VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INAPLICABLE PARA EL QUEJOSO CUANDO DESDE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA SE MUESTRA SABEDOR DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE SOBRESEA EN EL JUICIO CON LA MISMA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 88/2017. 17 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS MORENO CORREA. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Los agravios formulados por el quejoso-recurrente son fundados, en suplencia parcial de la queja deficiente, que se prevé en el artículo 79, fracción V, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; no obstante, este órgano revisor advierte la actualización de una causal de improcedencia que ameritará confirmar la sentencia recurrida, aunque por diversos motivos, y sobreseer en el juicio de amparo indirecto.
Antes de abordar el estudio de los motivos de disenso, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso, aquí recurrente, señaló como acto reclamado en el juicio biinstancial que se revisa, en esencia, el hecho de que las autoridades responsables se negaron a recibir un escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete, por virtud del cual pretende justificar su inasistencia a una audiencia confesional, donde se le declaró confeso ficto de las posiciones que se le formularon, con las consecuencias legales que ello conlleva.
Así pues, al dictar la sentencia constitucional, aquí recurrida, la Jueza a quo determinó, en lo sustancial, lo siguiente:
• Que las autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 30 y 35 del cuaderno de amparo indirecto), negaron la existencia de los actos reclamados.
• Que la parte quejosa no logró desvirtuar esa negativa de actos con la prueba testimonial a cargo de **********, abogado del quejoso en el juicio natural.
• Que toda vez que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la negativa por parte de las responsables en recibirle el escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete, la prueba testimonial lo único que acredita son los hechos que relata en la demanda de amparo, no así la negativa de las responsables en recibirle el citado escrito.
• Que esa probanza, a lo sumo, demuestra que el quejoso (trabajador) compareció junto con su apoderado el catorce de marzo de dos mil diecisiete de las diecisiete horas con treinta minutos a las diecisiete horas con cuarenta minutos, a presentar su escrito a la Oficialía de Partes de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, y que no había persona alguna que lo recibiera.
• Empero, señaló que de las manifestaciones de las autoridades responsables hechas en sus correspondientes informes justificados y las documentales que anexaron a los mismos, se observan las placas fotográficas del comunicado al público en general de la recepción de términos (sic) previstos por el artículo 716 de la Ley Federal del Trabajo, en la oficialía de partes a cargo de **********, con domicilio para su recepción en ********** (fojas 31 a 34 del cuaderno de amparo indirecto que se revisa), sin que se desprenda que el aquí recurrente hubiese comparecido a tal domicilio y se le hubiese negado la recepción de su escrito.
• De manera que, expuso, lo declarado por el testigo no logró desvirtuar la documental ofrecida (placas fotográficas) y el dicho de las autoridades responsables; por tanto, apuntó que no se desvirtuó la negativa de los actos expresada por éstas en sus informes justificados, por lo que actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV (inexistencia de actos) de la Ley de Amparo.
Contra dicha determinación el quejoso, aquí inconforme, formula cinco agravios en los que, entre otras cosas, pero en lo que aquí cobra real importancia, combate el valor probatorio de las placas fotográficas aportadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, visibles a fojas treinta y uno a treinta y cuatro del juicio de amparo indirecto que se examina, con las que se pretendió demostrar que en las oficinas de la Junta laboral del conocimiento, existe un letrero donde se asienta tanto un domicilio, como el nombre de la persona encargada de recibir las promociones de término, a fin de hacer ver al Juzgador Federal que el quejoso bien pudo acudir a dicho domicilio para presentar su escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se itera, con el cual pretende justificar su inasistencia al desahogo de la prueba confesional que corrió a su cargo, cuya consecuencia fue declararlo confeso ficto de las posiciones que se le formularon.
Y el aquí inconforme tiene razón en los motivos de disenso de que se trata, puesto que las impresiones fotográficas, en realidad revelan que el supuesto aviso del domicilio y la persona facultados para recibir promociones de término, no fue autorizado por ningún funcionario de la Junta laboral del conocimiento, ya que no contiene ninguna firma que evidencie tal aspecto, como se constata a continuación:
Se suprime imagen.
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la secretaria de acuerdos de la Junta laboral hubiese certificado que las copias coinciden con el aviso original que existe en la oficialía de partes, puesto que ello sólo robustece el hecho de que tal documento carece de autorización de funcionario facultado para ello, en tanto que, se itera, no contiene ninguna firma.
