RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES Y DEL DISTRITO FEDERAL. LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE INICIARON HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS QUE SE INICIEN, TRAMITEN Y RESUELVAN CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE MARZO DE 2002, LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES SURTEN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTICAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.
Las consideraciones que sirvieron de sustento al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 116/2003, que se promovió por María del Pilar Casado Hernández, representante legal de la sucesión testamentaria y albacea de Cliserio David Gil Varela, en sesión celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil tres, en la parte que interesa, son las siguientes:
DA. 116/2003
"OCTAVO. Por otra parte, es fundado y suficiente el concepto de violación hecho valer por la quejosa, por las razones que se mencionarán más adelante.
"Los antecedentes que interesan para resolver el presente juicio, son los siguientes:
"1. El administrador local de recaudación de Toluca, ahora el de cujus Cliserio David Gil Varela, recibió el oficio de fecha once de febrero de dos mil, por el que la Administración General de Grandes Contribuyentes, le remitió la resolución de fecha diez de febrero del mismo año, para el efecto de que realizara la notificación de dicha resolución a la empresa denominada Protectora de Bosques del Estado de México (sic) (oficio agregado a foja 349).
"Sin que el administrador local hubiera realizado la notificación correspondiente, por las razones que mencionó en el procedimiento administrativo que se inició en su contra, las cuales resulta innecesario referir, toda vez que no tiene nada que ver con la litis en el presente juicio.
"2. La Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria, área de Responsabilidades y Quejas, imputó al actor en el juicio de nulidad, Cliserio David Gil Varela, administrador local de recaudación de Toluca, haber ocasionado un daño al fisco federal por la cantidad de $12'506,170.68 (doce millones quinientos seis mil ciento setenta pesos 68/100 M.N.) por haber provocado que caducaran las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora, al no aplicar los procedimientos establecidos por la Administración General de Grandes Contribuyentes, para que fuera notificada la resolución 330-SAT-3513 a la empresa antes referida (agregada a fojas 350 a la 440).
"3. El titular del área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría Interna del Servicio de Administración Tributaria, emitió el once de enero de dos mil dos, la resolución administrativa disciplinaria en el expediente QD-126/2000, la cual fue notificada a Cliserio David Gil Varela el doce de febrero de dos mil dos.
"En dicha resolución, en lo conducente se resolvió:
"‘Primero. El C. Cliserio David Gil Varela, en el desempeño de su cargo como administrador local de recaudación, es administrativamente responsable del incumplimiento de las obligaciones contenidas en las fracciones I y XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se le impone la sanción consistente en destitución e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de diez años, prevista en los artículos 53, fracciones IV y VI, 56, fracciones II y V y 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que deberá surtir efectos al notificarse la presente resolución; asimismo, se le impone como sanción económica la cantidad de $8'337,447.12 (ocho millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.), de conformidad a lo previsto en el artículo 53, fracción V, 56, fracción VI y 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que deberá surtir efectos al notificarse.’
"De las constancias que integran el juicio de nulidad, se observa que la resolución mencionada en el párrafo anterior, efectivamente fue notificada a la parte actora el doce de febrero de dos mil dos, como consta en la foja 101 del expediente.
"4. En contra de dicha resolución, Cliserio David Gil Varela promovió la demanda de nulidad correspondiente, misma que presentó el veinticuatro de abril de dos mil dos, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, la que por razones de turno correspondió conocer a la Novena Sala Regional Metropolitana, quien admitió a trámite dicha demanda, mediante el auto de treinta de abril del mismo año, como consta en la foja 226 del expediente.
"5. El titular del área de Responsabilidades y Quejas del órgano interno de control en el Servicio de Administración Tributaria, en representación del titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de las autoridades demandadas, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil dos, por el que la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió a trámite la referida demanda de nulidad y ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas.
"El agravio expuesto por la autoridad en el recurso de reclamación, consistió en síntesis, en que indebidamente la Sala fiscal había admitido la demanda, toda vez que la resolución que se impugnó era un acto consentido porque se promovió la demanda fuera del término de cuarenta y cinco días hábiles que establece el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación.
"Para sostener dicho argumento, la recurrente adujo en lo conducente, que la Sala inobservó que el plazo de cuarenta y cinco días se debió contar desde el día siguiente al que se realizó la notificación del fallo impugnado. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la ley aplicable en forma supletoria a la ley del acto administrativo, que en el caso particular es el Código Federal de Procedimientos Penales y, con base en ello, el término se empezó a computar desde el trece de febrero de dos mil dos y feneció el veintitrés de abril del mismo año, por lo que al haber sido presentada la demanda el veinticuatro siguiente, resultaba extemporánea.
"6. El referido recurso fue admitido por la Sala fiscal el dieciséis de agosto de dos mil dos, el cual fue resuelto mediante sentencia de fecha diez de octubre del mismo año, con el siguiente resolutivo:
"‘II. Se revoca el acuerdo recurrido de 30 de abril de 2002, por el que se admitió la demanda de nulidad instaurada en contra de la resolución contenida dentro del expediente QD-126/2000 de fecha 11 de enero de 2002, emitida por el C. Titular del área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se le impuso a la actora una sanción administrativa consistente en la destitución e inhabilitación por el término de 10 años y una sanción económica por la cantidad de $8'337,447.12.’
"Las razones con las que la Sala sustentó el sentido de su resolución, fueron aparentemente las mismas que expuso la autoridad recurrente en su escrito de agravios, y las cuales consistieron, como ya se dijo, que la presentación de la demanda de nulidad resultó extemporánea, toda vez que el actor la presentó un día después de que había fenecido el término, es decir, el veinticuatro de abril de dos mil dos, cuando el último día era el número veintitrés.
"La Sala arribó a la anterior conclusión, al analizar el contenido de lo dispuesto por los artículos 75 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, los que señalan lo siguientes:
"Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"‘Artículo 75. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público.
"‘Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la ley correspondiente.
"‘Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario federal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones aplicables en esta materia.’
"‘Artículo 45. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.’
"Código Federal de Procedimientos Penales.
"‘Artículo 71. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos en que este código señale expresamente.
"‘No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles ...’
"De los que concluyó la Sala, como ya se dijo, que la notificación del acto impugnado surtió efectos el mismo día en que se notificó y el plazo para la impugnación se debió de empezar a contar desde el día siguiente en que se realizó dicha notificación, luego entonces, al realizar el cómputo de cuarenta y cinco días para promover la demanda de nulidad, conforme lo señalado en las disposiciones supra transcritas, se tiene que dicha presentación fue extemporánea.
"Ahora bien, es infundado el concepto de violación relativo a que la sentencia impugnada causa agravio a la quejosa, porque la Sala responsable mejoró la fundamentación del recurso de reclamación que hizo valer la demandada, al fundar su sentencia en el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"Lo anterior es así, porque, si bien es cierto que en el recurso de reclamación la demandada no se apoyó en el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que ese precepto, sí se invocó en el acto cuya nulidad se demandó y, por ello, no es exacto, en estricto sentido, que la Sala haya mejorado la fundamentación en el momento de dictar la sentencia correspondiente.
"Mas sí violó en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues lo que hizo fue suplir la deficiencia de los agravios en el recurso de reclamación, pues como se dijo, la demandada al interponer éste, en ningún momento se apoyó en lo dispuesto por el artículo 75 citado; violación que Este tribunal advierte en suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación.
"Por otro lado, es también fundado y suficiente el concepto de violación que hace valer la quejosa, por el que, en lo conducente señala:
"a) Que el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación; sin embargo no señala cuándo surtiría efectos dicha notificación.
"b) Que el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala que la ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución, y que la suspensión, destitución o inhabilitación que se imponga a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución, sin que tampoco se señale cuándo surte efectos esa notificación.
"Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, también en suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, este tribunal procede a estudiar la legalidad del razonamiento con el que la Sala responsable, resolvió declarar fundado el recurso de reclamación, por considerar que la presentación de la demanda fue extemporánea.
"En relación con lo anterior, no pasa inadvertido para este tribunal, el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria del juicio de amparo número 432/2002 de fecha siete de noviembre del mismo año.
"En la referida ejecutoria el noveno tribunal sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"a) Que para una mayor precisión es conveniente recordar que la Sala Fiscal determinó que la demanda de nulidad se había presentado fuera del plazo legal de cuarenta y cinco días, pues el acto cuya nulidad se demanda se regía por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que no prevé el momento en que surten efectos las notificaciones, de manera que resultaba necesario acudir a la legislación supletoria, el Código Federal de Procedimientos Penales, conforme al que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican.
"b) Que no existe controversia en relación con que el plazo para la presentación de la demanda de nulidad es de cuarenta y cinco días, según lo establecido por el primer párrafo del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, el cual, conforme lo dispuesto en el propio artículo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, cuya nulidad va a demandarse; surgiendo así, la necesidad de determinar en qué momento acontece tal situación.
"c) Que en el juicio de origen se impugnó una resolución emitida por la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria, procedimiento que se rige por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la que no prevé en qué momento surten efecto las notificaciones, siendo necesario acudir a la supletoriedad, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 45 de la referida ley, resulta aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 71, el cual señala:
"‘Artículo 71. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente.
"‘No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso, o libertad.’
