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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL LOCAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LA LEY ESTATAL RELATIVA (LEGISLACIÓN ABROGADA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 27962
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-08-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Pág. 2224.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO, LUCIO LEYVA NAVA, RAÚL ANGULO GARFIAS Y GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ. PONENTE: LUCIO LEYVA NAVA. SECRETARIO: ORLANDO HERNÁNDEZ TORREBLANCA.

II. Competencia y legitimación

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en los artículos 3o. y 5o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque la posible contradicción se suscita entre dos Tribunales Colegiados que pertenecen a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Bernardino Carmona León, Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, quien se encuentra legitimado en términos de lo que dispone el artículo 227, fracción III,(3) de la Ley de Amparo.

III. Elementos necesarios para determinar si existe o no contradicción de tesis.

PRIMERO.—Precisiones. En congruencia, partiendo de que la finalidad de la contradicción de tesis es crear seguridad jurídica, resolviendo los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer.

En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que cita:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

Sobre la base en alusión, resulta necesario determinar, en primer orden, cuáles son las exigencias impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, las que se refieren a lo siguiente:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ´contradictorio´ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(6)

A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.

SEGUNDO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe prevalecer, es conveniente referir el origen de los asuntos que originaron los criterios contendientes, así como precisar las consideraciones y argumentaciones conducentes en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

A. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver en ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el amparo en revisión administrativa 80/2015:

"SEXTO.—Estudio de los agravios. Los motivos de disentimiento propuestos por la autoridad disconforme, a consideración de este Tribunal Colegiado, se estiman por una parte infundados y por otra esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.

"A fin de justificar tal postura, en principio conviene tener presente que en el cuarto considerando de la sentencia impugnada, el juzgador federal a quo, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, analizó las causales de improcedencia invocadas por la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en representación del Pleno del citado tribunal, quien al rendir su informe justificado, indicó que proceden las previstas en las fracciones VI, IX y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 62, todos de la Ley de Amparo, pues considera que la resolución administrativa de diecisiete de octubre de dos mil trece es cosa juzgada y la omisión que reclama respecto a la ejecución, no era susceptible de llevarse a cabo, ya que se encontraba obligada a cumplir con la suspensión que se concedió al quejoso por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

"Al respecto, el juzgador a quo, estimó que dicho planteamiento es infundado por lo siguiente:

"‘El argumento que antecede debe estimarse infundado, toda vez que la responsable parte de la base de que el quejoso indicó que la resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece, no tiene recurso alguno y que, por esa razón había tenido la facultad de ejecutarla, además aduce que no la ejecutó por encontrarse obligada a respetar la suspensión que se le había concedido al impetrante del amparo; sin embargo, contrario a lo manifestado por la responsable, el quejoso al indicar tal situación, únicamente lo hizo para justificar la razón por la cual se debe considerar que la sanción impuesta a prescrito, por lo cual la causal de improcedencia que trata de invocar resulta infundada.’

"En relación a ello, la parte recurrente afirma que fueron mal calificadas las causales de improcedencia, porque el impetrante de garantías, en su concepto de violación, sustancialmente se refiere a que la ley no previene recurso legal alguno contra la resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece, misma que fue dictada en el expediente administrativo 200/2011, siendo inconcuso que la suspensión de 10 (diez) días que se le impuso como sanción, era ejecutable; sin embargo, la autoridad no ejecutó dicha sanción, lo cual constituye un presupuesto básico para determinar a su favor la prescripción de la potestad para ejecutar la sanción impuesta.

"Que ello es contrario a derecho y a los antecedentes del caso, en los que se acredita que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 1680/2013 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el cual, como el mismo quejoso lo afirma en su demanda (foja 3), fue modificada y negada la protección federal que peticionó contra el acto ahí reclamado; sin embargo, omitió referir que en dicho juicio solicitó la suspensión provisional y la definitiva, mismas que le fueron otorgadas y cuyas medidas cautelares quedaron sin efecto hasta que causó ejecutoria la resolución primigenia.

