FALTA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. SU SOLA AFIRMACIÓN NO BASTA CUANDO AL RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO, LA AUTORIDAD NO COMPLEMENTA TALES ASPECTOS EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, PARA QUE INVARIABLEMENTE SE ACTUALICE UN VICIO DE FONDO Y SE CONCEDA EL AMPARO CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO IN FINE DEL ARTÍCULO 124 DE LA CITADA LEY.
AMPARO EN REVISIÓN 66/2014. 23 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: MARÍA ELENA GÓMEZ AGUIRRE.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El único agravio hecho valer debe desestimarse, por las razones que a continuación se expresan:
Este Tribunal Colegiado estima conveniente indicar que el presente asunto se rige por lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada el trece de diciembre de dos mil trece (foja 2), es decir, con posterioridad al día dos de abril de dicho año, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos de sus artículos primero y segundo transitorios, entró en vigor al día siguiente de dicha publicación, esto es, el tres de los mencionados mes y año.
Una vez hecha la anterior precisión, cabe destacar que, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclamó de las autoridades que señaló como responsables, los siguientes actos:
"IV. Acto reclamado. De la autoridad que señalo como ordenadora responsable, reclamo el acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, dictado en el expediente R.I. 23/2013, que niega al suscrito la suspensión para efecto de que no continúe con el procedimiento de clausura de la barda y cisterna que tengo construidas en el inmueble de mi propiedad, ubicado en Avenida **********, edificio **********, departamento **********, unidad habitacional **********, de la ciudad de Puebla; acuerdo que me fue notificado con fecha veintidós de noviembre de dos mil trece. De la autoridad que señalo como ejecutoras responsables reclamo el fiel cumplimiento que den al acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, dictado por la ordenadora responsable, en el expediente R.I. 23/2013." (foja 2).
En la sentencia el Juez de Distrito, por un lado, sobreseyó en el juicio de amparo por negativa de actos no desvirtuada (fojas 34 vuelta y 35 frente), determinación que quedó intocada como se precisó en el considerando que antecede y, por otro lado, concedió el amparo solicitado para que se deje sin efectos el acto reclamado en la parte de la negativa de suspensión del procedimiento de clausura de la barda y cisterna construidas en el domicilio propiedad del quejoso, y emita otro en el que purgue los vicios formales que destacó, relativos a la insuficiente fundamentación y motivación de dicha negativa de suspensión, y resuelva con plenitud de facultades lo que en derecho proceda (fojas 35 vuelta a 41 vuelta).
En principio, debe desestimarse lo aducido en el único agravio hecho valer (fojas 4 a 8), en cuanto a que el Juez Federal al dictar la sentencia violó los artículos 73, 74, 75 y 77 de la nueva Ley de Amparo, que se limita a transcribirlos, y después sólo vincula el numeral 73 con el 74, para concluir que es necesario que se "especifique cuál es el acto reclamado en el juicio de garantías respectivo"; ello porque de la sentencia recurrida se advierte que se hizo la precisión del acto reclamado en el considerando segundo, como en seguida se transcribe la parte conducente:
"... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías, que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro Máximo Tribunal de la República ... Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, de tal manera que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: El acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil trece, dictado en el expediente R.I. 23/2013, mediante el cual se negó al aquí quejoso la suspensión para que no se continuara con el procedimiento de clausura de la barda y cisterna que construyó en el inmueble de su propiedad, ubicado en avenida **********, número **********, edificio **********, departamento **********, unidad habitacional **********, de la ciudad de Puebla, y su ejecución ..." (fojas 33 vuelta a 34 vuelta).
De la transcripción que antecede se advierte que el Juez de Distrito cumplió con lo previsto en los numerales que se citan por la autoridad recurrente, al hacer la fijación clara y precisa del acto reclamado, deducido del análisis conjunto de la demanda de amparo, y sin que la ahora inconforme manifieste de qué forma tal precisión viola el principio de congruencia previsto en el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo y demás preceptos legales invocados.
En otro aspecto, resulta inoperante el diverso argumento de la autoridad recurrente, en la parte inicial del único agravio hecho valer (foja 4), relativo a que es incorrecto lo resuelto por el a quo respecto a la insuficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, pues a su parecer la resolución combatida dentro del recurso de inconformidad está debidamente fundada y motivada, ya que se refirió a todos y cada uno de los agravios hechos valer y se expresaron los motivos suficientes por los cuales se declararon infundados y se invocaron los preceptos legales aplicables al caso.