"d) Que no le asiste la razón a la demandante de amparo, cuando sostiene que no hay necesidad de supletoriedad, pues el Código Fiscal de la Federación prevé expresamente el término para la presentación de la demanda, ya que no se cuestionó que el plazo fuera de cuarenta y cinco días, sino a partir de cuándo se debe computar el término, supuesto en el que sí es necesario la supletoriedad.
"e) Que tampoco le asiste la razón a la demandante, al sostener que el procedimiento administrativo de responsabilidad concluyó con la resolución impugnada en el juicio de origen, por lo que la notificación de esa resolución no se puede sujetar a lo dispuesto por la ley de la materia, lo anterior, señala el Noveno Tribunal Colegiado, porque la notificación no puede regirse por el Código Fiscal de la Federación, ya que la misma no tuvo por objeto hacer del conocimiento del actor una determinación o acto emitido dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, supuesto en el que sí debe atenderse a lo dispuesto a ese ordenamiento, y que tampoco puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues deriva del contenido del numeral 197 del código tributario, el que como ya se había señalado, no aplica para efectos de determinar cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada en el juicio de nulidad.
"f) También tomó en cuenta que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contiene diversas hipótesis de competencia de ese órgano jurisdiccional, de cuyo análisis se aprecia que los actos que pueden controvertirse a través del juicio de nulidad son de diversa naturaleza; lo que evidencia que en cada caso debe atenderse a la ley que rige el acto cuya nulidad va a demandarse, a fin de establecer cuándo comienza a correr el plazo para la presentación de la demanda correspondiente.
"Asimismo, tampoco pasa inadvertido para este tribunal el idéntico criterio al ya referido en párrafos precedentes, que es sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la tesis I.6o.A.45 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1734, cuyos rubro y texto son: ‘DEMANDA DE NULIDAD. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO QUE IMPONE SANCIONES AL SERVIDOR PÚBLICO, COMIENZA A CORRER EL DÍA SIGUIENTE AL DE SU NOTIFICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que: «En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. ...». Por otra parte, en la indicada ley no se advierte que establezca la forma en que deberán computarse los términos en el procedimiento administrativo disciplinario, ni la forma de notificación y el momento en que las notificaciones surten sus efectos, a fin de establecer la oportunidad en que el afectado está en posibilidad de interponer los medios de defensa establecidos por el legislador (como el juicio de nulidad) en contra de los acuerdos o determinaciones que impongan sanciones al servidor público; bajo esta circunstancia, es inconcuso que debe estarse a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, que en su numeral 71 señala que: «Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente. ...», incluyendo exclusivamente los días hábiles (excepto en los casos que describe, relacionados con cuestiones penales); luego, el término de cuarenta y cinco días para la presentación de la demanda de nulidad que prevé el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, comienza a correr el día siguiente al en que se hizo la referida notificación, en términos del segundo de los preceptos legales mencionados.’
"Al respecto, este tribunal no comparte el criterio sostenido por los Sexto y Noveno Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, por las razones que más adelante se mencionarán.
"El problema a dilucidar en el presente juicio, también es determinar cuándo surtió efectos la notificación que se realizó al de cujus Cliserio David Gil Varela, de la resolución administrativa disciplinaria dictada el once de enero de dos mil dos, notificada el doce de febrero del mismo año. Esto, para determinar a partir de cuándo empezó a correr el término de cuarenta y cinco días señalado en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, para promover el juicio de nulidad en contra de la referida resolución, y así poder determinar si la presentación de la demanda de nulidad fue extemporánea o no.
"Se observa que se trata de un procedimiento seguido conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que en la misma ley, señala en su artículo 45 que en lo no previsto en cuestiones de procedimiento, se atenderá a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales.
"En relación con esta conclusión, se menciona que este tribunal no la controvierte, es decir, es claro que la referida supletoriedad está señalada en la propia ley del acto.
"Se observa que la Sala responsable tomó en cuenta, entre otras, a dicha disposición, para revocar el auto admisorio de la demanda de nulidad, y dictar un diverso en el que la desechó por extemporánea, por las razones ya referidas en este mismo considerando.
"Ahora bien, lo que sí se cuestiona por este tribunal, por no compartir el criterio, es que inexactamente se aplicó supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales a la ley de la materia, respecto a la figura jurídica denominada ‘surtir efectos’, la cual no está contemplada en el referido código.
"Para efecto de precisar lo anterior, se hará referencia a las características que se deben de reunir, para poder aplicar supletoriamente una ley, las cuales se enumeran en la jurisprudencia I.4o.C. J/58, criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y el cual comparte este tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 76, abril de 1994, página 33, con el rubro y contenido: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.’
