AFIANZADORAS. SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA OPONER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRIBUYENTE FIADO LA HAYA O NO HECHO VALER.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.
Las consideraciones expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en las ejecutorias que dictó al resolver los amparos directos administrativos 372/2000, promovido por Chubb de México Compañía Afianzadora, Sociedad Anónima de Capital Variable, 658/2000, promovido por Chubb de México Compañía Afianzadora, Sociedad Anónima de Capital Variable y 716/2000, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima de Capital Variable, resueltos el treinta y uno de mayo de dos mil uno, son similares, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias, a continuación sólo se transcribe la primera de las ejecutorias, en lo conducente:
"SEXTO.-Son infundados por una parte e inoperantes por la otra, los conceptos de violación propuestos.
"El primer concepto de violación es infundado en virtud de que la institución afianzadora se encuentra legalmente imposibilitada para solicitar la declaración de la extinción del crédito fiscal a cargo de Procesadora de Productos Agrícolas de Michoacán, Sociedad Anónima de Capital Variable, por virtud de la aplicación de la figura jurídica de la prescripción, ya que en el caso concreto debe atenderse a que en tratándose del importe de un adeudo tributario, para su fincamiento y, por consecuencia, su prescripción, debe de acudirse al mandato específico que la Constitución Federal constituye en su artículo 31, fracción IV, al establecer que son obligaciones de los mexicanos contribuir con los gastos públicos tanto de la Federación como del Distrito Federal o de los Estados y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que las leyes dispongan, siendo así el Código Fiscal de la Federación y las demás leyes fiscales relativas los ordenamientos legales aplicables en la regulación de las relaciones contributivas federales entre los contribuyentes y el Estado.
"Ahora bien, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 146 del citado Código Fiscal, cabe sostener que la excepción de prescripción de un crédito fiscal, tal como lo determinó la Sala resolutora, sólo puede ser invocada por el contribuyente afectado, no así por la institución afianzadora que constituyó la garantía mediante fianza.
"Lo anterior es así, porque indudablemente sólo el contribuyente cuenta con la facultad de oponer todos aquellos medios de defensa que establece la ley, que tiendan a extinguir el crédito fiscal, según se infiere de lo dispuesto en los artículos 146, último párrafo, 200 y 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
"En efecto, el primero de los mencionados dispositivos legales establece en el párrafo que se precisa, que los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales. El segundo de los indicados numerales, en su parte conducente, refiere la prohibición de la gestión de negocios ante el Tribunal Fiscal de la Federación y el último de los mencionados dispositivos prevé la improcedencia del juicio ante el propio órgano jurisdiccional, respecto de actos que no afecten los intereses del demandante.
"Ahora bien, del análisis de los anteriores artículos se colige que para que un crédito fiscal quede extinguido por prescripción, en términos del artículo 146 del mencionado ordenamiento tributario, es menester que el contribuyente o particular a quien afecte directamente el crédito fiscal solicite su declaratoria vía acción o excepción, sin la cual el crédito fiscal debe tener la presunción de validez en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la referida codificación fiscal.
"En consecuencia, aun cuando la institución afianzadora pueda prevalerse de la extinción de la obligación del deudor, en este caso del contribuyente, es indudable que en tratándose de la prescripción de un crédito fiscal, es necesario primero que el directamente afectado por dicho crédito, esto es, el contribuyente, haya realizado los actos jurídico-procesales tendientes a ese fin. De tal manera que si oficiosamente y sin que lo haya solicitado el particular, la institución afianzadora opone la excepción de prescripción del crédito fiscal, dicha pretensión debe ser considerada inatendible, puesto que no compete a ella, al tenor de los dispositivos legales antes invocados, exigir tal pretensión, pues lo que le corresponde, en su caso, es oponer la excepción pero respecto de la exigencia al pago de la garantía constituida en la póliza de fianza que otorgó a favor del contribuyente, lo cual encuentra fundamento en lo que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone, entre otros supuestos, que tratándose de fianzas que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se estará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Por su parte, el artículo 143 del ordenamiento tributario en cita, en lo conducente establece que tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, con las modalidades de que la autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad; se establece, asimismo, que en el supuesto de que la institución afianzadora no pague dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda que remate, en bolsa, valores de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado y le envíe de inmediato su producto.
"Por tanto, como las normas que rigen el citado procedimiento se encuentran previstas en el Código Fiscal de la Federación, la figura de la prescripción que se prevé en el artículo 146 de este último ordenamiento le resulta aplicable por asimilación y no las disposiciones que en torno a la citada figura jurídica se prevén en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues sería jurídicamente insostenible que el Código Fiscal fuera solamente aplicable para hacer efectiva la fianza, no así para prever su forma de extinción, si, por otra parte, de lo dispuesto en la parte conducente del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y lo referido en el citado artículo 143 del Código Fiscal Federal se desprende, como se ha visto, que en tratándose de la efectivización de fianzas a favor de la Federación para garantizar créditos fiscales de terceros, se margina la aplicación de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
"Al respecto, resulta aplicable en la parte conducente la tesis 91/2000, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286 y siguiente del Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que las fianzas que las referidas instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis del mismo ordenamiento legal o de acuerdo con las bases que se desarrollan en el mismo artículo 95 y su reglamento, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, acorde a lo que ha sustentado esta Segunda Sala (jurisprudencia 33/96), para la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros se actualiza un procedimiento especial en el que no se requiere la presentación de una reclamación ante la afianzadora, sino que se limita al requerimiento de pago y a la orden de remate, en bolsa, de valores propiedad de la institución de fianzas, en caso de que el pago no sea voluntario. Luego, si para que empiece a correr el término de la prescripción conforme al artículo 120 de la referida Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es necesario que se presente la reclamación y si en el procedimiento especial no se requiere la presentación de esa reclamación para cobrar la póliza, es claro que en estos casos no resulta aplicable el artículo 120, sino que opera la remisión del Código Fiscal de la Federación (artículo 146) para estimar actualizada la figura de la prescripción. Lo anterior es así, porque si bien la Ley de Instituciones de Fianzas fija el término para que se actualice la prescripción, no es técnico ni jurídico que tal término opere en el caso de excepción que en ella misma prevé. Además, la locución «hacer efectiva» que se usa en el citado artículo 95, indica que la remisión del Código Fiscal de la Federación, se refiere a todo lo que es necesario atender a fin de lograr el cobro de la fianza, entre lo que se incluye, desde luego, la prescripción, pues obviamente, tal figura atañe al cobro de lo garantizado en la fianza.’.
"De igual modo, se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 361 del Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, SON INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 67 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO A LAS FIGURAS JURÍDICAS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.-Tratándose del procedimiento para hacer efectivas las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, el artículo 95 de la ley que rige la materia, remite al Código Fiscal de la Federación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que por lo que se refiere a ese tipo de garantías, la figura de la caducidad a que alude el dispositivo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no es aplicable, porque el beneficiario es la Federación. En igual forma, determinó que las figuras jurídicas de la caducidad y de la prescripción, que prevén los artículos 67, fracción II, y 146 del Código Fiscal de la Federación, tampoco son aplicables, porque la primera sólo hace referencia a la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por omisiones a las disposiciones relativas; y la segunda, por su particular regulación. Por tanto, no es jurídicamente aceptable que se estime que opera la caducidad de esta facultad en el plazo de cinco años, conforme al artículo 67, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues dicha disposición legal no es exactamente aplicable al caso, dado que no se configura la hipótesis jurídica que contempla, como se estableció al resolver la contradicción de tesis número 86/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, Tomo IV, agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: «FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.».’.
"En consecuencia, tiene también aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 293 y siguiente del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.-De la interpretación sistemática de los artículos 93, 93 bis, 94 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas por instituciones autorizadas, está sujeta a distintos tratamientos y procedimientos, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas. Así, cuando los beneficiarios son distintos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, el procedimiento, previo a la efectividad de la fianza, está regulado en los artículos 93, 93 bis y 94 invocados, dentro del cual debe vencerse a la afianzadora, y comienza con la «reclamación» a la institución garante, que tiene el doble objeto de satisfacer un requisito previo necesario en virtud de que hace nacer el derecho para hacer efectiva la fianza, así como evitar la caducidad en favor de las instituciones afianzadoras, en términos del artículo 120 de la citada ley. Otro procedimiento se establece cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación, no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros; en esta hipótesis es opcional para los beneficiarios seguir los trámites de los artículos 93 y 93 bis, o hacer efectiva la fianza conforme al artículo 95 de la ley en cita. Un procedimiento más, es el que establece el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, que opera tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, y que se identifica con el procedimiento económico coactivo, en el que se aplican normas especializadas que configuran un procedimiento de excepción, congruente con la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas, el interés social y las facultades de ejecutividad propias del fisco. De lo anterior se sigue que si la caducidad a que se refiere el citado artículo 120 de la ley en comento, es una figura que sólo opera dentro del procedimiento previsto por los artículos 93 y 93 bis, en el que debe vencerse a la institución afianzadora antes de hacer efectiva la fianza, ha de concluirse que no puede válidamente operar en el procedimiento administrativo de ejecución que establece el artículo 143 del Código Fiscal, que permite al fisco empezar, no con la «reclamación», sino con el requerimiento de pago, puesto que no tiene necesidad de vencer previamente a dicha institución. En consecuencia, la caducidad, como medio de que las afianzadoras se liberen de su obligación de pago, que prevé el multicitado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es inaplicable tratándose de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales de terceros.’.
"En esta tesitura, en términos de esta ejecutoria, no se comparten los diversos criterios que se citan en la demanda de amparo por parte de la quejosa."
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en la ejecutoria que dictó el ocho de febrero de dos mil uno, al fallar la revisión fiscal número 63/2000 expuso las consideraciones que, en lo conducente, son del siguiente tenor:
"QUINTO.-Del análisis efectuado a los agravios formulados por la autoridad recurrente, se desprende que con ellos refiere impugnar la indebida interpretación y aplicación de diversos preceptos legales del Código Fiscal de la Federación; ahora bien, en cuanto a la interpretación que se alega, dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes, mientras que respecto a la aplicación aludida son infundados. También es infundado el concepto de agravio en el que se alega, en esencia, que contrariamente a lo demandado por la Sala emisora, en la póliza de fianza no se estableció que la obligación garantizada ‘menguaría’ en la misma proporción en que la fiada fuera pagando el crédito garantizado.
"En efecto, la inconforme aduce los siguientes conceptos de agravio:
"a) Que la Primera Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, al emitir la sentencia recurrida, viola lo dispuesto por el artículo 237, en relación con el 66 y 143 del Código Fiscal de la Federación, por su indebida interpretación y aplicación.
"b) Refiere la recurrente que las empresas afianzadoras, al expedir una póliza de fianza para garantizar el pago en parcialidades de un crédito fiscal, no obstante que en su texto no se precisen los conceptos de actualización y recargos, se encuentran obligadas a garantizar éstos y, en su caso, cubrirlos hasta el monto por el cual se expidió dicha póliza, ya que si en ésta la institución aseguradora aceptó garantizar los créditos materia de la póliza, derivado de la autorización de un pago en parcialidades, es indudable que en virtud del mecanismo conforme al cual se efectúa el referido pago en parcialidades también quedan incluidos los recargos, la actualización y gastos de ejecución derivados de los créditos garantizados.
"c) Alega que el procedimiento establecido para el pago en parcialidades indica que en cada parcialidad, además del crédito principal, se deben incluir los conceptos de actualización y recargos, acorde con el procedimiento establecido en los artículos 66 del Código Fiscal de la Federación y 59 de su reglamento.
"d) Refiere que si bien en términos generales, cuando se exige el pago de una póliza de fianza que incluye los rubros de actualización y recargos, éstos deben estar debidamente fundados y motivados, en relación a que en el texto de la póliza se deban contemplar, tratándose de los casos en que se garantiza el pago en parcialidades, debe entenderse que existe una excepción a la regla, ya que acorde con el procedimiento establecido en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, se incluyen de manera implícita en la garantía de actualización y el pago de recargos sobre saldos insolutos.
"e) Que resulta evidente que las afianzadoras deben responder por los conceptos de actualización y recargos que se originen por falta de pago del fiador, con la única limitación de que la cantidad que se exija se constriña al monto establecido como garantía en la póliza de fianza y que, por tanto, estima que la actuación de la autoridad exactora se ajusta a derecho, cuando al momento de exigir el pago de una póliza de fianza, incluyendo los conceptos de actualización y recargos, éste se ajusta al monto establecido como garantía en dicha póliza; en apoyo a sus consideraciones transcribió un fragmento de la ejecutoria que dijo haber pronunciado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 219/98 interpuesta contra la sentencia de treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala Regional Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad 1792/97 promovido por Afianzadora Insurgentes. En dicha ejecutoria, en esencia, se establece que de la recta interpretación de los artículos 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 1796 del Código Civil Federal, este último de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación por disposición de su numeral quinto, se desprende que las pólizas otorgadas para garantizar créditos fiscales a cargo de terceros comprenden implícitamente los accesorios de actualizaciones y recargos.
"Dicha resolución se fundó, a su vez, en la jurisprudencia que en su oportunidad formó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 330, Tomo III, Sexta Época, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que aparece con el rubro: ‘FIANZAS. GARANTIZAN TANTO LA SUERTE PRINCIPAL COMO LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FALTA DE PAGO.’.
"Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos esgrimidos por la autoridad recurrente en el sentido de que la Primera Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, al emitir su sentencia realizó una indebida interpretación de los artículos 66, 143 y 237 del Código Fiscal de la Federación, son inoperantes, toda vez que las aseveraciones que realiza no van encaminadas a establecer porqué las consideraciones que la referida autoridad vertió en la sentencia de nulidad combatida implicaron una interpretación de dichas normas legales, toda vez que la recurrente, aun cuando refiere esa circunstancia en sus agravios, se limita a precisar que tratándose de una póliza de fianza que garantice el pago de un crédito fiscal en parcialidades, los rubros de actualización y recargos se incluyen de manera implícita y que, por ende, la afianzadora que la expide debe responder del adeudo con la única limitación de que la cantidad exigida no debe rebasar el monto establecido como garantía en la póliza; sin embargo, no precisa cómo es que en este caso la Sala Regional mencionada imprimió o asignó con los razonamientos vertidos en su sentencia, un determinado sentido interpretativo contenido en el lenguaje normativo por no estar expresamente comprendido en su texto, esto es, cómo es que sus consideraciones constituyeron un pronunciamiento destacado para desentrañar el sentido de las normas jurídicas referidas por la recurrente; cuestión que era estrictamente necesaria, en virtud de que si bien la Sala Regional citó los artículos 66 y 143 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que también precisó que en virtud de lo dispuesto en ellos, le era factible concluir que el requerimiento de pago combatido en el juicio de nulidad era ilegal por no tomar en cuenta, de acuerdo con los criterios que invocó de la Sala Regional Golfo-Centro, que publica la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, correspondiente al mes de marzo de los años de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, los términos y condiciones estipulados en la póliza de fianza, en contravención con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 78 del Código de Comercio, ya que la autoridad requirente formuló erróneamente la liquidación, incluyendo los conceptos de actualización y recargos los que, señaló, no se encuentran garantizados en la póliza de fianza; de lo que se colige que no precisó en modo alguno que los preceptos invocados por ella resultaran confusos y que, por ende, haya tenido que interpretar su sentido; de ahí la necesidad de que la recurrente expusiera los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a estimar que los argumentos esgrimidos por la Sala en la sentencia recurrida, constituyeron una interpretación de la norma, pero que al abstenerse de hacerlo, su simple afirmación en el sentido de que en el caso la Sala efectuó una indebida interpretación de diversos preceptos legales, resulta inoperante.
"Por otra parte, en cuanto al punto que la recurrente pretende controvertir con sus agravios, consistente en la indebida aplicación de los artículos 66, 143 y 237 del Código Fiscal de la Federación, como ya se señaló al inicio de este considerando, los motivos de queja que se hacen valer son infundados.
