COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR AQUÉLLA O POR LOS ORGANISMOS DE CUENCA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 489/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, del trece de mayo de dos mil trece, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de diverso circuito en asuntos de su especialidad.
7. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, toda vez que la formula el Pleno del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, tribunal que sostuvo uno de los criterios en contradicción.
8. TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226 de la Ley de Amparo en vigor, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se debe considerar que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
9. Lo anterior tiene sustento en la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXXII, agosto de 2010)
10. En el anterior orden de ideas, para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los amparos directos 778/2013, 314/2010 y 313/2010, mencionadas en los resultandos que anteceden.
11. Así, se tiene que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo directo 778/2013, en lo que aquí interesa, resolvió lo siguiente:
"Problema jurídico principal en que la decisión se justificará a la luz del silogismo judicial expreso
"7.1. Primer problema jurídico
"Consiste en determinar si la responsable estuvo en lo correcto, al determinar que en torno a establecer el momento en que surtían efectos las notificaciones de los actos o resoluciones definitivas de la autoridad del agua, practicadas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, no era aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"7.1.1. Hipótesis
"Se propone como tal considerar que la Sala responsable no estuvo en lo correcto, al determinar que no era aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar el momento en que la notificación de los actos o resoluciones definitivas de la autoridad del agua, surtían efectos.
"7.1.2. Fuente normativa
"La misma se encuentra integrada por la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1065, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Décima Época, que se lee:
"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe)
"De igual forma, por el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que dispone lo siguiente:
"‘Artículo 197. Las notificaciones que deban hacerse a los recurrentes y a los terceros perjudicados se practicarán en forma personal, en el domicilio que hubiesen señalado para tal efecto, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su parte relativa.’
"La fuente normativa también se conforma por el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, inserto en el capítulo III, titulado notificaciones, que señala:
"‘Artículo 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique.’
"Finalmente, por referirse a un tema relacionado con la supletoriedad, en cuanto a las disposiciones de las notificaciones, ante la falta de regulación sobre el tema y toda vez que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, se estima aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la foja 367, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, materias civil y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Décima Época, del rubro y texto siguientes:
"‘NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).’ (se transcribe)
"Justificación de la fuente normativa
"Del primero de los criterios obligatorios reproducidos se desprende que los requisitos para que opere la supletoriedad, misma que procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes, son los siguientes:
"a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria, a otros ordenamientos;
"b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;
"c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,
"d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
"Por su parte, del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales se obtiene que las notificaciones que deban hacerse en esa materia a los recurrentes y a los terceros perjudicados se practicarán en forma personal, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"En tanto que el numeral del Código Federal de Procedimientos Civiles determina que toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique.
"Finalmente, de la jurisprudencia 39/2013 destaca la parte en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ante la falta de regulación sobre el tema de las notificaciones y toda vez que se encontraba involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debía atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca a los derechos de los quejosos, las notificaciones ahí analizadas surtían sus efectos al día siguiente al en que se practicaran, pues sólo de esta manera éstos contaban con un día más para poder presentar su demanda de amparo.
"7.1.3. Fuente fáctica
"Consideraciones de la sentencia
"La Sala Regional del Centro II estableció que la litis en el asunto se constreñía a dilucidar si la resolución por medio de la cual se desechó el recurso de revisión estaba debidamente fundada y motivada.
"Para lo cual, sostuvo que cuando se cuestionaba la resolución mediante la cual la Comisión Nacional del Agua imponía al particular una sanción consistente en multa por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas Nacionales, el afectado estaba en posibilidad de interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 124 de dicho ordenamiento, no siendo aplicable el diverso 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues en esa hipótesis era preciso acudir a la ley especial y posterior, no a la general y anterior; como se determinó en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: ‘RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. SU FUNDAMENTO ES EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.’
"Entonces, que resultaba aplicable lo dispuesto en los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 193 de su reglamento, conforme a los cuales el plazo para interponer dicho recurso iniciaría el día siguiente a la fecha en que se notificaran los actos controvertidos.
"Que en cuanto al momento en que surtían efectos las notificaciones, no era aplicable en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues en esa hipótesis, como se dijo, era preciso acudir a la ley especial y posterior, y no a la general y anterior; máxime que la disposición del aludido código, con relación al momento en que surtían efectos las notificaciones, contrariaba la Ley de Aguas Nacionales, al señalar, en sus artículos 321 y 284, que las mismas surtirían efectos el día siguiente al en que se practicaran y que los términos empezarían a correr el día siguiente del en que aquéllas surtieran efectos.
"Que no era obstáculo a lo anterior que el ordinal 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales estableciera que las notificaciones que debieran hacerse a los recurrentes y los terceros perjudicados se practicarían en forma personal en el domicilio que hubiesen señalado para tal efecto, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su parte relativa.
"Así, porque del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales se advertía que el plazo para interponer dicho recurso iniciaba el día siguiente a la fecha en que se notificaran los actos controvertidos; tema sobre el que la Sala estimó aplicable la tesis aislada VI.3o.A.343 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se lee:
"‘NOTIFICACIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EN CUANTO AL MOMENTO EN QUE SURTEN SUS EFECTOS.’ (se transcribe)
"Por ende, que la resolución impugnada que desechó el recurso de revisión por extemporáneo era legal, toda vez que la resolución recurrida se notificó a la empresa demandante el veinte de octubre de dos mil once, por lo que el plazo para presentar el recurso inició a contar el veintiuno siguiente, el cual feneció el once de noviembre posterior, siendo inhábiles los sábados y domingos, así como el dos de noviembre, conforme al acuerdo por el que se hizo del conocimiento al público general los días del mes de diciembre de dos mil diez y dos mil once que serían considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil diez.
"Problema jurídico que se desprende de los conceptos de violación
"La persona moral quejosa, a través de su apoderada jurídica, aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que es inexacto que el Código Federal de Procedimientos Civiles contraríe a la Ley de Aguas Nacionales, pues hay disposición expresa que señala que la tramitación del recurso de revisión que establece el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales debe sujetarse a las disposiciones del reglamento de la misma y en lo no previsto en éste debe sujetarse a las disposiciones del Código Federal de Procedimiento Civiles.
"Que de la interpretación armónica de tales preceptos se desprende que las resoluciones administrativas que pronuncie la Comisión Nacional del Agua deben notificarse en forma personal a los interesados conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el ordenamiento legal que debe aplicarse supletoriamente a la Ley de Aguas Nacionales y a su reglamento.
"Así, toda vez que la Ley de Aguas Nacionales no señala la forma en que surten efectos las notificaciones personales, lo que entraña inseguridad al computar el plazo para ejercitar los derechos o acciones relacionados con las determinaciones que se notifican; de ahí que a partir de una función integradora podía concluirse que el Código Federal de Procedimientos Civiles sí era aplicable en forma supletoria a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento en cuanto a la forma en que surtían efectos las notificaciones.
"Razonamientos lógico-jurídicos que dan respuesta al problema planteado
"De la justificación de la fuente normativa puntualizada apartados atrás se desprende que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País estableció criterio en el sentido de considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos; asimismo, para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos para la aplicación supletoria de normas, antes puntualizados.
"En la especie, la litis se centra en determinar si la Sala estuvo en lo correcto, al sostener que el Código Federal de Procedimientos Civiles no era aplicable en forma supletoria al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de establecer el momento en que las notificaciones surtían sus efectos.
"En principio, debe puntualizarse que la institución que en este caso se pretende aplicar de manera supletoria es la de las notificaciones, específicamente en torno al momento en que las mismas surten sus efectos.
"Una vez establecido lo anterior, puede decirse que se cumple el primero de los requisitos para la aplicación supletoria de leyes que establece la jurisprudencia 34/2013, puesto que el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece expresamente la posibilidad de que las notificaciones que deban hacerse a los recurrentes y a los terceros perjudicados se practiquen en forma personal, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo contenido se reprodujo en el apartado relativo a la fuente normativa.
"También se actualiza el segundo requisito, pues el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales no contempla expresamente la figura de las notificaciones, pues cuando tal ordenamiento se refiere a tal institución, lo hace en el contexto de la reglamentación del recurso de revisión.
"La tercera condición para la aplicación supletoria de leyes también se satisface, pues la omisión legislativa hace necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia; así, toda vez que el punto a determinar es el momento en que surten efectos las notificaciones que deban hacerse, entre otros, a los recurrentes.
"Además, se considera que la regulación de las notificaciones resulta aplicable y es necesaria para solucionar el presente conflicto, toda vez que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, por lo que debe atenderse al mayor beneficio para las partes.
"Finalmente, se surte la última de las exigencias para aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la norma aplicable supletoriamente (artículo 321 de la codificación en cita) no contraría el ordenamiento legal a suplir; por el contrario, es congruente con sus principios y con las bases que rigen la institución de las notificaciones.
"Sobre el particular, cabe precisar que, adverso a lo resuelto por la Sala responsable, la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en torno al momento en que surten sus efectos las notificaciones, tampoco contraría la Ley de Aguas Nacionales, concretamente lo dispuesto en su numeral 124, a saber, que el recurso de revisión se podrá interponer dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
"Se considera de esa forma, porque -como se vio- no existe disposición en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales en torno al momento en que surten sus efectos las notificaciones; de ahí que tal omisión repercuta directamente en la disposición de la Ley de Aguas Nacionales, en relación a que el recurso de revisión se podrá interponer dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, por desconocerse el momento preciso a partir del cual surten sus efectos las notificaciones personales de los actos o resoluciones definitivas de la autoridad del agua.
"De ahí que, se insiste, como lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 39/2013, ante la falta de regulación sobre el tema y toda vez que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y considerarse que, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona.
"Entonces, para determinar el momento en que deben surtir efectos las notificaciones personales, se justifica la aplicación del principio pro persona, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, cuya finalidad es asegurar y facilitar, en el ámbito temporal, que quien acudió a juicio pueda defender un derecho.
"Así, armonizando el principio pro persona con la garantía de los particulares de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, aun cuando el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales no establezca expresamente el día en que surten efectos las notificaciones personales, atendiendo al mayor beneficio para las partes, se deberá considerar que las mismas surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así el recurrente contará con un día más para acceder al recurso de revisión, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día.
"Finalmente, debe establecerse que este órgano judicial de amparo no comparte el criterio contenido en la tesis aislada VI.3o.A.343 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con base en la cual la Sala responsable resolvió el juicio de nulidad, titulada: ‘NOTIFICACIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 197 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EN CUANTO AL MOMENTO EN QUE SURTEN SUS EFECTOS.’
"En primer término, toda vez que la misma no es de observancia obligatoria, por tratarse de un criterio aislado y, en segundo lugar, debido a que adverso a lo ahí sostenido, como se vio párrafos atrás, en el caso sí se cumplen los últimos dos requisitos para la aplicación supletoria de leyes que establece la jurisprudencia 34/2013, a saber, que la omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
"Resulta de esa forma, porque el punto a determinar es el momento en que surten efectos las notificaciones que deban hacerse, entre otros, a los recurrentes; tema que debe solucionarse con la legislación supletoria, ya que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, por lo que debe atenderse al mayor beneficio para las partes.
"Asimismo, pues la norma aplicable supletoriamente (artículo 321 de la codificación en cita) no contraría el ordenamiento legal a suplir; por el contrario, es congruente con sus principios y con las bases que rigen la institución de las notificaciones, toda vez que debe existir certeza en torno al momento en que éstas surten efectos.
"Sin que resulte cierto, como se alude en el criterio de referencia, que la laguna que contiene el artículo 197 del Reglamento de Aguas Nacionales se subsane con la aplicación del artículo 124 del ordenamiento que reglamenta -Ley de Aguas Nacionales-, del cual se advierte que el plazo para interponer dicho recurso iniciará el día siguiente a la fecha en que se notifiquen los actos controvertidos; por ende, que el aludido código es inaplicable supletoriamente en cuanto al momento en que surten sus efectos dichas notificaciones, máxime que éste contraría a la referida ley, al señalar, en sus artículos 321 y 284, que las notificaciones surtirán sus efectos el día siguiente al en que se practiquen y que los términos empezarán a correr el día siguiente del en que aquéllas surtan efectos.
"Toda vez que, se insiste, al no existir disposición ni en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales ni en la ley de referencia en torno al momento en que surten sus efectos las notificaciones, se desconoce el instante preciso a partir del cual surten sus efectos las notificaciones personales de los actos o resoluciones definitivas de la autoridad del agua, lo que importa falta de regulación sobre un tema en que se encuentra involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, por lo que debe atenderse al mayor beneficio para las partes.
"b) Justificación interna
"7.1.4. Silogismo judicial
"Premisa mayor
"Siempre que un particular interponga recurso de revisión contra actos o resoluciones de la autoridad del agua -previsto en los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 193 de su reglamento- deberá considerarse que la notificación de aquéllos surte sus efectos al día siguiente al en que se practique.
"Premisa menor
"En el caso, la quejosa ********** interpuso recurso de revisión en contra de una resolución pronunciada por el director local de San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua.
"Subsunción
"Como puede advertirse de la comparación entre el hecho demostrado, aludido en la premisa menor o fáctica, el mismo encuadra en el supuesto normativo, consistente en que un particular interpuso recurso de revisión contra una resolución de la autoridad del agua -previsto en los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 193 de su reglamento-.
"Conclusión
"La notificación de la resolución de la autoridad del agua surtió sus efectos al día siguiente al en que se practicó."
12. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 314/2010, en el considerando quinto de su sentencia, estableció, en lo que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO.
"...
"Ahora, por cuanto hace al tema relativo a la fecha en que empieza a correr el plazo para impugnar las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Agua, es conveniente recurrir a lo considerado en el amparo en revisión 277/2009 del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, el que, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil nueve, se resolvió en los siguientes términos:
"‘... Previamente al examen de tales agravios, conviene destacar que se concedió el amparo, atendiendo a que en la resolución reclamada se citaron como fundamento del desechamiento del recurso ordinario de revisión, los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que contemplan ese medio de defensa para combatir los actos de la autoridad que causen agravio a particulares, mismos que prevén momentos distintos para computar el término para hacer valer ese recurso, lo que se traduce en una violación al debido proceso legal que deja en estado de indefensión al quejoso, al no poder determinar con precisión el momento en que vence el término que tiene para hacer valer su derecho, al invocarse de manera confusa dos preceptos legales que se contraponen, aplicando uno de ellos en perjuicio del quejoso, provocando que la resolución sea incongruente, por lo que concedió el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el acto y ajustándose a la ley, resuelva lo procedente acerca del recurso hecho valer.
"‘Del texto de la resolución reclamada se advierte que se desechó por i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25160-4d8f84e5/comision-nacional-del-agua-para-determinar-el-momento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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