsanar tal omisión y realizará el estudio del acto reclamado consistente en la instrucción girada al delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo 10/2010.
"Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 21 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 18 a 20, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:
"...
"Respecto del acto reclamado antes precisado, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece:
"...
"La porción normativa antes transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, lo que acontece en la especie.
"En efecto, el acto reclamado consistente en la instrucción girada al delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo 10/2010 de dicha delegación; que se llevó a cabo en el oficio fechado el veintidós de abril de dos mil once, es del tenor siguiente:
"...
"Del acto reclamado antes transcrito se advierte que sólo se trata de una instrucción para que el delegado de la Contraloría en el Sector Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla en el ejercicio de sus atribuciones que le corresponde llevara a cabo la investigación en relación con ciertos hechos, esto es, se trata de una comunicación interna entre dichas autoridades administrativas, que en forma alguna afectan el interés jurídico o el interés legítimo del quejoso, pues no fue emitida en su contra o de algún grupo de la sociedad determinado al que pertenezca, sino que se trata de la instrucción que se da a una autoridad para que ejerza sus atribuciones de investigación de ciertos hechos.
"...
"En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la instrucción girada al delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo 10/2010, se sobresee en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia.
"Sin que obste a lo anterior, el escrito presentado el diez de febrero de dos mil catorce (fojas 174 a 179), mediante el cual el quejoso desahogó la vista que se le dio mediante proveído de cuatro del citado mes y año, en el que arguye que el referido acto reclamado consistente en la instrucción girada a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sí le depara un perjuicio en grado predominante y superior, ‘no sólo en contra de los intereses jurídicos y/o legítimos del hoy quejoso, sino además, en su esfera jurídica de derechos humanos, al vulnerar claramente el «principio constitucional de cosa juzgada»’, porque a su parecer dicho acto reclamado tiene un nexo indivisible que lo vincula directamente al diverso acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento administrativo seguido en su contra, ya que éste se emitió a partir de la instrucción en comento.
"Es infundado el argumento antes sintetizado que hace valer el quejoso.
"Al efecto resulta conveniente destacar que la resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, en la que se determinó el inicio formal del procedimiento administrativo en contra del hoy quejoso y otros (fojas 52 a 93), en lo conducente dice:
"...
"De la transcripción que antecede se advierte que se señaló que el expediente administrativo ********** se inició con la denuncia realizada el veintidós de abril de dos mil once, por el coordinador general de Delegaciones y Comisarías de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (que el quejoso refiere como la instrucción).
"Sin embargo, también se desprende que la autoridad emisora señaló que ‘independientemente’ de dicha denuncia, determinó dar seguimiento de oficio al asunto en uso de sus facultades previstas en el artículo 53 bis, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, numeral que es del contenido siguiente:
"...
"La porción normativa antes transcrita establece que las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia o por escrito, debiendo ratificarlo, de lo contrario se ordenará su archivo; sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto.
"Por tanto, la autoridad responsable, delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que radicó el expediente 11/2011, al ordenar de oficio la investigación del asunto, ejerció sus facultades previstas en el artículo 53 bis, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y no como resultado del ‘nexo indivisible’ a que se refiere el quejoso, pues como ha quedado señalado con antelación, se trata del ejercicio de las facultades que le otorga la disposición legal en comento; de ahí lo infundado del argumento así planteado.
"OCTAVO.-El primer agravio, en lo conducente, que ambas autoridades recurrentes hicieron valer en los recursos de revisión que interpusieron es fundado, por los motivos que enseguida se exponen.
"En él (fojas 15-19 y 58-74), las autoridades inconformes arguyen que en la sentencia recurrida se dejó de analizar exhaustivamente la causal de improcedencia planteada en los respectivos informes justificados que rindieron, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, ya que se determinó que el acto reclamado es de imposible reparación con base en una jurisprudencia en materia civil que no es aplicable en el caso concreto, ya que en la especie no estamos ante la afectación de derechos sustantivos, sino que los efectos recaen en derechos eminentemente procesales que ocasionan la improcedencia del juicio de amparo.
"Los argumentos antes sintetizados son fundados.