Lo antes expuesto resulta relevante, dado que no todo funcionario está facultado para recibir promociones de término, por lo que las placas fotográficas, en realidad no pueden servir de base para sustentar la negativa de actos referida en los informes con justificación.
Sirve de apoyo a lo anterior, por lo ilustrativo de su contenido, la tesis aislada XVII.1o.11 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 1751, de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. SU PRESENTACIÓN ANTE EL ACTUARIO DE LA JUNTA NO INTERRUMPE EL PLAZO LEGAL PARA SU INTERPOSICIÓN.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 163 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió y podrá hacerse el día en que concluya el término legal para su interposición, fuera del horario de labores de los tribunales, ante el secretario; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el día en que concluyó el término para su interposición, en el domicilio particular del actuario, ello de ninguna manera interrumpe ese plazo, toda vez que el derecho que para tal efecto concede la Ley de Amparo, en los mencionados preceptos, se refiere a que tal presentación se lleve a cabo únicamente en el domicilio del secretario y no en el de los actuarios; aunado a lo anterior se tiene que en lo que corresponde a la materia laboral, la Ley Federal del Trabajo no otorga facultad alguna a los actuarios para recibir promociones, sino que tal facultad está reservada a los secretarios, como puede inferirse de la interpretación que a contrario sensu se hace de su artículo 641, fracción II, que establece como faltas especiales de los secretarios de la Junta, el no dar cuenta oportunamente de las promociones."
Así como, por las consideraciones que de ella emergen, la tesis X.87 L emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, página 550, del tenor literal siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN ANTE EL SECRETARIO DE LA JUNTA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO, FUERA DEL HORARIO DE LABORES DE LOS TRIBUNALES.—Conforme a lo dispuesto por los artículos 23 y 163 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la demanda de amparo contra laudo que ponga fin al juicio dictado por tribunales de trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió y podrá hacerse el día en que concluya el término para su interposición, fuera del horario de labores de los tribunales, únicamente ante el secretario; pero si el escrito es recibido por otro empleado que no está facultado por la ley, ello no interrumpe el término."
En suma, no debe perderse de vista que el acto reclamado por la quejosa es de naturaleza negativa (denegación de las autoridades responsables a recibir un escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete), lo que pone en evidencia que, en la sentencia recurrida, se perdió de vista que cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por el derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa.
Se cita como apoyo de lo antes expuesto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 5, Tercera Parte, mayo de 1969, página 13, de rubro y texto siguientes:
"ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO.—Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece."
En esa tesitura, este órgano revisor arriba a la conclusión de que fue incorrecto que la Jueza a quo hubiese decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ya que, en realidad, las autoridades responsables no demostraron la legalidad de sus actos con ningún medio de prueba pues, se insiste, las placas fotográficas que anexaron a sus informes justificados no son aptas para ello, conforme a lo ya anotado en párrafos que anteceden; luego, el acto negativo señalado como reclamado por el quejoso, debe tenerse por cierto.
No obstante lo anterior, no resulta dable levantar el sobreseimiento a fin de examinar el fondo del asunto, en la medida de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo es, aun en la alzada, de orden público, oficioso y preferente a la cuestión de fondo propuesta, con independencia de que lo aleguen o no las partes, por así estatuirlo el artículo 62 de la ley de la materia.
Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.—Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Además, debe decirse que la postura asumida por este tribunal encuentra plena correspondencia con lo dispuesto en el diverso numeral 93 ibídem, donde se instituyen las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentra, en lo que aquí interesa, la prevista en la fracción III, según la cual los Tribunales Colegiados de Circuito podrán examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.
Dicho aspecto, sin margen a equívocos, patentiza que la procedencia del juicio de amparo puede y debe examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizarlas, lo que en realidad implica que, a pesar de que este último haya tenido por actualizada o desestimada determinada causal, bien puede en la segunda instancia abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por semejante causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma, pero por diverso motivo.
En el entendido de que, frente a la causal de improcedencia del juicio de amparo que se reputará cristalizada no existe pronunciamiento alguno en la instancia original, dado que ésta surge a la vida jurídica merced del estudio exhaustivo y armónico que se realiza de las constancias que integran el expediente sujeto a revisión.
Acotado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, que señalan lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"..."
Conforme a lo antes anotado, es necesario recalcar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación.
Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza.
Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable:
a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate.
b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior.
Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran, por ejemplo, cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa, que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo.
Las tesis temáticas sobre los actos que, dentro del juicio tenían una ejecución de imposible reparación y la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones sobre personalidad, son las siguientes:
– Tesis P. LVII/2004 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 9, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.—Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."