Lo anterior, porque con dichos argumentos la autoridad recurrente no controvierte en forma alguna las consideraciones torales por las que el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, consistentes en que la autoridad responsable omitió exponer, mediante razonamientos jurídicos, los motivos por los que considera que se ocasiona perjuicio al interés público, ya que si bien el artículo 262 de la Ley Orgánica Municipal establece la posibilidad de que no se otorgue la suspensión cuando se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento, dicha omisión incide en la violación a la garantía formal de la suficiente fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional (fojas 35 vuelta a 40 frente); por tanto, al no controvertirse dichas consideraciones, éstas deben seguir subsistiendo para regir el sentido de la sentencia recurrida, al no actualizarse ninguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, de las previstas en el artículo 79 de la nueva Ley de Amparo, por ser la recurrente una autoridad.
Es aplicable al caso, por igualdad de razón, de acuerdo con lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 36 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 23 y 24, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo contenido es el siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
Una vez desestimado el único agravio analizado, este Tribunal Colegiado estima necesario efectuar una precisión en cuanto a los efectos de la concesión del amparo decretada en el fallo que se revisa, pues resulta una incongruencia que el Juez Federal conceda el amparo para efectos de que la autoridad responsable purgue la insuficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, pues se está en el supuesto especial previsto en el último párrafo del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, como enseguida se verá.
En principio, cabe destacar que en la parte conducente del artículo 77 de la nueva Ley de Amparo, se dispone lo siguiente:
"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:
"...
"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho."
Del precepto legal transcrito, en lo conducente se desprende que, en las sentencias de amparo en que se otorgue la protección constitucional, el Juez Federal debe determinar con precisión los efectos de ésta, especificándose las medidas que, entre otros, las autoridades deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho violado.
Tiene aplicación al caso, en lo conducente y por igualdad de razón, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro V, Tomo 1, Febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto."
Ahora bien, los artículos 117, último párrafo y 124, último párrafo, ambos de la nueva Ley de Amparo, establecen lo siguiente:
"Artículo 117. ... Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."
"Artículo 124. ... En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."
Como se advierte del primero de los artículos anteriormente transcritos, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable, en su informe justificado, deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, en tal caso, el Juez de Distrito deberá correr traslado con el informe a la parte quejosa para que en el plazo de quince días amplíe la demanda, exclusivamente limitada a cuestiones derivadas de dicha complementación, si la hubo, con la que se dará vista a las responsables y al tercero interesado, y se diferirá la audiencia constitucional.
El segundo de los preceptos legales transcritos se relaciona estrechamente con el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, al establecer las siguientes reglas: la primera, que señala que en la sentencia se deberá analizar la fundamentación y motivación que para complementar el acto reclamado haya expresado la autoridad responsable al rendir el informe justificado y, la segunda, establece una consecuencia al señalar que ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se considerará que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.
En este punto es preciso destacar, que si bien el último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo alude a actos materialmente administrativos, en tanto que la diversa porción normativa relativa al artículo 124, refiere a los asuntos del orden administrativo, sobre el punto jurídico particular debe efectuarse una interpretación conforme, con la finalidad de establecer la mayor protección a las prerrogativas fundamentales de legalidad, acceso a la justicia, igualdad y seguridad jurídica del gobernado, y a partir de aquélla, debe concluirse que de la discrepancia terminológica en cita, no puede establecerse la existencia de una excepción para la ficción legal prevista en el párrafo final del precepto 124 -que ordena expresamente considerar como un vicio de fondo la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto-, y sustentar en tal aserto que la citada consecuencia normativa no debe aplicarse en actos que a la luz de la distinción doctrinal tradicionalmente aceptada, resulten formalmente administrativos -al provenir de una autoridad de esa esfera-, y materialmente jurisdiccionales -al recaer a un medio de defensa, aun cuando esté previsto en normas de aquella materia-.
Por el contrario, debe concluirse que la interpretación que permita arribar a la más amplia protección a las prerrogativas fundamentales de legalidad, acceso a la justicia, igualdad y seguridad jurídica del gobernado, es en el sentido de estimar que las reglas complementarias prevista en los respectivos párrafos finales de los artículos 117 y 124 de la nueva Ley de Amparo, deben entenderse referidas, en general, a los actos vinculados a la materia administrativa, pues sólo bajo esa concepción es que pueden aplicarse las consecuencias derivadas de la ficción legal inicialmente referida a todos los asuntos del orden administrativo, como expresamente prescribe la última de dichas porciones normativas.
