EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUIDA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 17 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: MAURA SÁNCHEZ CERÓN.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito correspondiente al día diecisiete de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS para resolver los autos del expediente 2/2020, relativo a la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio 4220/2020 de veintiocho de febrero de dos mil veinte, presentado ante la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito el diez de marzo del citado año, la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 103/2019 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al fallar el amparo en revisión administrativo 100/2019.
SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 2/2020, la admitió y solicitó a los Magistrados presidentes del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito, copia certificada de las ejecutorias dictadas, respectivamente, de los amparos en revisión administrativo 103/2019 y 100/2019, así como el archivo electrónico; igualmente requirió a los referidos órganos si el criterio de cada uno de los asuntos se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, el presidente de este Pleno de Circuito ordenó la reanudación de los plazos procesales y el trámite físico del presente asunto en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno de varios 2020; y en virtud de que la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó sobre la inexistencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema que es materia de la presente contradicción de tesis, se ordenó turnar la contradicción de tesis 2/2020 al Magistrado José Gerardo Mendoza Gutiérrez para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en la ciudad de Irapuato.
TERCERO.—Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 103/2019. El mencionado órgano colegiado resolvió lo siguiente:
"QUINTO.—Síntesis de la resolución recurrida.
"Precisó en primer lugar que, por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve al advertir que la Cuarta Sala no había sido señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo, requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalarla como tal y que al cumplir el referido requerimiento, la impetrante manifestó expresamente su voluntad de no hacerlo.
"Que la omisión de señalar a tal autoridad como responsable, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo; que la omisión de cumplir con la sentencia supone un acto complejo en el que interviene, al menos, el órgano jurisdiccional que la dictó y los funcionarios administrativos condenados a pagar las prestaciones.
"Que el estudio de la constitucionalidad del cumplimiento de una sentencia implica llamar a juicio a todas las autoridades omisas, con el objeto de que cada una, en lo individual y de acuerdo a la naturaleza de su participación, puedan rendir informe justificado para explicar su actuar pasivo en la observancia de la resolución. En el caso del tribunal, hizo referencia a su obligación de procurar la ejecución total de la sentencia y, por lo que ve a los funcionarios demandados, a satisfacer todas las pretensiones a que fueron condenados.
"Que en la tesis 2a./J. 1/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adujo que las dependencias no pierden el carácter de autoridad responsable por figurar como demandadas en un juicio contencioso administrativo y que ante el incumplimiento de una sentencia en un juicio administrativo, éstas deben ser llamadas a juicio por los Jueces de Distrito.
"Que ello no implica que pudiera prescindir de tener como responsable al tribunal administrativo, dado que es el principal obligado de velar por la ejecución de la sentencia que éste dictó y, por tanto, a quien en mayor medida cabría reprochar su incumplimiento.
"Que de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, el tribunal administrativo está facultado para gestionar el cumplimiento de sus determinaciones.
"Que ese dispositivo es un reflejo de la garantía de tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la autoridad judicial como rectora del proceso, debe gestionar el cumplimiento de las determinaciones que emite, lo que supone su facultad de usar los medios de apremio para vencer la resistencia que alguna de las partes en conflicto pueda ofrecer.
"Que la ejecución de la sentencia dictada en el proceso administrativo hace que el tribunal y las autoridades demandadas se encuentren vinculadas de forma indivisible, en una sola relación sustantiva.
"Que es indispensable que ambas autoridades intervengan en el juicio de amparo, porque sólo así será posible decidir, en una sola sentencia, la situación jurídica que tendrá que prevalecer en relación con la omisión que la quejosa reclama.
"Que el juicio de amparo no es ajeno a los principios de la teoría general del proceso, por lo que las reglas del litisconsorcio pasivo son necesarias en el caso, debido a que hay un sujeto pasivo que puede oponer resistencia frente a las pretensiones que el sujeto activo deduzca en su contra.