– Jurisprudencia P./J. 4/2001, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, localizable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa lo siguiente:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.—Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’ para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."
No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio es de imposible reparación, como se observa a continuación:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"..."
Del numeral invocado se pone de manifiesto que, ahora, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se trate de una violación procesal en grado predominante o superior, que antes establecía la jurisprudencia mencionada.
Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos dentro de juicio de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los tratados internacionales.
En el caso, como ya se dijo, el acto reclamado en el juicio biinstancial que se revisa lo constituye el hecho de que las autoridades responsables se negaron a recibir un escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete, por virtud del cual el quejoso pretende justificar su inasistencia a una audiencia confesional, donde se le declaró confeso ficto de las posiciones que se le formularon en el juicio natural, con las consecuencias legales que ello conlleva.
En este punto, cabe destacar que el acto negativo previamente destacado, no puede desvincularse de la pretensión principal del actor del juicio laboral, aquí inconforme, puesto que lo que intenta con la promoción del juicio de amparo, es que se le permita justificar su inasistencia al desahogo de la prueba confesional a su cargo y se revierta la decisión de la Junta responsable de tenerlo por confeso ficto de las posiciones que se le formularon en el expediente de trabajo.
Tales aspectos, cabe mencionar, son meramente formales y no producen afectaciones materiales; ello, dado que las violaciones denunciadas pueden desaparecer si la actora (quejosa en el juicio biinstancial que se revisa) obtiene laudo favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal.
Luego, no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera.
No es obstáculo a lo antes considerado, que la promoción del juicio de amparo indirecto pudiera llevar implícita la pretensión del quejoso de que se le permita revertir la decisión de la Junta laboral del conocimiento de tenerlo por confeso ficto de las posiciones que se le formularon ante su inasistencia al desahogo de la prueba confesional a su cargo, cuya inasistencia pretende justificar con la promoción de catorce de marzo de dos mil diecisiete y el anexo correlativo (justificante médico) y, con ello, evitar la tramitación innecesaria del juicio, el desgaste de tiempo, así como de los recursos que supone todo proceso.
Sin embargo, este aspecto no puede considerarse como un derecho sustantivo, porque la satisfacción de los términos y la observancia de las instituciones de naturaleza adjetiva o procesal son condición necesaria en todo proceso jurisdiccional, cuya resolución contraria al interés de la parte quejosa, por sí sola, no implica violación al principio de justicia pronta.
De ahí se colige la actualización de la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano federal.
Sirven de apoyo a lo aquí determinado, por las consideraciones que de ellas emergen, los criterios que a continuación se enlistan:
• Jurisprudencia 2a./J. 37/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1290 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de junio de 2017 a las 10:08 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PATRÓN. LA DESIGNACIÓN POR LA AUTORIDAD LABORAL DE UN DOMICILIO EN UNA CIUDAD DIFERENTE A LA SEÑALADA POR AQUÉL PARA SU DESAHOGO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, es obligación del patrón acreditar los extremos de la relación laboral ahí precisados. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 39/2001 (*), sostuvo que la autoridad laboral está facultada para designar su sede a efecto de llevar a cabo el desahogo de las pruebas, sin que con ello contravenga disposición alguna. Así, la necesidad de efectuar gastos relativos al traslado del l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28081-fdc848a2/vista-a-que-se-refiere-el-articulo-64 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS PARA HACER CONSTAR FALTAS COMETIDAS POR EL TRABAJADOR. SU INCOMPARECENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR EL PATRÓN NO GENERA LA PRESUNCIÓN (AMPARO DIRECTO)
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. OPORTUNIDAD PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO SE SUBSUME AL DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRACTIC (AMPARO DIRECTO)
- VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL SESIONAR UN ASUNTO ORDENA COMO CAUSA JUSTIFICADA PARA APLAZA (AMPARO DIRECTO)
- SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. AL NO ENCONTRARSE INVESTIDO DE FE PÚBLICA, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUME (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. SU PRESENTACIÓN ANTE EL ACTUARIO DE LA JUNTA NO INTERRUMPE EL PLAZO LEGAL PARA SU INTERPOSICIÓN. (XVII.1o.11 L )
- LAUDOS, NOTIFICACION DE LOS (DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA). (s/clave)
- AMPARO POR CORREO, TERMINO LEGAL PARA PROMOVERLO. (s/clave)
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN D (VII.2o.T.8 L (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis