RECURSO DE INCONFORMIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENTIDAD PARA LA NOTIFICACIÓN DE SU RESOLUCIÓN. RECURSO DE INCONFORMIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. SI SU RESOLUCIÓN NO SE EMITE Y NOTIFICA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 271, PÁRRAFO SEGUNDO, DE DICHO ORDENAMIENTO, SE ENTENDERÁ REVOCADO EL ACTO CONTROVERTIDO.
AMPARO EN REVISIÓN 352/2012. SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 24 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. PONENTE: MANUEL ROJAS FONSECA. SECRETARIO: RAÚL ANDRADE OSORIO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En primer lugar, se estudiará la parte final del tercer agravio en el que se alega que el Juez de Distrito no estudió una causa de improcedencia.
Lo anterior, porque de ser fundado obligaría a este Tribunal Colegiado de Circuito a asumir jurisdicción primaria para ponderar la causa de inejercitabilidad.
En el agravio tercero, la inconforme aduce que el Juez de Distrito no abordó la causa de improcedencia que se le hizo valer al rendirse el informe justificado.
Lo anterior es infundado.
El oficio a través del cual el síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla rindió su informe justificado, dice:
"... Juicio de amparo: **********
"Quejoso: **********
"Asunto: Informe justificado
"Oficio: **********
"Juez ********** de Distrito en el Estado de Puebla.
"**********, señalado con el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de garantías al rubro indicado, con lo establecido en el artículo 100, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica Municipal, en términos del artículo 19, párrafo primero de la Ley de Amparo, designado a los abogados ********** indistintamente como delegados, ante Usted respetuosamente expongo:
"Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vengo a rendir informe justificado en los siguientes términos:
"Primero, le informo que en los archivos de la dependencia a mi cargo no existe antecedente de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable, y concerniente al mismo recurso de inconformidad R.I. **********.
"De conformidad con lo establecido en el artículo 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remito a usted original del recurso de inconformidad R.I. **********, expediente generador del acto reclamado, promovido por **********.
"Es cierto el acto reclamado, pero no es inconstitucional.
"El quejoso argumenta, como acto reclamado:
"‘... la ilegal resolución de fecha **********, misma que se contiene en el oficio número **********, en virtud de la cual se declara improcedente el recurso de inconformidad promovido por la hoy quejosa con fecha **********, y confirma el acto reclamado, consistente en la orden de acta y visita de fecha **********, signada por el director de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil ...’
"Habiéndose dictado acuerdo de **********, dentro del expediente del recurso de inconformidad **********, promovido por **********, en los siguientes términos:
"Único. Se confirma el acto reclamado el cual se hizo consistir en la orden de acta y visita de fecha treinta de marzo del presente año, signada por el director de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil.
"Por lo que los puntos considerativos de la resolución del recurso de inconformidad **********, promovido por **********, los cuales se tienen aquí por reproducidos para los efectos legales correspondientes, cumplen con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento a que hace referencia el artículo 14, párrafo segundo, que dice:
"‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...’
"Además de estar debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe:
"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...’
"Por lo que el acto de autoridad impugnado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, por estar adecuado constitucional y legalmente.
"En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, atentamente solicito:
"Primero. Tener a esta autoridad municipal rindiendo en tiempo, su informe justificado.
"Segundo. Sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace a esta autoridad municipal.
"Atentamente
"Sufragio efectivo, no reelección
"Heroica Puebla de Zaragoza, **********
"(Rúbrica)
"**********
"********** ..." (fojas 49 a 51 de los autos de origen).
De lo anterior se desprende que no es verdad que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, hubiese hecho valer alguna causa de improcedencia, pues lo que sostuvo en el oficio es la certeza del acto reclamado y en el entendido de que confirmó la orden de visita y el acta de treinta de marzo de dos mil doce, y que para ello se apegó a lo ordenado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, es verdad que en la comunicación oficial precisó: "... por lo que el acto de autoridad impugnado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, por estar adecuado constitucional y legalmente ...", pero lo cierto es que tal aseveración no significa que se esté haciendo valer una causa de improcedencia, dado que la inconforme no expresó las razones por las cuales a su juicio se surtía en la especie la causa de inejercitabilidad por falta de interés jurídico.