"Luego entonces, se obtiene que para que opere la supletoriedad de una legislación a otra, se deben de cumplir con todos y cada uno de los requisitos.
"A continuación, se realizará el análisis correspondiente para determinar si en el caso particular, se cumplen dichos requisitos:
"a) Que el ordenamiento que se pretende suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio.
"La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, específicamente en su artículo 45, señala: ‘En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.’
"Por lo que claramente se observa, que sí se cumple con este supuesto.
"b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.
"Al respecto, se reitera que el punto a dilucidar, como se dijo anteriormente, consiste en determinar cuándo surte efectos la notificación de la resolución administrativa disciplinaria notificada al de cujus, o lo que es lo mismo, a partir de cuándo empieza a correr el término de los cuarenta y cinco días para poder hacer valer el medio de defensa, consistente en el juicio de nulidad.
"La autoridad responsable adujo, que en seguimiento al artículo 45 de la ley de la materia, el cual prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales, concluyó aplicar el artículo 71 de dicha legislación, el cual señala: ‘Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso, o libertad.’
"De la lectura de dicha disposición, se observa que en ningún momento se hace referencia a cuándo surte efectos una notificación, lo que lleva a la conclusión que no se cumple con este supuesto, ya que la norma que se pretende aplicar supletoriamente, no prevé el concepto de ‘surtir efectos’.
"c) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en el cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria.
"De una lectura integral de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se observa que el numeral 71 señala lo siguiente: ‘Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. ...’
"Por lo que se concluye, que es inexacta la apreciación de la autoridad administrativa y de la Sala responsable, al afirmar que la ley de la materia no prevé la figura jurídica y que por esa razón acuden a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Penales, por tanto, tampoco se cumple con este supuesto.
"d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de la sustentación de la institución suplida.
"En relación con este requisito, se considera que la disposición que inexactamente la autoridad responsable aplicó, sí contraría el ordenamiento suplido, toda vez que como se dijo en el inciso anterior, el artículo 71 de la ley de la materia sí prevé la figura jurídica consistente en que las notificaciones surtirán efectos.
"Además, a mayor abundamiento se advierte también, que lo dispuesto en los artículos subsecuentes, se señala lo siguiente:
"‘Artículo 72. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:
"‘I. Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación; y
"‘II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: ...’
"‘Artículo 73. El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ...’
"Lo que trae como consecuencia, que este tribunal considere que de una adecuada interpretación de las referidas disposiciones, se puede arribar a la conclusión de que si para interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se prevé que empezará a correr el término de quince días a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, y la interposición de dicho recurso puede derivar de la elección que realice el servidor público, al optar entre el recurso de revocación y el juicio de nulidad, como lo señala el artículo 73 de la misma ley, obviamente, también se considerará que para el caso de que se opte por el juicio de nulidad (como en el caso concreto) también surtirá efectos la notificación y a partir de ahí, correrá el término de cuarenta y cinco días previstos en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, por lo que ni siquiera se considera, que la ley de la materia prevea deficientemente la figura del surtimiento de efectos, sino que está correctamente prevista.
"Y por el contrario, se concluye que tampoco se cumple con este supuesto, toda vez que la norma que la autoridad pretende aplicar supletoriamente, sí contraría el sistema legal del ordenamiento suplido.
"En resumen, debe ponerse de manifiesto que el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, no resulta aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente al once de enero de dos mil dos (fecha en que se resolvió el procedimiento administrativo), en virtud de que la ausencia de regulación expresa, sobre cuándo surten efectos las notificaciones en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puede subsanarse e integrarse con el propio ordenamiento, es decir, mediante su artículo 71 y, por tanto, no se requiere la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales; además de que este último, tampoco regula un sistema de ‘surtimiento de efectos’ para las notificaciones, sino simplemente la efectividad de la notificación una vez practicada; que se refiere solamente a los medios de defensa regulados en ese código y que, por ende, no puede ser aplicado a acciones distintas a ejercerse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además de que su aplicabilidad supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es también incorrecta, pues contraría el sistema previsto por esta última en su artículo 71, que sí contempla que las notificaciones para la interposición de recursos ‘surtan efectos’.
"En adición a lo anterior, debe considerarse que la aplicabilidad del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, restringiría indebidamente, el ejercicio de los medios de defensa por parte de los gobernados, resultando inconstitucional su aplicación, ya que la restricción al ejercicio de los derechos, en todo caso, debe ser expresa y no inferirse con base en presuntas aplicaciones supletorias.
"Por ello, como se dijo, este tribunal no comparte el criterio sostenido por los aludidos tribunales.
"Sólo resta precisar, que lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos invocado por la Sala, no contraría la conclusión alcanzada, pues este precepto se refiere a la efectividad de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18097-921f0881/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-federales-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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