SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 13/2011. MAGISTRADO INTEGRANTE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: FRANCISCO MIGONI GOSLINGA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de ocho de enero de dos mil trece.
VISTOS para resolver los autos relativos a la Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 13/2011;
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito recibido el tres de junio de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, informó que dicho tribunal, al resolver los amparos en revisión civiles números ********** y **********, aplicó la jurisprudencia número 1a./J. 108/2005, cuyo rubro es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
El Magistrado promovente solicita la modificación de la jurisprudencia de mérito, a fin de que en el supuesto jurídico del cual se ocupa, sí sea procedente el juicio de amparo indirecto.
SEGUNDO. Por auto de catorce de junio de dos mil once, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la solicitud de modificación de jurisprudencia, formándose al efecto el expediente número 13/2011; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República a fin de que en el término de treinta días expusiera su parecer, y turnar los autos a su ponencia para que se elaborase el proyecto de resolución respectivo.
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló opinión mediante oficio número **********, en el sentido de que debe declararse procedente y fundada la solicitud de modificación de jurisprudencia.
En sesión de veinticuatro de agosto de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó retirar el presente asunto para remitirlo al Tribunal Pleno.
TERCERO. Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil once, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó devolver los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal.
CUARTO. En sesión de veintinueve de marzo de dos mil doce, el Tribunal Pleno analizó el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y después de aprobar, por unanimidad de votos, los considerandos relativos a la competencia, legitimación, procedencia de la solicitud de modificación y resumen tanto del criterio, cuya modificación se solicita como de los argumentos en los que tal solicitud se sustenta, determinó desechar el proyecto y turnarlo a alguno de los Ministros de la mayoría.
QUINTO. Con vista en la determinación adoptada por el Tribunal Pleno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 194, tercer párrafo; 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción XI del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que este asunto versa sobre una solicitud de modificación de jurisprudencia en materia común.
SEGUNDO. Legitimación del promovente. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado **********, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que se transcribe a continuación:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACIÓN TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El artículo 197, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que también están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida."1
TERCERO. Procedencia de la solicitud. Para la procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia por parte de un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado de Circuito, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:
1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia; y,
2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
Para apoyar lo expuesto, es aplicable el siguiente criterio:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate."2
Ahora bien, en el caso, la presente solicitud de modificación de jurisprudencia resulta procedente, por las siguientes razones:
a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión civil **********, cuyo acto reclamado deriva de un juicio civil de tramitación especial, aplicó la jurisprudencia cuya modificación se solicita, al sostener lo siguiente:
"Pese a lo anterior, sería infundado que se le causara perjuicio a las menores por la tramitación de la modificación del convenio de convivencia con su padre en la forma propuesta por su madre y ratificada por las autoridades señaladas como responsables, puesto que en estricto apego al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 108/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, a la página: 294 de la materia común de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ Es de observancia obligatoria tanto para la autoridad recurrida que la citó, como para este Alto Tribunal, y efectivamente en ella se establece que el acto reclamado en el presente caso es una violación procesal que no es susceptible de combatirse en el juicio de amparo biinstancial, porque en ella se considera que: ‘tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo.’."
b) Ese mismo tribunal, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión civil **********, cuyo acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo civil, aplicó la jurisprudencia de mérito del siguiente modo:
"Además, de la jurisprudencia (sic) 84/2005-PS, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 294 del Tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’; citada por el Juez de Distrito en la resolución recurrida, se desprende que los efectos de la desestimación de la excepción de la improcedencia de la vía en la interlocutoria del Juez de primera instancia como su confirmación por la sala responsable en la apelación, sólo tiene como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en la esfera jurídica sustantiva del quejoso. Su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio; y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo.
"Por tanto se concluye que el acto del que se duele el recurrente no tiene como efectos de su ejecución afectar de manera directa e inmediata un derecho sustantivo. Ni es cierto que sea de imposible reparación, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado de manera irreversible alguna violación a una garantía individual."
De las transcripciones anteriores se aprecia, con meridiana claridad, que en el caso se reúne el requisito fijado en el número 1) anterior.
En lo que respecta al segundo requisito de procedencia, se advierten en el escrito de solicitud de modificación presentado por el señor Magistrado solicitante, los razonamientos que apoyan dicha solicitud,3 a los cuales, por cuestión de método se hará referencia más adelante, por lo cual se reúnen los requisitos de procedencia antes enumerados.
CUARTO. Criterio que se solicita modificar. Mediante resolución de fecha trece de julio de dos mil cinco, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis **********, suscitada entre el Primero y Décimo Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.
