ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
AMPARO EN REVISIÓN 394/2013. COORDINADORA GENERAL DE DELEGACIONES Y COMISARÍAS EN EL SECTOR SOCIAL, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTRAS. 21 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. SECRETARIO: DAVID ALVARADO TOXTLE.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Se analiza el agravio primero, en lo conducente, de la revisión adhesiva que hace valer el quejoso, en el que se plantea que deben desecharse las revisiones principales, lo que constituye una cuestión de estudio preferente.
Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia 153/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 834, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 69/97, de rubro: ‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’, sostuvo que la procedencia, como presupuesto procesal, es de estudio preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, como los presupuestos procesales constituyen requisitos indispensables para tramitar con eficacia jurídica un proceso o, en su caso, pronunciar la resolución de fondo, es válido afirmar que quien interpone la revisión adhesiva puede expresar agravios relativos a la procedencia de la revisión principal, cuyo estudio es preferente, pues aun cuando, conforme a los criterios sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión adhesiva no es un medio de impugnación, sí permite informar al tribunal ad quem sobre la existencia de situaciones que hagan improcedente el recurso de revisión."
Sin que pase inadvertido que la improcedencia del recurso de revisión principal puede ser planteada a través del recurso de reclamación o por medio de la revisión adhesiva, lo que se corrobora porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse respecto de la contradicción de tesis 56/2012, que dio origen a la jurisprudencia 153/2012 (10a.), de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA PRINCIPAL.", previamente transcrita, resolución que se puede consultar a partir de la página 791, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, expuso:
"No es óbice a lo anteriormente considerado en cuanto a la posibilidad de plantear mediante el recurso de revisión adhesiva, la improcedencia del recurso de revisión principal, el hecho de que para hacer valer la falta de personalidad o legitimación de quien interpone un recurso, así como para plantear la extemporaneidad del mismo, proceda también el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, porque, se insiste, al tratarse de un presupuesto procesal es de orden público e incluso, de estudio preferente."
El mismo criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión RA-44/2013, en sesión de tres de abril de dos mil trece, por unanimidad de votos.
En ese orden de ideas, en el agravio primero, en lo conducente, de la revisión adhesiva (fojas 125 a 136), el quejoso aduce que contrario a la naturaleza jurídica del recurso de revisión, en los agravios vertidos por las autoridades responsables sólo se cuestionan aspectos de legalidad que derivan del acto administrativo reclamado, pero no de las cuestiones constitucionales referidas en la sentencia recurrida, como lo dispone el último párrafo del artículo 81 de la Ley de Amparo, por lo que a su entender el recurso resulta notoriamente improcedente.
Debe desestimarse la improcedencia planteada.
El artículo 81, último párrafo, de la Ley de Amparo, a que alude el inconforme, señala lo siguiente:
"Artículo 81. Procede el recurso de revisión: ... La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
Si bien es cierto que el dispositivo legal antes transcrito señala que la materia del recurso de revisión se debe limitar a las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, también lo es que ello en forma alguna implica que para determinar la procedencia del recurso se deba atender a lo que se arguye en los agravios, como infundadamente lo plantea el quejoso adherente.
SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado procede al estudio del acto reclamado que en el fallo recurrido se omitió analizar.
Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente destacar que del juicio de amparo de origen se desprenden los siguientes antecedentes:
1. De la demanda de amparo presentada el once de abril de dos mil trece ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se desprende que **********, por su propio derecho, señaló como autoridades responsables al Coordinador General de Delegaciones y Comisarías de la Contraloría, como ordenadora, y al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, como ejecutora, ambas del Gobierno del Estado de Puebla, a quienes reclamó:
a) De la autoridad ordenadora, la instrucción girada al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********/2010 de dicha delegación, que se llevó a cabo en el oficio fechado el veintidós de abril de dos mil once (foja 299).
b) De la autoridad ejecutora la determinación del inicio formal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del quejoso, decretado en la resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, radicado con el expediente número **********/2011 (fojas 52 a 93).