Ahora bien, precisado lo anterior, debe decirse que de la interpretación sistemática y conforme de las normas jurídicas en comento, se advierte que tratándose de actos en materia administrativa, en los que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, pueden presentarse los siguientes supuestos:
1. Que la autoridad responsable se limite, al rendir su informe justificado, a exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, pero sin complementarlo en esos aspectos; es decir, que dicho informe se rinda en los términos generales que se prevén en los párrafos primero y cuarto del artículo 117 ya detallados.
Esto podría atender a diversas circunstancias, como el estar simplemente ante una omisión por parte de la autoridad responsable, o bien, que ésta considere que el acto que de ella se reclama resulta constitucional y no precisa ser complementado en cuanto a su fundamentación y motivación, y estime que al momento de efectuarse el análisis de tales aspectos en la sentencia respectiva, se concluirá que es ajustado a derecho.
2. Que la autoridad responsable complemente el acto reclamado en cuanto a su fundamentación y motivación.
En este último caso, se actualizan las siguientes obligaciones derivadas del texto legal:
a) Debe correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que en el plazo legalmente previsto realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. En caso de ampliarse la demanda, se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; y
b) En la sentencia deberá analizarse el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación del acto reclamado, considerando no sólo el contenido de éste, sino también la complementación sobre tales aspectos contenida en el informe justificado y, en su caso, los planteamientos hechos valer en la ampliación de demanda.
En este punto es importante precisar que del propio análisis de las normas legales en cuestión, no se sigue que, en el supuesto de que la autoridad responsable no complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado en la hipótesis del último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, invariablemente deba concluirse que se está en presencia de un vicio de fondo y que deba concederse el amparo en los términos que prevé el último párrafo del diverso 124, pues expresamente esta última norma ordena efectuar en la sentencia el análisis de dichos requisitos constitucionales, y prevé que al efecto se considere, en su caso, la complementación efectuada en esos aspectos en el informe, pero no condiciona el sentido del fallo a la conducta que despliegue la autoridad responsable.
Sostener lo contrario implicaría que la concesión de la protección federal quedara al arbitrio de las partes y no derivara del análisis que el juzgador de amparo efectúe respecto de la constitucionalidad del acto de autoridad.
Asimismo, el alcance de la consecuencia normativa derivada de estimar que el acto acusa falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, consistente en que la autoridad está impedida para su reiteración, debe entenderse en el sentido de que, con motivo de la concesión de la protección constitucional, la responsable no está en aptitud jurídica de emitir un acto en que, nuevamente, vulnere tales prerrogativas fundamentales, pues expresamente está aparejada a la ficción legal de mérito, una proscripción en ese sentido.
Ahora bien, dado que esta prohibición de reiterar la vulneración de derechos en perjuicio del particular quejoso, debe armonizarse con el respeto a la prerrogativa específica de seguridad jurídica, debe tenerse presente la hipótesis consistente en que el acto reclamado haya sido emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso; pues en ese supuesto, la autoridad, a fin de no dejar de resolver dichas peticiones, instancias o recursos debe dictar un nuevo acto, pero ciñéndose a la restricción legal de referencia, únicamente a fin de no conculcar dicho principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es aplicable al respecto, en lo conducente y por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.-Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otro lado, cabe precisar que no basta con que la parte quejosa afirme la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto materialmente administrativo, para que si la autoridad responsable no complementa ésta al rendir su informe justificado, se actualice sin más la consecuencia prevista en la parte final del último párrafo del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito, en primer lugar, debe analizar el o los conceptos de violación formulados al respecto y determinar si es fundado o infundado el planteamiento de falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, puesto que si concluye que éste sí satisface dichos requisitos, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser constitucional el acto administrativo reclamado, y así lo confirma el Tribunal Colegiado en el recurso de revisión correspondiente, no trasciende para efectos de lo dispuesto en la parte final del último párrafo del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, el que la autoridad responsable no hubiera complementado aquéllas en su informe justificado; por el contrario, si el Juez Federal determina que, tal como lo planteó la parte quejosa, el acto reclamado sí adolece de falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, y así es confirmado por el Tribunal Colegiado, entonces sí trasciende al resultado del fallo la omisión en que incurra la autoridad responsable de no complementar aquéllas al rendir su informe justificado, lo que actualiza el supuesto previsto en el último párrafo in fine del artículo 124 de la ley en cita.
Precisado lo anterior, en el caso concreto, el quejoso arguyó en los dos conceptos de violación de su demanda de amparo (fojas 3 a 6), la insuficiente fundamentación y motivación del acto administrativo reclamado.