"Que en el amparo el sujeto pasivo puede identificarse con la autoridad responsable, porque el Juez de amparo debe darle intervención para que rinda un informe con justificación, a través del cual pueda oponer resistencia frente a la pretensión de que su afectación se declare inconstitucional, lo que hace necesario que todas las autoridades que intervengan en el acto que el quejoso reclame, deban ser llamadas al juicio de amparo, como condición para dictar una sentencia constitucional válida.
"Que la omisión de señalar al tribunal administrativo como responsable impide integrar la litis del amparo, ya que la omisión que se reclama constituye un acto complejo que lo vinculó de forma indivisible con la actuación de los funcionarios municipales demandados en el proceso de origen.
"Apoyó sus razonamientos en la sentencia de este Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 207/2018, en donde se revocó el fallo para reponer el procedimiento y requerir al promovente del juicio para que manifieste si desea señalar como responsable a una Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Ello en virtud de que en principio, es esa la autoridad encargada de realizar las gestiones necesarias para la observancia de sus determinaciones.
"Que si el Tribunal Colegiado hubiera considerado innecesario llamar como responsable al tribunal administrativo, hubiera estudiado de fondo la materia del recurso, porque la violación procesal que detectó no habría trascendido.
"...
"SÉPTIMO.—Estudio de los agravios.
"Es infundado el primero de los agravios e inoperantes el segundo y el tercero de los planteados.
"En primer término, es preciso destacar que la intención de la quejosa en el juicio de amparo radica en obtener el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la que se le reconoció un derecho de pago.
"Ahora, para la observancia efectiva de una sentencia emitida por alguno de esos tribunales administrativos, deberá estarse a las disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el que en sus artículos 321 a 323 dispone:
"‘Artículo 321. Cuando una sentencia ejecutoria sea favorable a un particular, el juzgador la notificará por oficio y sin demora alguna a las partes para su debido cumplimiento, previniéndolas para que informen sobre el cumplimiento que den a la sentencia respectiva y, en su caso, requerirá a la autoridad para que la cumpla.
"‘Se podrá tener por cumplida la sentencia mediante convenio celebrado por las partes, siempre y cuando la forma de cumplimiento no afecte el orden público, ni derechos de terceros, el cual surtirá todos sus efectos legales una vez que sea ratificado por el tribunal.’
"‘Artículo 322. Si dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el juzgador de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos por este código.
"‘Si una vez agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento de la sentencia, el juzgador podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió. En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que goce de fuero constitucional, se procederá conforme a la ley de la materia.’
"‘Artículo 323. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, el juzgador podrá realizarlo en rebeldía de la demandada, salvo que se trate de actos discrecionales de la autoridad.’
"De lo transcrito se obtiene que cuando una sentencia ejecutoria es favorable, se notificará a la autoridad obligada y se requerirá su acatamiento. Que si dentro de los quince días a que causó ejecutoria la sentencia no ha sido observada, se aplicarán, de oficio o a petición de parte, los medios de apremio previstos en el propio código.
"Dispone que agotados esos medios de apremio –previstos en el artículo 27 del citado ordenamiento– ante la omisión de hacer valer el fallo, se podrá destituir al servidor público que la incumplió. Que de ser un funcionario público que goce de fuero constitucional, se procederá conforme a la ley correspondiente. Incluso, el tribunal podrá realizar, en rebeldía de la autoridad, el acto a que fue constreñida en la sentencia, salvo que se trate de actos discrecionales.
"Se concluye entonces, que es el órgano jurisdiccional quien debe imponer coactivamente las consecuencias jurídicas dispuestas en la ley a las autoridades que omitan atender los efectos del fallo condenatorio.
"Así, la obligación de pago establecida en una sentencia nace a partir del análisis realizado en sede jurisdiccional y, aun cuando las autoridades municipales demandadas en el proceso contencioso tienen la obligación de atender la condena judicial, es la propia autoridad jurisdiccional la encargada de velar por la observancia de sus determinaciones porque la legislación que regula ese proceso establece los medios legales a su alcance para exigir coactivamente su efectividad.
"Con esa base, debe concluirse que la obligación del cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato recae no sólo en la autoridad demandada, sino también en el propio tribunal en la parte de vigilancia del correcto y oportuno acatamiento de las determinaciones judiciales.
