ADUANAS. NO HAY NEGATIVA FICTA POR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO QUE SE SIGUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 153 Y 155 DE LA LEY CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.
Las consideraciones que sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 391/2003, en la parte que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Son infundados los agravios vertidos.
"En efecto, como punto de partida es pertinente dirigir la atención a la jurisprudencia 140/2002, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 247, Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (que inclusive el quejoso la invocó en su demanda de garantías), que dice:
"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA. Los artículos 155 de la Ley Aduanera vigente en 1996 y 153, tercer párrafo, del mismo ordenamiento, vigente en 1999 y en 2000, disponen que, tratándose de un procedimiento administrativo en materia aduanera, en los supuestos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la fecha en que se levante el acta de embargo respectiva, determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas e impondrán las sanciones que procedan. En este contexto, aun cuando los preceptos citados no establecen sanción expresa para el caso de que la autoridad no dé cumplimiento dentro del plazo previsto en la ley, tal ilegalidad ocasiona la nulidad lisa y llana de aquella resolución, en términos de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que estimar lo contrario implicaría que las autoridades pudieran practicar actos de molestia en forma indefinida, quedando a su arbitrio la duración de su actuación, lo que resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en los preceptos de la ley en mención que delimitan temporalmente la actuación de dicha autoridad en el entendido que al decretarse tal anulación, la consecuencia se traduce no sólo en el impedimento de la autoridad para reiterar su acto, sino también trasciende a la mercancía asegurada pues ésta deberá devolverse. No obsta a lo anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 41/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 226, ya que se refiere a la hipótesis en que la autoridad cumplimenta fuera del plazo de cuatro meses una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declara la nulidad de un acto administrativo, mientras que el supuesto antes plasmado alude al caso en que la autoridad aduanera omite resolver la situación del particular en un procedimiento administrativo en materia aduanera, dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir del levantamiento del acta de embargo.’
"Ahora bien, el artículo 150 de la Ley Aduanera, vigente en la época en que se verificaron los hechos que informan el acto reclamado, establece:
"‘Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley en dicha acta se deberá hacer constar:
"‘I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
"‘II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
"‘III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
"‘IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.
"‘Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.
"‘Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.’
"Por su parte, el artículo 153 de la misma ley, dice en lo que aquí interesa:
"‘Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
"‘Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII, de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter (sic).
"‘Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII, de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento.
"‘En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que proceden, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley. ...’
"Así pues, el primer párrafo del artículo 150 de la Ley Aduanera, establece los casos en los que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo y realizarán el embargo precautorio de mercancías; el último párrafo del precepto citado dispone la obligación de señalar en el acta que el interesado cuenta con un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegar de su derecho; y el tercer párrafo del artículo 153 de la propia ley, señala que en la culminación de ese procedimiento, es decir, para efectuar la determinación de las contribuciones, las cuotas compensatorias omitidas y la imposición de las sanciones procedentes, el plazo no excederá de cuatro meses. En estas condiciones, es inconcuso que dichos preceptos regulan el procedimiento aduanero que constituye una instancia administrativa porque cuenta con una serie de etapas que van desde el acta de inicio de facultades regladas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la materia, hasta la decisión (misma que deberá dictarse en un plazo que no excederá de cuatro meses), la cual pone fin a esas facultades para determinar la situación relacionada con el particular a quien se le sigue la investigación.
"Ahora bien, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, establece que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el plazo de tres meses, y transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución de la instancia o petición, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, es decir, en contra de la omisión de la autoridad de resolver de manera definitiva esa instancia.
"Cabe reiterar que en una orden de visita domiciliaria como la de que se trata (de verificación de mercancía de procedencia extranjera), la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación que constituye, huelga decir, una instancia administrativa, tomando en cuenta la naturaleza de esa relación jurídica, porque dicha instancia oficiosa condiciona, por un lado, la obligación que tiene la autoridad hacendaria para emitir dentro del plazo de cuatro meses la determinación correspondiente; y, por otro, instituye en favor del gobernado la ficción jurídica denominada resolución negativa ficta, producida precisamente por el silencio de la autoridad para determinar (una vez ejercidas sus facultades de comprobación e instaurado el procedimiento administrativo en materia aduanera), las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, así como en caso de que proceda, la imposición de sanciones.
"Luego, como en la especie el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad aduanera para emitir la determinación respecto al procedimiento administrativo en esa materia verificado por el Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Aduanas, de la Aduana de Agua Prieta, Sonora, el veinticuatro de marzo de dos mil tres; y si la autoridad hacendaria (en esa instancia oficiosa) no concluyó en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se levantó el acta de inicio de ese procedimiento, entonces, su omisión de resolver esa instancia, efectivamente como lo determinó el Juez de Distrito, provocó que se considerara por ficción de ley como una resolución negativa a que se contrae el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que dispone que una vez transcurrido el plazo en que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades deban ser resueltas y se notifiquen el interesado, se podrá estimar que la autoridad resolvió negativamente, e interponer los medios de defensa después de transcurrir dicho plazo mientras no se dicte la resolución, que de conformidad con el artículo 203 de la Ley Aduanera, será optativo, antes de acudir ante el Tribunal Fiscal (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), la interposición del recurso de revocación, o bien, esperar a que se dicte. Por consiguiente, debe concluirse que la figura de la negativa ficta debe interpretarse en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que dicha institución se encuentra sometida a la competencia del Tribunal Fiscal que establece los mecanismos de defensa que tiene el particular para combatir la ficción jurídica de referencia, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia que el Juez Federal determinó de acuerdo con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
"En las apuntadas condiciones al resultar infundados los agravios vertidos, procede confirmar la resolución que se revisa y desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías."
La parte conducente de la sentencia de mérito, originó la tesis aislada, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"NEGATIVA FICTA. SE ACTUALIZA AL NO RESOLVERSE LO CONCERNIENTE AL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE VERIFICACIÓN, DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 37, del Código Fiscal de la Federación, establece que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el plazo de tres meses, transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución de la instancia o petición, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo; es decir, en contra de la omisión de la autoridad al resolver de manera definitiva esa instancia; luego, en una orden de visita domiciliaria (de verificación de mercancía de procedencia extranjera), prevista en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera, la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación lo cual constituye, desde luego, una instancia administrativa, en consideración a la naturaleza de esa relación jurídica, porque esa ‘instancia oficiosa’ condiciona, por un lado la obligación que tiene la autoridad hacendaria para emitir dentro del plazo de cuatro meses la determinación correspondiente; y por otro, constituye a favor del gobernado la ficción jurídica denominada resolución negativa ficta, producida precisamente por el silencio de la autoridad para determinar (una vez ejercidas sus facultades de comprobación e instaurado el procedimiento administrativo en materia aduanera), las contribuciones y cotas compensatorias omitidas, así como, en caso de que proceda, la imposición de sanciones; entonces, si la especie, el acto reclamado consistió en la omisión de la autoridad aduanera para emitir la determinación respecto del procedimiento administrativo en esa materia, dado que esa instancia oficiosa no concluyó en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se levantó el acta de inicio de ese procedimiento; así, su abstención de concluir la instancia, sin determinar sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud o petición, generó que se considerara por ficción de ley como una resolución negativa a que se contrae el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que dispone que una vez transcurrido el plazo en que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades deban ser resueltas y se notifiquen al interesado, se podrá estimar que la autoridad resolvió negativamente, e interponer los medios de defensa después de transcurrir dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, que de conformidad con el artículo 203 de la Ley Aduanera, será optativo, antes de acudir ante el Tribunal Fiscal (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), se interponga el recurso de revocación o bien, esperar a que se dicte. Por consiguiente, debe concluirse que la figura de la negativa ficta debe interpretarse en relación al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que dicha institución se encuentra sometida a la competencia del Tribunal Fiscal que dispone los mecanismos de defensa que tiene el particular para combatir la ficción jurídica de referencia. Pensar de otra forma equivaldría a considerar que no existe la institución referida (negativa ficta)."
La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo en revisión número 549/97, en la parte considerativa, en lo conducente, dice:
"QUINTO. Los antecedentes del acto reclamado son los siguientes.
"Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación, Sergio de Paz Beiza, promovió demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta que es consecuencia del acta de hechos de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, misma que fue desechada por improcedente, al considerar que una resolución a instancia o peticiones que se formulan a las autoridades fiscales no resueltas dentro del término legal establecido para ello y no respecto a la falta de determinación de situación fiscal respecto de procedimientos de revisión en materia aduanera.
"Inconforme con lo anterior, Sergio de Paz Beiza, interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió a trámite y ordenándose se corriera traslado a las autoridades demandadas para que en el término de ley manifestaran lo que a su derecho conviniera.
"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados.
"En efecto, en ellos de manera destacada se afirma que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, por aplicación inexacta de los artículos 37, 38 y 202 del Código Fiscal de la Federación, 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, y por dejar de aplicar los artículos 153, en relación con el artículo 5o. de la Ley Aduanera y la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Afirmando que el artículo 153 de la Ley Aduanera fija un plazo de cuatro meses a partir del inicio del procedimiento para resolver la situación jurídica en materia de comercio exterior, pues del acta de hechos se desprende que se exhibió documentación para acreditar la legal estancia del vehículo que conducía, por lo que debe dictarse la resolución correspondiente, entendiendo que el silencio de la autoridad debe interpretarse como una negativa ficta, procediendo interponer los medios de defensa previstos en la Ley Aduanera y en el Código Fiscal de la Federación supletorio de la ley de la materia.
"De igual manera aduce que al resolverse la reclamación la autoridad responsable se basa en disposiciones aplicables al extinto procedimiento administrativo de investigación y audiencia que quedó derogado y actualmente es aplicable al procedimiento administrativo en materia aduanera, aplicando retroactivamente el artículo 125 de dicha ley. Y agrega que la actuación de la Aduana de Naco, Sonora, implica el inicio de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, esto es, una instancia entendida en la acepción de procedimiento, lo que viene a configurar la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, ya que se refiere a una instancia no resuelta y si no se dicta resolución en el plazo de cuatro meses, se permite la inseguridad jurídica ante el prolongado silencio de la autoridad, de donde resulta la procedencia del juicio de nulidad configurándose la negativa ficta, en esa virtud, se violan flagrantemente las disposiciones legales citadas.
"Ahora bien, sobre el particular, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece:
"‘Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.’
"De lo anterior, se toma conocimiento que la negativa ficta tiene íntima conexión con una petición no satisfecha por la autoridad, petición que no requiere la secuela de un procedimiento sino de una simple instancia que no contestada en el plazo de cuatro meses, hace que aquella se configure. La resolución negativa ficta a que se refiere el precepto legal en comento, presupone la existencia de una instancia o petición del particular no estimada por la autoridad.
"Así las cosas, en el presente caso si bien es cierto que la autoridad fiscal no ha resultado lo concerniente al acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de verificación, que constituye un procedimiento o revisión oficiosa, no es dable establecer que se integre la mencionada figura jurídica, puesto que no puede presumirse que la propia autoridad ha negado o desestimado algo que no le ha sido planteado al no encuadrar precisamente en la hipótesis normativa de que aquí se trata.
"Ante esa tesitura, no le asiste la razón al quejoso no obstante que el artículo 153 de la Ley Aduanera establezca un plazo de cuatro meses para dictar la resolución correspondiente, en virtud de que se satisface el presupuesto con antelación aludido, sin que ello signifique se le deje en estado de indefensión, porque tiene a su alcance otros medios jurídicos de defensa, además es exacto lo sustentado por la señalada autoridad responsable en el sentido de que la resolución constitutiva del acto reclamado se coloque en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo esto así, toda vez que el acto que se pretendió impugnar no se adecua a ninguna de sus fracciones de la I a la IV, por no corresponder conocer al Tribunal Fiscal de aquellos casos en que no se haya emitido una resolución en materia aduanera, dado que no se trata de una resolución dictada por la autoridad en la que se determine la existencia de una obligación fiscal, su fijación en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, como tampoco se trata de aquellas que nieguen la devolución de un ingreso o imposición de una multa por infracción a las normas administrativas, sino como ya se dijo es un acto que inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera.
"Es preciso hacer notar que de ningún modo el acto autoritario se basa en la aplicación de disposiciones que regulan el desaparecido procedimiento administrativo en materia aduanera, ya que sobre ese aspecto solamente refiere el estudio concerniente al artículo 37 del Código Fiscal, por lo que de ninguna manera se puede hablar de aplicación retroactiva de la ley.
"Finalmente acorde con lo resuelto por la Sala responsable, era procedente confirmar el auto que desechó por improcedente la demanda de nulidad, en consecuencia, no se aplicaron ni se dejaron de aplicar los dispositivos legales que precisa el impetrante y, en consecuencia, la resolución controvertida no es violatoria de los artículos 8o., 14 y 16 constitucionales, lo que trae consigo se niegue el amparo solicitado."
La parte conducente de la sentencia de mérito originó la tesis aislada número II.A.32 A, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"NEGATIVA FICTA. NO SE ACTUALIZA AL NO RESOLVERSE LO CONCERNIENTE AL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE VERIFICACIÓN, DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El plazo que establece el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, tiene una íntima conexión con una petición no satisfecha por la autoridad, petición que no requiere la secuencia de un procedimiento, sino de una simple instancia carente de contestación. Por lo que si la autoridad fiscal no ha resuelto lo concerniente al acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de verificación, que constituye un procedimiento o revisión oficiosa, no es dable establecer que se integre la mencionada figura, toda vez que no puede presumirse que la autoridad ha negado o desestimado algo que no le ha sido planteado; sin que ello signifique que deje en estado de indefensión al quejoso, ya que tiene otros medios jurídicos de defensa."
CUARTO. Previamente a establecer si existe la contradicción de tesis que se ha denunciado, debe destacarse que los criterios que serán materia de estudio provienen de un amparo en revisión y de un amparo directo, es decir, de asuntos cuya materia es diversa; sin embargo, dicha circunstancia no constituye obstáculo alguno para examinar las posturas que los Tribunales Colegiados de Circuito sustentaron al respecto, en el entendido de que en ciertas hipótesis es posible que entre los temas que se proponen en el amparo en revisión y los que se formulen en el juicio de garantías vía directa, puede existir una íntima conexión y, por ende, se analice un mismo punto de derecho.
QUINTO. Para estar en posibilidad de establecer si en el caso existe la contradicción de criterios que se ha denunciado respecto de un mismo punto de derecho, es necesario precisar los antecedentes de los asuntos relativos, así como los argumentos jurídicos fundamentales en que sustentan las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. En lo que atañe a la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en el amparo administrativo en revisión:
a) Antecedentes:
• Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto consistente en el ilegal acto de autoridad cometido dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, que se le siguiera oficiosamente por el administrador de la Aduana de Agua Prieta del Servicio de Administración Tributaria, específicamente, la falta de emisión de la resolución administrativa que debió dictarse en el plazo de cuatro meses conforme a lo dispuesto en el artículo 153, tercer párrafo, de la Ley Aduanera.
• El Juez de Distrito a quien correspondió conocer del asunto, desechó la demanda por notoriamente improcedente, en atención a que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia de la vía constitucional, como en el caso lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación le autoriza a interponer los medios de impugnación que tenga a su alcance tratándose de la negativa ficta.
• Inconforme con el fallo anterior, la parte quejosa promovió recurso de revisión, ocurso en el que adujo como agravios:
- Es inexacta la apreciación del Juez de Distrito, en atención a que se reclamó la falta de emisión de la correspondiente resolución administrativa que debió dictarse dentro del plazo de cuatro meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Aduanera, violando con ello la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, esto es, en la especie no se reclamó la existencia de una negativa ficta.
- En efecto, tratándose del procedimiento administrativo en materia aduanera, no se actualiza la figura jurídica de la negativa ficta regulada por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, porque se reclama un acto que deviene de un procedimiento tramitado de manera oficiosa por la autoridad y no existe en la ley un medio de defensa ordinario para su impugnación.
• Por tanto, no es posible decretar la improcedencia en el juicio.
b) El Tribunal Colegiado consideró infundados los agravios, con base en los siguientes argumentos:
• Los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera establecen el procedimiento administrativo aduanero que deberá observar la autoridad al ejercer sus facultades de comprobación.
• En esas condiciones, es inconcuso que los preceptos de referencia regulan el procedimiento aduanero que constituye una instancia administrativa, porque cuenta con una serie de etapas que van desde el acta de inicio de facultades regladas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la materia hasta la decisión final, la que deberá dictarse en un plazo que no exceda de cuatro meses.
• Ahora bien, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el plazo de tres meses y transcurrido ese plazo, sin que se notifique la resolución de la instancia o petición, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo.
• En estas circunstancias, si en la especie el acto reclamado consiste en la omisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18454-26e9f16e/aduanas-no-hay-negativa-ficta-por-el-silencio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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