"Al respecto, cabe precisar que al rendir las autoridades recurrentes sus informes justificados hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción ‘XII’, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, porque la orden de seguimiento y la resolución reclamada de inicio formal del procedimiento de responsabilidad administrativa, no afectan derechos sustantivos, ni procesales en grado predominante o superior, por lo que dicen resulta improcedente el juicio de amparo, porque no afecta los intereses jurídicos del quejoso, sino hasta que se pronuncie la resolución definitiva del asunto (fojas 197-202 y 237-242, respectivamente).
"Por otra parte, en el considerando cuarto del fallo recurrido (fojas 404 vuelta a 409 vuelta), se calificó de infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que hicieron valer las autoridades responsables, en esencia, porque:
"Contrario a lo que al respecto se arguyó, el quejoso no combate el citatorio que en el futuro se llegue a emitir, sino la determinación que da inicio al procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades al vulnerar el principio de cosa juzgada, por lo que se concluyó en el sentido de que la jurisprudencia de rubro: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.’, citada por la responsable, no tiene aplicación al caso concreto.
"Asimismo, se tomó en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se debía analizar de forma inmediata la excepción de cosa juzgada para evitar que las partes continuaran litigando el asunto hasta la sentencia de fondo, con lo cual se arribó a la convicción de que el acto reclamado, sí es de imposible reparación, ya que el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades deriva de los mismos hechos que motivaron el expediente 10/2010, que fue resuelto en definitiva y que tiene el carácter de cosa juzgada, ya que aun si la resolución definitiva fuera a favor del quejoso, no le restituiría en los derechos que ya habían ingresado a su esfera jurídica desde la resolución dictada en el anterior expediente 10/2010, en caso de actualizarse la figura jurídica de la cosa juzgada.
"Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a que aluden las autoridades recurrentes, es del tenor siguiente:
"...
"La porción normativa antes transcrita establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando sean de imposible reparación.
"Precisado lo anterior, como se adelantó, asiste razón a las autoridades inconformes en cuanto arguyen que contrario a lo que se determinó en el fallo recurrido, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que se determinó en la resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, ya que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que no es de imposible reparación.
"Lo anterior, pues como bien lo arguyen las autoridades inconformes, en el caso concreto no resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 99/2004, en que se apoyó el fallo recurrido para estimar que el mencionado acto reclamado es de imposible reparación.
"...
"De la jurisprudencia antes transcrita, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consista en la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada, sin posterior recurso, al estimar que si bien se trata de un acto procesal que no menoscaba de modo directo e inmediato derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sí afecta al demandado en grado predominante o superior, pues esa determinación lo sujeta a continuar e intervenir en todo el procedimiento, lo que al final puede ser ocioso.
"Además, porque los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo no tienen el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del punto en que se cometió tal violación, sino el de que se emita otra en la que se declare procedente la excepción señalada, con lo que se pone fin al juicio.
"Lo anterior hace evidente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del acto reclamado arribó a la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en donde en forma alguna se analizó la figura jurídica de la cosa juzgada y, por ello, como bien lo arguyen las autoridades recurrentes, la jurisprudencia en comento no tiene aplicación al caso concreto, es decir, en la especie el acto reclamado no lo constituye una resolución en la que se hubiera analizado dicha institución jurídica, como aconteció en la jurisprudencia en comento.
"Por tanto, fue inexacto que en el fallo recurrido se estimara procedente el juicio de amparo indirecto a partir de que el quejoso arguyó que se actualiza la figura de la cosa juzgada; pues la procedencia del juicio constitucional no depende de los conceptos de violación, sino del acto reclamado.
"...
"Ahora bien, el acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que se decretó en la resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, dictada en el expediente 11/2011, sólo es de naturaleza intraprocesal.
"A fin de acreditar el anterior aserto, resulta indispensable atender a los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada el veintitrés de noviembre de dos mil once, dentro de la contradicción de tesis 330/2011, publicada a partir de la página 912, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que en lo conducente se sostuvo lo siguiente:
"...
"De lo anterior se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la admisión a trámite de una demanda de nulidad de juicio concluido no es un acto de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos, ni tampoco constituye una violación procesal que afecte al quejoso en grado predominante o superior y que haga procedente el amparo indirecto; lo anterior, no obstante estar en juego la figura jurídica de la cosa juzgada.
