CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: JAVIER CRUZ VÁZQUEZ.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al veinte de octubre de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Por oficio 10-1-2-72387/19, de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, recibido el veintiséis siguiente en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el Magistrado presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 179/2019 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de dicho Circuito, al emitir sentencia en el diverso juicio de amparo 195/2019 (foja 2 a la 72).
SEGUNDO.—Trámite. En auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito registró la denuncia de posible contradicción de tesis con el expediente 3/2019 y la admitió a trámite, solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Primero y Segundo, de este Circuito, el archivo electrónico de las sentencias dictadas respectivamente por tales órganos colegiados, en los juicios de amparo directo 179/2019 y 195/2019, copia certificada y archivo electrónico de los juicios de amparo directo registrados por esos tribunales con el consecutivo 230/2019, y finalmente, que informaran sobre la vigencia de los criterios materia de la contradicción (foja 74).
En proveído de dos de octubre siguiente, el presidente del Pleno de Circuito tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito y al secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, por (sic) cumpliendo el requerimiento que respectivamente les fue formulado, luego de que informaron que los criterios contendientes se encuentran vigentes y, a su vez, remitieron copias certificadas de las sentencias en que se contienen y la versión electrónica de ellas (folio 181).
Integrado el asunto, mediante proveído dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Enrique Villanueva Chávez para su estudio y formulación del proyecto de resolución (foja 193).
Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, derivado del cambio de adscripción del Magistrado ponente, el Magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero fue designado para emitir el proyecto de resolución (folio 273); y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos por dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con los preceptos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que fue presentada por el Magistrado presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad responsable en los juicios de amparo directo 179/2019, 195/2019 y los registrados por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la presente contradicción, con el similar consecutivo 230/2019.
TERCERO.—Antecedentes. De las constancias que integran el expediente se desprenden los siguientes acontecimientos comunes a los casos planteados ante los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
1. La Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua impuso a diversos gobernados multas por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, así como ordenó la clausura total y definitiva de los aprovechamientos de aguas nacionales del subsuelo.
2. Los particulares sancionados promovieron juicios de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que, entre otros planteamientos, argumentaron la caducidad de las facultades de la autoridad para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, pues del acta de inspección al inicio de éste (sic) transcurrieron los plazos que tenía para tal efecto.
3. Cada juicio concluyó con la sentencia que desestimó la alegación referida en líneas precedentes, con el argumento toral de que la caducidad de las facultades de la autoridad, prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se computa hasta que se notifica el inicio del procedimiento, no a partir del acta de inspección, respecto de la cual la figura que se actualiza es la prescripción, de conformidad con el numeral 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
4. Inconformes con la decisión emitida en ese sentido, los actores promovieron los juicios de amparo directo 179/2019 y 195/2019 del índice de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Primero y Segundo, respectivamente, así como el juicio de amparo directo 230/2019 del registro de ambos tribunales contendientes.
Así, las ejecutorias pronunciadas en los citados juicios de amparo, constituyen la materia de análisis de la presente contradicción de tesis.
CUARTO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Las determinaciones asumidas por tales órganos jurisdiccionales se basaron en los razonamientos que se reseñan enseguida:
I. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en los juicios de amparo directo 179/2019 y 230/2019, determinó que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla, entre otros, el procedimiento genérico o estándar relacionado con las visitas de verificación y el de imposición de sanciones, en los cuales se fijan periodos que debe atender la autoridad administrativa para resolver diversas situaciones jurídicas del particular, en el primero habrá que determinar si derivado de la visita hay elementos para iniciar un procedimiento sancionador, mientras que, en el segundo, si procede o no la aplicación de alguna sanción derivada de la inobservancia a alguna disposición legal.
Explicó que la intención del legislador es que una vez practicada la visita de inspección o iniciado el procedimiento sancionador, no se deje indefinida la situación correspondiente en perjuicio de la seguridad jurídica del particular. Por ello, el creador de la norma consideró que en los supuestos apuntados debe sancionarse la inactividad de la autoridad.
Reiteró que la figura jurídica de la caducidad no es exclusiva del procedimiento administrativo sancionador previsto en el ordenamiento citado, pues aquélla se encuentra dentro del título tercero que se refiere al procedimiento administrativo en general, y la visita de verificación se ordenó y ejecutó conforme a los numerales 62 al 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 182 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Dijo que de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 190/2009, de rubro: "VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 360, la autoridad debe resolver lo que corresponda sobre la situación jurídica del visitado, dentro del plazo de tres meses previsto en el artículo 17 de la aludida Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contados a partir de la fecha en que la visita se practicó, es decir, la entidad administrativa debe dilucidar si de acuerdo con el resultado de la visita de verificación practicada ha lugar o no a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, en observancia al principio de seguridad jurídica, y de no proceder de ese modo dentro del plazo aludido, al día siguiente comenzará a transcurrir el plazo de treinta días previsto en el precepto 60 de la legislación indicada, para que la autoridad ejerza su facultad de sancionar al gobernado por una eventual infracción a la normativa aplicable.
A partir de tal contexto jurídico, el citado Tribunal Colegiado de Circuito consideró que de la fecha en que se practicó la notificación de la orden de inspección, al día en que se comunicó al sujeto visitado el inicio del procedimiento administrativo de imposición de sanciones, ya habían caducado las facultades de la autoridad administrativa para iniciarlo, precisamente al no haberle informado sobre su situación jurídica después de que transcurrió el plazo de tres meses a que se refiere el numeral 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aunado a que dentro del diverso plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que feneció aquél, omitió definir si iniciaba o no el procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con el precepto 60, párrafo último, de la legislación precitada.
Sostuvo que la circunstancia de que caduquen las facultades de la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, no impide que reinicie un nuevo procedimiento respecto de un acto por el cual se decretó aquélla, mediante diversa visita de inspección o verificación, ya que el invocado artículo 60, párrafo segundo, prevé que la caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.
Además, indicó que en la tesis 1a. CLXII/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 275, de rubro: "CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE ÉSTAS REINICIEN UN NUEVO PROCEDIMIENTO RESPECTO DE UN ACTO POR EL CUAL SE DECRETÓ AQUÉLLA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.", la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que el citado numeral no contraviene el principio non bis in idem, el cual proscribe la iniciación de un nuevo juicio o procedimiento sobre una cuestión ya resuelta en forma definitiva en un procedimiento judicial o administrativo, en virtud de que la institución de la caducidad a que se refiere el precepto citado, no afecta el acto en sí mismo considerado, sino un derecho de tipo procesal, de manera que mientras no haya transcurrido el plazo de la prescripción, la declaración de caducidad no impide que pueda incoarse nuevo procedimiento sobre el mismo objeto en el que vuelvan a plantearse las mismas u otras pretensiones, fundadas en aquel acto y que se articularon en el procedimiento que concluyó por caducidad, pues de lo contrario se pugnaría con los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir en toda actuación administrativa.
Precisó que no existe interdependencia entre las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad, pues ésta únicamente tiene efectos para el procedimiento, pero no para las facultades sancionadoras de la autoridad; de ahí que no repercuta en el acto administrativo.
Señaló que la decisión alcanzada sobre la caducidad del procedimiento de verificación no cambia por el hecho de que la Comisión Nacional del Agua tenga como finalidad salvaguardar derechos elevados a rango constitucional, a saber: controlar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, la distribución y preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, previstos en el artículo 27 de la Constitución. Ello porque la autoridad debe atender y respetar el principio de seguridad jurídica del particular visitado y realizar los actos procesales conducentes para definir su situación jurídica dentro de los plazos fijados legalmente para cada etapa de dicho procedimiento.
Aunado a lo anterior, en el juicio de amparo 179/2019, dicho tribunal explicó que tampoco constituye un obstáculo para esa decisión, que en la jurisprudencia 2a./J. 73/2011, de rubro: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 524, la Segunda Sala haya sustentado que en el procedimiento sancionador regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, únicamente el transcurso de los treinta días, contados éstos a partir de la expiración del término con que cuenta la autoridad administrativa para dictar resolución, generará la caducidad del procedimiento, por ser la consecuencia prevista en el último párrafo del artículo 60 citado.
Justificó que es así, porque dicho criterio a la postre fue interrumpido por la propia Segunda Sala, al resolver el amparo directo en revisión 722/2018, en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de que la actualización de la figura jurídica de la caducidad aplica no sólo cuando se trata del procedimiento sancionador, esto es, luego de que se notificó al particular la determinación de la autoridad de iniciarlo y que concluyeron las etapas subsecuentes, sino que la etapa previa de investigación también está sujeta al límite temporal que regula la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria; de modo que una vez efectuada la visita de inspección, la autoridad administrativa contará con el plazo de tres meses para emitir la decisión respectiva, o sea, aquella en la que decida si procede o no la sustanciación del procedimiento sancionador, pues, en caso contrario, una vez transcurrido ese plazo y treinta días más, quedarán extinguidas sus atribuciones.
II. Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito
En contraste con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 195/2019 y 230/2019, el Segundo Tribunal Colegiado de dicho Circuito consideró que con base en las tesis 2a./J. 190/2009 y 2a. CLXIX/2017 (10a.), que se identifican con el título y subtítulo que, respectivamente, se plasma a continuación: "VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN." y "VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.", esta última publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 877, con número de registro digital: 2015841, las visitas de verificación o inspección en materia de aguas deben finalizar con el dictado de una resolución en la que se defina la situación del visitado, por tanto, dijo, si la visita no concluye en el periodo máximo aplicable para tal supuesto, el procedimiento relativo es susceptible de caducar en términos del artículo 60, párrafo último, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Sin embargo, apuntó, el plazo para que opere la caducidad del procedimiento administrativo de imposición de sanciones no debe partir del procedimiento de verificación, específicamente de la visita de inspección, porque se trata de dos procedimientos distintos, susceptibles de caducar conforme a sus propias reglas.
Sostuvo que mientras las visitas de verificación se tramitan y concluyen en términos de los numerales 1, 2, 17, 32, 57, fracción I, 60 y del 62 al 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones está reglamentado en los artículos del 71 al 80 del citado ordenamiento.
Refirió que únicamente el transcurso del plazo de treinta días contados a partir de la expiración del diverso plazo para dictar resolución que imponga la sanción, genera la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa, el que a su vez corre a partir de que se dicta la resolución que tenga por recibidos los alegatos o el día en que transcurra el plazo para presentarlos, pues es esa la condición prevista en el citado precepto 60, sin que sea factible considerar que pueda comenzar a computarse antes de la realización de dichos actos.
Sobre esa base calificó de infundado el concepto de violación, pues del análisis de la caducidad aplicable al procedimiento administrativo sancionador no puede realizarse en función de las etapas que debieron tener verificativo en el diverso de inspección, ya que se trata de trámites distintos e independientes.
Señaló que la autoridad ciertamente determinó que lo procedente es sancionar al infractor de la normativa aplicable con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de ésta. Sin embargo, agregó, lo jurídicamente relevante es que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no prevé como consecuencia de la conclusión de ésta, el inicio del procedimiento sancionador.
Puntualizó que ello es así, porque en términos de los artículos 60 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la eventual caducidad del procedimiento de inspección iniciado con base en la orden de visita de inspección, no produce por sí misma la caducidad para iniciar otro, ni la obligación de hacerlo inmediatamente, dado que tal circunstancia queda sujeta a que no transcurra el plazo prescriptivo de cinco años, contados a partir de que el presunto infractor incurra en la falta, si fuera consumada, o bien, desde que cesó, si fuera continua.
Sostuvo que es así, porque en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 1256/2006, del que derivaron las tesis 1a. CLXI/2006 y 1a. CLXII/2006, de rubros: "CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y "CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE ÉSTAS REINICIEN UN NUEVO PROCEDIMIENTO RESPECTO DE UN ACTO POR EL CUAL SE DECRETÓ AQUÉLLA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.", respectivamente, la Primera Sala indicó que la caducidad únicamente trasciende al procedimiento administrativo, no a la legalidad de la sanción aplicada, pues una vez configurada la inactividad procesal en el plazo previsto por el legislador, la consecuencia es que se declare la extinción de la instancia, sin perjuicio de que se dé inicio a otra; mientras que en la prescripción, una vez actualizada, se pierde toda facultad de la autoridad para sancionar al infractor.
Refirió que la inactividad del procedimiento de inspección iniciado con base en la orden de visita, no trasciende al diverso procedimiento sancionador que culminó con la emisión de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues este último inició con la notificación del inicio del procedimiento sancionador, sin que entre la orden de visita y la emisión de la resolución impugnada haya transcurrido el lapso de cinco años previsto en el numeral 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que prescribiera la facultad de la autoridad para imponer sanciones.
En adición a dichas consideraciones, en el juicio de amparo directo 195/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito sustentó que es intrascendente que el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador que culminó con la emisión del acto impugnado, se haya notificado cuando ya había fenecido el plazo otorgado para concluir el diverso procedimiento de inspección, debido a que la aludida acta de visita "no forma parte de un procedimiento que todavía no inicia".
QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
El objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios divergentes. Es decir, para identificar si existe tal contradicción, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
Por ese motivo, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y dilucidar si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 93 del Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que lleva por título (sic): "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."
La misma Primera Sala, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en la página 122 del Tomo XXXI, marzo de 2010, del referido medio de difusión oficial, Novena Época, de epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", fijó los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, a saber, que:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método.
