RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN VIGOR A PARTIR DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL SEÑALAR DICHO ORDENAMIENTO LEGAL UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 318/2012. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIA: ANGÉLICA TORRES FUENTES.
QUINTO.—Por un lado, son infundados los dos agravios hechos valer por la parte recurrente pero, por otro, este órgano colegiado advierte que en el caso el Juez de Distrito auxiliar al dictar la sentencia incurrió en una omisión que dejó sin defensa a los quejosos ahora inconformes, dado que soslayó la aplicación del artículo 107, fracción IV, constitucional en beneficio de tales quejosos, en términos del artículo 1o. de la Carta Magna; consecuentemente, esa omisión trascendió al resultado del fallo, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo se procederá a revocar la sentencia y a analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda, por las razones que enseguida se expondrán.
Dicha porción normativa dispone lo siguiente:
"Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo."
Primeramente, se procederá a realizar el examen de los conceptos de agravio.
Se hace hincapié en que éstos serán examinados conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, debido a la vinculación existente entre ellos.
En el primero se aduce que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho al decretar el sobreseimiento en el juicio por considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo pero, a decir de la parte recurrente, esta causa de improcedencia no se surte en el caso, debido a que el Juez Federal inadvirtió que el acta reclamada carece de fundamentación, pues no se señalaron los preceptos legales aplicables en que se sustentara la determinación para cambiar la ruta que originalmente les había concedido la autoridad competente para ello. Circunstancia que, a decir de los inconformes, constituye una excepción al principio de definitividad.
Los recurrentes agregan que es inexacto que los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de la Junta Auxiliar de ********** y su presidente se encuentren fundamentados, ya que en ningún momento expresan las disposiciones legales aplicables por las cuales consideran que es procedente desviar a los recurrentes de la ruta previamente asignada por las autoridades de transporte del gobierno del Estado de Puebla e impedirles el paso por la población mencionada.
También aducen que si bien el Juez Federal expuso que el recurso procedente es el de inconformidad, previsto en el artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, lo cierto es que no precisó de qué entidad federativa, lo que provoca incertidumbre, por desconocerse cuál es la ley aplicable.
En el segundo concepto de agravio se argumenta que los actos reclamados no son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de inconformidad a que alude el Juez de Distrito, al actualizarse el caso de excepción contenido en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por carecer el acta reclamada de fundamentación; en consecuencia, el a quo debió entrar al estudio del fondo del asunto y no sobreseer en el juicio.
Por una parte, no asiste razón a los inconformes en cuanto aducen que la sentencia es ilegal, porque el Juez de Distrito inadvirtió que el acto reclamado carece de fundamentación.
Como cuestión previa, este Tribunal Colegiado estima importante precisar, en relación con el principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y con las hipótesis de excepción que respecto de aquél ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo siguiente:
Dicho precepto en su respectiva fracción señala lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.—No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
En relación con dicho motivo de improcedencia, debe señalarse que de la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales que rigen al principio de definitividad en el amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado los lineamientos para determinar los casos en que, a manera de excepción, no existe obligación de agotarlo previamente a acudir al juicio de garantías.
Dicho criterio, identificado con el número de tesis 2a. LVI/2000, de la citada Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 191539, es de rubro y texto siguientes:
"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."
En relación con el supuesto de excepción de mérito, contenido en el punto VIII (los que carezcan de fundamentación) de la tesis de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." transcrita con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 371, publicada en la página 317 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro digital: 917905, destacó inicialmente que la propia Sala del Más Alto Tribunal de la Nación ha determinado jurisprudencialmente (en el criterio de mérito) que no es necesario agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carece en absoluto de fundamentación, pues precisamente ante la total omisión de citar los preceptos que dan origen a dicho acto, el particular está impedido para hacer valer el recurso idóneo para atacarlo mediante un recurso ordinario. También se destacó que la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no es suficiente para relevar al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario se dejaría al arbitrio del quejoso la procedencia del juicio de amparo, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna podría optar entre acudir directamente al juicio de garantías o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.
El citado criterio es del siguiente tenor:
"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca."
De lo anterior se concluye que en forma contraria a lo pretendido por los recurrentes, en el aspecto relativo a que se surte la excepción al principio de definitividad, porque el acto reclamado carece de fundamentación, el argumento es infundado.