"Lo anterior, encuentra plena similitud con el presente asunto, en el que el acto reclamado se hace consistir precisamente en el inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del quejoso, en el que se arguye que al respecto existe cosa juzgada.
"Resulta conveniente precisar que el concepto de acto de imposible reparación consistente en las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior al quejoso a que se refiere la jurisprudencia en comento es aplicable a la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no obstante que el artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, de dicha legislación señalen expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las citadas violaciones procesales, como se constata del contenido de dicho numeral que establece:
"...
"Sin embargo, una interpretación sistemática del numeral antes referido con el diverso 170, fracción I, cuarto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que dispone:
"...
"Dicha porción normativa señala, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, precisando al respecto que pueden acontecer dos tipos de violación:
"1. La que se cometa en la propia sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.
"2. Las violaciones que se cometan durante el procedimiento y afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; así como cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que surjan en el procedimiento, siempre y cuando sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones ‘procesales relevantes’.
"Esto último implica a contrario sensu que la reparación imposible acontece en dos supuestos: a). Cuando el acto reclamado afecta derechos sustantivos; y, b). Cuando las violaciones procesales sean ‘relevantes’. Por lo que si la violación procesal es de reparación imposible no podrá alegarse en el juicio de amparo directo, ya que en éste sólo se pueden hacer valer violaciones procesales de reparación posible.
"Por tanto, como se adelantó, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, inciso b) y V, y 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como aquellas violaciones procesales que afecten al quejoso en grado predominante o superior (que la vigente Ley de Amparo señala como violaciones ‘relevantes’); tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, como las citadas en la ejecutoria antes transcrita.
"Lo anterior, al margen de que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera específicamente a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite a este Tribunal Colegiado arribar a la convicción de que, a contrario sensu, para determinar si el acto es de imposible reparación, sólo se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, que la violación procesal sea relevante para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; lo que permite a los gobernados mayor acceso al derecho de impartición de justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, al no verse restringido a los casos en que se trate de cuestiones sobre constitucionalidad de normas.
"De ahí que en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo ‘Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.’, la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.) en comento, resulta aplicable, ya que en forma alguna se opone a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
"Por tanto, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en la ejecutoria y jurisprudencia antes transcritas, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en el presente asunto, como se adelantó, no es de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos, ni se trata de una violación procesal relevante y que haga procedente el amparo indirecto; sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el accionante del amparo arguya que existe cosa juzgada, pues en todo caso, será la resolución definitiva que se dicte dentro del procedimiento administrativo de donde deriva el acto reclamado, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada alegada.
"En consecuencia, como bien lo arguyeron las autoridades recurrentes, en la especie se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada se dictó dentro del procedimiento seguido en forma de juicio y no tiene una ejecución irreparable.
"...
"La cual establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del inicio del procedimiento administrativo de separación de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República, pues para ello se tomó en cuenta que dicho procedimiento puede concluir con una resolución en la que se determine la separación o remoción del cargo y aun cuando en su contra se pudiera llegar a obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos, sólo se pagará una indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, por lo que se consideró que dicho acto puede tener una ejecución de imposible reparación, ya que al emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo.
"Sin embargo, en la especie, en contra del quejoso se inició el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por actos acontecidos durante su cargo de director de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, esto es, no ostentaba el cargo de agente ministerial, policial o pericial y, por ello, en la resolución final, no procedería la proscripción de la no reinstalación, por lo que no se actualiza el motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó a la convicción de que el inicio del procedimiento era de imposible reparación; por ende, la jurisprudencia que se analiza no resulta aplicable al presente asunto, ya que se trata de un tema distinto al aquí abordado.
"Por otra parte, atento a lo anterior, se procede al análisis el segundo agravio que hace valer el quejoso en la revisión adhesiva (fojas 136 a 141), en el que arguye a favor del considerando cuarto de la sentencia recurrida, en cuanto a su parecer es correcto que se haya desestimado la causal de improcedencia que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26028-2cb3edd0/improcedencia-del-juicio-de-amparo-la-obligacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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