La citada resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, en lo conducente, es del tenor siguiente:
"Secretaría de la Contraloría, Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas. Expediente administrativo No. **********/2011. Clave de archivo: SC.CGDC.SF.DJUR/10S.10.3/11.2011. Heroica Puebla de Zaragoza, a dieciocho de marzo de dos mil trece. Vistos. El contenido de las constancias y actuaciones existentes dentro del expediente de responsabilidad administrativa No. **********/2011 de los radicados en la Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, iniciado con motivo de la denuncia realizada mediante la memoranda número CGDC-607/2011, de fecha veintidós de abril del dos mil once, remitida por el Coordinador General de Delegaciones y Comisarías de esta Secretaría licenciado **********, en la que señaló lo siguiente: ... se inicie la investigación correspondiente de oficio, en consecuencia, se acordó la radicación del expediente en que se actúa, en contra de los ex servidores públicos, adscritos en el momento de los hechos a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración, hoy Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que son los siguientes: ... 5) C. **********, en su carácter de Director de Tesorería; ... III. 4. Del análisis y valoración de las constancias y actuaciones realizadas por esta autoridad, que obran dentro del expediente en que se actúa, existen elementos suficientes que hacen probable la responsabilidad administrativa del C. Ingeniero **********, en su carácter de Director de Tesorería de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hechos materia de esta causa, por infracción o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50, fracciones I, II, III, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ... Determina. Primero. Con esta fecha se tiene por iniciado formalmente el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en contra de los CC. **********, todos adscritos en el momento de los hechos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla. Segundo. Mediante oficio de notificación personal, cítese a los CC. **********, para que comparezcan ante esta autoridad en las instalaciones que ocupa la Delegación de la Contraloría en el Sector Finanzas, en la fecha que al efecto se señale para el desahogo de la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debiendo hacer de su conocimiento los hechos que se le imputan, las pruebas que existen en su contra, así como el derecho que tienen a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o por medio de un defensor que para tal efecto designen en la referida audiencia; haciéndole saber además que el presente expediente en que se actúa se encuentra a su disposición para que se impongan del contenido del mismo."
2. El doce de abril de dos mil trece la Jueza Noveno de Distrito en el Estado admitió la demanda de amparo (fojas 94 y 95).
3. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil trece el quejoso, por conducto de su autorizado, manifestó que la denominación actual de la autoridad señalada como ordenadora es Coordinación General de Delegaciones y Comisarías en el Sector Social, Administración, Finanzas y Gobierno de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla (fojas 124 y 125). En proveído de veintidós siguiente se tuvo al quejoso señalando dicha denominación correcta y se requirió a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado (fojas 128 y 129).
4. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil trece el quejoso amplió la demanda inicial de amparo, por primera vez, manifestando que las autoridades responsables y actos reclamados son los inicialmente señalados e hizo valer diversos conceptos de violación (fojas 131 a 149). En proveído de veintitrés de abril de dos mil trece se tuvo al quejoso ampliando la demanda (foja 152).
5. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil trece (fojas 159 a 176), el quejoso amplió la demanda de amparo, por segunda ocasión, en la que señaló lo siguiente:
"III. Autoridades responsables. Consecuencia de la presente ampliación de la demanda inicial de garantías, señalo como autoridades responsables: En su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, señalo a la ciudadana Subdelegada de la Secretaría de la Contraloría, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, quien actuó en suplencia del titular de dicha dependencia, con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Puebla, capital. IV. Norma general, acto u omisión que se reclama. El acto de autoridad del que me duelo, lo constituye la resolución emitida con fecha 22 de abril de 2013, y notificada al suscrito, a través de mi abogado defensor, el mismo día, consistente en la respuesta que derivó de mi atenta solicitud, realizada a dicha autoridad con fecha 15 de abril de 2013, mediante la cual se pusieron a consideración de ésta, diversos argumentos tendientes a que se dictaran cuantas diligencias fueran suficientes para dejar sin efectos el procedimiento administrativo al que ilegalmente me encuentro sujeto. Ello en virtud de que, considero que dicha resolución deviene de incoherente en contravención al derecho de petición, aunado a que en virtud de ella se reitera el sometimiento ocioso del suscrito a un procedimiento administrativo dentro del cual son materia de estudio, actos que ya habían sido sustanciados y resueltos previamente, mediante expediente administrativo **********/2012, de la misma autoridad responsable y por contravenir directamente lo preceptuado en la fracción IX Bis del artículo 50 de la Ley de Resp." (fojas 159 y 160).
6. Segunda ampliación que se admitió en proveído de dos de mayo de dos mil trece (fojas 181 y 182).
7. El treinta de mayo de dos mil trece, se tuvo al quejoso por desistido de la segunda ampliación de demanda, dado que se presentó a ratificar su escrito que presentó para tal efecto (foja 376).
8. Seguido el trámite correspondiente, el diecinueve de junio de dos mil trece la secretaria en funciones de Juez de Distrito inició la audiencia constitucional (fojas 401 y 402); y el veintidós de julio siguiente dictó sentencia (fojas 403 a 418 vuelta), en la que:
a) Calificó de infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que hicieron valer las autoridades responsables, ya que se estimó que contrario a lo que al respecto se arguyó, el quejoso no combate el citatorio que en el futuro se llegue a emitir, sino la determinación que da inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades al vulnerar el principio de cosa juzgada, por lo que se concluyó en el sentido de que la tesis de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.", citada por las responsables, no tiene aplicación al caso concreto. Asimismo, la secretaria en funciones arribó a la convicción de que el acto reclamado es de imposible reparación, ya que respecto de la excepción de cosa juzgada la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se debía analizar de forma inmediata para evitar que las partes continuaran litigando el asunto hasta la sentencia de fondo, por lo que determinó que es procedente el juicio de amparo al haberse planteado la figura de la cosa juzgada (considerando cuarto, fojas 404 vuelta a 409 vuelta).
b) Se concedió el amparo solicitado, al estimar que la resolución reclamada de dieciocho de marzo de dos mil trece, en la que se determinó el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas, infringe los artículos 14 y 17 constitucionales, porque a su entender se trata de los mismos hechos analizados en el diverso expediente administrativo **********/2010, en el que se emitió la resolución de treinta de julio de dos mil diez, en la que se ordenó el archivo del expediente al no desprenderse presuntas responsabilidades administrativas en contra de algún servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con lo que se arribó a la conclusión de que se vulneró en perjuicio del quejoso los efectos de la cosa juzgada (considerando quinto, no sexto como incorrectamente se señaló, fojas 409 vuelta a 418).
La sentencia antes citada constituye la materia de la presente revisión.
De lo antes señalado se advierte que en la sentencia recurrida se dejó de analizar el acto reclamado, consistente en la instrucción girada al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********/2010 de dicha delegación; pues únicamente se analizó el diverso acto reclamado, consistente en el inicio formal del procedimiento de responsabilidad administrativa, respecto del cual se desestimó la causal de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables y se concedió el amparo solicitado.
Por lo que este Tribunal Colegiado procederá a subsanar tal omisión y realizará el estudio del acto reclamado, consistente en la instrucción girada al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********/2010.
Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 21 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 18 a 20, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido es el siguiente:
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."
Respecto del acto reclamado antes precisado, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
La porción normativa antes transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, lo que acontece en la especie.
En efecto, el acto reclamado consistente en la instrucción girada al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********/2010 de dicha delegación, que se llevó a cabo en el oficio fechado el veintidós de abril de dos mil once, es del tenor siguiente:
"Gobierno de Puebla. Secretaría de la Contraloría. De: Coordinador General de Delegaciones y Comisarias. Para: Lic. ********** Delegado de la Contraloría en el Sector Administración y Finanzas. Fecha: 22 de abril de 2011. Número CGD-607/2011. Asunto: Se instruye reanudar las acciones de seguimiento. Derivado del análisis a la información contenida en su similar No. CGDC/SFA-88/2011 de fecha 13 de abril del presente, y a consideración de esta secretaría, hago de su conocimiento que en la información contenida en el Exp. **********/2010, no se evaluaron los elementos suficientes para determinar que se archivara; de igual manera en cuanto al seguimiento dado a la denuncia presentada el 31 de mayo de 2010 ante esta dependencia, se considera que no se cuenta con evidencia documental que nos permita saber el estatus en el que se encuentra actualmente; por lo anterior, le instruyo para que en el ejercicio de sus atribuciones, investigue y/o aperture un nuevo expediente correspondiente a las acciones de revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los asuntos antes mencionados, para que en el caso de encontrar nuevos elementos, se reporten a la brevedad a esta coordinación a mi cargo, y se proceda a tomar las acciones que se consideren pertinentes. Sin otro particular, le envió un cordial saludo. Atentamente. (rúbrica ilegible). **********." (foja 299).
