ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).
QUEJA 23/2014. 20 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Resultan ineficaces los agravios propuestos por la parte quejosa.
En efecto, como pudo apreciarse de la lectura del auto recurrido, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías estableciendo, entre otros razonamientos, lo siguiente:
Que el acto reclamado1 "... no constituye una violación de carácter irreparable ...", pues tiene como consecuencia que el Juez natural reconozca "... la personalidad del representante legal de la parte demandada ********** y tenerle por contestada la demanda instaurada en su contra por el aquí accionante del amparo ..." (fojas 11 y 12 de esta ejecutoria).
Con base en lo anterior, concluyó que "... existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ... inclusive, sobre este último aspecto (violación procesal) se destaca, además, que en el caso de que el ahora quejoso estimare que existe alguna violación procesal, en todo caso puede ser combatida en el juicio de amparo directo que se haga valer contra la resolución definitiva que se dicte en tal juicio de origen ..." (foja 12 de esta sentencia).
Al respecto, la inconforme aduce, después de invocar en su beneficio un criterio aislado sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito2 "... que existen ciertas excepciones procesales, en las cuales podrá conocer el amparo indirecto, aunque no implique una violación a derechos sustantivos, ya que la afectación de éstos transgreden en grado predominante o superior, como lo es, el supuesto presentado sobre la personalidad de las partes en el juicio ..." (fojas 21 y 22 de este fallo).
Asimismo, indica que la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, dejó intocado el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna3; por tanto, al no ser alterada la citada fracción, "... no limitó los actos de imposible reparación sólo a derechos sustantivos, ya que sigue cobrando aplicación la jurisprudencia P./J. 4/2001 emitida por el Máximo Tribunal, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: ... ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO ...’." (foja 22 de este documento).
Bajo esa línea de pensamiento, la inconforme alega "... que si bien es cierto que el artículo 107 de la Ley de Amparo en su fracción V, señala que el amparo directo procede contra actos de imposible reparación, también lo es que es preciso señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), no hace distinción alguna, si se violan derechos sustantivos o no, por lo que efectuando una interpretación conforme a la Constitución Federal, el juicio de amparo deberá proceder contra actos que conlleven una imposible reparación, sin limitación a que se afecten derechos sustantivos o no, ya que el amparo indirecto procede en los casos en que se vean afectados derechos procesales que lesionen en grado predominante o superior a los derechos particulares.
En ese contexto, aunque la Ley de Amparo tenga previsto cierto supuesto, el juzgador federal, deberá privilegiar la aplicación de la norma constitucional en los casos en que la ley reglamentaria sea oscura, así como cuando admita varios entendimientos (sic), con la finalidad de preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, aplicando el principio de jerarquía normativa que impera en la Constitución Política de México, garantizando así la supremacía constitucional que rige nuestro sistema jurídico.
Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: ... "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN." (fojas 24 y 25 de este veredicto, énfasis añadido).
Por otro lado, arguye, con apoyo en el quinto párrafo del artículo 170 de la ley de la materia4 "... que las violaciones a derechos sustantivos y violaciones procesales relevantes (como lo que se pretende hacer valer en el juicio de amparo), al no poder combatirse en el juicio de amparo directo, deberán admitirse en amparo indirecto ya que, en el caso concreto, la cuestión de personalidad dirimida previamente al fondo del asunto, debe combatirse en vía indirecta por el grado superior de importancia que acontece en el juicio ..." (foja 26 de esta resolución).
Finalmente, concluye sus argumentos indicando que el desechamiento de la demanda omite la aplicación del principio de economía procesal, pues el tener "... que esperar hasta que se dicte sentencia, para hacer valer amparo directo ... atrasaría mucho el proceso y la impartición de justicia pronta y expedita ..." (foja 27 ibídem).
