RECURSO ADMINISTRATIVO REGISTRAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE CON SU SOLA INTERPOSICIÓN SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS DICTADOS POR LOS REGISTRADORES, POR LO QUE NO ESTABLECE UN PLAZO MAYOR QUE EL DE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 566/2017. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ. PONENTE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIA: MARÍA ELENA GÓMEZ AGUIRRE.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—No se analizarán la sentencia ni el agravio hecho valer en su contra, pues este Tribunal Colegiado advierte de oficio una causal de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:
"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."
De conformidad con el referido numeral, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, pues tal tema es de orden público y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, por lo que en la revisión, el Tribunal Colegiado puede abordar su estudio sin necesidad de ocuparse de los agravios expresados por el recurrente, siempre y cuando se trate de una cuestión no abordada y desestimada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, y se salvaguarde el derecho de audiencia previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la ley de la materia.
La Juez de Distrito dictó la sentencia recurrida (fojas 136 frente a 142 vuelta), en la que sostuvo que no se actualiza causal de improcedencia alguna, desestimó los conceptos de violación y negó el amparo.
Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que en relación con el acto reclamado, que consiste en la negativa del registrador Público de la Propiedad de San Andrés Cholula, Puebla, de realizar la inscripción del embargo del inmueble identificado como el área reservada número uno, que se encuentra fuera y es independiente del fraccionamiento denominado *********, ubicado en la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec, ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (fojas 2 a 5), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Cabe destacar que, advertida de oficio la aludida causal de improcedencia, se procedió a dar vista a los quejosos, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
Lo anterior, de conformidad también con la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 8 y 9, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas», cuyo contenido es el siguiente:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad."
Este Tribunal Colegiado ordenó dar vista a los quejosos en acuerdo tomado en sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, para lo cual, se otorgó el plazo correspondiente, quienes sí realizaron manifestaciones, las que se analizarán más adelante.
Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 61, fracción XX, dispone lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.—No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.—Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."
El numeral transcrito establece como uno de los principios del juicio de amparo, el de definitividad, el que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, entre otras cuestiones, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la carencia de fundamentación; de lo contrario, resulta improcedente.
La improcedencia del juicio de amparo por no agotar el principio de definitividad, precisa de la actualización de varios elementos, a saber:
a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado.
c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan.
d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia.
De dicho criterio se originaron las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, publicadas, respectivamente, en las páginas 447 y 448, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicadas por igualdad de razón en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuyos contenidos son los siguientes:
"RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).—Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una ‘ley’, y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo."
"RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).—Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular."
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/99-SS, de la que derivó la tesis 2a. LVI/2000, publicada en las páginas 156 y 157, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual sigue vigente de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente:
"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.—De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."
El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citado, recoge aquellos casos que, por su naturaleza trascendental y grave, deben constituir una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, al no ser posible reparar con los medios ordinarios de defensa que pudieran interponerse en su contra la magnitud de la violación perpetrada en contra de determinados derechos fundamentales del gobernado.
Ahora bien, en el caso, no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que la parte quejosa debió acatar tal principio.
En efecto, como se vio, la procedencia del juicio constitucional está restringida al hecho de que exista contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, pues de ser así éste debe ser agotado sin distinción alguna, y es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición del interesado y pueda ejercerlo a su arbitrio o, en su defecto, le perjudique su omisión; por tanto, no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XX del precepto citado.
En el caso, la parte quejosa impugnó la negativa de inscribir el embargo sobre un bien inmueble por parte del registrador Público de la Propiedad de San Andrés Cholula, Puebla.
Al respecto, es necesario precisar que los dispositivos 137 a 142 de la Ley del Registro Público (sic) del Estado de Puebla, establecen lo siguiente:
"Artículo 137. Quienes se consideren agraviados por los actos registrales dictados por los registradores, podrán interponer el recurso, el cual será resuelto por el director y en los casos en que se combatan actos registrales de este último, resolverá el director general del instituto. El recurso deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa.—El recurso procederá contra actos registrales emitidos por los registradores o por el director en el caso en que actúe como registrador en ausencia o por excusa del titular de una oficina registral. En el primer caso, resolverá el director y en el segundo, el director general del instituto.—Podrán recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción."
"Artículo 138. La interposición del recurso suspende hasta su resolución, la ejecución del acto recurrido. Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que presenten en relación con el mismo folio, sin perjuicio de que se efectúe una nota de presentación conforme a su prelación para los efectos de la misma.—Transcurridos veinticinco días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva del recurso, y en caso de que la misma no haya sido combatida legalmente, se procederá a la calificación registral de los títulos que guarden prelación.—Las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior serán realizadas por estrados ubicados en sitio abierto de las oficinas del instituto o al correo electrónico otorgado por el solicitante."
"Artículo 139. El escrito recursal deberá contener: I. El acto impugnado; II. La mención clara y sucinta de los hechos en que basa la impugnación, los agravios que cause el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; III. La fecha en la que se notificó al recurrente el acto impugnado; IV. Las pruebas que se ofrezcan. Únicamente serán admisibles: a) La documental pública o privada consistente en el título o solicitud en que se basó el acto impugnado; y b) La de reconocimiento de constancias registrales. Esta prueba deberá estar directamente relacionada con los hechos que se pretenden demostrar.—V. Los requisitos señalados en el artículo 134 de esta ley.—En el caso de acudir mediante representación, se deberán acompañar los documentos que acrediten la misma.—Para los recursos presentados vía electrónica, se deberán adjuntar los documentos electrónicos necesarios para fundar el recurso correspondiente.—Si se tiene un motivo fundado de que los documentos anexados son falsos, el registrador, el director o el director general deberán requerir al recurrente para que en un plazo no mayor a cinco días acuda a la oficina registral correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los otorgados vía electrónica.—Si se presentaron documentos falsos, ya sean físicos o electrónicos, el registrador, el director o el director general deberán dar vista a la autoridad competente, para que conforme a sus atribuciones proceda a la investigación respectiva."
"Artículo 140. La tramitación y sustanciación del recurso administrativo registral, se sujetará al siguiente procedimiento: I. Deberá interponerse directamente en la oficina registral en la que se emitió el acto impugnado o en el portal de dicha oficina, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto; II. En el supuesto de que falte alguno de los requisitos mencionados en el artículo anterior, la autoridad responsable prevendrá al recurrente para que en el término de tres días hábiles subsane la omisión, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se remitirá el recurso a la autoridad resolutora, quien en consecuencia lo desechará; III. Si a consideración del registrador público el escrito recursal cumple con los requisitos exigidos, o habiendo fenecido el plazo señalado en la fracción anterior, la autoridad registral lo remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la autoridad resolutora, acompañando los demás documentos presentados por el recurrente, así como su informe y constancias en las que sustente el acto impugnado; y IV. La autoridad resolutora, en un solo momento admitirá o desechará el recurso, y en su caso, valorará las pruebas y resolverá el recurso en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del expediente."
"Artículo 141. El recurso se tendrá por concluido en los siguientes casos: I. El recurrente se desista expresamente del recurso, debiendo ratificarse el escrito relativo directamente ante la autoridad resolutora.—II. Se deseche el recurso por las siguientes causas: a) El recurrente no esté legitimado para interponerlo; b) Por no haberse promovido en el plazo señalado para ello; y c) Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 139 de la presente ley, y no se hayan subsanado.—III. Se dicte resolución definitiva al recurso, la que podrá confirmar o modificar el acto impugnado, indicando con precisión sus nuevos efectos en este último caso. Derivado de la resolución del recurso, el director podrá instruir a los registradores públicos sobre las medidas que deberán realizar para mejorar la práctica registral."
"Artículo 142. Debido a la especialidad de la materia registral, en contra de los actos registrales materia de este recurso y de la resolución que ponga fin al mismo, no procederá medio de impugnación que prevea la ley de justicia en materia administrativa, por lo que en forma expresa se excluye esta materia, de procedimientos contenciosos administrativos generales."
De lo anterior se pone de manifiesto que contra los actos registrales dictados por los registradores públicos, debe agotarse previamente el recurso administrativo registral, previsto en el referido 137 de la Ley del Registro Público (sic) del Estado de Puebla.
De acuerdo con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa está constreñida a agotar el medio ordinario procedente en contra de la negativa de inscripción registral de la que se duele, a fin de cumplir con el aludido requisito, al ser éste uno de los pilares en los cuales se sustenta el juicio constitucional, cuya premisa se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión.
Dicho de otro modo, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado.
En esa línea argumentativa, si los impetrantes tuvieron a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar la negativa de inscribir el embargo del inmueble, ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, y no lo hicieron valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acataron el principio de definitividad rector en esta materia y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio.
Además, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 138 de la Ley del Registro Público (sic) del Estado de Puebla, no se prevén mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en tanto que el numeral señalado refiere que la sola presentación del recurso suspende, hasta su resolución, la ejecución del acto recurrido, pues de acuerdo con dicha legislación, basta la sola presentación del recurso, mientras que para efectos del juicio de amparo, la suspensión del acto se concede, pero para ello, previamente el impetrante la debe solicitar y, en segundo lugar, se tiene que analizar si con el otorgamiento de la suspensión no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, estableciéndose también que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante para garantizar esos daños y perjuicios, de tal suerte que en el caso, los requisitos exigidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional son mayores a los fijados en la ley que rige el acto reclamado.
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado la jurisprudencia «P.C.VI.A J/9 A (10a.)» del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1148, Libro 50, Tomo II, enero de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas», cuyo contenido es el siguiente:
"RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN (BOLETA), ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, AL PREVER LOS ARTÍCULOS 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla establecen que contra el acto administrativo de infracción procede el recurso de inconformidad ante el Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Asimismo, los numerales 76 y 80 de su Reglamento señalan, respectivamente, que la interposición del recurso suspenderá el plazo para el pago de las multas, y que dentro de los 3 días hábiles contados a partir del día en que se reciba el escrito correspondiente, el Director citado deberá admitir, prevenir o desechar el recurso. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 112 y 136, prevé un plazo de 24 horas para que el Juez de Distrito se pronuncie en cuanto a la solicitud de la medida cautelar y que ésta pueda surtir efectos; por tanto, al ser mayor el plazo del reglamento indicado para que el Director de Vialidad emita el pronunciamiento correspondiente a la suspensión del acto, que el previsto por la Ley de Amparo, se sigue que es innecesario agotar el recurso de inconformidad, al actualizarse una excepción al principio de definitividad conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo."
Sin embargo, no resulta aplicable en la especie, ni por analogía, porque dicha jurisprudencia aborda un tema que difiere sustancialmente del aquí analizado, por cuanto se refiere al trámite y plazo para suspender el pago de las multas impuestas con motivo de las infracciones de vialidad cometidas, ya que el plazo para que el director de Vialidad del Estado (autoridad a la que compete en su totalidad la tramitación y resolución del recurso de inconformidad), se pronuncie para resolver sobre la suspensión de las multas al interponerse el recurso de inconformidad en contra de las impuestas por infracciones viales, es de tres días, según lo establecido por los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el que es mayor al previsto por los artículos 112 y 136 de la Ley de Amparo, que es de veinticuatro horas, por lo que en dicho supuesto, se actualiza una excepción al principio de definitividad.
En cambio, en el caso en estudio, la tramitación del recurso administrativo registral contiene variantes sustanciales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 137, 138 y 140 de la Ley del Registro Público (sic) del Estado de Puebla, transcritos con anterioridad, como se destaca a continuación:
a) La interposición del recurso administrativo registral se realiza directamente ante el titular de la oficina registral en la que se emitió el acto impugnado, dentro del término de diez días a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos su notificación (artículo 140, fracción I).
b) La sola interposición del recurso, sin mediar acuerdo de autoridad alguno al respecto, suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido (artículo 138).
c) La prevención de subsanar alguno de los requisitos omitidos en el escrito del recurso debe llevarse a cabo por el propio titular de la oficina registral respectiva (responsable del acto recurrido), quien apercibirá que, de no hacerlo, se remitirá a la autoridad resolutora (artículo 140, fracción II), para el único efecto de desechar el citado medio de defensa, sin hacer pronunciamiento sobre la suspensión otorgada por ministerio de ley.
d) Las autoridades resolutoras del recurso administrativo registral son: el director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y, en caso de que se combatan actos registrales de éste, resolverá el director general del citado instituto (artículo 137).
e) El titular de la oficina registral correspondiente, cuando estime que el escrito recursal cumple con los requisitos exigidos, o fenecido el plazo para subsanar las omisiones, deberá remitirlo a la autoridad resolutora, acompañando los demás documentos presentados por el recurrente, su informe y las constancias en las que sustente el acto impugnado (artículo 140, fracción III).
f) Las autoridades resolutoras, director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y, en su caso, el director general del citado instituto, en un solo momento admitirán o desecharán el recurso registral (artículo 140, fracción IV), sin hacer pronunciamiento alguno sobre la suspensión decretada por ministerio de ley con la sola interposición del recurso.
De lo antes precisado se obtiene que la suspensión del acto recurrido en el recurso administrativo registral, no es decretado por autoridad alguna, sino que por disposición expresa de la ley del acto (artículo 138), la sola interposición del recurso suspende la ejecución del acto hasta que se resuelva aquél, de modo tal que dicha medida cautelar no está supeditada a que sea admitido o desechado el recurso por la autoridad resolutora (director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla o, en su caso, por el director general del citado instituto), en virtud de que no se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28187-13a58df8/recurso-administrativo-registral-previsto-en-el-articulo-137 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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