El contenido del oficio evidencia que la intención de la autoridad responsable es sostener la constitucionalidad del acto, cuestión que es diversa a la procedencia del ejercicio de la acción de garantías, y si bien es verdad que en el segundo punto petitorio solicitó al Juez de Distrito que sobreseyera en el juicio, lo cierto es que dicha petición no está sustentada en algún razonamiento que amerite un estudio por parte del juzgador.
Entonces, contrario a lo que hace valer la autoridad inconforme, el Juez de Distrito no violó en su perjuicio el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no pronunciarse sobre una causa de improcedencia, puesto que ha quedado evidenciado que no es verdad que se haya sometido a su consideración tal causa de inejercitabilidad.
Por lo demás, este tribunal considera que si a través de la resolución de ********** (acto reclamado), pronunciada en el recurso de inconformidad **********, el cual fue interpuesto por la quejosa, la autoridad responsable confirmó la legalidad de la orden y el acta de visita de **********, entonces es evidente que la peticionaria sí tiene interés jurídico para combatir mediante el juicio de garantías, aquella determinación que dejó firmes lo actos que combatió por el medio de defensa en sede administrativa, puesto que ésta afecta su esfera normativa al no haber obtenido su pretensión de que se declarara la invalidez de los actos administrativos que controvirtió ante la autoridad responsable.
Así, se reitera que le asiste interés jurídico a la quejosa para promover el juicio de amparo indirecto de que se trata, contra la resolución que confirmó la legalidad de la orden y el acta de visita de **********; dado que al dejarse firmes dichos actos administrativos, es claro que no se satisfizo su intención de que éstos se invalidaran a través del recurso de inconformidad que se interpuso en su contra, por lo que en ese sentido, la determinación que reclama de la autoridad responsable le causa un perjuicio a la impetrante al no obtener una determinación favorable en el recurso de inconformidad que hizo valer.
En la otra parte del tercer agravio, la recurrente aduce que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, así como el principio de congruencia, porque no especificó el acto reclamado en el juicio de garantías, cuestión que redunda en que no se pronunciara sobre la cuestión efectivamente planteada.
Lo anterior es infundado.
Los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
"Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare."
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
"Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
"En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."
De lo anterior se desprende que, conforme al primer precepto, las sentencias en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
Además, el diverso 77 de la ley de la materia ordena que en la sentencia de amparo debe fijarse de manera clara el acto reclamado y apreciarse las pruebas conducentes para tenerlos por acreditados, así como los fundamentos legales en que se apoyen, y los puntos resolutivos, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.
Por su parte, el precepto 78 establece que en las sentencias de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, aunado a la obligación del juzgador de recabar oficiosamente medios de convicción que se hubiesen tenido a la vista cuando se emitió el acto, pero que no obren en el sumario.
Finalmente, el numeral 80 regula los requisitos de las sentencias en las que se concede el amparo, en el entendido de que éstas deben tener por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.
Además, el Más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que para fijar el acto reclamado debe acudirse a un criterio interpretativo de liberalidad con la teleología de determinar con exactitud la intención del quejoso de manera armónica con los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.
Se apoya lo anterior con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Registro IUS: 192097
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, abril de 2000
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 40/2000
"Página: 32
"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
"Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez.
"Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil."
En el caso, el juzgador federal sí cumplió con los anteriores preceptos.
El inconforme, al referirse al acto reclamado, manifestó lo siguiente:
"1) La orden de visita de primera inspección, la cual va dirigida a una persona diversa a la hoy quejosa y, por ende, no existe identidad entre las partes a las que van dirigidos los actos de molestia de la autoridad responsable.
"2) La orden de segunda visita de inspección, la cual no cuenta con fecha de suscripción de la misma.
"3) La falta de designación de dos testigos en las actas de inspección de fechas **********, como en la del día ********** del año en curso.
"De las autoridades señaladas en los incisos b) y c), reclamo como acto el siguiente:
"Reclamo la ilegal resolución de fecha **********, misma que se contiene en el oficio número: **********; **********, en virtud de la cual se declara improcedente el recurso de inconformidad promovido por la hoy quejosa con fecha ********** del año en curso, y confirma el acto reclamado, consistente en la orden de acta de visita de fecha ********** del presente año, signada por el director de la unidad operativa municipal de protección civil ..." (fojas 2 y 3 de los autos de origen).
Por su parte, el Juez de Distrito en el resultando segundo de la sentencia recurrida, se pronunció de la siguiente manera:
"... Segundo. Por auto de veinte de junio de dos mil doce, este Juzgado Federal registró la demanda de garantías en el libro de gobierno con el número ********** y desechó la demanda de garantías respecto de los actos reclamados al director de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil señalados por la quejosa bajo los números 1, 2 y 3 del capítulo correspondiente del escrito de demanda. Asimismo, admitió la demanda de garantías únicamente por el acto reclamado al ********** -consistente en la resolución del recurso de inconformidad que promovió- ..." (foja 203 vuelta de los autos de origen).
Como se ve, el a quo sí realizó una fijación del acto reclamado al precisar que en el auto admisorio desechó la demanda respecto de algunos actos y sostener que el motivo de queja de la impetrante que subsiste era la resolución del recurso de inconformidad que promovió, dictado por el síndico y el director general jurídico y de lo contencioso, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
En lo atinente a la certeza de la existencia de dicho acto, el Juez de Distrito consideró que la certidumbre del acto reclamado estaba demostrada con la afirmación que emitieron las autoridades responsables, adminiculada con el original del recurso de inconformidad que se adjuntó al informe.
Lo anterior se evidencia con el contenido del segundo considerando de la sentencia recurrida, que dice:
"... Segundo. Es cierto el acto reclamado al **********, por así aceptarlo al rendir su respectivo informe justificado.
"Lo anterior se corrobora con el original del recurso de inconformidad ********** de su índice, que remitió el síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla en apoyo a su informe justificado, documental pública que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., por tratarse de actuaciones practicadas por dicha responsable ..." (foja 204 ídem).
Para sobreseer en el juicio, respecto de la autoridad responsable, director general jurídico y de lo contencioso del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, el Juez de Distrito, en el Tercer considerando, sostuvo lo siguiente:
"... Tercero. El suscrito advierte que respecto al director general jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla se actualiza una causal de improcedencia del juicio de garantías, cuyo estudio es de orden preferente conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"En efecto, con relación a dicho funcionario se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 73, fracción XVIII y 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si bien el quejoso le reclamó la resolución emitida en el recurso de inconformidad ********** del índice de la sindicatura municipal referida; sin embargo, carece de la calidad que se le atribuye, por no ser la autoridad a la que corresponde dictar dicha resolución.
"Cabe ponderar que conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, de lo cual se sigue que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio y con capacidad decisoria y de ejecución de la ley o el acto reclamado.
"Al respecto, es necesario transcribir el artículo 253 de la Ley Orgánica Municipal, que prevé:
"‘Artículo 253. Del recurso de inconformidad conocerá el síndico, quien lo resolverá de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.’
"De lo transcrito se desprende que a la autoridad a la que corresponde conocer y resolver el recurso referido es al síndico -del Municipio-.
"Es decir, de acuerdo a la ley que rige la emisión del acto reclamado, no es facultad del director general jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla emitir esa clase de resoluciones, sino de una autoridad diversa; por ende, no le asiste el carácter de autoridad responsable.
"No pasa desapercibido para el suscrito que de la resolución reclamada se advierte que el citado director la signó al calce; empero, no se advierte que hubiera sido quien resolvió dicho medio de impugnación, pues en la parte final de dicha determinación se asentó:
"‘Así lo resolvió el síndico municipal **********.’
"Lo transcrito permite concluir que la autoridad que realmente emitió dicho acto fue el citado síndico, pues fue quien, conforme a sus atribuciones legales, resolvió el recurso de inconformidad sometido a su consideración, y si bien se asentó en la parte relativa la participación del director señalado como responsable, ello no conduce a concluir que fue quien dictó dicha resolución, pues únicamente asistió a quien efectivamente lo hizo, como se desprende de la literalidad del texto transcrito.
"En esa tesitura, debe concluirse que al director mencionado no puede considerársele autoridad responsable en este juicio, tomando en consideración que, en todo caso, su actividad únicamente se limitó a asistir al síndico responsable, actividad ésta de la cual no le resulta la calidad con que se le señaló en la demanda de amparo, pues tal carácter, se insiste, lo tiene únicamente la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar una ley o acto, aspectos en los que en forma alguna intervino dicho director en el caso particular; y la simple circunstancia de que hubiera asistido a quien emitió dicho acto, no le confiere tal carácter, pues éste deriva necesariamente de lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que, al no encontrarse en alguna de las hipótesis que confieren la calidad de autoridad, no puede atribuírsele dicho carácter por su sola designación como tal por parte de la quejosa.
"En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del funcionario denominado director general jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 73, fracción XVIII y 11, ambos de la Ley de Amparo, por carecer del carácter de autoridad responsable ..."
Como se ve, para determinar el sobreseimiento en el juicio, el Juez de Distrito tomó en consideración las pruebas que obran en el sumario, en este caso, la resolución reclamada, y precisó la autoridad por la cual se sobreseyó en el juicio, así como el acto a ella atribuido, cuestión que trasladó al resolutivo primero, de la siguiente manera:
"... Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto del acto reclamado al director general jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, consistente en la resolución emitida en el recurso de inconformidad **********, promovido por la ahora quejosa, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de este fallo ..." (foja 217 vuelta ídem).
En lo atinente a la concesión del amparo, en la parte final de la sentencia controvertida, el juzgador precisó los efectos como a continuación se evidencia:
"... En consecuencia, al advertirse en forma clara y patente que la autoridad responsable incurrió en una violación manifiesta de la ley que rige la emisión del acto reclamado, pues no se ciñó al término legal que para su dictado establece en forma expresa y taxativa el párrafo primero del artículo 271 de la Ley Orgánica Municipal, procede conceder el amparo al agraviado para el efecto de que la autoridad responsable emita otro en el que deje insubsistente el acto reclamado y, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, revoque las resoluciones impugnadas en el recurso de inconformidad número **********, con las consecuencias inherentes a tal determinación ..." (foja 217 vuelta ídem).
Igualmente, la concesión del amparo se reflejó en el segundo punto resolutivo, el cual quedó redactado así:
"... Segundo. Para el efecto precisado en la parte final del último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto del acto reclamado al síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, consistente en la resolución emitida en el recurso de inconformidad **********, promovido por la ahora quejosa ..." (foja 218 ídem).
De lo anterior se desprende que, contrario a lo que alega el recurrente, el Juez de Distrito sí acató lo ordenado en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, en atención a que realizó una interpretación de lo manifestado por la quejosa en la demanda y fijó el acto reclamado por la peticionaria de garantías, aunado a que tuvo por probada su existencia y sobreseyó en el juicio con los elementos de convicción que son conducentes para ello, en el entendido de que existe congruencia entre la parte considerativa y los puntos resolutivos, aunado a que la protección constitucional se concedió únicamente a la impetrante con el objeto de que se le restituya en la garantía violada al constreñir a la responsable a cumplir lo establecido en la ley que conculcó, sin que se evidencie que haya incurrido en alguna incongruencia que amerite corrección por este Tribunal Colegiado.
