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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍAS JUDICIALES Y PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2001-SS. · Registro digital (IUS): 16958
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO, SÉPTIMO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, , Pág. 700.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO, SÉPTIMO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión 2954/2000, promovido por Benjamín Birt Mosqueda, en lo conducente, expresó:

"QUINTO.-Son infundados los agravios propuestos por la quejosa recurrente.

"En ellos aduce, en síntesis, que la sentencia impugnada le ocasiona agravios personales y directos, en virtud de que el a quo señaló que no existe imperativo legal que constriña a los funcionarios que integran el Comité de Zona ‘A’ del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación a firmar la resolución que constituye el acto reclamado, pues todo acto de autoridad debe estar firmado por el funcionario que lo emita, ya que se trata de un documento público, por lo que debe contener todas y cada una de las firmas de los integrantes de ese comité, ya que de lo contrario se convierte en un acto dictado por autoridad incompetente; que el citatorio que se le giró para que compareciera al procedimiento administrativo de remoción CZA/133/99 carece de fundamentación y motivación, ya que no se expresó en el mismo la causa por la cual fue citado, limitándose a señalar que se debía a que no había aprobado un proceso evaluatorio; que el Juez convalida en su perjuicio la incorrecta fundamentación y motivación del acto reclamado, pues manifestó que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la materia administrativa, sin que se indique cuál es el fundamento jurídico de dicha supletoriedad, por lo que la autoridad no puede escoger a su arbitrio la ley que considere aplicable al caso; que se otorgó pleno valor probatorio a la prueba poligráfica, la cual resulta imprecisa al no especificar las causas por las que no acreditó la misma, además de que la poligrafista no acreditó encontrarse legitimada para ejercer dicha profesión; que el polígrafo no se encuentra previsto como prueba, por lo que no debe ser valorada como medio eficaz para tener por acreditada responsabilidad alguna, sino que debe ser adminiculada con otras pruebas para su validez; que la responsable omitió especificar razonadamente la gravedad de su conducta y resolvió la remoción de su cargo con base en el examen poligráfico, cuando que el artículo 11 bis-1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala expresamente que tales evaluaciones deberán practicarse a los agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentren adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, siendo el caso que él no se encontraba adscrito a dicha unidad administrativa y, por tanto, el razonamiento vertido en la sentencia sujeta a revisión resulta ser erróneo; que cuando la responsable le notificó la resolución impugnada ya habían prescrito sus facultades para ello, por haber transcurrido con exceso el término de setenta y dos horas que le impone el artículo 54, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues dicha resolución es de fecha siete de enero del dos mil, que se le notificó hasta el diez de febrero del corriente año; por último, que el a quo omitió entrar al estudio del concepto de violación sobre la aplicación de los artículos 12 y 39 del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal, que es la legislación que rige a la corporación a la que pertenece. ...

"En cuanto a que el citatorio que se le giró para que compareciera al procedimiento administrativo de remoción CZA/133/99 carece de fundamentación y motivación, ya que no se expresó en el mismo la causa por la cual fue citado, limitándose a señalar que se debía a que no había aprobado un proceso evaluatorio; es pertinente hacer notar que tampoco le asiste la razón, pues a fojas cuarenta de autos obra dicha notificación en la que se le hizo saber lo siguiente:

"‘En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente administrativo de remoción citado al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, fracciones I y X, 52, fracción II y 54, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 52 bis-2, fracción VII, del reglamento de dicha ley, se le notifica que se ha iniciado en su contra procedimiento administrativo de remoción número CZA/133/99, ello con motivo de la queja presentada en su contra por el general de división Guillermo Álvarez Nara, director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal de esta institución, por no haber aprobado la evaluación periódica prevista en la fracción V del artículo 11 bis-1 del reglamento de la ley orgánica de esta institución, en concordancia con el diverso numeral 23, fracción XIV, del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal, específicamente la relativa a la evaluación poligráfica.-Asimismo, se le notifica que se han señalado las 16:00 horas del día 27 de diciembre de 1999 para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del procedimiento administrativo de referencia, la cual se llevará a cabo en nuestras oficinas ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 75, 2o. piso, colonia Guerrero, en esta ciudad; dentro de la cual tiene derecho a manifestar verbalmente o por escrito lo que a sus intereses convenga en relación con la responsabilidad administrativa que se le imputa, a ofrecer pruebas en su defensa, mismas que deberá preparar con toda oportunidad para que previa su admisión sean desahogadas el día de la audiencia, con el apercibimiento de que de no ser así se le tendrán por no admitidas, y formular alegatos en la misma.-Debiendo hacerse acompañar por abogado que lo asista durante el desarrollo de la audiencia en la que va a intervenir, quedando a su disposición para su consulta en nuestras oficinas el expediente de mérito.-Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 288, 329, 331 y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia administrativa, apercibido de que en caso de no comparecer se le tendrá por confeso y por ciertos todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.’

"De la transcripción anterior se desprende que contrariamente a lo aducido por el recurrente, dicho citatorio sí contiene los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, razón por la cual resulta ser infundado su agravio.

"Por lo que se refiere a que el Juez convalida en su perjuicio la incorrecta fundamentación y motivación del acto reclamado, pues manifestó que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la materia administrativa, sin que se indique cuál es el fundamento jurídico de dicha supletoriedad, por lo que la autoridad no puede escoger a su arbitrio la ley que considere aplicable al caso, debe señalarse que contrariamente a lo argüido por el recurrente, el a quo resolvió correctamente, y que si bien es cierto que los policías se rigen por sus propias leyes, también lo es que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la materia administrativa, a fin de llenar las lagunas que en dichas leyes se aprecian, y que como la relación del quejoso con la corporación es de naturaleza administrativa, como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aludido ordenamiento procesal resulta aplicable de modo supletorio al presente caso; y, para apoyar su determinación citó dos criterios: el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis VI.1o.185 C, que se consulta en la página 563 del Tomo XV-II, febrero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, y la jurisprudencia P./J. 24/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43, Tomo II, del mes de septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo los rubros: ‘SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SALVO DISPOSICIÓN DE LA LEY, TIENE APLICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES.’ y ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, respectivamente. Criterio del a quo que convalida este tribunal.

"En relación con los argumentos que hace valer en el sentido de que se otorgó pleno valor probatorio a la prueba poligráfica, la cual resulta imprecisa al no especificar las causas por las que no acreditó la misma; además de que la poligrafista no acreditó encontrarse legitimada para ejercer dicha profesión; y que el polígrafo no se encuentra previsto como prueba, por lo que no debe ser valorada como medio eficaz para tener por acreditada responsabilidad alguna, sino que debe ser adminiculada con otras pruebas para su validez; debe decirse que tanto de las constancias de autos como de la resolución recurrida, se observa que la autoridad responsable sí expresó las hipótesis en que se basó la remoción del quejoso, así como la conducta que se le atribuye, las cuales consisten en que contrariando la obligación que tenía se negó a someterse a la prueba poligráfica, con lo cual actualizó los supuestos previstos por el artículo 51, fracciones I y X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, infracciones que constituyen en su perjuicio responsabilidad administrativa, y que quedó acreditado con la constancia de catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por la directora del Área de Poligrafía del Centro de Control de Confianza de esa institución, a la cual se le otorgó pleno valor probatorio por no haber sido desvirtuada por el quejoso.

"Además, la poligrafista, licenciada en psicología Claudia Pacheco Hernández, tal como señaló la responsable, el Centro de Control de Confianza de la Procuraduría General de la República cuenta con el personal calificado que cubre los requisitos metodológicos, técnicos y científicos para la aplicación de las evaluaciones que tienen a su cargo, como lo establece el artículo 44 bis-2 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que no le toca a la recurrente objetar la legitimación para ejercer la profesión de esa licenciada, pues pensar de otra manera, sería tanto como cuestionar la competencia de origen de los funcionarios que integran las distintas unidades administrativas de esa procuraduría.

"A mayor abundamiento, en la documental correspondiente se especificó la causa por la cual no aprobó la prueba poligráfica, lo cual fue debido a que el ahora recurrente, contrariando la obligación a su cargo, se negó a someterse a la aludida prueba; razón por la cual no se le puede tener como acreditada o aprobada; además, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia administrativa, reconoce como prueba en su fracción IV los dictámenes periciales.

"Respecto a que la responsable omitió especificar razonadamente la gravedad de su conducta y resolvió la remoción de su cargo con base en el examen poligráfico, cuando que el artículo 11 bis-1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala expresamente que tales evaluaciones deberán practicarse a los agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentren adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, siendo el caso que él no se encontraba adscrito a dicha unidad administrativa y, por tanto, el razonamiento vertido en la sentencia sujeta a revisión resulta ser erróneo, debe indicarse que dichos argumentos son ineficaces, ya que el recurrente estaba obligado a presentar esa prueba conforme a lo señalado por el artículo 23, fracción XIV, del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal, tal como observó el a quo y en cuyo apoyo invocó la jurisprudencia 2a./J. 129/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261 del Tomo X, del mes de diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 11 BIS-1, 11 BIS-2 Y 11 BIS-3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO INFRINGEN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, que explica que dicha evaluación periódica es obligación de todos los policías judiciales federales.

"En cuanto a que cuando la responsable le notificó la resolución impugnada ya habían prescrito sus facultades para ello, por haber transcurrido con exceso el término de setenta y dos horas que le impone el artículo 54, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues dicha resolución es de fecha siete de enero del dos mil, y se le notificó hasta el diez de febrero del corriente año; es preciso hacer notar que tal argumento es incorrecto, pues si bien ese dispositivo legal eso es lo que dispone, no es menos cierto que se trata de una norma imperfecta, pues no trae aparejada sanción alguna si no se cumple en dicho término, razón por la cual no es posible considerar que prescribió la facultad de la responsable para sancionarlo.

"Por último, en relación con que el a quo omitió entrar al estudio del concepto de violación sobre la aplicación de los artículos 12 y 39 del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal, que es la legislación que rige a la corporación a la que pertenece, debe decirse que aunque se hubiera dado esa omisión, se insiste en que la actuación de las responsables fue correcta, ya que la jurisprudencia 2a./J. 129/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261 del Tomo X, del mes de diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dispone:

"‘POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 11 BIS-1, 11 BIS-2 Y 11 BIS-3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO INFRINGEN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El hecho de que los mencionados artículos del reglamento tengan como destinatarios a los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Salud, no significa que exista un trato desigual o discriminatorio para esos funcionarios, en tanto el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que los requisitos de ingreso y permanencia deben observarse en todas las policías judiciales y, la circunstancia de que el reglamento únicamente regule lo relativo a la fiscalía especializada no implica que la evaluación periódica no pueda ser normada en otras disposiciones; tanto es así que el artículo 23, fracción XIV del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal establece la obligación de todos los policías judiciales federales de someterse a los exámenes que se prescriben. Por tanto, los artículos 11 bis-1, 11 bis-2 y 11 bis-3 al ordenar la evaluación periódica de los servidores públicos no son violatorios de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General de la República.’

"Razones estas que determinan el porqué fue sancionado el quejoso recurrente.

"Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios propuestos lo único procedente es confirmar en sus términos el fallo recurrido."

En el amparo en revisión 784/2001, promovido por Francisco Javier Alanís Bonilla, el citado órgano colegiado estableció:

"CUARTO.-Carece de eficacia jurídica el agravio hecho valer por la recurrente, por las siguientes razones:

"Aduce sustancialmente que el juzgado natural para concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, establece que la evaluación poligráfica practicada al quejoso no debió valorarse como si se tratara de una prueba pericial, sino como un documento privado, violando en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, en atención a que al desahogarse la misma no se cumplieron con los requisitos expresamente regulados en los artículos 143 al 160 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"De igual forma señala que contrariamente a lo afirmado por el Juez natural en la sentencia que se recurre, el hecho de que la prueba en materia de poligrafía que le fue practicada al quejoso se haya materializado en un documento denominado dictamen, no le resta eficacia, en virtud de que el mismo reúne los elementos necesarios para ser considerado como una prueba pericial, pues la misma se efectuó con el objeto de demostrar que el quejoso no cumple con los requisitos de ingreso y permanencia establecidos por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo cual constituye un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada sino por medio de conocimientos científicos en lo que en materia de poligrafía se refiere, resultando intrascendente, como ya se ha manifestado, que dichas pruebas periciales obren en documentos denominados dictámenes y que el a quo argumente que se trata de documentos privados, toda vez que la ley las reconoce como medios de prueba.