En efecto, es inexacto que la sola aseveración de los quejosos recurrentes en la demanda de garantías en el sentido de que se ha cometido en su perjuicio una violación directa a la Constitución, al carecer de fundamentación el acta reclamada, sea suficiente para tener por actualizada la correspondiente hipótesis de excepción pues, de aceptarse lo anterior, quedaría materialmente a decisión de los impetrantes la procedencia del juicio de amparo, pues les bastaría en cada caso señalar que se ha cometido aquélla y así acudir directamente al juicio de garantías, o bien, optar por agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.
Ahora bien, este órgano colegiado estima que tal como lo percibió el Juez Federal auxiliar, el acta en la que se contienen los actos reclamados no carece de fundamentación, pues se citaron los artículos 70, 73 y 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla como apoyo para decretar el cambio de ruta que originalmente tenían asignada, lo que implica que contra lo afirmado por los ahora recurrentes, el acto reclamado no carece de fundamentación, es decir, no se surte la ausencia total de tal requisito formal.
Así se advierte del acta reclamada, cuya parte conducente es del siguiente tenor:
"En sesión de Cabildo extraordinario que se celebra con fundamento en los artículos 70 y 73 de la Ley Orgánica Municipal, en la Presidencia Auxiliar Municipal de **********, siendo las 20:00 horas del día ocho de noviembre del año dos mil once, previa convocatoria a los miembros del H. Cabildo, así como autoridades locales con el siguiente orden del día: Orden del día 1. Pase de lista.—2. Determinación del quórum legal.—3. Determinar la solución a la problemática del transporte público de la comunidad.—4. Asuntos generales.—I. Pase de lista, habiéndose pasado lista de asistencia se hace constar la presencia de los convocados. ... II. Determinación del quórum legal. En conformidad al artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal se determina quórum legal para tratar los puntos del orden del día para lo cual fue convocado, reuniendo las formalidades de ley para celebrar el presente Cabildo extraordinario.—III. Determinar la solución a la problemática del transporte público de la comunidad. En este punto toma la palabra el C. José Santiago Benítez Brindiz, presidente auxiliar municipal, para manifestar que en la comunidad han surgido inconformidades referente al transporte público, aun después de haberse levantado un convenio de fecha 26 de octubre del presente, donde se tuvo la presencia del delegado de la SCT, de Sedesol y del gobierno estatal, además de los permisionarios de la ruta 19, como se estableció en la minuta correspondiente de acuerdos, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometía a dar seguimiento a un programa piloto que sería de 15 días a lo cual no ha dado cumplimiento. También lo referente a que habría la expedición de permisos por parte de la SCT a los permisionarios de la comunidad para ampliar su parque vehicular donde se ha tenido una respuesta negativa, pues los permisionarios que su base es en la comunidad de ********** no han firmado el acuerdo de que se les extiendan los permisos; por ello, como representantes de la comunidad que somos debemos pensar en una solución que favorezca a nuestra comunidad y evitar algún enfrentamiento innecesario de nuestros vecinos, por esta razón, pido a los presentes pensemos en una solución.—Acto seguido, los presentes al Cabildo debaten sobre la solución más adecuada para este asunto que apremia en la comunidad, sin mirar por la conveniencia particular o de ventaja o desventaja de ninguno de los permisionarios de la ruta 19 y velando por el buen servicio a los usuarios de nuestra comunidad, una vez debatido sobre el tema y sometido a votación teniéndose la mayoría de votos como lo menciona el artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal, se determinó lo siguiente: • Los permisionarios que su base es en la colonia del ********** será: su base en la colonia ********** seguir el camino hacia la calle ********** bajar en la calle ********** seguir a la ********** avenida ********** llegar así a la ********** y así hasta **********, todos los días. • Los permisionarios que su base es en San ********** su trazo de ruta a seguir será: su base en San ********** seguir por el camino ********** llegar así a la carretera y así a la ********** todos los días, una vez que se aperture la prolongación de la calle ********** su recorrido será: su base en San ********** seguir por el camino ********** llegar a la ********** y así todos los días a la **********. • Lo anterior será con la condición de que los permisionarios que su base es en ********** firmen para autorizar la ampliación del parque vehicular a los permisionarios que su base es en la colonia **********; así, de esta manera los permisionarios tendrán que ganar la confianza de los usuarios y así se evitará el desacuerdo por el desajuste de los horarios entre unos y otros; y como ya se mencionó de no firmar los permisionarios para la autorización de ampliación de parque vehicular, se les negará el paso por la comunidad como anteriormente el mismo pueblo lo pidió.—IV. Asuntos generales. No hubo puntos a tratar.—Por lo anterior, se levanta la presente acta para hacer constar los acuerdos que se tomaron, firmando los que en ésta intervinieron; siendo las 22:00 horas del día de su inicio.—H. Miembros del Cabildo, firma ilegible C. José Santiago Benítez Brindiz, presidente auxiliar municipal; firma ilegible C. José Inocencio Brindiz Sánchez, regidor auxiliar de Gobernación; firma ilegible C. Margarito Moreno Pérez, regidor auxiliar de Hacienda; firma ilegible C. Ángel Pérez Martínez Regidor, auxiliar de obras públicas; firma ilegible C. Antonio Hernández Moreno, regidor auxiliar de salud; firma ilegible C. Isaías Pérez Jiménez Regidor, aux. supl. de Gobernación; firma ilegible C. Guadalupe Sánchez Coraza, regidor aux. supl. de Hacienda; firma ilegible C. Clemente Martínez Moreno, regidor auxiliar suplente de Obras; firma ilegible C. Fermín Martínez Juárez, regidor aux. supl. de Salud; firma ilegible C. José Ramiro Orlando Fernández Ramírez, regidor auxiliar supl. de Educación; firma ilegible C. Aarón Esteban González Morales, comisariado ejidal; firma ilegible C. Abraham Hernández Rodríguez, gestor comunitario." (fojas 50 a 52)
De la transcripción que antecede se desprende que dentro del acta reclamada se citaron los artículos 70, 73, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal en cita, de lo que se sigue que el acto no carece de fundamentación como inexactamente lo aduce la parte quejosa recurrente.
En este punto, debe establecerse la diferencia existente entre carencia e indebida fundamentación.
El carácter absoluto de la omisión es un elemento indispensable para la hipótesis de excepción al principio de definitividad, por la sencilla razón –expuesta por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal– de que sólo en ausencia total de dicha fundamentación el particular está materialmente imposibilitado para determinar cuál es el medio de defensa idóneo que procede, lo cual no acontece cuando la autoridad funda –aun cuando sea en forma deficiente, a criterio del gobernado– dicho acto, pues en tal caso el particular sí está en aptitud de desplegar su capacidad de defensa y, en tales circunstancias, se encuentra obligado a agotar el recurso.
Por tanto, si la ausencia de fundamentación debe ser absoluta para considerarse que no existe obligación de observar el principio de definitividad y en el caso particular la autoridad responsable, tal como lo destacó el Juez de Distrito, sí invocó los preceptos legales que estimó dan sustento a su actuación, es inconcuso que no se surte la mencionada hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por otra parte, como se anticipó, este órgano colegiado considera que al dictar la sentencia el Juez Federal auxiliar incurrió en una omisión que dejó sin defensa a los quejosos recurrentes que, por ende, trascendió al resultado del fallo por las siguientes razones:
De conformidad con lo previsto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es en la función jurisdiccional en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.
Con base en lo anterior, es que se estima que el a quo soslayó la circunstancia de que mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a los ciento veinte días de su publicación, de conformidad con su artículo primero transitorio, es decir, el cuatro de octubre del mismo año, se reformó el mencionado numeral 107, fracción IV, constitucional, quedando su texto en los términos siguientes:
"Artículo. 107. ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley."
El contenido de este precepto constitucional era de observancia obligatoria para el Juez de Distrito auxiliar que emitió la sentencia, atento a que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de noviembre de dos mil once, esto es, en fecha posterior a la entrada en vigor de la citada reforma.
De esta forma, si en la sentencia se sostuvo que el artículo 260 de la referida Ley Orgánica Municipal no impone mayores requisitos para la concesión de la citada medida suspensional; sin embargo, con esta determinación se incumple con el mandato previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, en vigor desde el cuatro de octubre de dos mil once, según su artículo primero transitorio. Lo anterior se afirma de este modo, en virtud de que contra lo determinado por el Juez Federal, la aludida Ley Orgánica Municipal sí prevé un requisito mayor, dado que establece un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.
El contenido de los artículos 252 y 260 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla es el siguiente:
"Artículo 252. El recurso de inconformidad procede contra actos y acuerdos del presidente municipal, del ayuntamiento, de sus dependencias, de los presidentes de las juntas auxiliares y de las juntas auxiliares, salvo que contra dichos actos exista otro medio de impugnación previsto en las leyes o reglamentos aplicables, o que el ordenamiento de la materia establezca que contra dichos actos no procede recurso alguno.—Al procedimiento establecido en el presente capítulo se aplicarán supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado."
"Artículo 260. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso.—El Síndico deberá acordar otorgando o negando la suspensión del acto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud; de no existir acuerdo expreso, se entenderá otorgada la suspensión."
De la transcripción que antecede se desprende que el artículo 252 de la citada Ley Orgánica Municipal establece el recurso administrativo de inconformidad contra actos del presidente municipal, del Ayuntamiento, de sus dependencias, de los presidentes de las juntas auxiliares y de estas últimas. Por su parte, el diverso numeral 260 de la propia legislación dispone que una vez interpuesto el mencionado recurso de inconformidad, el síndico cuenta con cinco días hábiles siguientes a la presentación del recurso para pronunciarse respecto de la suspensión del acto o resolución recurrida, en los casos que resulte procedente; mientras que del análisis efectuado a los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 131 del ordenamiento legal mencionado, se desprende que al presentarse un escrito se hará constar el día y la hora en que se realice y se dará cuenta con él dentro del día siguiente, siendo éste el plazo en el que se debe proveer lo relativo a la suspensión provisional y solicitar el informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de las setenta y dos horas, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de dicha ley.
De lo que se desprende que el plazo mencionado de cinco días en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla resulta superior al que establece la Ley de Amparo, por lo que en el presente caso no se cumple con el mandato previsto en el vigente artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, lo que se traduce en la actualización de una causa de excepción al principio de definitividad.
Con base en lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que no se surtió la hipótesis de excepción consistente en la carencia de fundamentación del acto reclamado, también lo es que sí se actualiza una diversa causa de excepción prevista en el propio artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en cuya parte conducente establece que el gobernado estará obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la ley del acto "siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva".
Circunstancia que implica que la parte quejosa no estaba obligada a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en el artículo 252 de la referida Ley Orgánica Municipal.
Similar criterio al anterior sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el amparo en revisión 189/2012, en sesión de ocho de agosto de dos mil doce.
Sin que sea óbice a esta conclusión el que el Juez Federal haya apoyado sus consideraciones en la jurisprudencia VI.1o.A. J/37, de este Tribunal Colegiado, consultable en la página 1548, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 172936, cuyo contenido es el siguiente:
"RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO EXIGIR DICHA LEY MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando la parte quejosa no agota, previamente, los recursos o medios de defensa ordinarios contemplados en las leyes que rigen los actos reclamados, excepto cuando estas leyes exijan mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; por ello, dado que los artículos 260, 261 y 262 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnables mediante el recurso de inconformidad contemplado en el artículo 252 del mismo ordenamiento, que los señalados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, es inconcuso que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de actos si no se agotó, previamente, el citado recurso de inconformidad."
Lo anterior es así, pues en las fechas en que se integró este criterio, cuyo primer precedente se dictó el veintiséis de febrero de dos mil tres y el quinto (con el cual se formó la jurisprudencia) data del catorce de febrero de dos mil siete, aún no se aprobaba ni entraba en vigor la reforma al mencionado artículo 107, fracción IV, constitucional que, como ya se vio, establece como hipótesis de excepción al principio de definitividad que el medio ordinario de defensa que sea procedente conforme a la ley del acto no exija mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para la suspensión definitiva "ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional"; de ahí que atendiendo a la reforma constitucional de mérito, en el presente caso este Tribunal Colegiado estima inaplicable el criterio jurisprudencial transcrito.
No advirtiéndose de oficio ninguna otra causa de improcedencia, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se procede a examinar el concepto de violación hecho valer por la part
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31640-44058052/recurso-de-inconformidad-previsto-en-el-articulo-252 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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