Al rendir su informe justificado, el Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, autoridad señalada como responsable ordenadora, hoy recurrente, manifestó lo siguiente:
"... Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, vengo a rendir el informe justificado en los siguientes términos.-Le informó que en los archivos de la dependencia a mi cargo no existe algún juicio de amparo anterior al expediente en que se actúa, promovido por el quejoso por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional y por tratarse de actos derivados del propio procedimiento.-Es cierto el acto reclamado pero no inconstitucional.-En efecto, según el contenido de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa reclama: ‘... el acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mi trece, dictado en el expediente R.I. 23/2013, que niega al suscrito la suspensión para efecto de que no continúe con el procedimiento de clausura de la barda y cisterna que tengo construidas, en el inmueble de mi propiedad ubicado en avenida **********, número **********, edificio **********, departamento **********, unidad habitacional **********, de la ciudad de Puebla ...’.-A lo que debe decirse que no obstante que es cierto dicho acto, el mismo no resulta inconstitucional y, por ende, no le causa perjuicio alguno a la parte quejosa en sus garantías individuales o derechos, por lo que es procedente negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita o en su defecto decretar el sobreseimiento de la presente causa constitucional.-A fin de demostrar lo anterior, se acompaña al presente informe con efecto devolutivo, el expediente relativo al recurso de inconformidad 23/2013 constante en 82 fojas debidamente rubricado y entresellado.-Por lo que el acto de impugnado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, por estar adecuado constitucional y legalmente.-Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito: Primero. Tener a esta autoridad municipal rindiendo en tiempo su informe justificado.-Segundo. Negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos en el presente juicio de garantías, o en su oportunidad decretar el sobreseimiento respectivo." (fojas 22 y 23).
De lo antes transcrito se desprende que la autoridad responsable, hoy recurrente, al rendir su informe justificado se limitó a admitir la certeza del acto reclamado y a señalar que no es inconstitucional, pero sin expresar nada para complementar los aspectos de la insuficiente fundamentación y motivación que planteó el quejoso en su demanda de amparo, tal como se establece en la primera parte del último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo.
De modo tal que si el Juez de Distrito al analizar el planteamiento contenido en la demanda de amparo, sobre la insuficiencia de la fundamentación y motivación del acto administrativo reclamado, concluyó que es fundado lo así planteado, y el agravio expresado en su contra por la autoridad recurrente fue desestimado por este Tribunal Colegiado, es inconcuso que en el presente caso se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo in fine del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, por lo que debe concluirse que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad responsable su reiteración.
De acuerdo con lo anterior, ante la insuficiencia advertida, el Juez Federal debió conceder el amparo en términos de lo previsto en el último párrafo in fine del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo.
Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado que el acto reclamado se trata de un acuerdo en el que se negó al quejoso la suspensión solicitada de la clausura de una barda y cisterna construidas en el inmueble de su propiedad, sin que pueda dejar de resolverse, pero no en el mismo sentido, por tratarse de una violación de fondo por disposición legal.
En las relatadas consideraciones, al haberse desestimado el único agravio hecho valer, lo procedente es, en la materia del recurso, confirmar la sentencia recurrida, con la corrección oficiosa destacada en cuanto a los efectos del amparo, y conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal solicitada, en virtud de la cual la autoridad responsable deberá dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil trece, dictado en el recurso de inconformidad 23/2013, únicamente en la parte en que negó al quejoso la suspensión del procedimiento de clausura de la barda y cisterna construidas en el inmueble de su propiedad, y proceder en los siguientes términos:
a) Ante el vicio de fondo consistente en la insuficiente fundamentación y motivación, no podrá reiterar su actuación en ese sentido; es decir, la autoridad no está en aptitud de emitir un acto en que se vulnere el derecho fundamental de legalidad hallado en el acto reclamado.
b) Dictará un nuevo acuerdo, a fin de resolver la solicitud del quejoso de suspensión d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25154-bf658f20/falta-o-insuficiente-fundamentacion-y-motivacion-del-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y (AMPARO EN REVISIÓN)
- ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE INCONFORMIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENT (AMPARO EN REVISIÓN)
- ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS A (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DE (VI.1o.A. J/3 A (11a.))
- ORDEN DE EMBARGO DECRETADA CONTRA UN AYUNTAMIENTO SOBRE SUS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERIVADA DE UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ESTIMA INFUNDADO EL INCIDE (VII.2o.(IV Región) 3 L (10a.))
- INCIDENTE DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO EL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACI (XVIII.3o.1 L (9a.))
- AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. (IV.1o.5 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis