RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (3 DE ABRIL DE 2013), NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER AQUELLOS ORDENAMIENTOS UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 244/2016. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: MARÍA ELENA GÓMEZ AGUIRRE.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los agravios que se analizarán son fundados, por las razones que a continuación se exponen.
Previo al pronunciamiento respectivo, es importante destacar que la quejosa en su demanda de amparo reclamó del Director de Vialidad y del Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Puebla, dos boletas de infracción captadas a través de dispositivos tecnológicos (fotomultas), así como su ilegal cobro. (fojas 2 a 4 y 33)
Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil quince (fojas 94 frente a 124 frente) ante el Juzgado de Distrito, la quejosa amplió por primera ocasión la demanda de amparo en la que señaló como nuevas autoridades al Subinspector Vial, Policías Viales y Agente Vial, adscritos a la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, José Luis Hernández Pérez, Hexiquio Pérez Petriccioli, Antonio Torija Hernández y José Luis Quitl López, a quienes atribuyó las dos boletas de infracción inicialmente reclamadas, más nueve boletas de infracción; a la Dirección de Ingresos, Subdirección de Contabilidad de Ingresos, Subsecretaría de Ingresos, Subdirección Técnica de Ingresos, Subdirección de Recaudación y Departamento Técnico de Ejecución, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, su ilegal cobro. (fojas 97 frente a 100 frente)
Asimismo, en el capítulo relativo de "VI. Conceptos de violación", planteó la inconstitucionalidad del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla. (foja 119)
Por auto de trece de octubre de dos mil quince (fojas 125 y 126), en forma genérica se tuvo por admitida dicha ampliación.
Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil quince (fojas 244 a 258), por segunda ocasión la quejosa amplió la demanda de amparo respecto de los conceptos de violación ante la complementación de los fundamentos y motivos que las autoridades responsables, Subinspector de Vialidad, Policías Viales y Agente de Vialidad, que realizaron en sus respectivos informes justificados, la cual fue admitida por proveído de diez de noviembre de dos mil quince. (foja 259 frente y vuelta)
Por escrito presentado el primero de diciembre de dos mil quince ante el Juzgado de Distrito (fojas 278 a 298), la quejosa por tercera ocasión formuló ampliación de demanda respecto de los conceptos de violación, y en el identificado con el inciso B) planteó la inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado (fojas 290 a 297), que fue admitida por auto de dos de diciembre de dos mil quince. (foja 299 frente y vuelta)
El Juez de Distrito auxiliar dictó sentencia (fojas 332 frente a 352 vuelta), en la que tuvo por ciertos los actos reclamados y, en seguida, estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que consideró que la quejosa debió agotar previamente a la interposición del juicio de amparo, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, en contra de las boletas de infracción reclamadas (fojas 342 vuelta a 352 vuelta), por lo que sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
En el agravio identificado con el arábigo 8 (fojas 27 a 34), la inconforme aduce, esencialmente, que no era necesario que agotara el recurso de inconformidad, ya que, a su juicio, el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla establece un plazo mayor para resolver sobre la suspensión que el previsto por la Ley de Amparo, aunado a que conoció la fundamentación y motivación de las boletas de infracción hasta el momento en que la autoridad responsable rindió su informe justificado, ya que nunca fueron legalmente notificadas, actualizándose la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia.
Lo antes aducido es sustancialmente fundado.
En efecto, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley."
Asimismo, los artículos 61, fracción XX, primer párrafo, 112 y 138 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley."
"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.
"En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
Ahora bien, de la resolución recurrida se aprecia que el Juez auxiliar sostuvo que el artículo 76, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado, no impone mayores requisitos para la concesión de la citada medida suspensional, por lo que estimó que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la quejosa debió agotar el recurso de inconformidad previsto por los numerales 54 y 55 de la Ley de Vialidad del Estado (fojas 346 frente a 347 frente); sin embargo, con esta determinación se incumple con el mandato previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, y los preceptos antes mencionados de la Ley de Amparo.
Se afirma lo anterior, en virtud de que contra lo sostenido por el Juez del conocimiento, el aludido Reglamento de la Ley de Vialidad sí prevé un requisito mayor, dado que establece un plazo superior que el que dispone la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.
Ello es así, en virtud de que el artículo 54 de la referida Ley de Vialidad dispone lo siguiente:
"Artículo 54. En contra del acto administrativo de infracción procede la presentación del recurso de inconformidad, acorde con los preceptos señalados en el reglamento correspondiente."
Por su parte, el numeral 80 del reglamento de la ley en cita establece lo siguiente:
"Artículo 80. Dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el escrito que contenga el recurso de inconformidad, el Director deberá dictar acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, la cual deberá notificarse personalmente al recurrente.
"Si se admite el recurso, deberá señalar en el mismo acuerdo día y hora para celebración de una audiencia. Esta audiencia será única y se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes a la admisión del recurso."
De la transcripción que antecede se advierte que el artículo 54 de la citada Ley de Vialidad, establece el recurso administrativo de inconformidad en contra del acto consistente en la infracción, acorde con los preceptos señalados en el reglamento correspondiente.
Por su parte, el diverso artículo 80 del reglamento de dicha Ley de Vialidad, dispone que una vez interpuesto el mencionado recurso de inconformidad, el Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla tiene tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el recurso, para pronunciarse respecto de la admisión, prevención o desechamiento del recurso; mientras que del análisis efectuado a los artículos antes transcritos de la Ley de Amparo, se desprende que al presentarse un escrito, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la fecha de presentación de la demanda o, en su caso, a la fecha en que fue turnada, debe acordarse lo procedente en cuanto a su admisión o desechamiento, siendo éste el plazo en el que se debe proveer lo relativo a la suspensión provisional solicitada.
De lo antes expuesto se desprende que el plazo mencionado de tres días en el reglamento de la aludida Ley de Vialidad, resulta superior al que establece la Ley de Amparo, por lo que en el presente caso no se cumple con el mandato previsto en el vigente artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se traduce en la actualización de una causa de excepción al principio de definitividad.
Con base en lo anterior, debe decirse que, en la especie, sí se actualiza una hipótesis de excepción a la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en cuya parte conducente establece que el gobernado estará obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la ley del acto "... siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional."
Circunstancia que implica que la quejosa no estaba obligada a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en los artículos 54 y 55 de la referida Ley de Vialidad.
Aunado a que el criterio contenido en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 357/2014, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, que resolvió que sí debe agotarse el recurso de inconformidad antes de promover el juicio de amparo, invocado por el Juez de Distrito auxiliar (foja 348 vuelta), no obliga en modo alguno a este órgano colegiado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Tiene aplicación al caso, la tesis VI.1o.A.69 A (10a.) de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1771, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas», cuyo contenido es el siguiente:
" De conformidad con los artículos 112 y 138 de la nueva Ley de Amparo, el Juez de Distrito se encuentra obligado, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde la presentación de la demanda, a resolver sobre la suspensión provisional; mientras que en los numerales 54 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 76 y 80 de su reglamento, se prevé que, al presentarse el recurso de inconformidad, el Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, tiene tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el recurso para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, esto es, prevé un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo, que es de veinticuatro horas posteriores a la fecha de presentación de la demanda o, en su caso, a la fecha en que fue turnada, lapso dentro del cual debe acordarse lo procedente en cuanto a su admisión o desechamiento, que es el mismo en el que se debe proveer sobre la suspensión provisional solicitada. En consecuencia, en tratándose de juicios de amparo promovidos con posterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, el gobernado no está obligado a agotar el aludido recurso ordinario, en virtud de actualizarse el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en que la ley del acto prevé un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo en vigor, para acordar sobre la suspensión provisional."
Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis aislada 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."
En consecuencia, resulta ilegal la determinación del Juez de Distrito auxiliar, de sobreseer en el juicio de amparo, al considerar que no se observó el principio de definitividad, y al no existir más causales hechas valer por las autoridades responsables ni advertir este Tribunal Colegiado ninguna otra diversa que dé lugar al sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida en la que se había sobreseído en el juicio.
No obstante lo anterior, pues en principio correspondería a este Tribunal Colegiado resolver el fondo del asunto, en el presente caso se advierte una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."
En efecto, este Tribunal Colegiado advierte que el Juez de Distrito auxiliado debió prevenir a la quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que aclarara si señalaba o no como actos reclamados destacados en el juicio de garantías, los numerales 57, 58 y 65 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla y, en su caso, como responsables a las autoridades correspondientes que intervinieron en el procedimiento legislativo.
Efectivamente, el artículo 114, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:
"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse."
Al respecto, es necesario destacar que la demanda de amparo es un todo, lo que significa que no solamente deben tenerse como actos reclamados aquellos que se señalen en el capítulo respectivo, sino que deben considerarse con tal carácter, todos aquellos actos que se desprendan del análisis integral de la propia demanda de amparo, incluso de sus respectivas ampliaciones; esto, con la finalidad de determinar con exactitud la pretensión de la quejosa y de esa forma integrar debidamente la litis en el juicio constitucional.
Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 169 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207, Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido es el siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."
De la lectura integral de la primera ampliación de demanda de amparo, y en su concepto de violación identificado con el inciso b) (foja 119), así como en el señalado con el inciso B) de la tercera ampliación (fojas 290 a 297), la quejosa planteó, respectivamente, la inconstitucionalidad de los artículos 65, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, en confrontación con los artículos 22, 31, fracción IV y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se transcribe a continuación:
Primera ampliación de demanda
"b) ...Amén de que la multas impuestas a la quejosa, derivadas de exceder los límites de velocidad establecidos, y consagradas en el tabulador descrito en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Vialidad del (sic) Estado de Puebla, resultan inconstitucionales, ello se dice y se afirma por lo siguiente: a) Del tabulador en cita, se aprecia que por exceder de 1 a 20 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, la multa será de 12-20 días.-b) Por exceder de 21 a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, la multa serpa (sic) de 21-30 días.-c) Por exceder de 31 a 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, la multa será de 31-40 días.-d) Por exceder en más de 41 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, la multa será de 55-65 días.-Lo cual implica que se está en presencia de una doble multa, pues la sanción mínima es de doce días, mientras que la sanción máxima es de sesenta y cinco días, pero en tratándose de las hipótesis legales previstas en los incisos b), c) y d) del dispositivo legal en comento, de facto se está imponiendo una doble multa pues de exceder de de (sic) 21 a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, se está imponiendo una multa de 21 a 30 días, lo que implica que se está imponiendo primeramente la multa máxima contemplada en el inciso a) del tabulador de mérito (20 días) más una segunda multa que oscila de 1 a 9 días más; de exceder de 31 a 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, se está imponiendo una multa de 31 a 40 días, lo que implica que se está imponiendo primeramente la multa máxima contemplada en el inciso a) del tabulador de mérito (20 días) más una segunda multa que oscila de 11 a 19 días más; de exceder en más de 41 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, se está imponiendo una multa de 55 a 65 días, lo que implica que se está imponiendo primeramente la multa máxima contemplada en el inciso a) del tabulador de mérito (20 días) más una segunda multa que oscila de 35 a 45 días más; y ello, desde luego genera excesos autoritarios (sic) resulta inconstitucional, razón por la cual los indicados preceptos contravienen los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas y el segundo aporta el concepto de proporcionalidad tributaria, motivos más que suficientes por los cuales se deberá de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal." (fojas 111 y 119)
Tercera ampliación de demanda
"...B) Ahora bien, para abordar la inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla aludida, se deben establecer los parámetros constitucionales sobre los que versará el análisis... Las anteriores precisiones, implican que en la ley deben contenerse los componentes esenciales de las obligaciones y derechos que se establezcan en la materia relativa (en el caso concreto en la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla), así como las conductas que constituyen las posibles infracciones a los elementos anteriores y las sanciones que en cada caso deben imponerse y, finalmente, los sujetos imputables de la infracción o del cobro de las mismas.-Trasladando los elementos anteriores al caso particular, cabe apuntar que del análisis del artículo 1o. de ese ordenamiento, se observa que su expedición obedeció, primordialmente, a la necesidad de regular la seguridad vial en el Estado de Puebla para establecer el orden y control de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas de jurisdicción estatal; establecer las bases para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura vial, la infraestructura carretera y el equipamiento vial; y garantizar la integridad y el respeto a la persona, a través de un ordenamiento y regulación de la vialidad.-El respeto del principio de legalidad en el presente asunto, parte de analizar si, de un lado, en la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla están previstos los elementos necesarios para determinar los sujetos responsables directos de las conductas que deben ser objeto de infracción, y los sujetos responsables solidarios para efecto de su cobro y, de otro, que mediante el Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, expedido por el gobernador del Estado, se contemplen o pormenoricen tales disposiciones, sin que éste pueda por sí mismo, a título de ejercicio, exceder el alcance de los mandatos de la ley, ni tampoco contrariarlos o alterarlos.-Ahora bien, por su relación se deben citar los numerales 19, fracción XXII, 37, 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que respectivamente a la letra establecen... Del examen de los preceptos transcritos se advierten las conclusiones siguientes: a) Son omisos en señalar cuáles son los responsables solidarios para efectos del cobro de la infracción detectada por dispositivos tecnológicos.-b) La referencia a los propietarios de los vehículos a través de los que se cometieron las infracciones, no conllevan o implican que ellos deban ser los responsables solidarios para efectos del cobro de la infracción de mérito... De lo precisado, se concluye que tal y como se consideró en párrafos precedentes, la regulación debe ser efectiva, lo cual implica que el órgano legislativo debe desarrollar íntegramente la formación de ese ámbito material.-Por lo que, si ni en los artículos 19, 37, 49 a 53, ni algún otro de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla se establece expresa y limitativamente quién será el responsable solidario para efectos del cobro de la infracción detectada por dispositivos tecnológicos, sino que, como sucede en el caso particular, tal prevención o determinación está desarrollado autónomamente en los artículos 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, es inconcuso que dichos preceptos reglamentarios exceden el ejercicio de la facultad reglamentaria establecida en el artículo 79, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la propia Carta Magna.-Se arriba a esta determinación, en atención a que conforme a los principios de legalidad y tipicidad, tratándose de la función sancionatoria administrativa del Estado, es indispensable que en la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se hubiese establecido, entre otros aspectos, quiénes son los sujetos infractores directos y sobre todo quién en (sic) es el responsable solidario para efectos del cobro de las infracciones de los conductores detectadas a través de dispositivos tecnológicos.-Partiendo de esas hipótesis, no resulta constitucional que el gobernador del Estado, a través de la emisión del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pretenda reglamentar y determinar los sujetos responsables solidarios para efectos del cobro de la infracción detectada por dispositivos tecnológicos, mediante los artículo 57 y 58 del precitado reglamento, ya que ese ámbito de precisar los sujetos sancionables debió contenerse en la ley, pues así lo exige el principio de legalidad que alberga el numeral 14 de la Constitución General de la República." (fojas 290 a 297)
De lo antes precisado se advierte que, en el caso, existe violación a las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, pues ha quedado en evidencia que en las ampliaciones de la demanda de amparo se reclamaron actos que no fueron señalados como tales en el capítulo correspondiente, y que se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 65, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla; por lo cual, necesariamente el Juez de Distrito auxiliado debió prevenir a la quejosa con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de cinco días aclarara si señalaba o no a dichos preceptos legales como actos reclamados destacados y, en ese caso, a las autoridades responsables que los emitieron, ya que al haber omitido esa prevención, incurrió en una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo que trascendió al resultado de la sentencia recurrida, por cuanto a que de reclamarse la inconstitucionalidad de tales preceptos normativos tendría que tomarse en cuenta dicha situación para efectuar el examen de la constitucionalidad de los citados numerales.
Efectivamente, se advierte que la violación procesal en que incurrió el Juez de Distrito auxiliado trascendió al sentido del fallo en perjuicio de la quejosa, ahora recurrente, por dos razones fundamentales que se exponen a continuación.
La primera de ellas, porque de reclamarse la inconstitucionalidad de los referidos numerales, esto incidiría en la técnica que debe seguirse tanto para el examen de la procedencia del juicio de amparo, como para el estudio del fondo del asunto.
Lo anterior, porque cuando se promueve el juicio de amparo indirecto contra normas generales con motivo del que se estima que es el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente que el juzgador constitucional debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26841-8822b4e7/recurso-de-inconformidad-previsto-en-los-articulos-54 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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