COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas ejecutorias.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, en la ejecutoria que dictó al resolver el recurso de revisión fiscal número RF. 2/2000, con fecha cinco de octubre del año dos mil, en la parte que interesa, señala:
"SÉPTIMO. Son infundados en parte y fundados por otra los agravios planteados por las autoridades recurrentes por conducto del subadministrador de lo Contencioso '2' de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla.
"La recurrente aduce, en primer término, que la Segunda Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por su inobservancia y falta de aplicación, en virtud de que la Sala Fiscal no se ajustó a derecho al emitir la sentencia recurrida, toda vez que al incurrirse en una abstención o ausencia en la cita de un precepto, la Sala debió de corregir la cita del artículo, en su caso, donde se funda la competencia y agrega que la invocación del acuerdo respectivo es suficiente para fundar su competencia, además de que el artículo 16 constitucional no exige la fundamentación de la competencia de la autoridad que emite el acto, sino sólo que ésta sea efectivamente competente.
"El argumento anterior resulta infundado, en virtud de que la Sala, para declarar fundado el segundo concepto de nulidad, consideró que la resolución controvertida, cuya nulidad se demandó, y en donde se impuso una multa a Cipriano Herrera Bonilla por no haber presentado el pago provisional correspondiente al primer trimestre de mil novecientos noventa y nueve, no satisface el requisito de la debida fundamentación establecida en la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, al omitirse precisar en la misma el artículo, fracción, inciso o subinciso aplicable del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; valoración que este órgano jurisdiccional considera correcta, puesto que de la lectura de la resolución identificada con el número 15147909201597, de tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la subadministradora de Orientación y Servicios, en suplencia del administrador local de Recaudación de Puebla (agregado a foja 8 del expediente de nulidad 3604/99-07-02-1), se desprende, en lo conducente, que sólo se asentó: '... En consecuencia, se le impone una multa señalada con fundamento en los artículos 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 41, apartado A, fracciones IX y XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de sus unidades administrativas.'.
"De la transcripción se aprecia que no se señaló fundamento legal preciso de la competencia territorial de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; únicamente se invocó el acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas, lo cual resulta insuficiente para fincarles competencia territorial, en virtud de que no se especifican con exactitud los términos sustanciales que contiene el citado acuerdo, la fecha de emisión, la autoridad que la emitió, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, artículos, fracciones, incisos o subincisos aplicables, por lo que ante tales omisiones, se dejó en estado de indefensión al afectado para examinar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo, esto es, si esta última tiene o no facultad para emitirlo y, en su caso, alegar la incompetencia; todo lo anterior, contrario a lo argumentado por las autoridades recurrentes, se traduce en una violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como lo estimó la Sala Fiscal.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que en la contradicción de tesis 29/90, fue sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, tesis P./J. 10/94, página doce, bajo el rubro:
"'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.'
"Este tribunal comparte la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 64, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, bajo el rubro y texto siguientes:
"'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.'
"No son obstáculo a la anterior conclusión, los criterios sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 395, de rubro: 'FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU EJERCICIO. LA INVOCACIÓN DEL ACUERDO ES SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.', y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 60, diciembre de 1992, página 39, bajo el epígrafe: 'COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACIÓN DE LA.', que cita la recurrente en apoyo al agravio analizado, porque se trata de puntos de vista jurídicos que no son de observancia obligatoria para este órgano colegiado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, que señala: 'La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.'.
"Tampoco es óbice a la decisión tomada, que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación señale que la Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos legales que se consideren violados, ya que esa facultad se debe aplicar al escrito de demanda, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, porque es ahí donde se citan los preceptos legales que se consideran violados, pero de ninguna manera debe entenderse al extremo de cambiar el fundamento citado en el acto impugnado, ni menos aún citarlo ante su omisión, ya que ello implicaría que el órgano materialmente jurisdiccional se sustituyera en funciones propias de las autoridades administrativas, con demérito de la imparcialidad que le debe caracterizar y en detrimento de los intereses del actor. Por tanto, si el acto impugnado carece de fundamentación o la citada es insuficiente, como en el caso, la Sala Fiscal no puede citar el fundamento o complementarlo, porque tal actuación resultaría ilegal."
El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 194/88 y 367/90, los amparos en revisión 67/92 y 3/93, y el recurso de revisión fiscal 20/91, en sesiones celebradas los días veintiocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, veintinueve de enero de mil novecientos noventa y uno, veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, y trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, respectivamente, en lo conducente, expuso lo siguiente:
AD. 194/88.
"QUINTO. Los conceptos de violación antes transcritos son parcialmente fundados.
"De acuerdo con los antecedentes, los capitales constitutivos cobrados a la ahora quejosa se fundaron en los artículos 84 y 86 de la Ley del Seguro Social y por lo que respecta al rubro consistente en gastos administrativos del cinco por ciento en el cuerpo de dichos créditos, se estableció que se fincaban con base en el Acuerdo Número 351628 de fecha treinta de agosto de mil novecientos setenta y dos. Al resolver el recurso de inconformidad que hizo valer la hoy quejosa, el Consejo Consultivo del Seguro Social de la Delegación Regional Veracruz Sur consideró fundados los agravios hechos valer por estimar que dichos créditos sí se encontraban adecuada y suficientemente fundados y motivados; e inconforme con dicha resolución la ahora quejosa interpuso juicio de nulidad ante la Sala Regional Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, la que por sentencia definitiva reconoció la validez de aquélla y consideró que no cabía hacer el estudio referente a los gastos administrativos, toda vez que los conceptos de anulación vertidos a este respecto no fueron materia del recurso de inconformidad. No conforme con dicha sentencia, la propia empresa enjuiciante interpuso juicio de amparo que se tramitó bajo el expediente número 108/86, ante este mismo Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que culminó por ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la Sala responsable analizara lo referente a los gastos administrativos, considerando, en lo demás, que el fallo reclamado se ajustaba a la ley. En cumplimiento de dicha ejecutoria, la Sala Fiscal responsable dictó sentencia considerando que sí existe precepto legal que contempla el renglón de gastos administrativos, siendo éste el artículo 77 de la Ley del Seguro Social, por lo que al estar previsto dicho rubro en la ley de la materia, los capitales constitutivos cumplen con los requisitos de fundamentación y motivación.
"De lo antes narrado es fácil concluir que la litis constitucional en el presente juicio de garantías sólo debe versar respecto a si en el rubro de gastos administrativos del cinco por ciento, los capitales constitutivos se encuentran debidamente fundados y motivados. Por lo mismo, resultan inatendibles los conceptos de violación que ahondan otras cuestiones y, específicamente, al referirse a la legalidad de los capitales constitutivos por razones ya examinadas en la sentencia de amparo anterior.
"Ahora bien, debe decirse que de acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables; y, b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.
"De lo anteriormente expresado se concluye que asiste razón a la quejosa cuando alega que la sentencia combatida es ilegal, en virtud de que la Sala responsable establece que el artículo 77 de la Ley del Seguro Social sirve de fundamento al cobro de los gastos administrativos que constituyen uno de los rubros de los capitales constitutivos, pues este precepto no aparece invocado en las cédulas de liquidación que contienen los créditos cuyo cobro se pretende a la quejosa. En efecto, contra lo considerado por la Sala responsable, debe decirse que las cédulas de liquidación impugnadas no invocan como fundamento para el cobro de las mismas el artículo 77 referido, pues únicamente señalan los artículos 84 y 86 de la Ley del Seguro Social y respecto de los gastos administrativos del cinco por ciento, se apoyan en el Acuerdo 351628 del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, del treinta de agosto de mil novecientos setenta y dos.
"Aun suponiendo que el cobro de los gastos administrativos pudiera encontrar apoyo en el artículo 77 de la Ley del Seguro Social, si dicho precepto no fue invocado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las cédulas de liquidación de capitales constitutivos, ya no es válido que la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación mejore la fundamentación del acto impugnado, ya que es a la autoridad emisora del repetido acto de molestia a la que le corresponde fundar adecuada y suficientemente sus actos y no a la autoridad revisora, como sucedió en la especie. Las razones que preceden conducen a conceder el amparo solicitado, siendo por tanto inútil decidir sobre los demás conceptos de violación esgrimidos, máxime si como se dejó establecido al inicio de este considerando, en varios de ellos se vuelve a cuestionar la legalidad de la sentencia pronunciada por la Sala responsable el treinta de junio de mil novecientos ochenta y seis, la cual ya fue motivo del diverso juicio de garantías número 108/86, por parte de este Segundo Tribunal Colegiado."
AD. 367/90.
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación.
"Le asiste razón a la quejosa por cuanto alega en el primer concepto de violación que la resolución reclamada carece de motivación, pues la Sala responsable omite señalar por qué las resoluciones combatidas no tienen el carácter de definitivas.
"En efecto, en la determinación que ahora se reclama, la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación tuvo por contestada la demanda en los términos relatados en el considerando anterior, expresando que, como se planteaba una causal de improcedencia, entraba a su análisis con fundamento en el artículo 236 del Código Fiscal de la Federación. A continuación se transcribió el punto 'Único' de la contestación del subprocurador fiscal regional del Golfo Centro, en el cual planteó la improcedencia del juicio, y se concluyó en los términos siguientes:
"'... Esta juzgadora estima fundada la causal de improcedencia planteada por las autoridades demandadas y toda vez que las resoluciones combatidas no tienen el carácter de definitividad, en términos del artículo 23 de la ley orgánica de este tribunal, con apoyo en los artículos 202, fracción II y 203, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación, se sobresee el presente juicio.'
"De la transcripción anterior se advierte la falta de motivación de la resolución reclamada pues, sin expresar razonamiento alguno, la Sala responsable determinó que las resoluciones combatidas carecen del carácter de definitividad, es decir, no da ninguna explicación del porqué en su concepto aquellas determinaciones de impuestos no son definitivas, ni mucho menos señala por qué aplicó los artículos 202, fracción II y 203, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación, pues estos dispositivos establecen la improcedencia del juicio de nulidad contra actos cuya impugnación no corresponde conocer al Tribunal Fiscal de la Federación y a la procedencia del sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior, y en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.
"En el caso, podría entenderse que la Sala responsable hizo suyos los argumentos que expresó el subprocurador fiscal regional del Golfo Centro, para demostrar la causal de improcedencia, pero de ser aceptada esta consideración, así debió expresarse en el fallo reclamado y en todo caso precisar por qué no se trata de resoluciones definitivas, a fin de poder aplicar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, esto es, señalar si en contra de las resoluciones combatidas procede algún recurso o medio de defensa a través del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas. Asimismo, para la aplicación de los artículos 202, fracción II y 203, fracciones II y V, del Código Fiscal de la Federación debió precisar a qué autoridad corresponde conocer de esa impugnación.
"Lo antes mencionado no implica de manera alguna suplir la deficiencia de la queja de la actora, sino fundar y motivar correctamente un acto administrativo, pues en casos como el de la especie, al decir únicamente que no se trata de una resolución definitiva, deja en estado de indefensión al afectado, en virtud de que no está en posibilidad de saber las razones de tal determinación. Al caso es aplicable la tesis que este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sustentó al resolver los amparos directos números 175/88 y 194/88, que dice: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.'.
"En las condiciones anteriores, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra debidamente fundada y motivada, siendo por tal razón innecesario entrar al análisis de los demás conceptos de violación, de acuerdo con la jurisprudencia 10 de este propio tribunal, que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.'. Máxime que tales conceptos tienden a demostrar que las resoluciones combatidas poseen el carácter de definitivas, pero estos argumentos podrán examinarse cuando la Sala exprese las razones por las cuales estima lo contrario."
AR. 67/92.
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación.
"En efecto, José Manuel Méndez Jiménez reclamó de las responsables la orden verbal que emitieron (misma que le comunicaron por conducto de la regidora de Industria y Comercio del Ayuntamiento de la ciudad de Tehuacán, Puebla), para que desalojara el área que ocupa y que tiene en posesión, en donde vende diversos artículos navideños.
"En los conceptos de violación se aduce que tal acto reclamado no está fundado ni motivado y que para emitirlo las responsables no se ajustaron a las formalidades esenciales del procedimiento; que, por ende, tal orden verbal reclamada es violatoria de sus garantías constitucionales.
"Ahora bien, durante la secuela del juicio de garantías, como ya se dijo, se desahogó la testimonial a cargo de Guillermo Hernández Rosas y Rigoberto Rodríguez Trujillo, quienes fueron contestes al declarar respecto del interrogatorio que les fue formulado, principalmente en relación con la pregunta tres, que es del tenor siguiente: '3. Si saben y les consta qué hecho sucedió a las doce horas del día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en el salón de Cabildos del Palacio Municipal de la ciudad de Tehuacán, Puebla, entre el señor José Manuel Méndez Jiménez y diversas personas que tienen calidad de autoridad del honorable Ayuntamiento de la ciudad de Tehuacán, Puebla.'. Al respecto el primer testigo contestó: 'Que a esa hora se le ordenó al quejoso que desalojara el local que ocupa y que de lo contrario lo desalojarían por la fuerza.', y el segundo dijo: 'Que fue ese día por ser comerciante a ver al señor José Manuel para recoger una mercancía que le trajo de la Ciudad de México, y lo alcanzó en el Ayuntamiento, que la ciudadana regidora le comunicó al señor José Manuel Méndez Jiménez, que era el último día que lo iba a dejar trabajar y que ya habían acordado que lo iba a desalojar al día siguiente.'.
"Precisado lo anterior, como el acto reclamado quedó acreditado, no obstante la negativa de las responsables, y como por otro lado acreditó en autos la posesión de esa área, misma que le entregaron las autoridades municipales de Tehuacán, Puebla, como se desprende del acta de posesión respectiva (foja 5), es inconcuso que tal orden verbal carece de fundamentación y de motivación, pues las responsables nunca le manifestaron al quejoso las causas de ese desalojo, ni se apoyaron para ello en disposición legal alguna; siendo así lo procedente conceder a José Manuel Méndez Jiménez el amparo y protección de la Justicia Federal. Al caso es aplicable la tesis sustentada por este tribunal al fallar los amparos directos 175/88, 194/88 y 367/90, así como la revisión fiscal 20/91, que dice: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.'.
"En tales condiciones se impone revocar la sentencia que se revisa."
AR. 3/93.
"TERCERO. Los agravios transcritos son parcialmente fundados.
"Entre otras cosas, en ellos alega el recurrente, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que el Juez de Distrito aplica indebidamente los artículos 77, fracción III y 78 de la Ley de Amparo, en atención a que el inconforme reclamó del director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Municipales, dependiente del Ayuntamiento Municipal de Apizaco, Tlaxcala, la orden decretada para suspender las obras de construcción que se están llevando a cabo en el inmueble propiedad de dicho instituto, aduciendo que tal orden es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la responsable determina que se hace del conocimiento que no se cuenta con las autorizaciones correspondientes de esta dirección, pero tal determinación no se apoya en reglamento o disposición legal alguna aplicable al caso concreto, ni especifica la responsable a qué autorización se refiere, violando con ello el artículo 16 constitucional, el que establece que la autoridad debe fundar y motivar su resolución; situación que no fue analizada por el Juez de Distrito, quien se limitó a decir que el quejoso no demostró tener autorización para continuar con la construcción.
"Estos motivos de inconformidad son sustancialmente fundados, porque el instituto quejoso efectivamente reclamó del citado director, el acuerdo contenido en el oficio número doscientos trece, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por el que se decreta la orden de suspensión de obras de construcción que se realizan en terrenos propiedad del quejoso, así como la ejecución material de dicha orden llevada a cabo por el inspector adscrito a dicha dirección, quien realizó la clausura y colocación de sellos.
"Al precisar los actos reclamados, el peticionario manifestó que el director de Desarrollo Urbano y Servicios Municipales, dependiente del Ayuntamiento Municipal de Apizaco, Tlaxcala 'decreta la multicitada suspensión de obras sin causa ni fundamento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7529-45e4734a/competencia-de-las-autoridades-administrativas-en-el-mandamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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