"Ahora bien, es necesario tener presente que dentro del sistema jurídico mexicano, la garantía de tutela jurisdiccional se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ésta se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’
"Ese derecho está vinculado a la ejecución eficaz de la sentencia, porque agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe culminarse con la obtención por parte del actor, del beneficio otorgado en la decisión jurisdiccional.
"Ante ello, el Juez de la causa está vinculado ineludiblemente a obtener la eficacia de su resolución, mediante la vigilancia de su cumplimiento.
"En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio –dado que la ejecución de una sentencia es un tema de orden público–, todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en éstas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras manifestaciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.
"Hasta aquí, puede advertirse que la eficacia de una sentencia radica en: (1) su observancia oportuna y completa, la que se obtiene a partir de los requerimientos que haga la autoridad jurisdiccional; y, (2) la debida atención que la autoridad condenada ponga en estas solicitudes.
"Esa doble perspectiva de las obligaciones de las autoridades inmiscuidas en el cumplimiento –jurisdiccional y demandada– constituye un vínculo indisoluble, porque ante la reticencia de la autoridad obligada existirá la coacción de la autoridad jurisdiccional para obtener su observancia.
"En otras palabras, no puede entenderse la obligación de hacer efectiva una sentencia sin la exigencia por parte de la autoridad jurisdiccional, porque el primero se obtiene siempre a consecuencia de lo segundo, de tal modo que para fijar y estudiar las causas de su incumplimiento, forzosamente se verificará el puntual proceder del tribunal que la emitió, a fin de saber si ha ejercido la debida exigencia para ese fin, o ha permitido implícitamente la pasividad de la autoridad obligada.
"Lo anterior es concordante con los razonamientos expuestos por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión administrativa 207/2018 y 71/2018 de los que derivó la tesis XVI.1o.A.185 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, Décima Época, página 2499, de rubro (sic) y texto siguientes:
"‘AMPARO CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SI EL QUEJOSO DESIGNA COMO RESPONSABLE SÓLO A LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA Y MANIFIESTE SI SEÑALA TAMBIÉN CON ESE CARÁCTER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El proceso administrativo regulado por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé una serie de medidas que el juzgador debe utilizar para vencer la posible contumacia de quienes están obligados a acatar el fallo correspondiente, las cuales pueden ir desde el apercibimiento, hasta dar vista al Ministerio Público. Así, es el propio órgano jurisdiccional quien, coactivamente, debe imponer las sanciones a la parte obligada, que regularmente es una autoridad administrativa, al ser el facultado para realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. En estas condiciones, el juicio de amparo debe promoverse tanto contra los actos de la demandada en el juicio de origen, como del órgano jurisdiccional, por no cumplir con sus obligaciones de sancionar la rebeldía de aquélla. Por tanto, si se promueve amparo contra el incumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa local y en la demanda únicamente se designa como responsable a la autoridad demandada, el Juez de Distrito, al observar la participación de aquél, con el fin de lograr una eficaz administración de justicia y atender lo que en la demanda se pretende en su aspecto material, como lo es el cumplimiento de una sentencia, debe requerir al quejoso para que amplíe su escrito inicial y manifieste si lo señala como responsable y, ante la omisión de hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe revocar la ejecutoria y ordenar la reposición del procedimiento.’
"1. Omisión de cumplir el requerimiento
"Por lo que ve a la afirmación de la recurrente de que la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio ante la omisión de cumplir con el requerimiento, es infundada su apreciación, porque la causa que dio origen al referido sobreseimiento no es la omisión del requerimiento por parte de la quejosa, sino la falta de señalamiento de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato como autoridad responsable y la imposibilidad que ello genera para emitir una resolución con la litis debidamente integrada.
"En efecto, ante la omisión de señalar como autoridad responsable a la Cuarta Sala, la juzgadora requirió a la quejosa en el juicio de amparo indirecto para que, de ser su voluntad, la señalara como tal.
