CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE. PARA QUE PROCEDA SU DEVOLUCIÓN, LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR DEBE DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA Y LEGALIDAD DEL CRÉDITO FISCAL AUTODETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas ejecutorias.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito en el fallo que dictó el día veinticinco de enero del año dos mil uno, al resolver el juicio de amparo directo 700/2000, interpuesto por Constructora Inmobiliaria Provincial, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó negar el amparo a la parte quejosa, sustentando su decisión, en la parte que interesa, en lo siguiente:
"VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo número 700/2000, promovido por Enrique López Paredes, en representación de Constructora Inmobiliaria Provincial, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Tercera Sala Regional del Golfo-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, residente en Xalapa, Veracruz; y,
"RESULTANDO:
"...
"CONSIDERANDO:
"...
"TERCERO. La sentencia reclamada, en su parte conducente, dice:
"‘TERCERO. Esencialmente, esgrime el actor en su único concepto de impugnación, que la resolución impugnada se emitió apreciando en forma equivocada los hechos y dejando de aplicar las disposiciones fiscales debidas como lo son los artículos 22 y 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el derecho de solicitar la devolución por pago de lo indebido y la obligación de devolver las cantidades solicitadas a cargo de la demandada, surge de la sentencia firme dictada en fecha 2 de septiembre de 1998 por la entonces Sala del Golfo-Centro, en el expediente 2999/98, en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya que en dicho juicio fiscal no se comprobó la existencia del crédito fiscal C-40876, al llegarse a la conclusión por la Sala del conocimiento que no existe fuente legal del crédito fiscal que valide el procedimiento administrativo de ejecución, por no existir crédito fiscal, por lo que en el caso se está ante el principio de cosa juzgada, en la especie, inexistencia del crédito fiscal. No obstante lo anterior, la autoridad demandada niega la devolución de las cantidades pagadas indebidamente bajo el argumento de que el crédito fiscal tiene como origen una solicitud de pago en parcialidades, sin embargo, en la sentencia referida se dilucidó si existe o no el crédito fiscal C-40876 y si la autocorrección puede considerarse crédito fiscal considerando que la autoridad demandada en dicho juicio sostuvo como fuente principal del crédito precisamente la solicitud de pago en parcialidades, siendo que ha quedado firme por sentencia de la Sala del conocimiento la circunstancia relativa a que si existe o no el crédito fiscal y si la autocorrección puede ser considerada como tal, determinando la Sala que no existe tal crédito, por lo que estudiar en esta etapa procesal si existe o no crédito fiscal sería contrario a derecho, considerando que ya es cosa juzgada.
"‘...
"‘Cabe precisar también, que en el supuesto de que se haya realizado una autodeterminación o autocorrección, por lo que sostiene la autoridad demandada que los créditos fiscales no provienen únicamente de un acto de autoridad, queda demostrado que se apreciaron los hechos en forma equivocada, ya que en la sentencia de fecha 2 de septiembre de 1998, misma que quedó firme, se analizó si la autoliquidación es o no fuente de créditos fiscales, concluyendo la Sala del conocimiento que la autocorrección fiscal no puede ser considerada como un acto de autoridad y, por lo mismo, crédito fiscal. En esta tesitura, es procedente la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, ya que el procedimiento administrativo de ejecución no tiene justificación en un crédito como lo es el número C-40876, pues el mismo es inexistente por no haberse comprobado en juicio dicha existencia.
"‘La autoridad demandada, en contestación al agravio en estudio, sostiene que en la citada sentencia no declaró la nulidad de los créditos sino la diligencia con las que se pretendió su cobro, es decir, no se resolvió que dichos créditos no procedieran, sino que no se podía pretender su exigibilidad en virtud de que no estaban aún determinados por un acto de autoridad que estuviere notificado.
"‘...
"‘En concepto de esta juzgadora, el agravio en estudio resulta infundado e insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, atentos los siguientes razonamientos de derecho.
"‘La parte actora se agravia en contra de la resolución contenida en el oficio número 322-SAT-P5-L39-SOS-05643, de fecha 6 de agosto de 1999, emitida por el administrador local de Recaudación de Xalapa, visible a fojas 24 a 27, respecto de la solicitud de devolución de pago de lo indebido en cantidad de $797,461.99, en la que se resolvió que:
"‘«I. No es posible acceder a su petición, toda vez que del análisis al expediente administrativo en que se actúa, se conoció que no existe pago de lo indebido en virtud de que el crédito C-40876 tuvo su origen en una solicitud de pagos de adeudo en parcialidades de contribuciones a su cargo en los siguientes conceptos ...
"‘«II. El crédito fiscal asignado por esta autoridad se originó, en primer lugar, por la petición expresa del propio contribuyente, es decir, lo solicitó por una autodeterminación para cumplir con el entero de sus contribuciones causadas, por lo que de ninguna manera se puede considerar como pago indebido el importe enterado de quien promueve, ya que dicho pago se debe a la causación de contribuciones declaradas y pagadas, es decir, con ello se convalidó lo establecido en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, por lo que no se puede considerar como algo indebido el cumplimiento de obligaciones fiscales que realizó el contribuyente, ya que él mismo eligió la forma en la cual realizar el pago de las contribuciones causadas por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 1989 al 13 de septiembre de 1990 ...»
"‘Para el actor, su derecho de solicitar la devolución de las cantidades pagadas, por ser éstas indebidas a su juicio y la consecuente obligación de la autoridad fiscal de devolvérselas, deriva de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 1998, emitida por la entonces Sala Regional del Golfo-Centro de este tribunal, misma que, declarando la nulidad de la resolución impugnada por la inexistencia del crédito fiscal, ha adquirido el carácter de firme.
"‘Del análisis de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 1998, arriba referida, relativa al juicio fiscal 299/98, es de resaltarse que según lo asentado en el resultando primero, visible a foja 28 de autos, el acto impugnado consistió en:
"‘«La resolución contenida en el oficio 325-SAT-R5-L39-1290, de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Xalapa, a través de la cual al resolver el recurso de revocación RR-SAT-245/97, en la que se ordena reponer el procedimiento administrativo de ejecución que dio origen a las diligencias de requerimiento de pago número 7238/7239 de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y cinco; acta de requerimiento de pago con número de control 31989507005609, levantada con fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a través de las cuales se requiere de pago del crédito fiscal número C-40876, en cantidad de $1'253,626.00; y acta de embargo de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, con número de control 32089508004857, por un importe de $661,113.00, de dicha resolución.»
"‘Es cierto que en cuanto al crédito fiscal y sus alcances, la juzgadora del conocimiento en el anverso de la hoja 9, visible a fojas 36 de autos, razonó lo siguiente:
"‘«Conviene destacar que lo arriba expuesto conlleva a una segunda conclusión, en el sentido de que indudablemente el crédito fiscal tiene que ser emitido por una autoridad a fin de que pueda gozar de la característica de la exigibilidad y, por tanto, pueda realizarse en procedimiento administrativo de ejecución; puesto que el crédito fiscal es el acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa determina la obligación fiscal de un contribuyente en cantidad líquida, por tanto, el crédito fiscal no puede tener otra naturaleza que la de un acto administrativo mediante el cual el Estado impone unilateralmente obligaciones y cargas a los particulares y dispone de los medios efectivos para hacerlos cumplir, ya que de esta manera la administración pública en el ejercicio de su potestad administrativa, crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva con la finalidad de dar satisfacción al interés general.»
"‘Es también cierto que respecto de la autocorrección fiscal la Sala del conocimiento, en la hoja 10 de su sentencia visible a foja 37 de autos, argumentó lo siguiente:
"‘«Ahora bien, en concepto de esta Sala, es que la autocorrección fiscal no puede ser considerada como un acto de autoridad y, por lo mismo, crédito fiscal, toda vez que la autoliquidación no contiene las características del acto administrativo, ya que es un acto realizado por el contribuyente que, por lo mismo, no está revestido de la potestad, ni del imperio del Estado y, en consecuencia, no tiene ninguna obligatoriedad, ni puede ser exigido, tomando en consideración que la autodeterminación es una facultad-obligación que la ley concede al contribuyente para que determine su impuesto o contribución a pagar y la cubra en una forma voluntaria, pero sin que llegue a constituir un finiquito de sus obligaciones fiscales, pues tal autoliquidación puede ser revisada por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación o fiscalización y, en su caso, ser modificada mediante el ejercicio de las facultades de liquidación de la propia autoridad fiscal cuando encuentre que dicha autoliquidación no se ajustó a la ley; por tanto, podemos concluir que la autoliquidación no es un acto definitivo, puesto que es un acto del particular sujeto a revisión de las autoridades y, por lo mismo, no puede ser exigible, sino hasta que la autoridad lo determine expresamente y lo notifique al interesado, pues en este caso sólo es procedente hacer efectivos actos de autoridad y no de particulares y, por ende, tampoco puede considerarse que la autoliquidación constituya un crédito fiscal, pues éste, se insiste, es el que deriva de las facultades de liquidación de una autoridad fiscal y no de particulares.»
"‘Es verdad también que como conclusión la juzgadora del conocimiento en el anverso de la hoja 10 de la sentencia, visible a foja 37, razonó lo siguiente:
"‘«A mayor abundamiento, en el presente caso la autoridad no exhibe dentro de las pruebas aportadas a la contestación, el documento determinante del crédito fiscal número C-40876, ni menos su constancia de notificación realizada al contribuyente del referido crédito y como, por otra parte, la autocorrección fiscal a que alude la propia autoridad no puede considerarse crédito fiscal, debe concluirse sin lugar a dudas que no se ha probado en juicio ni la existencia ni la notificación de los créditos fiscales, para que se pudiera justificar la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución, que la demandada está ordenando se realice, subsanando los vicios en que se incurrió en perjuicio de la actora; en consecuencia, es fundado el agravio en estudio y al no considerarlo así la autoridad demandada dentro de la resolución que nos ocupa, motivo por el cual resulta ilegal que la autoridad al emitir la resolución que nos ocupa, resuelva ordenar la reposición del procedimiento administrativo de ejecución, al no existir un crédito fiscal determinado por autoridad fiscal a cargo de la hoy actora; por lo que, en su caso, la autoridad fiscal podrá iniciar dicho procedimiento administrativo de ejecución cuando haya determinado y liquidado el crédito fiscal y lo notifique de acuerdo a lo establecido en la ley, y una vez transcurridos los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación, sin que el contribuyente haya efectuado el pago, o acredite haber interpuesto el medio de defensa respectivo, o haber garantizado el interés fiscal, entonces sí proceder a requerir el pago correspondiente; por lo que procede declarar la nulidad de la resolución a debate, quedando a salvo las facultades de las autoridades demandadas para determinar la resolución pertinente en caso de ser procedente y, por su parte, el derecho del actor para impugnar el crédito C-40876, una vez que se le notifique legalmente.»
"‘Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el cual considera el actor fue indebidamente aplicado, se dice lo siguiente:
"‘«Artículo 22. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. ...
"‘«El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco federal la devolución de dichas cantidades ...»
"‘La figura jurídica del pago de lo indebido está prevista en el artículo 1883 del Código Civil Federal, el cual establece, en su primer párrafo, que:
"‘«Artículo 1883. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.»
"‘Representa entonces el pago de lo indebido una situación en la que se cumple con una obligación jurídica que no se tenía, es decir, cuando se entrega una cosa sin existir una relación jurídica entre dos personas, siendo que todo pago presupone la existencia de una deuda, sin embargo, se paga por un error, ya sea bajo la suposición de que existe una obligación o porque existiendo la deuda quien paga no es el deudor o a quien se paga no es el acreedor. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.167 C, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 579, ha sostenido en cuanto al pago de lo indebido el siguiente criterio: «PAGO DE LO INDEBIDO. DIFERENCIA CON EL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO O SIN CAUSA.» (se transcribe), de donde se desprende que «el pago de lo indebido», contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones se constituye en especie de este último, con características propias, las que se traducen en que mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho contenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito.
"‘Se colige entonces, que para que se configure el pago de lo indebido, se deben dar o integrar sus elementos básicos, a saber, la realización de un pago, es decir, la transferencia de valores de un patrimonio a otro; que el mismo sea indebido, o lo que es lo mismo, que dicho pago no tenga justificación normativa; que el pago se realice por un error de derecho o de hecho sobre la base de una falsa apreciación de la existencia de una obligación, o existiendo la misma el que paga no es el deudor o a quien se paga no es el acreedor. Si bien es cierto que en el caso en estudio se ha dado el primer elemento, esto es, la transferencia de valores del patrimonio del contribuyente al patrimonio del fisco federal, también lo es que no puede considerarse que dicha transferencia no posee una justificación normativa sobre la base de que en la sentencia de fecha 2 de septiembre, respecto del juicio fiscal 299/98, se haya determinado la no existencia de una obligación jurídica y que, por tanto, se haya realizado el pago sobre la base de un error de derecho o de hecho.
"‘En efecto, el pago de lo indebido presupone la entrega de una cosa en cumplimiento de una obligación que no existe o existiendo, que la misma se cumple por un error en la persona del acreedor o del deudor. Es el caso que la obligación es considerada como el vínculo jurídico que tiene una persona llamada deudor, de realizar una conducta de dar, hacer o de no hacer a favor de otra persona llamada acreedor, teniendo éste la facultad de exigir a aquél la conducta debida, y el deudor teniendo el correlativo deber de cumplirla. En el sistema jurídico las obligaciones pueden tener diversas fuentes como la voluntad de las partes o la realización de ciertos hechos jurídicos. Sin embargo, tratándose de la obligación de carácter fiscal, es decir, aquella en la que la relación jurídica se da entre el gobernado y el Estado, la misma únicamente tiene como fuente a la ley, más aún tratándose de la obligación tributaria, es decir, aquella cuyo objeto lo constituye una conducta de dar como lo es el pago del tributo, dicha ley debe corresponder a un acto formal y materialmente legislativo. Sobre estas premisas, en términos del primer párrafo del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, como fuente de la obligación tributaria, se determina que la contribución se genera:
"‘«Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.»
"‘Es decir, el elemento generador o causal de la relación jurídico tributaria, es la realización de las situaciones jurídicas o de hecho que se prevén en las leyes fiscales, siendo que como consecuencia de la simple realización de la situación o el hecho, se genera la obligación del pago del tributo.
"‘Empleando otros términos, la obligación de pago del tributo tiene su fuente en la ley fiscal y se genera y existe por la simple materialización de la conducta de derecho o de hecho prevista en la misma, sin necesidad de un acto de autoridad administrativa que determine su existencia, pues dicha existencia se da por determinación propia de la ley al darse las hipótesis previstas. Por otro lado, de conformidad con el segundo y tercer párrafos del artículo en cita, se prevé que:
"‘«Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.
"‘«Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.»
"‘De lo que se desprende que una vez nacida la obligación fiscal, de conformidad con el primer párrafo del numeral en comento, la misma se determinará, entendiéndose por esto la fase en la cual la obligación tributaria que existe materialmente es objeto de actos de verificación y constatación de la actualización del supuesto previsto en la ley fiscal, y una vez determinada, dicha obligación fiscal será liquidada, lo que se traduce en fijar el monto de la misma. Por principio de cuentas, de acuerdo a lo arriba transcrito, corresponde como obligación de los gobernados determinar las contribuciones a su cargo, declarando al efecto tal circunstancia, es decir, como principio rector del sistema jurídico tributario está el de autodeterminación de las contribuciones, por medio de la cual son los particulares los que determinan las contribuciones a su cargo, realizando los actos de verificación y constatación en forma declarativa y no constitutiva de los supuestos jurídicos y de hecho previstos en las leyes fiscales, circunstancia que no se traduce en la existencia misma de la obligación tributaria, ya que ésta ha nacido por la simple materialización de los supuestos o hechos descritos en las leyes fiscales, y no nace por una determinación del contribuyente. En otras palabras, los actos de determinación de las contribuciones, inclusive la autodeterminación, no puede ser fuente de las obligaciones fiscales y tributarias, ya que éstas tienen como única fuente la ley, siendo que dichos actos únicamente las determinan en cantidad líquida.
"‘En términos del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado y que provengan, entre otros, de contribuciones, es decir, el crédito fiscal representa la facultad del Estado para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, por tanto, este numeral se refiere más a un aspecto de exigibilidad o procedibilidad que de sustantividad, como acontecería con el nacimiento y existencia de la obligación fiscal y tributaria que nace y puede existir con independencia de que la misma sea determinada por el contribuyente o por la autoridad; debemos entender que la sentencia de fecha 2 de septiembre de 1998, y respecto de la cual el actor dice que es la fuente del pago de lo indebido, como acto jurisdiccional no se traduce en la integración de los elementos del pago de lo indebido, pues si bien es cierto que sí se da una transferencia de valores, también lo es que dicha sentencia no tiene trascendencia jurídica para la existencia o nacimiento de la obligación tributaria, sino únicamente respecto de su exigibilidad. En efecto, debe resaltarse que el acto impugnado consistió no en si la conducta del contribuyente se adecuó a los supuestos normativos o de hecho previstos por determinada ley fiscal y que trajeran como consecuencia la materialización de la obligación tributaria, sino en que las diligencias de requerimiento de pago y embargo, y las actas respectivas, como partes o fases del procedimiento administrativo de ejecución, no se encontraban ajustadas a derecho, es decir, se impugnó la procedibilidad o exigibilidad del crédito fiscal, mas no la existencia de la obligación tributaria. Tan es así que en la propia sentencia de referencia, se dijo textualmente que: «El crédito fiscal tiene que ser emitido por una autoridad a fin de que pueda gozar de la característica de la exigibilidad y, por tanto, pueda realizarse en procedimiento administrativo de ejecución» y que, en lo conducente, definió al crédito fiscal como: «el acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa determina la obligación fiscal de un contribuyente en cantidad líquida», de lo que se deduce que en la propia sentencia se considera el crédito fiscal como el acto de determinación de la obligación fiscal en cantidad líquida por parte de la autoridad, pero sin lugar a dudas, dicho acto de determinación es posterior al nacimiento y existencia de la obligación tributaria, y respecto de esto la Sala del conocimiento no hizo pronunciamiento alguno por la sencilla razón de que los actos impugnados no fueron con motivo de que el actor no materializó ninguna conducta generadora de la obligación tributaria, sino que lo impugnado fueron los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, en la fase de exigibilidad de la obligación fiscal, mas no de su existencia.
"‘Del mismo modo, la juzgadora del conocimiento en la sentencia en comento, no consideró a la autocorrección fiscal como un acto de autoridad que pudiese generar un crédito fiscal, pues textualmente se dijo que «la autocorrección fiscal no puede ser considerada como un acto de autoridad y, por lo mismo, crédito fiscal, toda vez que la autoliquidación no contiene las características del acto administrativo». Luego entonces, para la Sala del conocimiento, el crédito fiscal únicamente puede generarse en virtud de un acto de autoridad que determine una obligación fiscal en cantidad líquida, y no por medio de un acto de un particular, sin embargo, la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida no se traduce en la determinación de su existencia o nacimiento, aunado a que como conclusión la juzgadora del conocimiento consideró que «no exhibe dentro de las pruebas aportadas a la contestación el documento determinante del crédito fiscal número C-40876, ni menos su constancia de notificación realizada al contribuyente» y que, por tanto «no se ha probado en juicio ni la existencia ni la notificación de los créditos fiscales, para que se pudiera justificar la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución», lo que debe entenderse sobre la base de que no se probó en juicio la existencia del crédito fiscal, entendiendo por éste el acto por el cual la autoridad determina una obligación fiscal en cantidad líquida, mas no que el contribuyente actor no es sujeto de una obligación tributaria, en virtud de no haber realizado los supuestos normativos y de hecho que prevén las disposiciones fiscales, que implica la existencia de la obligación tributaria, pues esto no fue materia de litis en el juicio. Tan es así que la Sala del conocimiento declaró la nulidad sin perjuicio de las facultades de la autoridad fiscal para determinar la resolución procedente y del derecho del actor para impugnar en (sic) crédito fiscal, ya que tal declaración no tendría sentido si la sentencia se hubiera pronunciado sobre la existencia de la obligación tributaria en sus elementos sustantivos, ya que el pronunciamiento hubiese sido sobre la base de que el acto no es sujeto de la obligación jurídico tributaria que la autoridad le imputa.
"‘En otras palabras, como fases de la obligación fiscal y tributaria, se tiene la fase de nacimiento o existencia, la fase de determinación y la fase de exigibilidad, y es el caso que lo que se impugnó en juicio y que fue materia de la litis y que, por tanto, es el pronunciamiento de la juzgadora, es respecto de la fase de exigibilidad de la obligación tributaria, considerando la Sala que dicha obligación no es exigible en virtud de que no se demuestra la existencia de un crédito fiscal, es decir, un acto administrativo que determine la obligación fiscal en cantidad líquida, y el acto de autodeterminación del contribuyente no puede considerarse como crédito fiscal, pero dicha sentencia no tiene trascendencia jurídica con respecto de la existencia de la obligación fiscal ni con la autodeterminación de ésta por parte del contribuyente, ya que lo anterior sería motivo de un juicio en el que la litis fuera la circunstancia consistente en que el actor no es sujeto de una obligación tributaria, en virtud de que no ha realizado ningún acto que haya materializado los supuestos normativos o de hecho previstos por las leyes fiscales y que dieran nacimiento a la obligación fiscal y tributaria.
"‘A mayor abundamiento, las sentencias como actos formal y materialmente jurisdiccionales, únicamente tienen trascendencia jurídica respecto de la litis del juicio, es decir, se constriñen a lo alegado y probado en el juicio, por lo que si en el caso en estudio, la existencia de la obligación fiscal no fue materia de la litis, sino únicamente su exigibilidad, debe considerarse que los efectos de nulidad de dicha sentencia son únicamente para ésta, mas no para sus aspectos sustantivos. Además, se debe partir que por naturaleza jurídica, las sentencias que emite el Tribunal Fiscal de la Federación, únicamente tienen efectos declarativos mas no constitutivos de derechos, tal y como lo ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el siguiente criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página 372, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘«SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE RECONOCEN LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. CARECEN DE EJECUCIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando se reclaman de las autoridades señaladas como ejecutoras los actos tendientes a cumplimentar la sentencia de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, que reconoció la validez de la resolución ante ella impugnada, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio constitucional por cuanto a esos actos se refiere, toda vez que dicha sentencia no es constitutiva de derechos, sino únicamente declarativa, por lo que simplemente deja expedito el derecho de las autoridades hacendarias para llevar a cabo su propia determinación; de ahí que, los actos que las autoridades señaladas como ejecutoras pudieran efectuar no serían originados por ese fallo, el que carece de ejecución, sino en todo caso motivados por el estatuto legal que rige la actuación de las autoridades hacendarias.»
"‘En el mismo sentido, en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 406, se ha dicho lo siguiente:
"‘«SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CARECEN DE EJECUCIÓN. Como las sentencias que dicta el Tribunal Fiscal de la Federación en los juicios de nulidad no son constitutivas de derechos, sino únicamente declarativas, cuando una Sala de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17196-3c82f845/contribuciones-pagadas-indebidamente-para-que-proceda-su-devolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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