EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LEY APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO.
QUEJA 73/2012. 30 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. SECRETARIO: ALEJANDRO RAMOS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo debe resolverse conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, no obstante que el artículo tercero transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, señale:
"TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."
Se determina aplicar la ley abrogada, en términos de la teoría de los componentes de la norma, sustentada en la jurisprudencia que se transcribe a continuación:
"Novena Época
"Registro IUS: 188508
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, octubre de 2001
"Materia: Constitucional
"Tesis: P./J. 123/2001
"Página: 16
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.
"Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
"Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.
"Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.
"Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno."
Conforme a la teoría de los componentes de la norma, se parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas; sin embargo, puede suceder que el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues su realización puede ocurrir fraccionada en el tiempo.
En el caso, ya se realizaron bajo la vigencia de la ley abrogada supuestos y también diversas consecuencias en el procedimiento de ejecución y de cumplimiento de la sentencia de amparo, tales como el que haya causado estado la ejecutoria, el requerimiento por parte de este tribunal a la autoridad responsable, a efecto de cumplir con la sentencia, y diversos actos emitidos por la responsable a fin de dar cumplimiento, y ahora lo que está pendiente por realizarse por virtud del presente recurso de queja es calificar si, con las actuaciones formuladas por la autoridad responsable, existe o no defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pronunciamiento que, si bien no se producirá durante la vigencia de la ley anterior, su realización no dependía de los supuestos previstos en esa ley, sino que estaba diferida en el tiempo, por lo que ésta también debe realizarse en términos de la ley abrogada, dado que la nueva ley no podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas.
Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 49/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas.
"Inconformidad 17/2013. Edgar Campuzano García. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
"Inconformidad 73/2013. Juan Miguel Alarcón Ruiz. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.
"Inconformidad 152/2013. Liliana Teresa Solís Herrera. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.
"Inconformidad 151/2013. Lourdes Flores Gastelum. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
"Inconformidad 129/2013. Juan David Rangel Ramírez. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jesús Rojas Ibáñez.
"Licenciado Heriberto Pérez Reyes, secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece. México, Distrito Federal, veinticinco de abril de dos mil trece. Doy fe."
Así como la tesis VI.3o.A.31 A (10a.) de este Tribunal Colegiado, sujeta a modificación tanto en su rubro como en su texto y pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
" Para determinar qué ley debe aplicarse en los procedimientos de cumplimiento y ejecución de las sentencia de amparo iniciados con anterioridad de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, es conveniente analizar la retroactividad de la ley a la luz de la teoría de los componentes de la norma, sustentada en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’; sin embargo, dada la problemática que representa en cada caso hacer el análisis relativo, por seguridad jurídica, a fin de evitar confusiones al respecto que, incluso, llegaran a hacer nugatorias o estériles las sentencias concesorias de amparo, debe considerarse, como parámetro general para determinar qué ley es la aplicable a cada asunto, la fecha en que causa ejecutoria la sentencia de amparo, por ser un dato objetivo fácilmente determinable; de otra manera, implicaría la necesidad de que, en cada caso, el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito que actúe en un procedimiento de ejecución de sentencia iniciado bajo la vigencia de la ley anterior, tuviera que efectuar el análisis completo para determinar en qué casos aplica la ley anterior o la vigente o, incluso, a qué etapa aplicar una u otra.
"Inconformidad 2/2013. José Manuel Vázquez Centeno. 5 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria Adriana Carmona Carmona.
"Inconformidad 1/2013. Alejandra Cortes Zambrano. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario Héctor Alejandro Treviño de la Garza.
"Inconformidad 3/2013. Eduardo Antonio Villalpando Terrazas. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario Juan Carlos Carrillo Quintero.
"Incidente de Inejecución de Sentencia 2/2013. Pasteurizadora Maulec, Sociedad Anónima de Capital Variable. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretario Adriana Carmona Carmona."
SEGUNDO. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, fracción IX, 96 y 97, fracción III y 99 de la Ley de Amparo, 37, fracción III, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 47/2000 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil y quince de febrero de dos mil trece, respectivamente, toda vez que se impugna el defecto en la ejecución de la sentencia dictada dentro de un juicio de amparo directo emitida por un Tribunal Colegiado.
TERCERO. El recurso de queja se presentó dentro del plazo de un año que establece la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo.