Por otra parte, en los agravios primero y segundo, esencialmente la inconforme aduce que el Juez de Distrito actuó contra derecho, en la sentencia recurrida, porque no tomó en consideración que el artículo 252, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, dispone que se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual en su precepto 80 estatuye que cuando la ley no establece el término para un determinado acto o para el ejercicio de un derecho, se tendrán por señalados tres días.
Alega que no es verdad que se haya vulnerado en perjuicio de la quejosa la garantía de administración de justicia dentro de los plazos que establece la ley, en este caso, el artículo 271 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, porque la autoridad, al emitir la resolución el **********, cumplió dentro del lapso ahí estipulado.
Asevera que la interpretación del a quo, en el sentido de que la determinación debe pronunciarse y notificarse dentro de los quince días es ilegal, pues de ser así se le resta tiempo a la resolutoria para tomar su decisión; de ahí que lo correcto es excluir la práctica de la notificación del lapso de quince días, pues para ese supuesto es aplicable supletoriamente el término de tres días prescrito en el artículo 80 el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Lo anterior es infundado.
Antes de contestar los agravios, es necesario puntualizar que no es materia de discusión, por parte de la recurrente, que el acto reclamado fue notificado el **********, esto es, cuatro días después de que fue emitido.
El punto jurídico esencial a dilucidarse es si el Juez Federal actuó conforme a derecho al incluir dentro del plazo de quince días estipulado en el artículo 271 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, la práctica de la notificación a la interesada de la resolución del recurso.
El Juez de Distrito en el quinto considerando del fallo controvertido para justificar la violación a la garantía de administración de justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"... Precisado lo anterior, el suscrito considera que la actuación del síndico responsable contravino el principio de justicia pronta antes abordado, en la medida en que no emitió la determinación con que concluyó el recurso de inconformidad interpuesto por el ahora quejoso dentro del término previsto en la Ley Orgánica Municipal, por lo que debe operar, en el caso, ante su inactividad, la sanción prevista en la ley que rige el acto reclamado.
"En efecto, el artículo 271 de la legislación invocada dispone:
"‘Artículo 271. El síndico deberá emitir resolución definitiva, dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia.
"‘Transcurrido dicho término, sin que se dicte resolución expresa al recurso, se entenderá revocado el acto impugnado.’
"El precepto transcrito establece el término en el que debe resolverse el recurso de inconformidad, siendo el de quince días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia.
"Al respecto, el suscrito considera que, en el caso concreto, el síndico no resolvió el recurso de inconformidad dentro de dicho término, aspecto que de suyo constituye una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso, pues conforme se ha expuesto, los gobernados tienen el derecho fundamental de que las autoridades resuelvan los conflictos, en el caso, un medio de defensa, sometido a su consideración, dentro de los términos establecidos en la ley que rige su actuación; máxime que, en el caso, la ley prevé una sanción ante tal omisión, de donde resulta la trascendencia de dicha inactividad.
"Esto, porque en la especie la audiencia a que se refiere el precepto en cuestión se celebró el **********; por ende, el término de quince días hábiles con que contaba el síndico municipal para resolver dicho medio de impugnación transcurrió del ********** del propio año, descontando del cómputo de dicho término los días inhábiles, es decir, el martes uno de mayo, así como los sábados y domingos dentro del citado periodo, que correspondieron a los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte del propio mes y año.
"Basándose en lo anterior, parecería que dicho recurso se resolvió dentro del término previsto en la ley, pues la resolución reclamada se emitió el ********** de este año.
"Sin embargo, el suscrito estima que las constancias remitidas por la autoridad responsable no con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24417-30f9eb68/recurso-de-inconformidad-establecido-en-la-ley-organica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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