Como puede apreciarse, los agravios que presenta la impetrante tienen como base principal que el acto reclamado5 le provoca, desde su perspectiva, daños de imposible reparación, puesto que, según afirma "... la cuestión de personalidad dirimida previamente al fondo del asunto, debe combatirse en vía indirecta por el grado superior de importancia que acontece en el juicio ..."; amén que el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, no hace distinción respecto a que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos (precisión establecida en la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia).
Para tal efecto, invoca en su beneficio la copiada jurisprudencia P./J. 4/20016, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, como se vio, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente -de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales-, cuando tales determinaciones causaran, en perjuicio de los justiciables, una afectación "... en grado predominante o superior ..."
Una vez aclarado el punto sujeto a debate, es el caso de señalar, en principio, que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de violaciones procesales que sólo producían afectación de ese tipo, ocurría bajo la vigencia de la Ley de Amparo actualmente abrogada, como consecuencia de una interpretación que el Más Alto Tribunal del País realizó del artículo 107 constitucional, fracción III, inciso b) y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo7, que no definían lo que debía entenderse como actos de imposible reparación.
Por ende, fue menester que a través de la jurisprudencia se definiera ese concepto, la cual, inicialmente sostuvo que un acto dentro de juicio podía considerarse de imposible reparación, si sus consecuencias eran susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, cuya afectación no desaparecía ni en el caso de obtener sentencia favorable, y no los que solamente vulneraban derechos adjetivos o procesales, pues se estimaba que éstos no trastocaban esos valores, pues aun de no obtener sentencia favorable, tales ofensas procesales podían ser reparadas a través del amparo directo; lo anterior, se advierte de la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 3a. 29/89 (3a.43), visible en la página 291 del Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que estableció lo siguiente:
"EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto ‘Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." (énfasis añadido).
Asimismo, se invoca la jurisprudencia 244 sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte, SCJN. Página 164, cuyos epígrafe y contenido son:
"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (ídem).
Posteriormente, dicho criterio se modificó, para establecer que si bien es cierto que, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, también lo es que ese criterio no debía ser absoluto, sino que era necesario admitir, de manera excepcional, la procedencia de la vía indirecta respecto de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, que sí podían producir una afectación de imposible reparación.
Precisando que esa afectación exorbitante debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y, desde luego, su trascendencia específica.
Lo anterior aconteció cuando el Pleno del Más Alto Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 6/95, se ocupó del tópico de personalidad, en la que sostuvo que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto -de modo excepcional-, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior.
Lo cual dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, con los siguientes rubro y texto:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA'). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, conduce a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe precisarse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y, además, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Cabe precisar que la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconoce esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede el juicio cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de la partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." (énfasis añadido).
Criterio que se reiteró por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer que hay violaciones procesales que si bien es cierto que sólo producen consecuencias de índole procesal (por la naturaleza de la institución procesal que está en juego), también lo es que sí podían afectar a las partes en grado predominante o superior y, por ende, sí eran susceptibles de producir un perjuicio de imposible reparación; como se advierte de la jurisprudencia por contradicción P./J. 4/2001 (invocada por la quejosa), cuyos rubro y texto, se reiteran enseguida:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." (ídem).
Como puede verse, en la misma se reiteró el criterio sustentado por el Pleno al resolver el amparo en revisión 6/95, precisando la ejecutoria condigna que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaban, entre otras razones, porque el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, al establecer que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, por lo cual, se sostuvo, que también podían tener ejecución de imposible reparación y, por ende, no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en cita.
Las anteriores razones, si bien es cierto que aún con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución del País, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, como se aprecia de la siguiente transcripción:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y."
También lo es que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la fracción V del artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, de la siguiente manera:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ..."
Como puede verse, establece que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan "... materialmente derechos sustantivos ..." tutelados en la Ley Suprema del País o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza (así pueda calificarse como exorbitante), no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto.
Lo anterior es de gran trascendencia al caso concreto, pues en la sinopsis de la jurisprudencia que analizó el tópico de personalidad, se reconoció que era necesario: "... admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad ... cuando afectan a las partes en grado predominante o superior ...", sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo ..."