Del acto reclamado antes transcrito se advierte que sólo se trata de una instrucción para que el Delegado de la Contraloría en el Sector Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden llevara a cabo la investigación en relación con ciertos hechos, esto es, se trata de una comunicación interna entre dichas autoridades administrativas, que en forma alguna afectan el interés jurídico o el interés legítimo del quejoso, pues no fue emitida en su contra o de algún grupo de la sociedad determinado al que pertenezca, sino que se trata de la instrucción que se da a una autoridad para que ejerza sus atribuciones de investigación de ciertos hechos.
Tiene aplicación a lo anterior, por igualdad de razón y por compartirse, la jurisprudencia I.4o.A. J/51, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1722, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA ECONÓMICA. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN Y DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA INDAGAR LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA, ASÍ COMO EL OFICIO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EMITIDO EN ÉSTA, NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DENUNCIADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El procedimiento de investigación de prácticas monopólicas seguido por la Comisión Federal de Competencia consta de tres etapas: investigación, audiencia en forma de juicio e impugnación. En ese contexto, las actuaciones practicadas durante la primera de esas etapas no trascienden a la esfera jurídica de los agentes económicos denunciados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dado que la admisión de la denuncia y su publicación, la posibilidad de ampliar los hechos relativos o iniciar nuevos procedimientos, o bien, la obligación de toda persona de proporcionar información relacionada con los hechos denunciados, así como la de presentarse a declarar, constituyen sólo el inicio de una fase en la que no existe todavía la determinación de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una infracción, ni la plena identificación del sujeto a quien deberá oírse en defensa como probable responsable, pues su objetivo es recabar los medios de prueba que permitan presumir la existencia de actos o prácticas prohibidos por la Ley Federal de Competencia Económica. Asimismo, el oficio de presunta responsabilidad a que se refiere el artículo 30 del reglamento de la aludida ley, emitido en la fase de audiencia, tampoco afecta el interés jurídico de la persona a quien se dirige, pues será hasta que se dicte la resolución del recurso de reconsideración (etapa de impugnación), cuando sea posible controvertirlo en la vía jurisdiccional correspondiente."
En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la instrucción girada al Delegado de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas, para investigar e iniciar un nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente administrativo **********/2010, se sobresee en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia.
Sin que obste a lo anterior, el escrito presentado el diez de febrero de dos mil catorce (fojas 174 a 179), mediante el cual el quejoso desahogó la vista que se le dio mediante proveído de cuatro del citado mes y año, en el que arguye que el referido acto reclamado consistente en la instrucción girada a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sí le depara un perjuicio en grado predominante y superior no sólo en contra de los intereses jurídicos y/o legítimos del hoy quejoso, sino además, en su esfera jurídica de derechos humanos, al vulnerar claramente el principio constitucional de cosa juzgada, porque a su parecer dicho acto reclamado tiene un nexo indivisible que lo vincula directamente al diverso acto reclamado consistente en el inicio formal del procedimiento administrativo seguido en su contra, ya que éste se emitió a partir de la instrucción en comento.
Es infundado el argumento antes sintetizado que hace valer el quejoso.