"Derivado de la negativa expresa de la aquí recurrente, la Jueza de Distrito admitió a trámite el juicio de amparo en el que, al dictar su resolución, precisó que al no contar con la posibilidad de tener a la Sala como responsable, dada la participación necesaria que cualquier ente jurisdiccional debe tener para hacer valer sus propias determinaciones, lo procedente era sobreseer en el juicio.
"2. Sala sin carácter de responsable
"En cuanto a que la Sala no es autoridad responsable porque ésta, a decir de la recurrente, ha realizado las gestiones necesarias para requerir la observancia de la sentencia, es ineficaz el argumento.
"Como se ha dicho al inicio de este estudio, el cumplimiento de una sentencia constituye una relación procesal compleja entre la autoridad obligada al acatamiento de aquélla –demandada– y la responsable de obtener esa observancia –autoridad jurisdiccional–.
"En esta relación, la obligación de velar por el efectivo acatamiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por su naturaleza y las atribuciones legales que les han sido conferidas, no termina con la aplicación de los medios de apremio a su alcance.
"Considerarlo así, atentaría en contra del derecho de quien obtuvo una sentencia favorable a sus intereses.
"Es así porque el uso de los medios de apremio contemplados en la legislación administrativa puede ser utilizado de forma gradual por el tribunal jurisdiccional con la intención de garantizar el cumplimiento de sus propias determinaciones. De esta manera, la Sala puede aplicar multas posteriores, con un nivel pecuniario más alto, las cuales se traducirían en una responsabilidad mayor por el incumplimiento de esos requerimientos.
"Todo ello con independencia de que la recurrente refiera que la Sala ha sido proactiva en requerir a las autoridades demandadas ya, que esa situación será materia de estudio por parte del Juez de Distrito al emitir la sentencia de fondo, en la cual, con libertad de jurisdicción, deberá verificar si efectivamente el tribunal administrativo ha realizado las gestiones necesarias para que la demandada acate el fallo.
"Considerar lo contrario implicaría que la juzgadora, sin previa verificación de la observancia de la obligación de la Sala de requerir el cumplimiento de su propia determinación, la reemplace en sus obligaciones y sea aquél quien exija la efectividad de un fallo que no estuvo sujeto a su consideración."
El criterio anterior se encuentra contenido en la tesis que a continuación se transcribe:
"Época: Décima Época
"Registro digital: 2019847
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 66, Tomo III, mayo de 2019
"Materias: Común y administrativa
"Tesis: XVI.1o.A.185 A (10a.)
"Página: 2499
"AMPARO CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SI EL QUEJOSO DESIGNA COMO RESPONSABLE SÓLO A LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA Y MANIFIESTE SI SEÑALA TAMBIÉN CON ESE CARÁCTER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El proceso administrativo regulado por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé una serie de medidas que el juzgador debe utilizar para vencer la posible contumacia de quienes están obligados a acatar el fallo correspondiente, las cuales pueden ir desde el apercibimiento, hasta dar vista al Ministerio Público. Así, es el propio órgano jurisdiccional quien, coactivamente, debe imponer las sanciones a la parte obligada, que regularmente es una autoridad administrativa, al ser el facultado para realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. En estas condiciones, el juicio de amparo debe promoverse tanto contra los actos de la demandada en el juicio de origen, como del órgano jurisdiccional, por no cumplir con sus obligaciones de sancionar la rebeldía de aquélla. Por tanto, si se promueve amparo contra el incumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa local y en la demanda únicamente se designa como responsable a la autoridad demandada, el Juez de Distrito, al observar la participación de aquél, con el fin de lograr una eficaz administración de justicia y atender lo que en la demanda se pretende en su aspecto material, como lo es el cumplimiento de una sentencia, debe requerir al quejoso para que amplíe su escrito inicial y manifieste si lo señala como responsable y, ante la omisión de hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe revocar la ejecutoria y ordenar la reposición del procedimiento.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 71/2018. J. Dolores Martínez Gutiérrez. 2 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.
"Amparo en revisión 207/2018. Gilberto Cerda Montoya. 17 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.
"Esta tesis se publicó el viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación."