El Primer Tribunal Colegiado, al resolver las improcedencias en revisión civil ********** y **********, señaló que el acto reclamado en los juicios de amparo de origen eran unos recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia interlocutoria que declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía, dentro de un juicio ejecutivo mercantil.4
En esos asuntos, el Tribunal Colegiado estableció que la sentencia reclamada que confirma la declaración de tener por infundada la excepción de improcedencia de la vía, sí es un acto de imposible reparación, porque afecta a la parte demandada en grado predominante o superior, pues esa determinación lo sujeta a continuar e intervenir en todo el procedimiento, lo que al final puede ser ocioso, además de que los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo no tienen el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del punto en que se cometió tal violación, sino el de que se emita otra en la que se declare procedente la excepción señalada, con lo que se pone fin al juicio. Con lo anterior, afirma el Tribunal Colegiado, se pone en evidencia la afectación exorbitante que produce dicho acto procesal, lo cual a su vez amerita que quede sujeto a control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto.5
Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, al resolver la improcedencia en revisión civil **********, precisó que el acto reclamado era la sentencia recaída a un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria que declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía, dentro de un juicio ejecutivo mercantil.6
Dicho tribunal sostuvo que la resolución que declara injustificada la excepción de improcedencia de la vía, aun tratándose de un juicio ejecutivo, no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos del amparista, toda vez que los efectos de dicha resolución no son otros sino los de desestimar la excepción dilatoria procesal opuesta por la demandada a fin de que se siga con el procedimiento en la forma en que fue ordenado en el auto admisorio de la demanda (que en el caso se encuentra firme), para que previo el trámite del juicio se dicte el fallo definitivo. De esta manera, el acto reclamado es exclusivamente procedimental.7
Por lo anterior, la interrogante que surgió en la contradicción de criterios fue la siguiente: En contra de una resolución que confirma la interlocutoria de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía ¿procede o no el juicio de amparo indirecto?
Para dar la respuesta, la ejecutoria se ocupó, básicamente, de establecer si este tipo de resolución constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo.
Las consideraciones que la sustentaron son, en lo que interesa, las siguientes:
"QUINTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
"El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: (resulta innecesaria su transcripción)
"De conformidad con lo anterior, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior, es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 114, fracción IV, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide ‘contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’
"Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:
"a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que, esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.
"b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.
"De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que, un acto dentro del juicio es de ‘ejecución irreparable’ cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.
"Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (es innecesaria su transcripción)
"Los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos (sic) que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento.
"De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo, o la imposición de multas, son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían las garantías de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismas (sic) cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado.
"Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, tienen como característica, que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma, que antes de éste, el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado, podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.
"Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión.
"Ahora bien, la resolución que confirma la diversa de primera instancia que desecha o desestima una excepción de improcedencia de la vía únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, porque el único efecto que ello tendría, sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, siendo que la parte demandada, en todo caso, tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo.
"Debe tomarse en cuenta, que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados durante el juicio, se encuentra reservada para los actos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos de los gobernados, y estimar que la decisión que confirma lo infundado de la excepción de improcedencia de la vía es impugnable a través del amparo indirecto desnaturalizaría a éste.
"No obsta para lo anterior el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P./J. 4/2001 y P./J. 55/2003, de rubros: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’8 y ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’,9 haya determinado que respecto de las resoluciones que confirman las diversas que desechan o desestiman las excepciones de falta de personalidad y de incompetencia del tribunal, es procedente el amparo indirecto, porque si bien en esos casos se trata de presupuestos procesales al igual que respecto de la excepción de improcedencia de la vía, el Pleno de este Alto Tribunal en momento alguno ha determinado que proceda el amparo indirecto contra todos los presupuestos procesales.
"Además, las razones por las cuales el Pleno consideró que esas cuestiones eran impugnables mediante el amparo indirecto fueron las siguientes:
"I. En primer lugar, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, al establecer, que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, que también pueden tener ejecución de imposible reparación.
"II. Las violaciones adjetivas o intraprocesales pueden también ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir las garantías individuales de modo irreparable.
"III. Sin embargo, las violaciones procesales solo excepcionalmente pueden ser reclamadas mediante amparo indirecto. Esto se justifica, porque si todas las violaciones procesales o adjetivas dieran lugar al amparo indirecto, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas, y las resoluciones que ponen fin al juicio. Así, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior.
"IV. El grado predominante o superior de la afectación debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías.
"Respecto a lo anterior, se puede concluir, que el Pleno consideró que las cuestiones que resolvían la personalidad o la competencia del tribunal eran cuestiones que podían afectar en grado predominante o superior a los gobernados.
"Sin embargo, lo anterior no es aplicable al caso de la improcedencia de la vía, porque no se da una afectación de esas características cuando la misma (sic) se declara infundada, pues como ya se dijo, el único efecto que ello tendría, sería la continuación del juicio en la vía propuesta por el actor, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de los gobernados.
"En efecto, la procedencia de la vía es una cuestión netamente procesal y se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, mismos (sic) que se refieren a la procedencia del amparo directo, pues se trata de una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo."
La tesis que resultó de las consideraciones anteriores es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, octubre de 2005
"Tesis: 1a./J. 108/2005
"Página: 294
"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de ‘actos de imposible reparación’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo."
QUINTO. Razones en las que se basa la solicitud. El Magistrado solicitante expresa en el escrito de solicitud de modificación de jurisprudencia lo siguiente:
"La anterior jurisprudencia sostiene, que la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía no es combatible por medio del juicio de amparo indirecto, ya que no es un acto procesal de ejecución irreparable pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, y que no podría repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. Pues considera que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión de su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla vía amparo directo.
"Sobre el tema, de manera general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido las siguientes reglas para determinar si un acto procesal es susceptible de analizarse en el amparo indirecto en términos de la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo, estableciendo, como regla general, que:
"Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado de manera irreversible la violación de garantía individual; y,
"De manera excepcional, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual acontece, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80094-27857196/solicitud-de-modificacion-de-jurisprudencia-13-2011-magistrado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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