"Consecuentemente, resultaba improcedente el juicio de amparo, debido a que se actualizan la causales que establecen las fracciones VI, IX y XXIII del artículo 61, en relación al 62 de la Ley de Amparo, en razón de que se está ante la presencia de cosa juzgada, al quedar firme la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil trece, fecha en la cual se encontraban vigentes las facultades sancionadoras y que, en consecuencia, la omisión que reclama en lo que respecta a su ejecución, no era susceptible de ejercitarla por parte de la autoridad aquí recurrente, sino cumplir con la suspensión concedida al quejoso, la cual quedó sin efecto hasta el cuatro de noviembre de dos mil catorce, en que se publicó la ejecutoria de veinticuatro de octubre del mismo año, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión administrativa 181/2014.

"Por tanto, al quedar firme la resolución administrativa de diecisiete de octubre de dos mil trece, estuvo lista para su ejecución a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la ejecutoria indicada a la autoridad aquí recurrente, lo que aconteció el diez de noviembre de dos mil catorce, por ende, estima incuestionable que el amparo de origen es infundado e improcedente, en razón de que reclama actos que tienen el carácter de cosa juzgada.

"Los aludidos planteamientos se estiman infundados puesto que el impetrante de garantías se encuentra reclamando específicamente:

"‘La omisión de resolver de forma oficiosa sobre la prescripción de la ejecución de la sanción impuesta en el procedimiento administrativo ********** del índice del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Guerrero.’

"Incluso, en los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo de origen, se aprecia, en lo que interesa, que precisó lo siguiente:

"‘En esas condiciones, al actualizarse dichos extremos legales que hacen patente que se ha actualizado un acto de carácter negativo en relación con el tema de la prescripción de la potestad de ejecutar la sanción que me fue impuesta, sin que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia lo haya decretado con posterioridad a la sustanciación de la revisión oficiosa, cuya culminación se originó al dictarse el fallo de fecha 17 de octubre del año de 2013, en cuyo caso al establecerse plenamente sobre mi responsabilidad, debió estudiar de manera oficiosa el tema de la prescripción de la pena materia del presente reclamo.—Cabe apuntar que este tema es diverso al de la prescripción de la facultad sancionadora, que ejerció dicha autoridad responsable al decretar mi responsabilidad e imponer la sanción de suspensión que pretende ejecutar, puesto que la prescripción de pena, es un estudio posterior a la declaratoria firme de responsabilidad, cuya omisión aquí se reprocha, al haberse negado al aquí quejoso el juicio de amparo 1680/2013 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito con motivo de lo resuelto en el recurso de revisión 181/2014, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia que modifica y niega la protección federal peticionada.’ (Énfasis añadido)

"Por otra parte, de los tomos de pruebas que se anexaron al expediente del amparo de origen, se aprecia en el tomo uno, la diversa demanda de amparo que promovió el quejoso **********, en la que se precisó lo siguiente:

"‘... teniendo el carácter de autoridad responsable ordenadora el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, y reclamándole la resolución dictada el día 17 de octubre del año en curso, al sesionar en pleno y aprobar la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero dictada en los autos del procedimiento administrativo número **********, mediante la cual se me impuso una sanción de suspensión de 10 días, sentencia que hoy se reclama y que se dictó, al resolverse la revisión oficiosa como fase culminante del referido procedimiento administrativo. Como ejecutora se señala al secretario General del citado Pleno del Tribunal; al Pleno del Consejo de la Judicatura, a la directora de Administración y Finanzas del referido Tribunal Superior de Justicia a quienes se les reprocha constitucionalmente la ejecución que pretende dar a las consecuencias jurídicas determinadas en el fallo emitido por la ordenadora. Vulnerándose presuntamente los artículos 14 y 16 del Pacto Federal; teniendo como base el presente reclamo, los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiero como ciertos: ÚNICO.—Que he tenido conocimiento de manera extrajudicial que el día 17 de octubre del año en curso, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó la resolución dictada en vía de revisión oficiosa por el Pleno del Consejo de la Judicatura por las irregularidades que se detallan en la misma y me imponen una sanción de suspensión por el lapso de 10 días sin goce de sueldo.’

"Demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Chilpancingo, misma que admitió, radicó y registró bajo el número de expediente 1680/2013.(7)

"Como se aprecia de lo anterior, son dos cuestiones totalmente distintas las que se reclaman en cada juicio de garantías; es decir, en el primero se reclamó el fallo de diecisiete de octubre de dos mil trece, que emitió el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y la materia del amparo que nos ocupa lo es la omisión que se le atribuye a dicho órgano responsable respecto a resolver en forma oficiosa sobre la prescripción de la ejecución de la sanción impuesta en la indicada resolución.

"Lo que es así, puesto que como precisa en el cuerpo de su demanda, es tema diverso al de la prescripción de la facultad sancionadora que ejerció la autoridad responsable, indicando que la prescripción de la pena es un estudio posterior a la declaratoria de responsabilidad, cuya omisión reprocha, al habérsele negado la protección constitucional solicitada en el diverso juicio de amparo número 1680/2013.

"De ahí que, al tratarse de actos reclamados distintos, la causal de improcedencia, como lo indica el resolutor a quo, no se actualiza en el caso concreto, dado que no existe cosa juzgada en relación al acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa.

"Por otra parte, en relación al fondo del asunto, en los motivos de agravio, entre otras cosas, la autoridad inconforme refiere que no fueron debidamente considerados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en razón de que el acto que reclama no viola sus garantías.

"Que ello es así, toda vez que en contra de la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (de diecisiete de octubre de dos mil trece), promovió el diverso juicio de amparo 1680/2013 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en cuya admisión se ordenó tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión y se concedió la suspensión provisional y en la audiencia incidental se determinó otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado.

"Que debido a la medida suspensional otorgada, no se podía suspender al impetrante del amparo ********** del cargo de secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, hasta en tanto las autoridades responsables recibieran notificación del auto que declarara ejecutoriada la sentencia que se dictara en el juicio principal.

"Derivado de ello, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, dictó sentencia en la que estimó procedente conceder la protección solicitada al aludido quejoso.

"Fallo que se impugnó, tanto por la autoridad responsable, como por el propio impetrante; recurso de revisión, del que, por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mismo que en ejecutoria de veinticuatro de octubre del presente año, revocó la resolución recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

"Lo que fue notificado al Pleno el Tribunal Superior de Justicia, por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, el diez de noviembre del año próximo pasado, a través del oficio 31194 del día seis del indicado mes y anualidad.

"Refiere que la ejecución de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece, no está sujeta a formulismo alguno, como erróneamente lo hace creer el impetrante, tampoco a interpretación supletoria de una figura jurídica penal como es: ‘la extinción de la acción penal y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad’, prevista en el artículo 78 del Código Penal del Estado de Guerrero, que no es acorde a los principios del procedimiento disciplinario contra servidores públicos.

"Que los requisitos necesarios para que exista supletoriedad de una ley respecto de otra, son:

"1. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable.

"2. Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata.

"3. Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y,

"4. Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

"Aduce que en el presente caso, si bien el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, admite la aplicación de manera supletoria del Código Penal del Estado; sin embargo, tal aplicación de manera supletoria, es únicamente al procedimiento administrativo y no en la ejecución de la sanción impuesta, además, no se actualiza el último de los requisitos señalados, debido a que contraría las bases legales de sustentación, ya que la figura legal que refiere el quejoso, se trata de sentenciados que, por cualquier causa evaden el cumplimiento de la pena corporal que les fue impuesta, lo que es contrario a la institución respectiva de disciplinar las faltas de servidores públicos para que sea eficiente el servicio público, pues la sociedad es la que requiere de mejores servidores públicos, luego, ante la falta de uno de los requisitos, no puede operar la supletoriedad de una ley en otra.