"Ello es así, pues básicamente la autoridad recurrente hace descansar el motivo de su agravio, en el hecho de que la a quo aplicó indebidamente los preceptos 66 y 143 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que, según precisa, las afianzadoras al expedir una póliza de fianza para garantizar el pago de parcialidades de un crédito fiscal, dado el mecanismo conforme al cual deberá efectuarse dicho pago, quedan incluidos actualización y recargos, aun cuando tales conceptos no se precisen en el texto de la póliza, y que los mismos deberán cubrirse hasta el monto por el cual ésta se expidió, ya que el procedimiento establecido para el pago en parcialidades establecido en los artículos 66 del Código Fiscal de la Federación y 59 de su reglamento, indica que en cada parcialidad se deben incluir, además del crédito principal, los conceptos de actualización y recargos; y que, por ende, si bien generalmente cuando se exige el pago de una póliza de fianza que incluye los rubros de actualización y recargos, éstos deben estar fundados y motivados, en cuanto a que la póliza debe contemplarlos, en tratándose de los casos en que se garantiza el pago en parcialidades, la garantía de la actualización y recargos se incluyen de manera implícita, pues de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, constituye una excepción a la regla, y que, por ende, las afianzadoras deben responder por los conceptos de actualización y recargos originados por la falta de pago del fiado, con la única limitación de que la cantidad exigida se constriña al monto establecido como garantía en la póliza de fianza.
"Consideraciones que se estiman infundadas pues, por una parte, efectivamente el artículo 66 del código tributario establece que las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, y del contenido de las tres fracciones que conforman dicho numeral, se desprende que además de establecer el procedimiento a seguir en el caso de pago en parcialidades, refiere que el saldo del adeudo inicial a la fecha de la autorización se integrará con la suma del monto de las contribuciones omitidas, actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se conceda la autorización, multas y accesorios distintas de éstas; asimismo, dispone que en caso de autorizarse el pago en parcialidades, se deberá garantizar el adeudo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiese sido autorizada la solicitud del pago a plazos.
"Ahora bien, dicho numeral debe interpretarse armónicamente con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, de cuyo contenido se advierte que, por una parte, establece que entre las formas de garantizar el interés fiscal se encuentra el de la fianza otorgada por institución autorizada, y que la garantía además de comprender las contribuciones adeudadas actualizadas, incluirá los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento; asimismo, previene que al concluir dicho periodo, en tanto no se cubra el crédito, debe actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
"Así tenemos que, si bien del contenido de los referidos numerales se desprende que al autorizarse el pago en parcialidades de un interés fiscal, éste se debe garantizar y que en virtud de esto último, la garantía debe comprender no sólo las contribuciones, sino también los accesorios causados, lo cierto es que, cuando lo que se exhibe es una fianza expedida por institución autorizada para ello, aquella exigencia no tiene el alcance o efecto de sustituirse a la voluntad del contribuyente y la afianzadora en la celebración del contrato de fianza, respecto de los conceptos que habrá de cubrir la póliza, sino que sólo establece los conceptos que dicha póliza debe cubrir, a fin de que pueda ser admitida como garantía del interés fiscal, y sobre los que en todo caso debe recaer el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, para que en el supuesto de que el contribuyente incumpla con su obligación tributaria, el fisco esté en posibilidad de hacer efectiva la garantía otorgada a su favor. De ahí la necesidad de que cuando la autoridad fiscal autorice el otorgamiento de una fianza, tenga el debido cuidado de examinar que la garantía comprenda los conceptos que la ley exige al contribuyente; lo anterior es así, pues no debe soslayarse que las fianzas son de naturaleza mercantil, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, supletorio de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que establece que en las convenciones mercantiles cada quien se obliga en la forma y en los términos que aparezca que quiso obligarse, predomina la voluntad de las partes contratantes respecto a las contraprestaciones a que se obligan las instituciones que las otorgan, de ahí que no sea factible estimar que acorde con el procedimiento establecido por el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, se incluyen de manera implícita en la garantía la actualización y el pago de recargos sobre saldos insolutos, sino que es menester que en la póliza que se otorga para garantizar un interés fiscal se precisen expresamente los conceptos que abarca la garantía; de modo que no es legal, como inexactamente afirma la autoridad recurrente, el hecho de que al momento de exigir el pago de una póliza de fianza se incluyan los conceptos de actualización y recargos, con independencia de si hubo o no acuerdo al respecto entre las partes contratantes, ya que aun cuando el monto se ajuste a lo establecido como garantía en la póliza, ello implicaría que la afianzadora realizara un pago respecto de un concepto al que no se obligó a celebrar el contrato de fianza con el contribuyente, lo cual iría en contra del principio básico que rige los contratos mercantiles y que lo es la voluntad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7577-fa55509d/afianzadoras-se-encuentran-legitimadas-para-oponer-la-excepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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