Como puede verse, se reconoció que la afectación que producen los presupuestos procesales, entre ellos la personalidad, no se traducía en un perjuicio directo e inmediato a un derecho sustantivo, es decir, sólo eran de índole procesal, pero esa regla de excepción a la procedencia del juicio de amparo indirecto, se sustentaba en que esa afectación procesal fuese en grado predominante o superior, cuyo análisis dejaban al arbitrio del Juez Constitucional, con las reglas fijadas para ese efecto.
La trascendencia de ello, radica en que a la luz de la nueva Ley de Amparo, los actos en juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos del gobernado.
Tal criterio ya había sido sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, a la luz de la anterior Ley de Amparo, aunque con las reformas constitucionales de junio de dos mil once y, en ésta, son de destacarse las siguientes conclusiones:
a) Que la afectación en grado predominante o superior, carecía de sustento constitucional y, por ende, no era un motivo para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de violaciones procesales acaecidas dentro de juicio;
b) Que el Constituyente Permanente, trató de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo contra cada acto procesal que se fuese presentando en el procedimiento natural, y que se estimase perjudicial por alguna de las partes;
c) Que, además, para salvaguardar los derechos de los justiciables, estableció como regla excepcional la posibilidad de que impugnen, desde luego, únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, cuestión que se justifica pues tal afectación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable y, por ende, resultaba claro que ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza; y,
d) Que la reposición de procedimiento que se ordena cuando se estima fundado un concepto de violación de índole procesal, tampoco es un argumento para estimar procedente el juicio de amparo indirecto, pues se sostuvo que la reposición es una consecuencia natural del principio de concentración y se actualiza con cualquier violación procesal que haya trascendido al sentido del fallo, con independencia del grado de afectación (leve o grave), que produzca; y,
e) Al ser la reposición del procedimiento una consecuencia necesaria y lógica del amparo que se concede por una violación procedimental, es claro que el hecho de que las partes se sujeten nuevamente al procedimiento natural, no constituye un elemento jurídico que permita adoptar la conclusión relativa a que tales violaciones puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto.
Argumentos, los cuales, sirvieron de base para concluir que la afectación que produce una resolución sobre la improcedencia de la vía, no es de imposible reparación.
Para mayor objetividad, se cita la ejecutoria dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, de ocho de enero de dos mil trece (que resultó infundada), en la cual determinó lo siguiente:
"SEXTO. Estudio de fondo. No procede modificar la jurisprudencia 1a./J. 108/2005 sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal con número de registro 176992, visible en la página 294 del Tomo XXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ...’
"El escrito en el que se solicita que se modifique la citada jurisprudencia se sustenta en los siguientes argumentos torales:
"a) La resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía produce una afectación en grado predominante o superior, pues implica una decisión de la cual depende todo el juicio natural y la posible concesión del amparo podría evitar el desarrollo ocioso e innecesario de un procedimiento bajo las normas equivocadas.
"b) La resolución de que se trata debería ser susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque genera una afectación en grado predominante lo que se demuestra con el hecho de que si se tuviese que esperar al dictado de la sentencia para combatirla mediante el juicio de amparo directo, la eventual concesión implicaría la reposición del procedimiento desde su inicio, lo que supondría el desarrollo ocioso e innecesario del juicio natural.
"c) La procedencia del juicio de amparo indirecto para impugnar la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia encuentra apoyo en las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: ‘PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ y ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’
"Dada la materia sobre la que versa la jurisprudencia cuya modificación se solicita y las razones en las que se sustenta la solicitud correspondiente, lo primero que debe examinarse es el sistema establecido en la Constitución General sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio. Al respecto, el artículo 107, fracción III, inciso b), dispone:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"‘b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.’
"De la disposición constitucional transcrita se desprende que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25006-7609e5bd/actos-de-imposible-reparacion-no-lo-son-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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