"Finalmente, señala que aun en el supuesto de que deba ser valorado como documento privado el dictamen pericial en materia poligráfica, los efectos del amparo otorgado al quejoso no conducen a nada práctico, pues, como se ha dicho, las pruebas ofrecidas en la audiencia de ley y los agravios formulados en su recurso de rectificación no fueron suficientes para controvertir la responsabilidad que le atribuyó, ni para demostrar la ilegalidad de la resolución de remoción de su cargo, por lo que, subsanada dicha violación, el resultado de la resolución que se emitiera en cumplimiento al fallo protector sería el mismo, esto es, confirmar la remoción del cargo que ocupaba el quejoso; de ahí que en aras del principio de economía procesal debe negarse el amparo que le fue otorgado mediante la resolución que se recurre.

"Ahora bien, de la imposición íntegra de las constancias se advierte que el hoy quejoso fue sometido a diversas evaluaciones que señala el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de la que destaca la prueba de polígrafo de la que obtuvo resultados no satisfactorios, por lo que a través del director Operativo de la Policía Judicial Federal fue sometido al procedimiento administrativo de remoción, al considerarlo no apto para desempeñar el cargo como agente de la Policía Judicial Federal.

"Luego entonces, este órgano colegiado considera correcta la determinación del Juez de Distrito al haber considerado que la autoridad hoy recurrente, violentó en contra del quejoso la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 14 del Pacto Federal, habida cuenta que no se respetó la obligación de aplicar las formalidades esenciales del procedimiento al desahogar el proceso administrativo que determinó la remoción del hoy quejoso, pues la prueba motivo de análisis no debió valorarse como una prueba pericial, sino como una documental, en virtud de que al desahogarse la primera de las señaladas, la autoridad responsable omitió observar cada uno de los requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente lo relativo al capítulo IV, de la prueba pericial, regulada por los artículos 143 a 160 del ordenamiento antes citado, en razón de que si bien es cierto el medio de prueba consistente en el documento se ofreció al comité resolutor a efecto de ilustrarlo respecto de un hecho que, como correctamente señala el a quo, no puede ser demostrado ni apreciado sino a través de conocimientos científicos de personal debidamente capacitado para el cometido, también lo es que al haberse apartado de las disposiciones normativas del código señalado adquiere la naturaleza de documento, ya que la única forma en que puede tomarse como una prueba pericial es cuando haya sido ofrecida con base en las reglas que el ordenamiento encargado de regularla establece.

"En efecto, cabe destacar que si dentro de una controversia determinada una de las partes que intervienen ofrece una prueba documental, consistente en un peritaje formulado, con entera independencia de que haya sido llevado a cabo por especialistas en la materia en que se haya desarrollado al momento de su desahogo, lo cierto es que se trata de un documento, puesto que el peritaje llevado al cabo no fue realizado y desahogado en su oportunidad observando las disposiciones para su cometido, por lo que al momento de ser ofrecido como medio de prueba es evidente que no puede ser nuevamente tomado y valorado como tal. Por lo que, se insiste, al tener la referida prueba el carácter de documental, como tal es obligación de la autoridad valorarla, ya que de lo contrario estaría alterando las disposiciones establecidas para el desahogo y valoración de las pruebas.

"Lo anterior debe ser así, en virtud de que la prueba examinada en la controversia natural debió valorarse como un documento y no así como una prueba pericial, como incorrectamente lo realizó la autoridad hoy inconforme, puesto que, como ya ha quedado señalado en párrafos que anteceden, no observó todas y cada una de las disposiciones contempladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, consistentes en darle oportunidad a la contraparte para nombrar perito a su favor, elaborar un interrogatorio adecuado para su desahogo y, en caso de imperar la duda por contradicción, señalar tercero en discordia; de tal manera que este cuerpo colegiado estima carentes de razón jurídica los argumentos sustentados por la autoridad hoy inconforme.

"Por último, debe decirse al recurrente que los efectos de la concesión del amparo, en términos de lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Amparo, son precisamente restituir al quejoso en el goce de las garantías individuales violadas.

"Por tanto, resulta procedente confirmar el fallo emitido por el Juez de Distrito y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente de garantías, para el efecto de que la autoridad, en ejercicio de plena jurisdicción, proceda a resarcir los vicios formales contenidos en la resolución motivo del juicio constitucional."

CUARTO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión 1437/2001, promovido por Evaristo Medina Guzmán, sostuvo lo que a continuación se transcribe.

"CUARTO.-Son infundados los motivos de inconformidad vertidos por la autoridad recurrente.

"En ellos, aduce que la sentencia pronunciada por el a quo viola el contenido del artículo 78 de la Ley de Amparo, en razón de que no apreció el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable, toda vez que dejó de analizar acuciosamente las constancias que integran el expediente administrativo de remoción CZ/067/99, específicamente la constancia relativa al oficio DAPS/RC/17188/99, suscrito por la entonces directora de Administración de Personal sustantivo dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, que corre agregado a fojas 97 de dicho expediente, quien informó que el quejoso no tiene registrado domicilio alguno ante esa dirección; por tanto, el citatorio SI/207/00, de treinta y uno de agosto de dos mil, fue entregado en el domicilio en donde se realizó la notificación de la resolución emitida en el expediente administrativo antes citado, e incluso, fue recibido por la misma persona, por lo que resulta evidente que la notificación motivo de la concesión del amparo se realizó en términos de ley. ...

"Por otra parte, el Juez analizó adecuadamente el oficio número SI/CZB/207/00, de treinta y uno de agosto de dos mil, dirigido a Evaristo Medina Guzmán, perito profesional adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, emitido con el objeto de hacer saber a tal persona el acuerdo por el que se le ordena citarlo para la audiencia a que se refieren los artículos 52, fracción II y 54, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 52 bis-2, fracción VII, de su reglamento, observando que no reunía los requisitos a que se refieren los artículos 309, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de notificaciones y emplazamientos a los servidores públicos, toda vez que omitió señalar el domicilio en el que se debía practicar la notificación, además de que no obra constancia alguna del lugar, la hora y términos en que realizó la notificación, pues lejos de ordenar su práctica en el domicilio particular del quejoso, se señaló el domicilio del inmueble en el que se encuentra la propia procuraduría; por tanto, no se cumplió con los requisitos indispensables para cumplir con lo consignado en el artículo 14 constitucional.

"En efecto, la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional otorga al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, cualquiera que éste sea, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

"Éstas resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, es decir, se debe notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y el pronunciamiento de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"De no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del procesado.

"Al respecto, tal garantía se encuentra plasmada en la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de la República en su artículo 54, el cual dispone:

"‘La determinación de las responsabilidades a que se refiere esta sección, se hará conforme al siguiente procedimiento: I. Se iniciará de oficio o por queja presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las quejas anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales suficientes. Las quejas que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del servidor público denunciado. II. Se enviará una copia de la queja y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario. III. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción correspondiente, y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas. IV. Cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción II del artículo 52 de esta ley, se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su defensor.-Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de tres ni mayor de siete días hábiles. V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias; y VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los funcionarios a que se refiere la fracción I del artículo 52, podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve el Consejo de Profesionalización o el Comité de Zona respectivo, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma, contra la cual podrá interponerse el recurso a que se refiere el artículo 55 de esta ley.-Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se hallare suspendido.’

"De este precepto se advier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16958-6f2f35aa/responsabilidad-agentes-del-ministerio-publico-policias-judiciales-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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