Al efecto resulta conveniente destacar que la resolución de dieciocho de marzo de dos mil trece, en la que se determinó el inicio formal del procedimiento administrativo en contra del hoy quejoso y otros (fojas 52 a 93), en lo conducente dice:
"Secretaría de la Contraloría, Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas. Expediente Administrativo No. **********/2011. Clave de archivo: SC.CGDC.SF-DJUR/10S.10.3/11.2011. Heroica Puebla de Zaragoza, a dieciocho de marzo de dos mil trece. Vistos. El contenido de las constancias y actuaciones existentes dentro del expediente de responsabilidad administrativa No. **********/2011, de los radicados en la Delegación de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas, iniciado con motivo de la denuncia realizada mediante la memoranda número CGDC-607/2011, de fecha veintidós de abril del dos mil once, remitida por el Coordinador General de Delegaciones y Comisarías de esta Secretaría, licenciado **********, en la que señaló lo siguiente: ‘Derivado del análisis a la información contenida en su similar No. CGDC/SFA-88/2011, de fecha 13 de abril del presente, y a consideración de esta secretaría, hago de su conocimiento que en la información contenida en el Exp. **********/2010, no se evaluaron los elementos suficientes para determinar que se archivara...’, que del contenido anterior se desprende la denuncia administrativa respecto a la legalidad de la determinación de archivo del expediente administrativo **********/2010, de los de esta delegación. De igual manera, en cuanto al seguimiento dado a la denuncia presentada el 31 de mayo de 2010 ante esta dependencia, se considera que no se cuenta con evidencia documental que nos permita saber el estatus en el que se encuentra actualmente; por lo anterior, le instruyo para que en el ejercicio de sus atribuciones, investigue y/o aperture un nuevo expediente correspondiente a las acciones de revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los asuntos antes mencionados, para que en el caso de encontrar nuevos elementos, se reporten a la brevedad a esta Coordinación a mi cargo, y se proceda a tomar las acciones que considere pertinentes ...’; independientemente de lo señalado en la memoranda en cita, se determina que en uso de la facultad de esta autoridad de dar seguimiento de oficio al asunto respectivo, facultad establecida en el artículo 53 Bis, fracción I, de la ley de la materia, se inicie la investigación correspondiente de oficio, en consecuencia, se acordó la radicación del expediente en que se actúa, en contra de los ex servidores públicos adscritos en el momento de los hechos a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración, hoy Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, y que son los siguientes: 1). C. **********, en su carácter de Secretario; 2). C. **********, como Subsecretario de Egresos; 3). **********, en su carácter de Coordinador General de Política y Control de Egresos; 4). C. **********, en su carácter de Directora de Contabilidad; 5). C. **********, en su carácter de Director de Tesorería; 6). C. **********, en su carácter de Director de Deuda Pública y Coordinación con Entidades y Municipios de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración; 7). C. **********, en su carácter de Director de Inversiones Públicas; todos adscritos a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; y Resultando. I. Con motivo de lo anterior esta autoridad mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil once, se tuvo por recibió el Memorándum CGDC-607/2011, de fecha 22 de abril de 2011, suscrito por el Coordinador General de Delegaciones y Comisarías, dirigido a esta delegación en el que ‘instruye se realicen las investigaciones y/o aperture nuevo expediente para la revisión, inspección, fiscalización y seguimiento de los hechos a que se refiere el expediente **********/2010; ordenándose la radicación del expediente en que se actúa, correspondiéndole el número **********/2011, de los de esta Delegación de la Contraloría a mi cargo’, determinándose dentro del punto quinto del acuerdo que en uso de la facultad de esta autoridad de dar seguimiento de oficio a este asunto, conforme a lo establecido en el artículo 53 Bis, fracción I, de la ley de la materia, se ordena que la investigación de este asunto se deberá seguir de oficio, toda vez que se trata de recursos provenientes del erario público, por lo que resulta ser de interés público el esclarecimiento de los mismos; por probables irregularidades administrativas, de los servidores públicos involucrados en estos hechos ..." (fojas 52 y 53).
De la transcripción que antecede se advierte que se señaló que el expediente administrativo **********/2011, se i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25007-e752c335/actos-de-imposible-reparacion-son-aquellos-que-afectan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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