Para determinar a partir de qué momento debe computarse el plazo aludido, se transcribe la jurisprudencia 2a./J. 64/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 589, que dice:
"QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL PLAZO DE UN AÑO PARA SU INTERPOSICIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LAS PARTES HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE ENTRAÑEN ESOS VICIOS (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 437, PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 291). El recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de garantías previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo podrá interponerse dentro de un año contado desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo, según lo previene la fracción III del artículo 97 de la ley citada. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, de rubro: ‘QUEJA POR DEFECTO O POR EXCESO DE EJECUCIÓN. TÉRMINO PARA INTERPONERLA.’, estableció que dicho término empieza a correr ‘cuando se cometieron los actos que entrañan, en la estimación del quejoso, exceso o defecto de ejecución del fallo constitucional.’. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a separase de dicho criterio, ya que esa interpretación es imprecisa, puesto que la sola realización de los actos de ejecución no es un hecho que por sí mismo permita su impugnación, en virtud de que esa posibilidad está ligada al conocimiento que de ellos tenga el afectado. Por tanto, resulta aplicable, por identidad de razón, el artículo 21 de la ley de la materia, que se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres reglas la forma de computar el plazo para pedir amparo, en la inteligencia de que dichas reglas deberán entenderse referidas no a los actos reclamados, sino a los actos de ejecución de una sentencia de amparo realizados por las autoridades responsables. Así, el plazo del que disponen las partes en el juicio de garantías para deducir el recurso de queja por exceso o defecto de ejecución, se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que impugne; b) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Con esta interpretación se privilegia la finalidad del principio normativo que inspira al indicado recurso, pues si el objetivo de éste es dotar a las partes en el juicio de garantías de un medio o instrumento para combatir los actos de cumplimiento desplegados por las autoridades responsables, tal finalidad sólo puede optimizarse permitiendo esa oportunidad de impugnación a partir de un conocimiento cierto y determinado de los actos que serán materia del recurso y motivo de tutela al recurrente y no antes de ello.
"Contradicción de tesis 40/2003-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Quinto Circuito, Segundo en Materia de Trabajo y Tercero en Materia Civil, ambos del Cuarto Circuito. 30 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.
"Tesis de jurisprudencia 64/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de mayo de dos mil cuatro."
Conforme al criterio transcrito se tiene que el plazo se debe computar a partir del día siguiente al en que:
a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que impugne;
b) Haya tenido conocimiento de éstos o de su ejecución; o,
c) Se hubiese ostentado sabedor de ellos.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral al escrito de queja se advierte que el acto recurrido por el signante, es decir, el acto de ejecución de cuyo defecto se duele, lo es la audiencia celebrada por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla el ********** de dos mil doce, siendo por tanto aplicable el supuesto señalado en el inciso a), es decir, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que impugne que, en el caso que nos ocupa lo fue el ********** de dos mil doce, según razón visible a foja doscientos setenta y cuatro vuelta del expediente de origen; notificación que conforme al artículo 747 de la Ley del Trabajo, surtió sus efectos el día en que fue practicada; entonces, si el recurso que nos ocupa se interpuso el ********** de dos mil doce, como se desprende del sello de recepción estampado visible en la foja uno de este expediente, es incuestionable que se presentó dentro del término legal de referencia.
CUARTO. El auto materia del presente recurso, es del contenido siguiente:
"En la H. Puebla de Zaragoza, siendo las ********** de dos mil doce, día y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente, ante este Tribunal de Arbitraje legalmente integrado comparece por la parte actora el actor (sic) personal acompañado del licenciado ********** y que en este acto otorga poder amplio y cumplido a los licenciados ********** (sic), **********, **********, ********** y **********, a efecto de que lo representen durante toda la secuela procesal, por la parte demandada comparece la licenciada ********** y el licenciado **********, la secretaria da cuenta con los presentes autos al Tribunal de Arbitraje del Estado, declarando abierta la presente y concediendo el uso de la palabra al (sic) actora quien dijo visto el estado procesal que guardan losa (sic) autos toda vez que no se desprende notificación alguna de la C. **********, a efecto de que sea posible el desahogo de la confesional a su cargo por lo que en este acto solicito a esta autoridad se sirva señalar día y hora para tal efecto, turnándose los autos al C. Actuario a efecto de que realice la notificación correspondiente.
"Auto (sic) continuo se concede el uso de la palabra a la parte demandada quien dijo en primer término con fundamento de (sic) los artículos 90, fracción II y 91 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y correlativo 692 de la Ley Federal del Trabajo y con base al oficio número ********** y el diverso **********, de fecha ********** de dos mil once, misma que fue presentada ante (sic) oficialía de partes de esta autoridad laboral, oficio en el cual se nos otorga, las facultades suficientes y necesarias para la representación legal de la parte demandada Procuraduría General de Justicia así mismo (sic) el licenciado ********** cuenta con las facultades que confiere lo dispuesto por los artículos 15, fracción II y treinta, fracción XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como de los artículos 11 y 12, fracciones I, IV, XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se nos reconozca la personalidad jurídica para que en forma conjunta o separada represente los intereses de la parte demandada durante la secuela de (sic) procedimiento, con dicha personalidad reconocida ratifico y reproduzco en toda y cada una des (sic) sus partes el escrito de contestación así como las pruebas que se desprenden del mismo y la esecciones (sic) y defensa opuestas de fecha ********** de dos mil siete esto con fundamento en lo que estable4ce (sic) los artí87388 (sic) de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y el diverso 878 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoria (sic), por otro lado objeto toda y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende darle, en atención a que no se encuentran ofrecidas conforme a derecho y no se actualizaran (sic) lo que establecen los artículos 780, 790813 (sic), 815, 830, 835, 827, de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la ley de la materia, y en forma especial objeto la prueba de inspección ocular marcada con el número V de la siguiente forma, no reúne los requisitos establecidos por el artículo 827 828 (sic) de la Ley del Trabajo, ya que no precisa el lugar exacto donde se debe llevar a cabo dicho desahogo, dado que la secretaría es un lugar amplio donde hay diversos departamentos y el actor no precisa el lugar específico donde debe llevarse a cabo, por tal motivo deja en estado de indefensa (sic) a mi representada y por tal motivo se debe desechar; la verdad de los hechos se encuentra contenida en la contestación de demanda, misma que ya fue ratificada en toda y cada una de sus partes, solicitando amablemente a esta autoridad analice en forma determinada de todas y cada una de las pruebas para el efecto de su procedencia y por otro lado sean desechadas las manifestaciones vertidas por mi contraparte en el sentido de que carecen (sic) todo valor jurídico; por otro lado, independientemente de lo ya manifestado el compareciente ********** no es parte dentro del procedimiento, en razón de que no acredita en la personalidad y (sic) interés jurídico para representar al actor por lo tanto deberán ser desestimada (sic) las manifestaciones vertidas en la presente audiencia y se le hagan efectivo (sic) los apercibimientos decretados en el auto de radicación a la demanda, en término (sic) del artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoriamente (sic) a la ley de la materia en (sic)
"El Tribunal de Arbitraje acuerda: Se tiene por celebrada la audiencia de ley, con la comparecencia de los profesionistas mencionados al inicio de la presente acta, por realizada (sic) las manifestaciones y objeciones asentadas en la acta correspondientes (sic) y para hacer un estudio minucioso de todo lo vertido en la presente, esta autoridad laboral se reserva el presente acuerdo, mismo que una vez dictado será notificado a las partes en el domicilio señalado en autos. Notifíquese. Del presente acuerdo se dan notificados (sic) las partes quienes firman al margen para constancia. Así lo acordaron y firmaron los CC. integrantes del H. Tribunal de Arbitraje del Estado ante la secretaria que autoriza y da fe."
QUINTO. El recurrente expresa como agravio lo siguiente:
"Antecedentes
"I. Con fecha ********** del (sic) 2007, promoví juicio laboral por despido injusto ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, demandado para ello al Ejecutivo del Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, reclamándoles el pago de diversas prestaciones de naturaleza laboral, radicándose mi solicitud bajo el expediente **********, de los del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
"II. El 4 de julio de 2007 tuvo verificativo la audiencia a que se refieren los artículos 83, 84, 87 y 88 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en donde en representación del suscrito compareció el Lic. **********, y por los demandados Ejecutivo del Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo hizo el Lic. **********. Sin que se reconociera personalidad jurídica al compareciente en representación del aquí recurrente, mientras que sí reconocía al profesional últimamente señalado como mandatario de las demandadas en el juicio de origen.
"Inconforme con el proceder del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, promoví juicio de amparo indirecto, correspondiendo conocer del mismo al Juzgado Décimo de Distrito bajo el amparo ********** de los de su índice, Juzgado Federal que el 6 de marzo del (sic) 2008 resolvió: Negar el amparo ‘en la parte en la que no se le reconoció personalidad a ********** como si (sic) apoderado...’ y concederlo para efectos de dejar insubsistente la resolución del ********** del (sic) 2007 dentro del expediente ********** en la parte que reconoció personalidad a **********, a quien el Juzgado de Distrito consideró que no alcanzó a justificar personalidad para representar a las entidades gubernamentales demandadas, bajo el siguiente tenor en lo que aquí interesa:
"‘Luego, atento a que en esta audiencia de pruebas, alegatos y resolución de ********** de dos mil siete, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, dentro del expediente **********, en la parte que reconoce la personalidad de **********, como apoderado de las demandadas en virtud del oficio SFA-**********, de dos de julio del (sic) dos mil siete, que aparece a nombre de la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, trasgredió en contra del quejoso las garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal para los siguientes efectos.
"‘Para que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla:
"‘a) Deje insubsistente la resolución de ********** de dos mil siete; dentro del expediente **********, únicamente en la parte en que reconoció la personalidad de **********, quien compareció al desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, como mandatario de las autoridades demandadas e intervino en dicha audiencia;
"‘b) En su lugar emita una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia de amparo, no reconozca personalidad a **********, quien compareció al desahogo de la (sic) dicha audiencia (de pruebas, alegatos y resolución) como mandatario de las demandadas, toda vez que el oficio en el que supuestamente se le otorgó dicho mandato no está firmado por la mencionada directora de Asuntos Jurídicos; y ...’
"III. ********** de 2010, la autoridad señalada como autoridad responsable dictó laudo, el cual en la (sic) en su resolutivo primero establece: ‘... Primero. El actor C. **********, no probó su acción ejercitada. Segundo. La Procuraduría General de Justicia del Estado, probó sus excepciones y defensas ...’, motivo por el cual se le absolvió de las prestaciones reclamadas.
"Inconforme el suscrito con lo resuelto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, promoví amparo directo, correspondiendo (sic) CC. Magistrados que integran el honorable Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resolver en autos del amparo: **********, de los de su índice.
"Razonado que fue el amparo por este Alto Tribunal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24487-170e9b4f/ejecucion-de-sentencias-de-amparo-ley-aplicable-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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