"Los precitados planteamientos, se estiman esencialmente fundados por las razones que enseguida se exponen:

"Previo a la respuesta que merecen los indicados planteamientos, conviene recordar que en relación a ello, el resolutor a quo, en el considerando sexto, precisó lo siguiente.

"Que del examen de la copia certificada allegada por la autoridad responsable al juicio, se advierte que en resolución de diecisiete de octubre de dos mil trece, aprobó la sentencia dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado el veintisiete de agosto de dos mil doce, en la que se determinó suspender al promovente del amparo del cargo de secretario de Acuerdos, por el término de diez días, sin derecho de percibir remuneración alguna, resolución que combatió a través del juicio de amparo indirecto que correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, quien lo registró con número de expediente 1680/2013, expediente que fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, en sentencia de veintitrés de mayo de dos mil catorce, en donde sobreseyó y negó el amparo solicitado por las razones expuestas en los considerados respectivos, misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 181/2014 y negó el amparo a **********; asimismo se advierte que en el juicio de amparo indirecto mencionado en líneas anteriores, se le concedió al impetrante del amparo el siete de noviembre de dos mil trece,(8) la suspensión provisional y el catorce del mismo mes y anualidad la suspensión definitiva del acto reclamado, misma que surtió sus efectos hasta el veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

"En atención a ello, en lo que interesa, el resolutor a quo, indicó que de un análisis conjunto a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 109(9) y el párrafo tercero del artículo 114,(10) ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 197, punto 4, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;(11) así como del numeral 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero,(12) se puede decir que corresponde a los órganos del Estado establecer los mecanismos y normas para poder sancionar las conductas desplegadas por los servidores públicos que incurran en alguna falta.

"Que en el caso concreto, respecto de los trabajadores adscritos a los órganos jurisdiccionales, el órgano encargado de regular dichas conductas lo es el Poder Judicial del Estado por conducto del Tribunal Superior de Justicia, quien ante la ocurrencia de una falta u omisión por parte de un servidor público, deberá intervenir y reaccionar a efecto de que la conducta desplegada se reencause.

"Que el Estado, al ejercer dicha facultad, también se debe encontrar limitado para su actuar, para lo cual se contempla la figura de la prescripción, que constituye una limitante para el órgano del Estado, pero a su vez también representa una garantía a favor del servidor público, pues con ella existe la posibilidad de no ser sancionado al transcurrir el plazo de la prescripción establecido por la ley.

"La figura en análisis, se establece por razones de interés público, para no dejar indefinido en el tiempo el ejercicio de los derechos, pues sería peligroso que se dejara al arbitrio judicial interpretar las diversas hipótesis que pueden externar la voluntad de abandonarlos, por lo que los preceptos que enumeran los casos de prescripción deben interpretarse restrictivamente, de donde se deriva que la prescripción sólo puede estimarse interrumpida por actos que la ley expresamente prevea, realizados durante el curso del tiempo, para que ella pueda tener lugar, ya que si se aplicaran con interpretación o criterio extensivo, redundarían en la inseguridad de la existencia y virtualidad del derecho mismo.

"De tal forma que si la prescripción es una institución de orden público, ya que la colectividad está interesada en conservar la firmeza de las situaciones jurídicas y evitar la incertidumbre, poniendo un límite en el tiempo al ejercicio de los derechos o facultades de la autoridad, resulta que su apreciación no debe quedar al arbitrio judicial, pues existe la posibilidad de que las autoridades encargadas de decidir si la aplican o no, lleguen a una conclusión con base en deducciones, lo que conculcaría en perjuicio del justiciable las prerrogativas constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, que a su favor se consagran en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ante ello, agregó el juzgador a quo, las normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por tanto, no admiten

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27962-78bc0367/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-el-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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