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. En el amparo en revisión administrativo 100/2019, ese órgano colegiado, en lo que aquí interesa, resolvió lo siguiente:
"CUARTO.—Estudio de los agravios.
"Los agravios son inoperantes e infundados en unos aspectos; en tanto que, en otros, son esencialmente fundados y suficientes para revocar la resolución que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional relativa, los cuales serán analizados conjuntamente dada su estrecha vinculación y de conformidad con la sistemática prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
"I. Precisión de litis.
"En términos del numeral 81, fracción 1, inciso d), de la Ley de Amparo, la litis del presente recurso de revisión consiste en analizar la legalidad del acuerdo pronunciado en el juicio biinstancial ********** subyacente, que en términos de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción II, y 108, fracción III, de la misma ley reglamentaria, sobreseyó fuera de audiencia constitucional respecto de los actos reclamados del presidente municipal, Ayuntamiento, tesorero y director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, consistentes en el incumplimiento de la sentencia ejecutoria relativa al proceso administrativo **********, del índice de la Primera(1) Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
"Lo anterior, ya que a consideración del órgano resolutor, la omisión de la empresa quejosa, ahora recurrente, consistente en atender la prevención de señalar como diversa autoridad responsable a la Primera Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (en su carácter de entidad emisora de la sentencia relativa al juicio **********), tiene el alcance de interpretar que la litis inicialmente propuesta en la demanda de amparo no quedó debidamente integrada; siendo que, en todo caso, la autoridad no llamada a juicio ‘... es el principal obligado a velar por la ejecución de la sentencia que él mismo hubiese dictado y, por tanto, a quien en mayor medida cabría reprochar su incumplimiento’.
"II. Estudio.
"...
"Por otra parte, son infundados los argumentos con apoyo en los cuales la parte quejosa, ahora recurrente, sostiene la ilegalidad del acuerdo recurrido, porque dice que la Jueza Federal debió requerir la totalidad de las constancias relativas al juicio **********, en aras de advertir que no existe omisión por parte de la Primera Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al ser ‘proactiva’ en requerir el cumplimiento del fallo de nulidad relativo.
"Se dice que son infundados los anteriores planteamientos, ya que de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que mediante proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 87), la Jueza de Distrito requirió al titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ‘... para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, envíe copia certificada, completa y legible del expediente relativo al juicio contencioso administrativo **********’, a lo cual, dicha autoridad dio cumplimiento mediante oficio 10/2019 recibido en el juzgado del conocimiento el siete de enero de dos mil diecinueve (foja 91); siendo que, en términos de la vista materia del diverso proveído de ocho de enero del mismo año (folio 92), la parte quejosa, ahora recurrente, fue omisa en señalar lo que aquí destaca en sus agravios sobre la exhibición incompleta de las constancias de mérito.
"Ante esa perspectiva, también son infundados los argumentos en análisis, ya que, en todo caso, la eventual falta de ofrecimiento de las constancias agregadas al expediente **********, con posterioridad a la remisión del oficio 10/2019, bien pudo ser subsanada por la empresa quejosa, ahora recurrente, en la medida en que, además de ser parte en dicho proceso, en términos de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, el legislador incluso le reconoce el derecho de solicitar su posterior requerimiento a través del órgano de control constitucional (de no estar a su disposición o en la hipótesis de que le sea negada), lo cual no tuvo verificativo en la especie. Sobre el particular, son ilustrativos los razonamientos que informan la siguiente jurisprudencia:
"‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PARTE INTERESADA PUEDE ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA A LOS FUNCIONARIOS O AUTORIDADES EN EL SENTIDO DE QUE EXPIDAN LAS COPIAS O DOCUMENTOS PARA QUE SEAN APORTADOS EN EL JUICIO SIN QUE PREVIAMENTE LOS HAYA SOLICITADO, CUANDO EXISTA UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE AQUÉLLOS LOS EXPIDAN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 152 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito requiera a los funcionarios o autoridades omisas la expedición de las copias o documentos respectivos para ser ofrecidos como prueba en el juicio de amparo, es necesario que previamente la parte interesa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29761-0d96262d/ejecutorias-de-las-salas-del-tribunal-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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