2. Entre los ejercicios interpretativos se encuentre algún punto del razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico en general, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
3. Lo anterior pueda dar lugar a formular una pregunta genuina sobre si la forma de responder la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que también sea legalmente posible.
De acuerdo con los requisitos aludidos, este Pleno de Circuito considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 179/2019 y 230/2019, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al emitir sentencia en los juicios de amparo 195/2019 y 230/2019.
Ello porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver tales asuntos, analizaron, esencialmente, una misma situación jurídica, a saber: si la caducidad del procedimiento de verificación o de inspección a que debe sujetarse la autoridad para controlar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, al no dictarse la resolución que lo concluye, esto es, la que define el inicio del procedimiento administrativo sancionador en el plazo de treinta días, contados a partir de que concluyó el diverso plazo de tres meses que tenía la autoridad para resolver la situación jurídica del gobernado, trasciende o no impacta al procedimiento administrativo sancionador, en el supuesto en que aquél finaliza con la resolución que ordena el inicio de éste.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito implícitamente consideró que la caducidad del procedimiento de verificación sí trasciende al diverso procedimiento administrativo sancionador, porque cuando la autoridad emitió la resolución que definió la situación jurídica del inspeccionado y que a su vez ordenó el inicio del último de los procedimientos mencionados, ya habían caducado las facultades de la autoridad para dictarla, en el entendido de que la declaratoria de caducidad no impide que la autoridad reinicie un nuevo procedimiento administrativo a través de una diversa visita de inspección o verificación.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la inactividad del procedimiento de inspección no trasciende al procedimiento administrativo sancionador, pues no produce, por sí misma, la caducidad para iniciar otro, ni la obligación de hacerlo inmediatamente, menos impacta a la legalidad de la sanción, pues sólo produce la extinción de la instancia, precisamente porque el acta de visita "no forma parte de un procedimiento que todavía no inicia."
Así, este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito observa que los Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados sostuvieron criterios opuestos respecto a la misma cuestión jurídica.
SEXTO.—Estudio. Al tenor de las consideraciones expuestas hasta este momento, se afirma que la problemática del caso consiste en dilucidar si las visitas de verificación ordenadas por la Comisión Nacional del Agua deben culminar con el dictado de una resolución y, por tanto, en caso de no emitirse ésta dentro del término establecido para tal efecto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el procedimiento correspondiente es susceptible de caducar en términos del artículo 60 de dicho ordenamiento.
Para dilucidar dicha cuestión, por principio se explicará la naturaleza jurídica y los efectos de la caducidad, posteriormente se enunciarán las fases de los procedimientos en mención, con la finalidad de explicar que, en efecto, el procedimiento de verificación es susceptible de caducar si no se resuelve la situación jurídica del visitado, dentro del plazo de tres meses a que se contrae el numeral 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La caducidad en materia administrativa
Pues bien, la garantía de seguridad jurídica exige que el legislador redacte las normas de forma tal que permitan, por un lado, que el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentra limitado y acotado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria, en razón de la posición que guardan dentro de las relaciones de subordinación.
Dentro de este contexto de seguridad jurídica, surge la figura de la caducidad de las instancias jurisdiccionales o administrativas, que tiene como propósito dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos a través de la extinción del procedimiento que debe sujetarse a plazos o términos y no prolongarse indefinidamente, con la finalidad de evitar el estado de incertidumbre que supone, sobre todo cuando ese procedimiento implica cargas o consecuencias para los particulares, de forma que su resolución les afecta por estar pendiente la definición de su situación jurídica.
Tratándose de disposiciones que regulan un procedimiento instaurado por la autoridad bajo la posibilidad de emitir un acto de molestia o privativo en contra del particular, la figura en análisis opera de manera específica, en la medida en que no puede ni debe quedar supeditado en su aspecto de temporalidad al capricho de la autoridad, sino que, por el contrario, la norma debe evitar situaciones inciertas que dañen la garantía de seguridad jurídica, por lo que deberá fijar un plazo o término para que la autoridad despliegue por sí toda la actividad que sea necesaria para definir la situación determinada que involucra al gobernado y, en su defecto, deberá sancionarse con la extinción de sus facultades o de la instancia y, por ende, de la posibilidad para dictar la decisión de fondo respectiva, con el propósito de impedir que los particulares queden sometidos a un estado de irresolución.
Estas consideraciones derivan de la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 722/2018, en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
Por cuanto se refiere a la instancia administrativa, la norma que despeja la incertidumbre jurídica del gobernado es el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instanc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29580-6c4adda0/caducidad-del-procedimiento-de-verificacion-ordenado-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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